El día 7 de noviembre se llevará a cabo la carrera “Contrarreloj”, la que tendrá su lugar de partida en la calle General Paz, frente a la ex Fábrica Crybsa, con largada a partir de las 9 de la mañana. Contará con categorías, modalidad y participación libre, de 6 a 11 años y de 12 a 15 años.
Las inscripciones se reciben en la Oficina de Deportes en el polideportivo Cumelen, de 7 a 14 horas hasta el jueves 4 de noviembre. Los números de contacto son: 2984651398 y 2984914853. El valor de la inscripción es de $1500 y menores de 16, de $700.
La carrera cuenta con Categoría Modalidad Ruta, de 16 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 años y 70 a 79 años, además damas hasta 35 años y más de 35. La Categoría Modalidad MTB de caballeros hasta 35 años y más de 35, y damas hasta 35 años y más de 35.
Se premiará con trofeos del primero al tercer puesto, medallas Finisher y Copa al ganador de la General Masculino y Femenino.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar del último encuentro del ‘Cine en mi barrio’ con la proyección de la película ‘El príncipe olvidado’, según el siguiente cronograma: *Viernes 26: Isla 58 *Sábado 27: La Unión La convocatoria en ambos casos es a las 21 horas. Difunde esta nota
Básquet playa y juegos en la arena es la propuesta para este domingo a partir de las 18 horas en la Isla 58. La actividad forma parte de las acciones que el área de Deportes de la provincia de Río Negro lleva adelante en toda la provincia. La Dirección de Deportes de la Municipalidad de…
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La deuda de las familias alcanzó un nivel crítico: casi 16 millones de personas arrastran obligaciones con los bancos por un promedio de 8,76 millones de pesos, equivalente a cinco salarios y medio, en un contexto donde la mora se disparó y el crédito dejó de ser una herramienta de expansión para convertirse en un atajo desesperado para sostener consumos diarios como comida, transporte y servicios.
Esta situación imposible disparó la mora de las familias con los bancos que llegó al 11,2 por ciento en febrero de 2026, cuadruplicando el nivel registrado un año antes, cuando se ubicaba en el 2,9 por ciento. En paralelo, en las entidades no financieras el incumplimiento alcanza el 28,4 por ciento. Las billeteras virtuales como Mercado Pago aplican tasas feroces que elevan el costo financiero hasta un 200 por ciento, como reveló LPO.
Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.
El fenómeno se vincula con un proceso de estancamiento de ingresos que se profundizó desde mediados de 2025. En ese contexto, el crédito al consumo funcionó como un ingreso complementario que permitió sostener niveles básicos de gasto, pero al costo de un endeudamiento creciente.
Los datos muestran la magnitud del problema. En el sistema bancario hay casi 16 millones de personas endeudadas, mientras que más de 12 millones mantienen obligaciones con fintech y otras entidades no financieras. En estos últimos casos, aunque el monto promedio es menor -1,16 millones de pesos- la tasa de incumplimiento es significativamente más alta.
Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.
La diferencia en la mora responde, en gran medida, al perfil de los deudores. Las fintech y prestamistas no bancarios suelen captar a sectores con menor capacidad crediticia y mayor fragilidad en sus ingresos, lo que eleva el riesgo de incumplimiento.
Según Daniela Bossio, del Grupo Moneda Desarrollo y Equidad, en el país hay más de 5,4 millones de personas con atrasos superiores a 90 días en sus deudas. En total, sobre un universo de 20 millones de deudores, la mora alcanza niveles récord en las últimas dos décadas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y su par de Economía, Luis Toto Caputo.
Bossio también advierte sobre el crecimiento de deudores compartidos, es decir, personas que tienen obligaciones simultáneas con bancos y entidades no financieras. Esta superposición agrava la situación, ya que incrementa la carga total de pagos mensuales y reduce la capacidad de respuesta ante imprevistos.
El problema dejó de ser aislado y se volvió transversal en todo el sistema financiero. Bancos y fintech coinciden en que la mora es hoy una de las principales preocupaciones, al punto de ser considerada una «bomba escondida» que puede condicionar la evolución del crédito en los próximos meses.
Frente a este escenario, las entidades comenzaron a desplegar estrategias para contener el deterioro. La gestión se volvió cada vez más personalizada, con llamados, recordatorios, refinanciaciones y extensión de plazos, en un intento por evitar que los clientes caigan en situaciones de incumplimiento irreversible.
Bancos y fintech coinciden en que la mora es hoy una de las principales preocupaciones, al punto de ser considerada una «bomba escondida» que puede condicionar la evolución del crédito en los próximos meses.
En paralelo, el Gobierno avanza en una reducción de tasas de interés, que le quita sentido al carry trade y empuja la cotización del dolar. El Banco Nación, comenzó a recortar las tasas para pymes del 25 al 20 por ciento anual para capital de trabajo a 12 meses, mientras que también bajó el descuento de cheques del 28 al 23 por ciento. En la misma línea, el Banco Provincia redujo sus líneas productivas, con tasas que pasaron del 40 al 38 por ciento. Esta política también responde a la necesidad de aliviar la carga financiera de hogares y empresas, en un contexto donde la mora creciente amenaza al sistema.
Aun así, la baja de tasas no necesariamente llega a todos los sectores. Mientras algunas líneas productivas se abaratan, los préstamos personales siguen mostrando costos elevados: con una inflación interanual cercana al 32 por ciento, las tasas de los créditos al consumo se mantienen en torno al 62 al 65 por ciento nominal anual. Esta brecha limita la capacidad de recuperación del crédito a las familias y mantiene restringido el acceso al financiamiento.
El resultado es un escenario en el que el endeudamiento sigue siendo alto, pero la capacidad de pago se debilita. La combinación de ingresos estancados, crédito caro y uso cada vez más cotidiano de la financiación configura un cuadro donde la deuda deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en un síntoma de fragilidad económica.
El sinceramiento del costo de la energía duró poco. En apenas tres meses, el Gobierno pasó de exhibir recortes a enfrentar un salto explosivo en los subsidios que deja al descubierto una tensión difícil de ocultar: las tarifas suben, pero el Estado paga cada vez más.
En el primer trimestre de 2026, los subsidios a la energía registraron un incremento real interanual del 180,5% frente al mismo período de 2025. El dato surge de los informes de ejecución presupuestaria relevados por ASAP.
Los números son contundentes. En el acumulado del primer bimestre, el gasto en subsidios económicos, con fuerte peso de la energía, trepó un 151,1% nominal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Descontada la inflación, el aumento real fue del 89,8%. Pero el punto de inflexión llegó en marzo: ese mes, los subsidios energéticos saltaron un 141,8% real interanual.
La paradoja es evidente. Mientras las facturas suben, también lo hace el esfuerzo fiscal. La explicación está en los costos. Generar electricidad y gas se encareció a un ritmo más rápido que el traslado a tarifas. La brecha entre lo que cuesta el sistema y lo que pagan los usuarios se amplió, y alguien tiene que cubrirla.
Ese alguien volvió a ser el Estado. Y no por decisión explícita, sino por el diseño mismo de la política. La reforma de la resolución 400 redistribuyó los costos de generación: alivió a las industrias y cargó sobre los usuarios residenciales. Pero ese traslado quedó a mitad de camino. Las tarifas no pudieron absorber ese salto.
El resultado es un esquema tensionado. En marzo de 2026, el precio de la energía para usuarios residenciales se ubicó en 113.234 pesos por MWh. Sin embargo, el precio estacional medio que efectivamente pagan, con bonificaciones, fue de 76.432 pesos. La cobertura quedó en torno al 67%. Es decir, el usuario cubre apenas dos tercios del costo.
El detalle es más crudo cuando se mira la segmentación. En el segmento subsidiado, la cobertura cae al 31%. En otras palabras, el Estado financia cerca del 70% del costo de la energía para esos hogares. Un sistema donde el precio de referencia corre por un carril y la factura real por otro.
A eso se suma un cambio clave en la política de subsidios. La unificación de segmentos N2 y N3 amplió el universo de beneficiarios. Al bajar el umbral de ingresos, más hogares quedaron dentro del esquema subsidiado. La base creció justo cuando el costo unitario también subía.
«El sistema quedó armado al revés: subieron el costo a niveles impagables y al mismo tiempo aumentaron la cantidad de usuarios subsidiados», resumió una fuente del sector.
En los números agregados, la demanda estacionalizada de marzo alcanzó los 8.554 GWh, con un precio medio de 107.038 pesos por MWh y una cobertura del 77%. Si se suma la demanda no estacionalizada (GUDI), el total asciende a 9.486 GWh, con una cobertura del 79%.
La dinámica fiscal expone un punto ciego. La recaudación viene cayendo en términos reales, golpeada por la contracción de la actividad y el enfriamiento del consumo, lo que achica el margen para sostener el superávit. En ese esquema, los subsidios energéticos aparecen como una de las pocas partidas donde el Gobierno podría ajustar con rapidez. Por eso inquieta tanto que estén creciendo a este ritmo.
No es un dato neutro: en Washington siguen de cerca esta evolución. El FMI viene reclamando reducir subsidios y transparentar el costo real de la energía. Este desvío, en un frente sensible, complica la hoja de ruta oficial ante el organismo.
Como si fuera poco, el frente externo suma presión. El Estado retomó la compra directa de GNL tras abortar la privatización del esquema por los altos precios ofertados. Ya adquirió el primer buque a Naturgy, pero no informó el valor pagado.
La falta de transparencia encendió alarmas. «Daniel González otra vez queda al límite de la ilegalidad por falta de información sobre un precio estratégico clave para la economía argentina», comentó a LPO un ex funcionario de Energía.
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