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El domingo 7 se disputa la carrera “Contrarreloj”

El día 7 de noviembre se llevará a cabo la carrera “Contrarreloj”, la que tendrá su lugar de partida en la calle General Paz, frente a la ex Fábrica Crybsa, con largada a partir de las 9 de la mañana. Contará con categorías, modalidad y participación libre, de 6 a 11 años y de 12 a 15 años.

Las inscripciones se reciben en la Oficina de Deportes en el polideportivo Cumelen, de 7 a 14 horas hasta el jueves 4 de noviembre. Los números de contacto son: 2984651398 y 2984914853. El valor de la inscripción es de $1500 y menores de 16, de $700.

La carrera cuenta con Categoría Modalidad Ruta, de 16 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 años y 70 a 79 años, además damas hasta 35 años y más de 35. La Categoría Modalidad MTB de caballeros hasta 35 años y más de 35, y damas hasta 35 años y más de 35.

Se premiará con trofeos del primero al tercer puesto, medallas Finisher y Copa al ganador de la General Masculino y Femenino.

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    ¿Quién se quedará con la voz?: la ley “silenciosa” que Milei quiere borrar y abre la puerta a la extranjerización de los medios

     

    La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.

    La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.

    La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno

    El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.

    Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.

    Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.

    Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”

    La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.

    Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.

    Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.

    La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.

    Comunicación, soberanía y mercado

    El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.

    La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.

    Ahí reside el núcleo político del asunto.

    Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.

     

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  • El Consejo dejó al juez federal Salmain al borde del Juicio político y si lo suspenden puede quedar preso

     

    El juez federal de Rosario Gastón Salmain entró en un laberinto de difícil salida. Este jueves la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura impulsó por unanimidad de sus siete miembros que dos de los hechos que se le reprochan sean analizados por el plenario de veinte miembros del órgano que evalúa jueces, lo que lo deja en la orilla de la suspensión para un juicio político. La sola suspensión podría activar la prisión preventiva de Salmain en un caso donde está procesado por pedir un soborno, que solo no se aplicó porque lo amparan sus fueros como magistrado.

    Los hechos por los que Salmain está en la mira del Consejo son dos. Uno es la causa penal por haber autorizado a los tenedores de un fideicomiso Attilla a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.

    El segundo hecho es el que más ruido causó desde que se escuchó el descargo del juez la semana pasada. Es porque omitió señalar en su CV al concursar que en 2002 la Corte Suprema lo echó de la Justicia Federal, donde era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria de juzgado para direccionar un expediente. Ocho días atrás, ante una consulta del consejero y senador nacional Luis Juez, que le preguntó porqué escamoteó eso, Salmain dijo que no lo mencionó porque no se lo habían preguntado.

    Salmain delató a un colega que también llegó a juez pese a haber sido sancionado 

    Esa respuesta, que fue un latiguillo en redes durante días, la recogió Juez este miércoles antes de votar para impulsar el jury. No lo perdonó y habló bien en criollo. «El nunca dijo que había sido funcionario judicial y, cuando concursó, que había sido expulsado de la Justicia por un hecho gravísimo. A ver si podemos lograr que los jueces que van a venir a rendir ac{a entiendan lo que es la categoría de juez. ¿Va a ser juez federal hasta los 75 años y vas a hacer eso, hermano? Lo que tenés que hacer es decir siempre la verdad».

    El argumento de Salmain es que el reglamento del concurso vigente pide reseñar los antecedentes del concursante en los últimos diez años. Y a Salmain la Corte lo echó por coimero hace veinticuatro.

    Antes de la sesión de este miércoles, Salmain intentó un recurso a través de un abogado para que Juez no pudiera votar por mérito para ser recusado y que el expediente disciplinario se declarara nulo. No tuvo eco en ningún consejero.

    La sesión siguió entonces adelante y el recusado tuvo su oportunidad. Suena tautológico, pero Juez despellejó al juez. «Después le exigimos al ciudadano común condiciones que no estamos dispuestos a cumplir cuando somos jueces», dijo. Siguió señalando que el sospechado hizo reproches sobre la cantidad de gente que a su criterio los fiscales que lo investigan deberían haber citado en su mismo caso y no lo hicieron. «Esta es la forma en que se defienden los delincuentes. Se defienden acusando a otros». Dijo por último que se imaginaba salir airoso si él fuera imputado en un caso e, indagado por su delito, le dijera a cualquier juez que no había hablado de eso «porque no me preguntó».

    «El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por la continuidad del salario y su cargo que defender su honor», dijo el senador cordobés. «Lo escuché con oído entrenado como abogado, hace 40 años que ejerzo la profesión, fue una defensa espantosa. Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la Justicia Federal de Rosario para ponerlo en este lugar procesal. Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios, picardías o chicanas. Que vaya al jury para que podamos evaluar su conducta». Lo señalaba porque la defensa de Salmain intentó en reiteradas ocasiones, sin lograrlo, recusar a los jueces que actuaron en sus causas y también apartar a los fiscales.

    El diputado nacional Rodolfo Tailhade impulsó el dictamen que manda los antecedentes de Salmain al plenario del Consejo para decidir el jury. No estuvo de acuerdo en que se lo reproche por haber obviado que lo dejaron cesante por pedir una coima, porque efectivamente el reglamento de concurso no exige dar cuenta de antecedentes que excedan los diez años a la fecha de esa compulsa. Y sostuvo que el juez hizo una defensa técnica acorde cuando compareció, que deben analizarse en el jury. Pero alertó que Salmain tiene procesamiento confirmado por corrupción y sigue en su cargo.

    «Es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, es una situación inverosímil», observó Tailhade.

    Procesan al juez Salmain por una coima: le prohíben salir del país y lo embargan por USD 200 mil

    El consejero César Grau dijo que si estuviera vigente el reglamento de concursos que postulan ahora desde la Corte Suprema el artilugio atribuido a Salmain no habría prosperado y nunca habría llegado a juez. ¿Por qué? Porque se establece la conformación de un legajo digital único, unificado, público, transparente y permanente», afirmó Grau. «El sistema actual se basa en la buena fe, es una declaración jurada. Entonces, si miente el postulante, ¿qué pasa?» La respuesta que sugería es que un aspirante con un gravísimo antecedente irregular, como pasó con Salmain, puede llegar a juez. «La casta en algún momento tiene que perder», dijo.

    Salmain está actualmente procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. El plenario del Consejo sesionará sin fecha definida pero en breve para considerar si lo lleva a juicio político, lo que podría definirse con trece de los veinte votos. En caso de suspensión los jueces a cargo del caso en Rosario tendrán que decidir si tornan efectiva la prisión preventiva que le dictaron y que su inmunidad como magistrado dejó en suspenso.

     

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