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EL DIRECTOR NACIONAL DEL INTA CENSURÓ ESTUDIO SOBRE RESIDUOS DE AGROTÓXICOS

Masiva adhesión popular de asambleas ciudadanas, organizaciones socioambientales, cientificos/as, investigadores/as de la Argentina al rechazo de la censura del Director Nacional del INTA, Carlos Alberto Parera contra la investigadora de la institución Dra. Virginia Aparicio ordenando la suspensión de la reunión informativa sobre el mayor estudio sobre residuos de agrotóxicos realizado sobre pueblos fumigados de la Provincia de Buenos Aires que se iba a dar a conocer el 21 de Junio de 2023.

TEXTO DEL COMUNICADO DE RECHAZO A LA CENSURA Y PERSECUCIÓN A LA INVESTIGADORA DRA. VIRGINIA APARICIO.

▪️ Repudiamos enérgicamente el proceder del Director Nacional del INTA, Ing. Carlos Alberto PARERA, quien tomó la decisión de censurar a la investigadora Dra. Virginia Aparicio, ordenando suspender la reunión informativa detallada y sistematizada sobre los resultados del relevamiento biológico en personas que habitan en los pueblos fumigados y ciudades de la provincia de Buenos Aires el cual se iba a presentar on-line el 21 de Junio de 2023.

▪️ El relevamiento biológico humano exhaustivo que motiva el proceder censor del INTA comprendió la búsqueda de agrotóxicos en la orina, sangre, y materia fecal sumándose la medición de la calidad del aire de personas que habitan en pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires.

▪️ El muestreo fue realizado durante la primavera del año 2021 y forma parte del proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (UE). Del SPRINT participa un grupo de institutos de investigación de 10 países europeos y Argentina con la participación del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

▪️ En el mes de Mayo 2023, los y las participantes de la Argentina del proyecto SPRINT tomaron conocimiento de los resultados que fueron muy preocupantes, pues se detectaron y cuantificaron decenas de agrotóxicos en los cuerpos humanos, tanto en sangre, como orina y materia fecal como así también el aire que se respira en los pueblos fumigados.

▪️ En una nota cursada el 15 de Junio de 2023 a la responsable del SPRINT-Argentina Dra. Virginia Aparicio, que lleva la firma del Director Nacional Carlos Alberto Parera, se le «instruye» a la investigadora que suspenda la reunión informativa del 21 de Junio de 2023.

▪️ Los motivos de la decisión son inaceptables. El Director Nacional del INTA señala que se ha tomado conocimiento de que posiblemente algunos procedimientos del SPRINT en Argentina han excedido la incumbencia institucional, y luego agrega en tono persecutorio que el accionar de la investigadora está siendo analizado al respecto.

▪️ No se trata sino de un artero acto de censura y persecución que tiene como fin ocultar la información sumamente valiosa y reveladora que aporta el SPRINT sobre los graves impactos de los agrotóxicos en las matrices ambientales y los cuerpos humanos en Argentina.

▪️ El procedimiento del muestreo realizado en la Argentina contó una aprobación del Comité Bioética de Ética de la Investigación, del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB) dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además el protocolo del muestreo fue revisado por pares y publicado en una revista científica. Lo cual no hay nada que objetar. Lo objetable y repudiable es la censura y persecución del Director Nacional del INTA, Carlos Alberto Parera.

▪️ Es sabido que el INTA orgánicamente responde al agronegocio, como así también es de conocimiento público el malestar y las quejas de los sectores beneficiados del agronegocio por la realización del SPRINT en los cuerpos-territorios de la Argentina, pues como nunca antes se está desarrollando un relevamiento ambiental y sanitario con la mejor tecnología que en nuestro país no hay.

▪️ Hablamos de una prueba cabal y contundente del daño silencioso que provoca en nuestros cuerpos el sistema agroalimentario industrial con el uso masivo de transgénicos y agrotóxicos, además de la contaminación y degradación ambiental y pérdida drástica de la diversidad biológica en los territorios.

▪️ Lo que el INTA oculta e impide su divulgación es la fotografía tóxica de los cuerpos humanos evaluados en el SPRINT que seguramente se replica en todas las personas que habitan en los pueblos fumigados de la Argentina. Cuerpos que son impactados por numerosas sustancias que están ahí alojadas silenciosamente pero que tienen capacidad para generar cáncer, daño genético, funcionar como alteradores hormonales, generar desfunciones en el sistema nervioso y poseer efectos neurotóxicos.

▪️ Además el acto censor y persecutorio del INTA representa un deja vu indeseable en el mismo Dia de la Ciencia Digna. Precisamente el investigador científico que fundó un nuevo paradigma de la ciencia, Andrés Carrasco investigador del CONICET, en el año 2009 apenas terminó su investigación en el laboratorio sobre los efectos teratogénicos del Glifosato sin demoras fue directamente a nuestros pueblos fumigados a decir a viva voz que lo que se denunciaba bajo la sospecha empírica tenía respaldo en la información científica. Ese compromiso y entrega le valió a Andrés Carrasco una persecución feroz dentro del CONICET previo a la publicación de su trabajo.

▪️ Hoy a la Dra. Virginia Aparicio, le vuelve a suceder lo mismo, esta vez de la mano del INTA.

▪️ Por eso expresamos toda nuestra solidaridad con la Investigadora Dra. Virginia Aparicio e instamos a las autoridades del INTA a que dejen de inmediato sin efecto la suspensión de la reunión informativa de los resultados del SPRINT, advirtiendo que tal proceder además de persecutorio y censor representa una violación al Acuerdo Escazú, por el cual la Argentina asumió la obligación de garantizar la divulgación de forma inmediata y por los medios más efectivos de toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños.

▪️ Hoy mismo las asambleas y organizaciones firmantes hemos procedido a la presentación administrativa formal ante el INTA para que actúe en consecuencia de lo que solicita en la misma: cese de censura y persecución inmediata.

Las adhesiones se siguen incrementando.

Fuente: Naturaleza.ar

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    El avance de medidas de control sobre los docentes en Mendoza parece no tener límites para quienes gobiernan y abre un antecedente preocupante que encuentra su correlato en la Ciudad de Buenos Aires. Entre denuncias de estigmatización, medidas económicas punitivas y la futura entrega de datos biométricos a empresas privadas, los trabajadores de la educación se ven nuevamente en la mira de gobiernos que priorizan el control sobre la educación.

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    En Mendoza, se conoció hace unos días, el Gobierno provincial implementó una controvertida medida que permite a los padres supervisar el ausentismo docente a través de la plataforma GEI (Gestión Educativa Integral) como si fuesen Fiscales. Mediante un botón denominado “inasistencia docente”, se instiga a los adultos a notificar a la Dirección General de Escuelas (DGE) sobre la falta de un maestro o profesor. Esta iniciativa se suma a un doble control ya existente: los reportes de las direcciones de cada establecimiento y un sistema biométrico presente en la mayoría de las escuelas locales.

    Para Carina Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la medida genera un clima de confrontación: “Primero nos ponen en contra de la comunidad. Segundo, desconfían o les sacan la tarea o desconfían de la tarea que realizan los equipos directivos”, advirtió en diálogo con Cadena 3. Según Sedano, este tipo de control es innecesario y conflictivo, y puede derivar en reportes falsos si un padre decide perjudicar a un docente por cuestiones personales.

    El sistema, además, se conecta con incentivos económicos que condicionan la asistencia docente: el ítem aula, implementado en 2016, representa el 10% del sueldo, mientras que el ítem arraigo, que premia la permanencia en la escuela, también se pierde ante ausencias. Sedano señaló que estas medidas, lejos de garantizar la calidad educativa, ponen en riesgo la salud de los docentes y pueden afectar la convivencia escolar.

    La escalada del control llega a CABA

    Un fenómeno similar, aunque con otra tecnología, se registra en la Ciudad de Buenos Aires. Según publicamos hace unos días en Noticias La Insuperable, desde la gestión de Jorge Macri se busca implementar relojes de control biométrico para acreditar el presentismo docente y no docente, bajo el argumento de mejorar la liquidación de haberes.

    Desde el sindicato Ademys alertan que la medida es parte de una persecución: “El gobierno insiste en entregar los datos personales de la docencia a una empresa privada sin dar ningún tipo de información sobre el uso de los mismos ni sobre los fondos que destina para tal fin”. El sistema elegido, tal cual dimos la Primicia en este portal, es el de la empresa china ZKTeco, que incluye huellas dactilares y reconocimiento facial, y según informes internacionales, posee 24 vulnerabilidades críticas que podrían exponer información sensible de miles de trabajadores.

    La licitación porteña, además, ha sido cuestionada por su falta de transparencia: solo se permite la provisión de equipos de una marca específica, mientras que los pedidos de informe de legisladores quedaron sin respuesta. El monto estimado para la adquisición asciende a $362 millones, en un contexto donde los salarios docentes continúan por debajo de la línea de la pobreza y la infraestructura escolar presenta problemas estructurales graves.

    Mendoza y CABA: un patrón de persecución

    La combinación de herramientas digitales, incentivos económicos punitivos y sistemas biométricos muestra un patrón que se repite entre provincias y la Ciudad: el control y la supervisión se priorizan sobre la educación y la protección de los trabajadores. Mientras en Mendoza se coloca a los padres en la tarea de fiscalizar a los docentes, en CABA se delega la información personal y biométrica a una empresa privada con historial de vulnerabilidades.

    Como señaló Carina Sedano, “los avances en educación son resultado del trabajo de los docentes, no de su ausencia”. Sin embargo, las medidas implementadas tanto en Mendoza como en la Ciudad parecen poner en jaque la autonomía profesional y la dignidad de los trabajadores de la educación, favoreciendo el disciplinamiento y el control por sobre la mejora real del sistema educativo.

    La experiencia mendocina y la implementación biométrica porteña dejan en claro que el conflicto docente y el debate sobre la privacidad y la transparencia no son casos aislados, sino parte de una tendencia creciente de gobiernos que buscan auditar y vigilar a los trabajadores bajo la bandera de la eficiencia y el control.

     

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