El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la reunión que el Comité de Crisis de la Provincia mantuvo con referentes de distintos sectores comerciales de Villa Regina. En el encuentro estuvieron presentes el Vicegobernador Alejandro Palmieri y los Ministros de Gobierno Rodrigo Buteler y de Economía Luis Vaisberg.
La convocatoria tuvo como finalidad escuchar las inquietudes de los representantes de los diferentes rubros del comercio local, además de analizar la situación epidemiológica de la ciudad.
Este encuentro forma parte de la ronda de consultas que el gobierno provincial lleva adelante en distintos puntos de Río Negro, dando continuidad así al diálogo con los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
La vertiginosa quiebra de Bioceres SA dejó un dato que ahora en el mercado lo observan con mucha atención: mientras que la empresa se desplomaba con deudas y patrimonio negativo, el holding controlante registró una ganancia extraordinaria cercana a los 95 millones de dólares.
El número surge de los propios balances presentados ante la SEC por Moolec, la firma radicada en el exterior que quedó como cabeza del entramado y de la que se hizo cargo el empresario uruguayo Juan Sartori.
En los documentos (ver) se advierte que tras la pérdida de control de Bioceres la compañía contabilizó un beneficio de unos 91 millones de dólares en Bioceres Sociedad Anónima y otros 5,3 millones de Bioceres LLC radicada en Estados Unidos. En términos contables, la caída de Bioceres no implicó una pérdida para el grupo, sino un resultado positivo, dicen fuentes de la empresa.
Ese dato es el que disparó las sospechas. En el mercado empiezan a preguntarse si la quiebra fue realmente el desenlace inevitable de una crisis financiera o parte de una estrategia para reordenar el negocio, aislar las deudas y consolidar el control sobre los activos más valiosos.
La clave está en la ingeniería societaria que se terminó de consolidar en 2025, dijeron fuentes al tanto de la compleja estructura accionaria con la que organizó el holding que prometió convertirse en uno de los unicornios biotecnológicos más importantes del país.
En el mercado empiezan a preguntarse si la quiebra fue realmente el desenlace inevitable de una crisis financiera o parte de una estrategia para reordenar el negocio, aislar las deudas y consolidar el control sobre los activos más valiosos
A partir de la fusión con Moolec, el grupo habría trasladado los activos estratégicos a una holding internacional, debilitando a Bioceres SA y dejándola como la unidad más expuesta al endeudamiento. En paralelo, el control accionario también cambió de manos ingresando un jugador clave en este proceso, señalaron a LPO fuentes empresarias.
Según otro documento presentado ante la SEC, en abril de este año el fondo Agriculture Investment Group Corp (AIGC) pasó a controlar el 65,1% de Moolec tras convertir acciones preferidas en ordinarias. AIGC está vinculado al empresario uruguayo Juan Sartori, que fue ganando peso en el grupo cuando facilitó el salto de Bioceres a cotizar en Nasdaq para después terminar consolidando su poder en la etapa final de la reestructuración. La operación lleva la firma de Alejandro Antalich que puso Sartori al frente de la empresa quebrada.
Como sea, por afuera de Bioceres SA quedaron unidades con activos significativos: Agrality, con ventas cercanas a los 70 millones de dólares y una valuación estimada en torno a los 77 millones; la planta industrial ValoraSoy en Córdoba; desarrollos biotecnológicos como SynBio Powerlabs, proyectados en unos 30 millones; líneas de ingeniería metabólica valuadas en torno a los 12 millones; y un paquete de patentes que podría ubicarse entre 45 y 50 millones de dólares.
La Justicia comercial de Rosario ya empezó a intervenir y ordenó revisar en detalle la compleja ingeniería societaria del grupo y por otro lado, no se descarta que la disputa escale al plano penal
En conjunto, el ecosistema supera holgadamente los 150 millones de dólares en activos, muy por encima del pasivo que arrastraba la sociedad local, aseguran en el holding. Ese contraste es el que vuelve difícil de explicar la velocidad con la que se avanzó hacia la quiebra.
Fuentes vinculadas al management desplazado, Federico Trucco, dijeron que la decisión fue tomada por el nuevo directorio en diciembre del año pasado, ya bajo la órbita del esquema reorganizado. En lugar de explorar alternativas habituales en estos casos, como una reestructuración de deuda o un acuerdo con acreedores, se optó por el camino más extremo en un lapso llamativamente breve.
En el sector, consideran que esa secuencia forma parte de una maniobra para quedarse con el control del negocio liberado de pasivos. Los nuevos controlantes, en cambio, sostienen que heredaron una situación financiera insostenible y que la quiebra era inevitable.
La Justicia comercial de Rosario ya empezó a intervenir y ordenó revisar en detalle la compleja ingeniería societaria del grupo. En paralelo, no se descarta que la disputa escale al plano penal, con denuncias en preparación que podrían poner bajo la lupa el proceso que llevó a la caída de Bioceres SA.
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El interventor de Andis, Alejandro Vilches, envió este domingo al juzgado de Ariel Lijo un informe que confirma la trama de sobreprecios que había detectado el fiscal Franco Picardi, en su investigación sobre el caso de las coimas que estalló con la divulgación de los audios de Diego Spagnuolo.
Vilches responde al ministro de Salud, Mario Lugones, quien a su vez es padre de uno de los socios de Santiago Caputo, el asesor sin cargo de Javier Milei. Fuentes libertarias creen que la presentación es parte de una escalada de la interna entre Caputo y Karina Milei.
En el documento, Vilches denuncia que «se han detectado desvíos críticos y sobreprecios en las facturas presentadas por Ortopedia Bernat SRL, Farma Salud SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugia Y Ortopedia Imnova SA, BYMAX MEDICAL y Expo Trauma». «Se ha identificado un universo de 505 expedientes que comprometen un presupuesto total de $18.368.585.604,78», dice y agrega que «del monto total mencionado, una cifra cercana a los $4.770 millones se encuentra aún en estado «Pendiente» de liquidación».
Según el autor del informe, al menos esa cuota «otorga a la administración la oportunidad de ejercer un control de legalidad preventivo, ya que el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público».
La trama descubierta por Vilches se produce justo en el momento de mayor tensión entre la Casa Rosada con el sector del Poder Judicial que se expresa en la Corte Suprema a través de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz y con Lijo en los tribunales de Retiro. «Hay pólvora en todos lados», resumió una fuente del gobierno a LPO.
En efecto, la pelea en curso deriva de la decisión de Karina de barrer a Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia cuando designó a Juan Bautista Mahiques como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Como reveló LPO en exclusiva, Milei habría llegado a cursarle un mensaje de WhatsApp a Lorenzetti en el que decía que el Ministerio de Justicia sería para el intendente Guillermo Montenegro pero su hermana terminó optando por Mahiques, en un acuerdo con Daniel «Tano» Angelici.
Por aquellos días, el joven Caputo llegó a advertirle al Presidente que «Mahiques es su propio jefe», dolido por el desplazamiento de su segundo, Amerio. El ex procurador porteño, hijo del camarista de la Casación Carlos «Coco» Mahiques, llegaba a la cartera de Justicia con el mandato de aplacar las causas judiciales que preocupaban a Karina y la AFA al mismo tiempo.
Sin embargo, su efectividad habría sido puesta en duda desde Balcarce 50 para desactivar las causas que afectan a Karina y Manuel Adorni, tal como informó LPO. La presentación del informe de Vilches se inscribe en esa saga.
El documento de Vilches es una prueba contundente en la investigación de las coimas, que había caído bajo un manto de sospechas de congelamiento a raíz del pedido de Lijo a la Gendarmería para peritar los audios de Spagnuolo
Entre los casos de mayor gravedad, el interventor de la Andis menciona el «Caso Reinoso, Alexis Lautaro (Factura 38425)». «Se facturó un importe de $12.150.000,00, lo que representa un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas».
También detectó legajos con desvíos superiores al 800% en los casos de Perea de Fusco (908%), Suárez (897%), Martínez Figueroa (872%) y Serrano Dalina (853% y 801%).
Además, encontró que «existe una relación directa y estrecha basada en lazos familiares, directivos compartidos y una misma sede social». Uno de los casos más resonantes es el de Grupo Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova SA: «Vínculo Familiar y Societario: Martin Gonzalo Armella es el Presidente de Cirugía y Ortopedia Imnova SA y, a su vez, es Director Suplente (y Socio/Representante Legal) de Artrobone Ortopedia SA. Evangelina Ileana Garcia es la Presidenta de Artrobone Ortopedia SA y, según el acta de constitución de Imnova SA, es la madre de Martín Gonzalo Armella, estableciendo un claro vínculo familiar directo entre los principales directivos de ambas empresas», precisó.
El documento de Vilches es una prueba contundente en la investigación de las coimas, que había caído bajo un manto de sospechas de congelamiento a raíz del pedido de Lijo a la Gendarmería, donde tiene ascendencia Patricia Bullrich, para peritar los audios de Spagnuolo. «Es una vergüenza», había dicho una fuente al tanto de los movimientos del expediente la noche en que el juez libró el oficio.
Incluso, circularon versiones sobre un encuentro secreto entre el magistrado y Karina en la previa de aquella jugada. Ahora, el fiscal Picardi y el juez Lijo contarían con elementos probatorios que ratificarían el último dictamen elevado para las indagatorias del mes pasado, que llegaron hasta la citación del propio Spagnuolo.
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