El Comité de Crisis provincial se reunió con referentes del sector comercial

“Creo que le mintieron al Presidente”, señaló.

Por Roque Pérez para NLI

La postal que más inquieta hoy a la Casa Rosada no viene del peronismo, ni de los mercados, ni siquiera del Congreso. Viene del propio ecosistema libertario. En una escena impensada hace apenas meses, uno de los soldados digitales más importantes del mileísmo terminó contradiciendo públicamente a Milei y dejando al desnudo una interna feroz entre los distintos clanes del oficialismo. El protagonista fue Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, que salió a dinamitar la versión presidencial sobre el escándalo de la cuenta atribuida a Martín Menem y dejó flotando una frase venenosa: “Creo que le mintieron al Presidente”.

El episodio parece menor sólo para quien no entiende cómo funciona el poder libertario. Porque en el universo de Milei, las redes no son un accesorio: son el corazón político del proyecto. Y cuando el principal operador del aparato digital contradice al propio jefe de Estado en vivo, lo que se rompe no es apenas una narrativa. Se rompe la cadena de mando.

Santiago Caputo contra Karina: la guerra que ya nadie disimula

Detrás del escándalo por la cuenta @PeriodistaRufus se esconde algo mucho más grande. La pelea real es entre los dos grandes polos de poder que sobreviven dentro de La Libertad Avanza: el armado territorial y partidario de Karina Milei contra el dispositivo político-digital de Santiago Caputo.

Las llamadas “Fuerzas del Cielo”, la tropa de influencers y militantes libertarios que responde a Caputo y tiene al Gordo Dan como cara visible, decidieron ir hasta el fondo contra Martín Menem, uno de los hombres más cercanos a Karina. Y lo hicieron incluso después de que Milei intentara cerrar el conflicto diciendo que todo había sido una “operación prefabricada”.

Pero Parisini no sólo rechazó la explicación presidencial: directamente sostuvo que la cuenta sí pertenecía a Menem y que alguien engañó al mandatario. El mensaje político fue devastador. Porque si Milei fue engañado, entonces no controla su propia mesa chica. Y si no fue engañado, entonces el aparato digital libertario decidió desafiarlo igual.

En cualquier caso, el resultado es pésimo para la autoridad presidencial.

El Presidente que ya no ordena

La escena expone un problema cada vez más visible: Milei conserva centralidad mediática, pero empieza a perder capacidad de disciplinamiento interno. Y eso en un gobierno tan personalista es letal.

Hasta hace unos meses, las diferencias dentro del oficialismo se procesaban bajo cuerda. Hoy se discuten en streaming, en Twitter y a través de operaciones cruzadas entre funcionarios, trolls y dirigentes. La lógica de la “batalla cultural” terminó devorándose a sí misma.

La tensión ya venía escalando. Patricia Bullrich quedó enfrentada con el karinismo, Manuel Adorni aparece cuestionado desde distintos sectores y el Senado se transformó en otro foco de conflictos internos.

Lo novedoso es que ahora la implosión alcanza al núcleo más fanático del mileísmo: el aparato digital que hasta hace poco funcionaba como guardia pretoriana del Presidente. El mismo espacio que se autodefinió como el “brazo armado” libertario —aunque luego aclararan que era una metáfora— empieza a mostrar fisuras imposibles de ocultar.

La Rosada teme algo peor: que la pelea se vuelva irreversible

En Balcarce 50 saben que la disputa ya dejó de ser ideológica. Es una pelea por el control político del futuro libertario. Karina Milei quiere consolidar el partido y blindar el armado electoral. Santiago Caputo busca sostener influencia estratégica a través de la comunicación, los operadores digitales y la construcción de relato.

El problema es que ambos espacios necesitan demostrar fuerza. Y cuando eso ocurre en gobiernos verticalistas, la pelea suele terminar mal.

La gran incógnita es si Milei todavía puede arbitrar entre ambos bandos o si terminó convertido en rehén de su propia interna. Porque el Presidente quedó en una posición incómoda: desautorizado por quienes supuestamente lo defienden todos los días.

Y en política, hay algo peor que tener enemigos afuera: empezar a perder autoridad adentro.

Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.

Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.

Energía en venta, soberanía en retroceso

La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.

La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.

El relato del ajuste y la realidad del vaciamiento

Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.

Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.

Un modelo que prioriza el mercado por sobre el interés público

El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.

La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.

En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.

Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.