El día 7 de noviembre se llevará a cabo la carrera “Contrarreloj”, la que tendrá su lugar de partida en la calle General Paz, frente a la ex Fábrica Crybsa, con largada a partir de las 9 de la mañana. Contará con categorías, modalidad y participación libre, de 6 a 11 años y de 12 a 15 años.
Las inscripciones se reciben en la Oficina de Deportes en el polideportivo Cumelen, de 7 a 14 horas hasta el jueves 4 de noviembre. Los números de contacto son: 2984651398 y 2984914853. El valor de la inscripción es de $1500 y menores de 16, de $700.
La carrera cuenta con Categoría Modalidad Ruta, de 16 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 años y 70 a 79 años, además damas hasta 35 años y más de 35. La Categoría Modalidad MTB de caballeros hasta 35 años y más de 35, y damas hasta 35 años y más de 35.
Se premiará con trofeos del primero al tercer puesto, medallas Finisher y Copa al ganador de la General Masculino y Femenino.
A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.
Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.
Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.
Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.
Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).
En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.
Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.
Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno
En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.
Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.
El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora
El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.
Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.
«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.
Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones.
El Consejo Nacional Electoral de Honduras proclamó a Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030, tras un conteo de votos que se extendió por más de tres semanas y mantuvo al país centroamericano en una situación de incertidumbre política.
La autoridad electoral confirmó la victoria del candidato del Partido Nacional, quien obtuvo el 40,27 % de los sufragios, superando por poco a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,39 %.
«Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar», escribió Asfura en sus redes sociales tras conocerse el anuncio del CNE. El mensaje fue difundido mientras simpatizantes celebraban en su sede de campaña, en contraste con el clima de tensión que persistía entre sectores opositores.
En este marco, el expresidente y coordinador general del Libre, Manuel Zelaya, denunció «un golpe de Estado electoral». En un mensaje en X, Zelaya aseguró que «se está violentando de manera flagrante la Constitución, la ley electoral y el principio democrático».
«El CNE pretende dar por aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden», planteó.
Según el esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, quien previamente también llamó a manifestaciones, «este acto nulo criminaliza arbitrariamente las impugnaciones legítimas presentadas por alcaldes y diputados» y «es una burda maniobra para allanar el camino hacia una declaratoria ilegítima y fraudulenta de la Presidencia de la República».
Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar
Entre los consejeros del CNE, las opiniones divergen. Si bien la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la segunda consejera, Cossette López, apoyaron el llamado a definir resultados, el consejero Marlon Ochoa se opuso a esta propuesta.
«No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito. Hacerlo me convertiría en cómplice por acción u omisión. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral que lesiona y ofende gravemente la integridad del sufragio, la soberanía popular como base del orden democrático», aseguró Ochea en la previa.
Xiomara Castro denuncia desde hace semanas injerencia por parte de Donald Trump, quien apoya abiertamente a Nasry Asfura, así como «un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y adulteración de la voluntad popular». Sin embargo, la semana pasada, dijo que reconocería los resultados y permitiría una transición pacífica del poder.
Tras la confirmación, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto para reconocer al nuevo presidente en una muestra de los aliados de derecha que Honduras tendrá en esta nueva etapa bajo el liderazgo de Donald Trump.
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