El día 7 de noviembre se llevará a cabo la carrera “Contrarreloj”, la que tendrá su lugar de partida en la calle General Paz, frente a la ex Fábrica Crybsa, con largada a partir de las 9 de la mañana. Contará con categorías, modalidad y participación libre, de 6 a 11 años y de 12 a 15 años.
Las inscripciones se reciben en la Oficina de Deportes en el polideportivo Cumelen, de 7 a 14 horas hasta el jueves 4 de noviembre. Los números de contacto son: 2984651398 y 2984914853. El valor de la inscripción es de $1500 y menores de 16, de $700.
La carrera cuenta con Categoría Modalidad Ruta, de 16 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 años y 70 a 79 años, además damas hasta 35 años y más de 35. La Categoría Modalidad MTB de caballeros hasta 35 años y más de 35, y damas hasta 35 años y más de 35.
Se premiará con trofeos del primero al tercer puesto, medallas Finisher y Copa al ganador de la General Masculino y Femenino.
Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, lo hizo de nuevo. Volvió a plantarse contra las pretensiones del gobierno de Maximiliano Pullaro de que se retire del máximo tribunal este año. El oficialismo santafesino hasta le designó reemplazante, a él y a otros dos ministros, cuando no están formalizadas las renuncias. «Me voy a ir cuando yo quiera», dijo.
En el gobierno santafesino por ahora no dicen mucho públicamente. Pero dicen. «Si no se va, lo echamos».
Gutiérrez luego suavizó esa declaración de manera íntima. En un acto protocolar donde estuvo el gobernador este martes se acercó a Pullaro. «No te dejes llevar por mis declaraciones. Voy a cumplir mi compromiso», le dijo, al igual que a uno de sus ministros. Eso porque había señalado que se retiraba en noviembre de este año pero que quería despedirse como presidente de la Corte Suprema e inaugurando el nuevo edificio judicial de Santa Fe que será a fin de mes.
No obstante a un viejo vizcacha con 51 años en funciones como funcionario judicial si algo no se le escapa son los momentos políticos. Y para tocarle la oreja al gobierno aprovecha una cadena de tensiones entre Ejecutivo y Poder Judicial que son muy palpables y que busca capitalizar. Los jueces declaran, sin exponerse, que pocas veces estuvieron ante un gobernador que avance sobre la esfera de un poder autónomo. Indican que los jueces penales sobre todo avalan por miedo más que por convicción muchas medidas de un Ministerio Público de la Acusación (MPA) muy ganado por la influencia del ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni.
La sensibilidad en la Justicia con Pullaro es máxima. La Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a un concurso para reemplazar al secretario de Gobierno del órgano que durante décadas cumplió funciones esenciales en la organización del Poder Judicial y también de sus compras. En la Justicia hay una convicción absoluta de que Pullaro aspira a colocar ahí un funcionario propio.
Ese cargo sirvió para una concentración de poder que ejerció Eduardo Bordas que se acaba de ir. Una pretensión manifesta del gobierno desde antes de asumir fue bloquear ese control omnímodo de un funcionario polémico. «No van a poder», dicen desde adentro de la Corte. Primero porque el concurso lo maneja la misma Corte. Segundo porque las atribuciones del secretario de Gobierno serán desmontadas en al menos cinco dependencias o funcionarios distintos. Y además porque una Corte renovada, incluso con impulsados por Pullaro, ejercerá una supervisión nueva sobre el manejo de caja, que este ejercicio 2026 tiene disponibles 387.946 millones de pesos.
Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de Santa Fe
Ahora la fecha límite al concurso fue prorrogada. La lectura entre magistrados de Rosario fue automática. «Buscan que estén ya en funciones tres ministros designados que se presume serán mucho más leales a las intenciones de Pullaro. Para definir quién entrará como Secretario de Gobierno necesitarán solamente sumar un voto sobre siete ministros», le dijo una jueza a LPO.
«Algunos quieren que sea mi último año. Hace rato que ya tiene suplente por lo menos. Es increíble, un suplente sin vacante. Pero yo sigo trabajando tranquilo», le dijo Gutiérrez al programa Verte Bien TV. La crítica fue profunda pero es razonable. Es cierto que la nueva constitución santafesina fija como límite de permanencia en el máximo tribunal los 75 años y que el ministro ya pasó ese borde. Pero también lo es algo inédito y es que la coalición de Pullaro haya nombrado un sucesor cuando no está ni planteada su dimisión.
Y un hombre como él, al que le gusta el frote, podría ir a la pelea por quedarse con un amparo. Pero hay un escenario que cambió. El poder de Gutiérrez durante los 26 años que estuvo como ministro de la Corte no lo dio tanto esa posición sino un Senado poderoso donde por casi tres décadas sus aliados, que ahora votaron por sus sucesores, fueron mayoría. Ya no ocurre. Hoy Pullaro controla la Cámara Alta. Y en el gobierno no van con implícitos. El gobernador ya dijo que si Gutiérrez no se va en noviembre lo correrá por decreto. Lo mismo hará con el ministro Roberto Falistocco.
Otro punto de discordia que peló los cables del Poder Judicial fue el intento de Pullaro a través de su fiscal de Estado de remover por decreto a cuatro ministros de la Corte, Gutiérrez entre ellos, que debían fallar por demandas contra la ley previsional impulsada por el gobierno, y que fue resistida por los trabajadores estatales. El gobierno señaló que no podían votar ministros que ya estaban en situación de jubilarse.
La respuesta fue un 7 a 0 contra el gobierno con los votos incluso de los miembros entrantes de la Corte impulsados por Pullaro. Esto generó nuevas apelaciones desde el Ejecutivo santafesino pero sobre todo contrariedad y bronca. En el Poder Judicial hay un cerrado consenso de que lo que aspira el gobierno es otra muestra del afán de neutralizar todo lo que se oponga a sus pretensiones políticas por cualquier vía. Acá lo que dicen es que no valen las recusaciones por demandas colectivas. Y que además las impulsaron no al principio del trámite, como marca la regla procedimental, sino cuando las demandas ya llegaban a la Corte.
En el gobierno toman las palabras de Gutiérrez como balas de fogueo de un hombre astuto que perdió poder. Pero están atentos. Sabe que conserva legitimidad interna, aunque los empleados judiciales sean el plantel por lejos más chico de la administración. Y también que alborota el panal en momentos en que muchos jueces están molestos por lo que consideran una intrusión inaceptable del Ejecutivo en espacios de un poder distinto.
Cosas que se han expresado con críticas duras del jefe de fiscales de Rosario hacia camaristas provinciales por decisiones de delegar casusa de microtráfico de drogas a la Justicia Federal. Y que cada tanto expresan réplicas. El presidente de la Corte santafesina puede estar en su momento de eclipse, pero usa las herramientas que le quedan para erosionar al gobierno que lo va corriendo de la cancha.
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Hace unos años un importante abastecedor de droga de Rosario se reunió con un contacto en un paraje entrerriano. Una avioneta iba a bajar un cargamento al costado de una quinta entre Nogoyá y Victoria. El proveedor necesitaba que el contacto trasladara la carga hasta más allá del peaje de entrada por el puente a Rosario en una camioneta que le darían. El hombre se preocupó. «Todo bien con la camioneta, ¿no? ¿No será robada?». El dueño del lote de droga le dio un frenazo. «Vos no te preocupas de nada. No preguntás nada. Solamente hacés lo que te digo».
Fernando Sebastián Vázquez, hoy de 45 años, se las arregló siempre para no llamar la atención. Solo así pudo ser a la vez proveedor de droga para la banda de Los Monos y también de Los Menores que es la organización a la que se le atribuye el control territorial del narcomenudeo en Rosario actualmente y cuyos miembros son los que de un modo brutal mataron en 2024 a Andrés Pillín Bracamonte, que fue por más de 20 años líder de la barra brava de Rosario Central.
Precisamente el Narigón Vázquez tiene sus principales problemas penales en el barrio de Arroyito, donde está la cancha de Central. Este miércoles lo indagaron por primera vez en la Justicia Federal de Rosario. Lo acusan de comercio agravado de drogas por una causa por la que estaba prófugo hace ocho años y por la que pueden darle entre seis y veinte años de cárcel. El 9 de junio de 2018 a la tarde efectivos de la Policía Federal supieron que Vázquez se iba a encontrar con un mayorista llamado Andrés Uriz. Los policías le salieron al cruce en Ferreyra y Juan B. Justo, a cuatro cuadras del estadio auriazul. Atraparon al abastecedor pero Vázquez y su pareja atropellaron a un policía en Almafuerte y Cordiviola, a una cuadra de la cancha, y huyeron en una VW Fox que enseguida abandonaron.
Lo buscaban desde un año antes, cuando en 2017 el fiscal federal Claudio Kishimoto avanzó en una pesquisa de la División Antidrogas de la Policía Federal y descubrió en una veterinaria de la zona sur, en Oroño y Saavedra, el funcionamiento de una cocina de cocaína que tenía dos abastecedores. Uno era Cristian «Negro» González, un hombre de Los Monos, que en esa causa terminó condenado a 18 años de prisión. Por ese mismo hecho al Narigón Vázquez lo llevó a indagatoria ahora el fiscal federal Federico Reynares Solari.
Esos ocho años como fugitivo se cortaron el martes cuando la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía santafesina entró a la casa de pasillo en Villa Gobernador Gálvez, ciudad pegada al sur rosarino, donde se ocultaba. Hacía tres semanas que efectivos de civil merodeaban en el lugar. El Narigón estaba solo. Los hombres del cuerpo especial entraron corriendo al pasillo. Desde afuera un equipo controlaba con un dron desde arriba todos los vericuetos de las casas contiguas. Los que entraron cuentan que el Narigón corrió hacia su cama pero los efectivos tácticos lo inmovilizaron. Tenía una pistola debajo de la almohada.
En octubre pasado la misma fuerza especial lo había detectado en Victoria, a 60 kilómetros de Rosario, pero cuando un grupo de esa provincia fue a detenerlo logró escabullirse.
Para el momento en que empezaron a buscarlo por ser proveedor de Los Monos, el Narigón Vázquez había sido captado conversando con Silvana Gorosito en 2017, en la calle Blandengues al 900, la casa de la mujer. Gorosito es la esposa y madre de los hijos de Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, uno de los gerentes logísticos de Los Monos que fue condenado a 37 años de prisión.
Pero a siete años de esa causa lo conectaron al crimen de Pillín Bracamonte que ocurrió el 9 de noviembre de 2024.
Y eso que ocurrió a 150 metros de la cancha de Central también lo tuvo cerca al Narigón Vázquez. Lo perdió una Citroën Air Cross blanca que fue captada por las cámaras de calle en la escena donde Pillín fue acribillado y que iba como auto de apoyo de una moto Honda Twister 150 en la que escapaban los tiradores. El vehículo al ser identificado fue conectado con su hermano Alejandro Vázquez, quien era una persona sin prontuario, y al que lo ligaba una denuncia de venta del auto. Cuando lo intentaron ubicar en marzo de 2025 le encontraron 70 kilos de marihuana en su vivienda de Aguzzi al 4000.
El Narigón Vázquez se las arregló siempre para no llamar la atención. Solo así pudo ser a la vez proveedor de droga para la banda de Los Monos y también de Los Menores, la organización a la que se le atribuye en la actualidad el control del narcomenudeo en Rosario
En el examen del espectro relacional los investigadores del crimen supieron que el hermano de Alejandro era Sebastián Vázquez, que llevaba siete años con captura recomendada. Todo el trabajo de la fiscalía provincial fue la que identificó
Para los que participan del caso Sebastián Vázquez es quien puso a los asesinos por encargo en el lugar y que fue allí en compañía de su hermano Alejandro que era quien manejaba. Todo se terminó de detectar cuando una especialista en imágenes captó la Citroen C3 y una moto con la que sacaron a los tiradores de la escena donde mataron a Pillín y a Daniel Attardo que era el número dos de la hinchada de Central.
Hay una discrepancia sobre el rol que tuvo el Narigón Vázquez en el homicidio que cuando se realice la audiencia por este delito tal vez no quede dilucidada. La policía actuante entiende que fue uno de los dos autores materiales de los disparos. No así la fiscalía que no tiene esa certeza, que preliminarmente lo ubica como organizador del atentado y también aportante para que los matadores llegaran a la zona.
Los fiscales Patricio Saldutti, Ignacio Hueso y Agustina Eiris tienen desde la detención que fue el martes 15 días para imputar que se concede a los casos complejos que vence el 1 de julio. Como la pesquisa viene de antes los fiscales dicen estar en condiciones de imputar la semana próxima.
Con las dinámicas de las organizaciones criminales que se desplazan, la demanda y los cambios de liderazgo, los referentes van cambiando. Las áreas de inteligencia de Santa Fe y los fiscales provinciales y federales creen que el Narigón Vázquez pasó de ser proveedor de Los Monos a cumplir igual papel con Matías Gazzani, que es el cabecilla prófugo de Los Menores, el grupo al que se le atribuye haber matado a Pillín. Gazzani tiene 29 años y el gobierno de Maximiliano Pullaro ofrece 65 millones de pesos de recompensa por datos que lleven a su captura.
El despiadado atentado contra Pillín, según la principal línea investigativa de los fiscales, fue cometido para generar cambios en la escala de negocios en la barra del club rosarino hacia el control de personas metidas de lleno en el terreno del narcotráfico a gran escala.
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