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El domingo 7 se disputa la carrera “Contrarreloj”

El día 7 de noviembre se llevará a cabo la carrera “Contrarreloj”, la que tendrá su lugar de partida en la calle General Paz, frente a la ex Fábrica Crybsa, con largada a partir de las 9 de la mañana. Contará con categorías, modalidad y participación libre, de 6 a 11 años y de 12 a 15 años.

Las inscripciones se reciben en la Oficina de Deportes en el polideportivo Cumelen, de 7 a 14 horas hasta el jueves 4 de noviembre. Los números de contacto son: 2984651398 y 2984914853. El valor de la inscripción es de $1500 y menores de 16, de $700.

La carrera cuenta con Categoría Modalidad Ruta, de 16 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 años y 70 a 79 años, además damas hasta 35 años y más de 35. La Categoría Modalidad MTB de caballeros hasta 35 años y más de 35, y damas hasta 35 años y más de 35.

Se premiará con trofeos del primero al tercer puesto, medallas Finisher y Copa al ganador de la General Masculino y Femenino.

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    La situación judicial de Manuel Adorni es cada vez más delicada. Ahora salieron a la luz unos chats del jefe de Gabinete intentando hablar con el contratista Matías Tabar antes de su declaración testimonial, en la que reveló que Adorni le pagó 245 mil dólares en cash por remodelaciones en su casa del country Indio Cuá.

    El diálogo entre Adorni y Tabar fue revelado por los periodistas Nicolás Wiñazky y Santiago Fioriti en A24, aunque ya el día de la declaración testimonial del contratista había trascendido que le contó al fiscal Pollicita sobre el intento del jefe de Gabinete por contactarlo.

    «Che tenía que hablar con vos por el tema de la declaración», le habría escrito Adorni el viernes pasado, tres días antes de la declaración. «Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado», agrega el vocero. «Que me llamen», responde Tabar.

    El contratista hundió a Adorni: declaró que le pagó USD 245 mil en negro y pidió una pileta con cascada

    Posteriormente, Adorni lo habría llamado telefónicamente y más tarde volvió a escribirle.

    «Bueno, habíamos quedado que si necesitabas mi ayuda», insiste el funcionario acusado de enriquecimiento ilícito. 

    Ya asesorado por abogados, el contratista interrumpe enseguida el diálogo. «Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros», le dice y cierra: «Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad».

    Che tenía que hablar con vos por el tema de la declaración. Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado

    Ante el primer trascendido de un intento de presión por parte de Adorni a Tabar, la diputada nacional Marcela Pagano se presentó en Comodoro Py y exigió que apliquen la «doctrina Irurzun» y detengan al jefe de gabinete.

    La doctrina creada por el camarista Martín Irurzun durante el gobierno de Cambiemos para detener preventivamente a exfuncionarios kirchneristas establece que por aquellos que ocuparon cargos públicos tienen poder para obstaculizar causas judiciales y, por tanto, corresponde que no estén en libertad. En este caso, sostiene Pagano, el peligro es mayor porque Adorni detenta el cargo -y por ende el «poder»- en este momento.

    El pedido de Pagano fue rechazado por el fiscal Gerardo Pollicita por considerar que no existe un «riesgo real o grave» de que Adorni obstruya la investigación.

    Este episodio no fue el primer intento de apretar a un testigo. Durante la declaración testimonial de

    la secretaria del piloto del avión privado en el que Adorni viajó a Punta del Este, su amigo Marcelo Grandío la llamó insistentemente. La mujer se puso muy nerviosa y le mostró el teléfono al fiscal y al juez Ariel Lijo, que le impusieron a Grandío una restricción de acercamiento y contacto.

     

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    “Años atrás renunciaban todos los implicados”: Villarruel volvió a golpear al Gobierno y expuso otra interna explosiva

     

    Otro round entre Milei y la Vice.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tensar la relación con Milei y abrió un nuevo frente de conflicto dentro del oficialismo. Esta vez apuntó directamente contra el Ministerio de Defensa por la compra de un avión “en mal estado” para la Fuerza Aérea y lanzó una frase demoledora: “Años atrás renunciaban todos los implicados”. La declaración no sólo dejó expuesta la gravedad de la denuncia, sino también el nivel de ruptura política dentro del propio gobierno libertario.

    La frase cayó como una bomba en un contexto donde la interna entre Milei y Villarruel ya dejó de ser un rumor de pasillos para convertirse en una guerra pública y permanente. Desde hace meses, la vicepresidenta viene marcando diferencias con el rumbo del gobierno, cuestionando decisiones presupuestarias, políticas de Defensa y hasta el funcionamiento del Senado bajo presión de la Casa Rosada.

    Según trascendió, el eje del nuevo conflicto es la adquisición de una aeronave para la Fuerza Aérea que habría presentado severos problemas técnicos. Villarruel no sólo cuestionó la operación sino también el silencio oficial frente al escándalo. En sus declaraciones dejó entrever que existe un nivel de irresponsabilidad institucional incompatible con la gravedad del hecho.

    La guerra interna ya es inocultable

    El vínculo entre Milei y Villarruel atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumieron. La vicepresidenta pasó de ser una figura central del armado libertario a convertirse en una dirigente cada vez más aislada por el núcleo duro del oficialismo. En distintos episodios recientes, funcionarios cercanos a Milei la acusaron de “desalinearse” del Gobierno e incluso deslizaron operaciones para empujar su salida política.

    Villarruel, sin embargo, eligió responder públicamente y endurecer su postura. La crítica por el avión militar no fue un hecho aislado: también cuestionó la situación salarial de las Fuerzas Armadas y denunció el deterioro de la obra social militar. En otras palabras, expuso una crisis estructural en el área de Defensa mientras el Gobierno insiste con el ajuste sobre el Estado y los trabajadores.

    La escena es políticamente incómoda para Milei. Porque la crítica no proviene de la oposición ni de sectores sindicales o universitarios, sino de su propia vicepresidenta. Y porque Villarruel toca un tema especialmente sensible para el universo ideológico libertario: las Fuerzas Armadas y el aparato de Defensa.

    Un gobierno atravesado por las disputas de poder

    Detrás del episodio aparece también la pelea por el control político del oficialismo. Desde comienzos de 2026 la relación entre la Casa Rosada y Villarruel se degradó aceleradamente. Hubo cruces por el presupuesto del Senado, acusaciones cruzadas de “traición”, diferencias por proyectos legislativos y una creciente campaña de desgaste impulsada desde sectores cercanos al Presidente.

    La vicepresidenta intenta construir un perfil propio y diferenciarse de algunas decisiones de Milei, especialmente aquellas vinculadas al ajuste extremo y a la gestión interna del Estado. En paralelo, el mileísmo duro busca disciplinarla y reducir su margen de autonomía.

    La consecuencia es un oficialismo cada vez más fracturado, con ministros enfrentados, operaciones mediáticas cruzadas y funcionarios que se desautorizan públicamente. En cualquier otro gobierno, una denuncia de este tenor sobre equipamiento militar habría derivado en investigaciones internas inmediatas. Pero en la administración libertaria parece imponerse otra lógica: negar, minimizar o desplazar el foco hacia la pelea política.

    Mientras tanto, Villarruel eligió dejar una frase que resonó fuerte dentro y fuera del Gobierno: “Por mucho menos renunciaban todos los implicados”. Una definición que no sólo cuestiona una compra puntual, sino que instala la idea de un Estado manejado con improvisación, internas permanentes y ausencia total de responsabilidad política.

     

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