El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la reunión que el Comité de Crisis de la Provincia mantuvo con referentes de distintos sectores comerciales de Villa Regina. En el encuentro estuvieron presentes el Vicegobernador Alejandro Palmieri y los Ministros de Gobierno Rodrigo Buteler y de Economía Luis Vaisberg.
La convocatoria tuvo como finalidad escuchar las inquietudes de los representantes de los diferentes rubros del comercio local, además de analizar la situación epidemiológica de la ciudad.
Este encuentro forma parte de la ronda de consultas que el gobierno provincial lleva adelante en distintos puntos de Río Negro, dando continuidad así al diálogo con los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, destruyó uno de los pilares del relato económico de Caputo y Milei. Un informe técnico del organismo monetario confirmó que desde que se instrumentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al cuarto trimestre de 2025 hubo egresos netos de inversión extranjera directa por USD 4.687 millones.
El régimen de beneficios impositivos para atraer inversiones de magnitud entró en vigencia el 8 de julio, pero según el informe sobre Inversión Extranjera Directa al 31 de diciembre de 2025 que publicó el Banco Central esta semana, por ahora no tuvo el efecto buscado.
El propio informe intenta justificar la salida neta de capitales bajo un signo positivo. Argumenta que muchas multinacionales aprovecharon las flexibilizaciones cambiarias y los incentivos exportadores para cancelar deuda comercial entre empresas vinculadas, reorganizar balances internos y retirar posiciones acumuladas durante los años anteriores.
El núcleo de ese movimiento estuvo en el complejo exportador. Según el informe, gran parte del desendeudamiento se explicó por la cancelación de adelantos de cobro de exportaciones vinculados al Decreto 682, que había reducido transitoriamente las retenciones para determinados sectores. La escena se parece bastante a una vieja postal argentina: el Estado necesita dólares urgentes, libera incentivos extraordinarios y el capital responde con movimientos financieros de corto plazo antes que con inversión productiva sostenida.
Cuando se observa el detalle del documento, el cuadro se vuelve todavía más evidente. La renta de capital de la inversión extranjera directa alcanzó los 1.436 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Dentro de ese total, la distribución de utilidades y dividendos sumó 1.194 millones, mientras que la reinversión quedó reducida apenas a 241 millones.
Ese número probablemente sea uno de los datos más relevantes del informe. Porque una cosa es obtener rentabilidad en la Argentina y otra muy distinta es decidir dejar esas ganancias dentro del país para ampliar plantas, incorporar tecnología o desarrollar proveedores locales. Eso es justamente lo que no aparece en los números del Banco Central.
La diferencia entre utilidades giradas y utilidades reinvertidas muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva. El capital entra, obtiene ganancias y luego vuelve a salir.
La gran diferencia entre utilidades giradas al exterior y utilidades reinvertidas en el país que descubre el informa del Banco Central muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva.
También resulta revelador el mapa geográfico de las salidas de capital. Los principales egresos provinieron de Suiza, Reino Unido, Países Bajos y España. No es casual. Son jurisdicciones centrales dentro de las arquitecturas financieras globales utilizadas por holdings multinacionales, fondos y vehículos societarios para triangular inversiones y administrar flujos internacionales.
En paralelo, el gobierno prorrogó por un año adicional el plazo de adhesión al RIGI mediante el Decreto 105 publicado días atrás en el Boletín Oficial. El vencimiento original estaba previsto para julio de 2026 y ahora se extendió hasta julio de 2027. La decisión dejó una lectura política incómoda: si el régimen estuviera generando una llegada masiva e inmediata de inversiones, no habría necesidad de extender tan rápido los plazos originales.
A eso se sumó el anuncio del gobierno sobre el envío al Congreso de un nuevo proyecto denominado «Súper RIGI», que baja de 25 puntos a 10 el tributo de ganancias en caso de inversiones tecnológicas, una iniciativa anticipada en exclusiva por LPO.
El nombre sintetiza bastante bien la lógica que atraviesa buena parte de las reformas económicas argentinas: cada nueva versión necesita exhibirse más extrema.
El problema es que el RIGI no movió el amperímetro de la inversión agregada. Pese a los miles de millones comprometidos sobre el papel, el régimen todavía no generó un salto perceptible en la formación de capital del conjunto de la economía. Incluso sectores cercanos al pensamiento liberal empezaron a marcar esa limitación.
Si de promesas se trata, la minería se convirtió en el gran escaparate económico del gobierno. Caputo suele mostrar cifras cercanas a los USD 95.000 millones vinculados al RIGI y proyecta unos USD 140.000 millones futuros. Pero allí se mezclan proyectos presentados, anuncios preliminares, carpetas en evaluación e iniciativas no aprobadas.
Lo efectivamente aprobado hasta ahora representa algo más de 17.000 millones de dólares. Y aun esa cifra sigue siendo potencial. Porque aprobación no significa desembolso real. La inversión que efectivamente se movió fue muchísimo menor: en 2025 rondó los 1.388 millones de dólares y durante el primer trimestre de 2026 ingresaron aproximadamente 1.205 millones vinculados al régimen.
Un informe reciente de la Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostuvo que «la baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión». El documento plantea que crear un Súper RIGI sin resolver los problemas estructurales replica el mismo esquema en una escala todavía mayor.
El estudio agrega otro dato revelador. Mientras la inversión productiva sigue estancada, durante 2025 las personas destinaron el equivalente al 4,7% del PBI a comprar dólares para ahorro. El dinero existe, pero se fuga hacia la dolarización defensiva. «Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos fuera del sistema», señala el informe.
La baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión. Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos.
Idesa también cuestiona la proliferación de regímenes especiales. El RIGI, el RIMI incluido en la reforma laboral y ahora el proyectado Súper RIGI forman una superposición de excepciones que generan asimetrías entre empresas. Los proyectos que acceden a esos beneficios compiten con ventajas tributarias, cambiarias y regulatorias frente a quienes quedan afuera. «Son esquemas burocráticos y discrecionales que suman distorsiones» aclara.
El Súper RIGI expone además otro problema. El proyecto limita Ingresos Brutos al 0,5% y prohíbe tasas municipales sobre ventas para los emprendimientos incluidos en el régimen. Es decir: reconoce implícitamente que el esquema tributario general resulta inviable para invertir. El alivio fiscal existe, pero sólo para quienes logran ingresar al club de excepción. El resto de la economía sigue conviviendo con la asfixiante presión tributaria combinada de Nación, provincias y municipios.
Por eso el informe de IDESA propone otra lógica: avanzar hacia reglas generales para toda la economía en lugar de seguir acumulando privilegios sectoriales. Entre otras medidas, plantea crear un «Súper IVA» coordinado con las provincias que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales sobre ventas para todos los sectores, no únicamente para proyectos seleccionados. Un proyecto que varios gobernadores aliados impulsaron en su momento, pero que la Casa Rosada eligió no tratar.
Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano, Nicolás Massot y los diputados del FIT, entre otros, abortaron este miércoles la convocatoria a la sesión prevista para este jueves con el objetivo de emplazar a las comisiones con el propósito de impulsar la interpelación a Manuel Adorni.
Pasadas las 20, los legisladores solicitaron por nota a Martín Menem que «tenga a bien dejar sin efecto el pedido de convocatoria a sesión especial oportunamente requerido, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, con fecha jueves 14 de mayo de 2026 a las 11».
La explicación que ofrecieron los diputados que promovían la sesión fue que se trató de «una suspensión» para «agregar algunos temas de la agenda social y poder reforzar el quórum». En rigor, la oposición estaba lejos de arrimarse a los 129 integrantes de la Cámara Baja para abrir el debate.
Tal como informó LPO, los bloques vinculados a los gobernadores aliados a la Casa Rosada estaban en contra de la interpelación a Adorni. «La interpelación es un error, si lo hacemos se va a victimizar», fue la respuesta de una diputada gravitante de Provincias Unidas.
Por otra parte, Cristian Ritondo y buena parte de la bancada del PRO desoyó el mandato de Mauricio Macri para votar contra el jefe de Gabinete. En una reunión por Zoom, el jefe del bloque ratificó el criterio de que no se sientan a sus bancas cuando la convocatoria corre por cuenta de la oposición a Javier Milei. «Que junte el quórum el que convoca», resumieron.
Maximiliano Ferraro.
Las miradas también apuntaron al peronismo, que no contó con ninguno de sus diputados entre los firmantes de la convocatoria a la sesión. Si bien se daba por hecho que la tropa parlamentaria liderada por Germán Martínez estaría en el recinto para buscar el quórum, un grupo numeroso de legisladores de esa fuerza política considera que la permanencia de Adorni en el gabinete de Milei es beneficiosa para la oposición, bajo la premisa de no interrumpir al adversario cuando se está equivocando.
Como sea, uno de los legisladores que sí agitó la convocatoria le dijo a LPO que intentarían colar la interpelación en el temario que se está preparando para la sesión que pretende el oficialismo para el miércoles 20 de mayo, acaso una empresa difícil. Menem está dispuesto a sesionar para sancionar el PCT y el proyecto de recorte a las Zonas Frías, entre otros, y los libertarios no tendrían razones para aflojar el blindaje contra Adorni.
Al cierre de esta nota, ingresaba el pedido formal a la secretaría parlamentaria para sesionar efectivamente el miércoles con la interpelación a Adorni con temario pero también pedidos de informes a Sandra Pettovello y Luis Caputo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, proyectos de modificaciones a las licencias parentales, la creación del programa «Remediar» y restablecimiento de prestaciones para los afiliados al PAMI. Esa solicitud sí contaba con las firmas de peronistas como Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y Vanesa Siley.
La #5 Fiesta Provincial del Gaucho tuvo su presentación oficial en el predio de jineteada, el intendente Alberto Pacenti fue el responsable de dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación de la región que se acercaron a conocer detalles de las actividades previstas para el sábado 29 de febrero y domingo…
Crece la tensión política en Morón a la par de un escándalo que toca de cerca a la gestión de Lucas Ghi, que será interpelado en el Concejo por el caso que involucra a Luna Ortigoza, ahora ex funcionaria del área de Género local a la que días atrás le allanaron la casa y le encontraron un ladrillo de más de medio kilo de cocaína.
Acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, Ortigoza permanece prófuga. Al trascender el hecho, la gestión Ghi informó la «inmediata la desvinculación» de la funcionaria.
El hecho se suma al caso de Karen Cufré, ex funcionaria de Seguridad municipal que fue detenida, acusada de integrar la banda de extorsionadores que operaba desde la cárcel de Magdalena y que se vincula al suicidio del soldado en la Quinta de Olivos.
«Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente», señala el proyecto de interpelación
En ese marco, este jueves la oposición en el Concejo avanzó con el pedido de interpelación a Ghi al lograr los dos tercios para su tratamiento sobre tablas a partir del apoyo del bloque de Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, lo que representó una nueva foto de la ruptura total del panperonismo de Morón.
El proyecto de interpelación habla de una «gravísima situación institucional» y recuerda que, el de Ortigoza es «el segundo escándalo penal en el último año que involucra a personal municipal.
Entre los puntos a interpelar a Ghi aparece su «responsabilidad política y funcional» en el caso y si, luego del Caso Cufré, la comuna implementó algún mecanismo preventivo, alertas tempranas, filtros de idoneidad y/o si tomó acciones judiciales.
«Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente», señala el proyecto impulsado por los bloques opositores, que acusaron a la gestión Ghi de intentar «minimizar» el caso «con un tibio comunicado de prensa».
En sus canales oficiales de comunicación, la gestión municipal manifestó que lo hallado en el domicilio de Ortigoza fue en el marco de «allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad». En tanto, cerca de la comuna señalaron que el pedido de interpelación responde a intereses «políticos».
La ahora ex funcionaria prófuga es vinculada al armado que en Morón Sur (barrios San Juan y Santa Rosa) despliega Rogelia Franco, madre de la jefa de Gabinete de Ghi, Estefanía «Toffi» Franco, de fuerte ascendencia en el intendente e impulsora de un armado luquista puro, Primero Morón.
Ante eso, en la oposición se hacen preguntas sobre la relación que puede tener un allanamiento impulsado por la comuna y una funcionaria municipal que estaba ausente al momento del operativo y que permanece prófuga.
Como sea, este episodio vino a recrudecer la ya detonada relación entre Nuevo Encuentro y Ghi.
En una encendida intervención, el jefe del bloque sabbatellista, Diego Spina acusó a Ghi de nombrar en el gabinete a dirigentes PRO y, en el caso de Género, dijo que el «equipo de profesionales» de Nuevo Encuentro fue corrido para poner a funcionarias como Ortigoza.
«Hablaron de su idoneidad, y que incluso había hecho masters en género, pero en el movimiento feminista nadie la conoce y no tiene ningún estudio hecho», sostuvo.
Y agregó: «Antes, fue nombrada en Género Laura De Peri, una funcionaria corrupta del departamento judicial. La fueron a buscar para garantizar la impunidad de los varones golpeadores y para hacer intervenciones espurias ante el Departamento Judicial de San Isidro y de Morón. Ella la trajo a esta funcionaria».
Cerca de Martín Sabbatella señalaron a LPO que Ortigoza militó en Nuevo Encuentro en Morón sur y que se quedó con Ghi con la ruptura. Es con ese corte que Ortigoza pasa de un puesto de empleada a un cargo de directora en el área de Género.
En el sabbatellismo analizan que, al desprenderse «tan rápida y violentamente» de la estructura de Nuevo Encuentro, Ghi fue construyendo un marco político a partir otras estructuras. «Ahí, se metió todo», dicen.
La ahora ex funcionaria prófuga es vinculada al armado que en Morón Sur (barrios San Juan y Santa Rosa) despliega Rogelia Franco, madre de la jefa de Gabinete de Ghi, Estefanía «Toffi» Franco, de fuerte ascendencia en el intendente e impulsora de un armado luquista puro, Primero Morón.
Frente a eso, en Nuevo Encuentro acusan «operaciones» que intentan ligar a Ortigoza con el sabbatellismo. «Este Gobierno está lleno de traidores que antes eran de Nuevo Encuentro y se fueron. No me vengan a hablar de operaciones políticas, no le tenemos miedo a nada, tenemos la conciencia tranquila, queremos que se sepa la verdad», dijo Spina.
Con vehemencia, el concejal y mano derecha de Martín Sabbatella trazó diferencias en cuanto a cómo la gestión Ghi abordó los casos de Cufré y Ortigoza, por un lado, y el caso de Hernán Sabbatella (denunciado por violencia de género), por el otro.
Alineado a Ghi y peleado con su hermano, Hernán Sabbatella (por entonces secretario de Legal y Técnica local) fue alejado de la gestión con licencia por tiempo indeterminado, hasta que se esclarezca el caso.
«De las dos chicas sí dieron los nombres inmediatamente y al secretaria de Legal y Técnica salieron a decir que lo corrían con licencia especial, flor de licencia con goce de haberes, que además no está firmada», dijo Spina.
Los varoncitos, los que tienen el pito parado, siguen gozando de la impunidad de un gobierno que se hizo abiertamente de derecha, por eso votamos esta interpelación y esperamos que mañana no venga ningún farsante derechoso a dar la cara acá, que venga el intendente
Y se preguntó: «¿Cuál es la licencia que le dieron para que el día de hoy siga cobrando más de 3 millones de pesos un funcionario que por ser varón no lo corrieron de la gestión?»
En esa línea, apuntó: «Los varoncitos, los que tienen el pito parado, siguen gozando de la impunidad de un gobierno que se hizo abiertamente de derecha, por eso votamos esta interpelación y esperamos que mañana no venga ningún farsante derechoso a dar la cara acá, que venga el intendente».
En el sabbatellismo analizan que, al desprenderse «tan rápida y violentamente» de la estructura de Nuevo Encuentro, Ghi fue construyendo un marco político a partir otras estructuras. «Ahí, se metió todo», dicen.
Por eso, creen que escándalos de este calibre pueden llegar a repetirse. «Al lotear el municipio lo que perdió es control sobre la estructura. Corre el riesgo de que se le desbande todo», analizan.
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