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Pablo Bertuzzi evalúa inmolarse para retener su cargo en la Sala I de la Cámara Federal porteña votando junto con Mariano Llorens la ratificación de la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa Libra, quien selló un pacto de impunidad con el gobierno para apartar a las querellas de la investigación que demora el fiscal Eduardo Taiano. El fallo de Martínez de Giorgi habría sido un gesto hacia la Casa Rosada luego que el Senado aprobara el pliego de su esposa, Ana Juan, para el juzgado federal de Hurlingham.

Como informó LPO, Bertuzzi concursó para continuar en su sillón de Comodoro Py, donde fue trasladado por Mauricio Macri en 2018, al igual que su par Leopoldo Bruglia, que prefirió renegar del fallo de la Corte Suprema en 2020 y quejarse ante la CIDH por discriminación. Según Bruglia, a él lo obligan a concursar pero a Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, le prorrogaron su cargo por 5 años más «equiparando el traslado al concurso».

En ese contexto, Bertuzzi rindió el examen ante la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, quedó en el puesto 24° y escaló hasta el sexto después de las entrevistas personales. Sin embargo, quedó ternado por debajo de la fiscal Cecilia Incardona, a quien describen como «una mujer del sistema» y atribuyen «el respaldo del peronismo».

Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que «lo que se ve es que el gobierno explota la guerra fría entre Bertuzzi e Incardona para seguir zafando en la causa Libra».

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En efecto, la Sala I podría resolver la apelación de las querellas contra lo actuado por Martínez De Giorgi antes de la feria judicial. Integrado por Llorens, Bertuzzi y Bruglia, ese tribunal armaría una mayoría favorable a los hermanos Milei con los votos de los primeros dos jueces, mientras que el tercero, resignado a su inexorable salida, se podría dar el lujo de votar en contra.

La vacante de Bruglia, de hecho, sería cubierta por Pablo Yadarola, un magistrado que jugaría en tándem con Llorens y cuyo pliego sería remitido por el Poder Ejecutivo en la próxima tanda de envíos. El enroque no es más que otra contribución de Juan Bautista Mahiques a Karina Milei.

Pablo Yadarola.

Lo curioso es que, pese a su compromiso, Bertuzzi perdería la pulseada contra Incardona. «Le van a hacer la boba a Bertuzzi, lo van a hacer votar con Llorens bancando el desarme de la causa y después lo tiran por la ventana: arman la rosca con Llorens y Yadarola y le pagan al peronismo con el nombramiento de Incardona», resumió un camarista.

Desde el Poder Judicial remarcaron ante LPO que esa maniobra contra Bertuzzi comprende un plan más ambicioso, que podría incluir un eventual acuerdo libertario con el peronismo: se congela la causa Libra y Karina resigna la provincia de Buenos Aires para que la retenga el PJ en 2027. Esa hipótesis se basa en el respaldo del interbloque de José Mayans al pliego de Ana Juan, la pareja de Martínez de Giorgi, cuando se votó en el Senado. 

Los senadores kirchneristas niegan esa versión. Alegan que la postulación de la jueza había sido propuesta durante el gobierno de Alberto Fernández, retirada por la actual gestión en diciembre de 2023 y volvió a remitirse con la llegada de Mahiques al ministerio.

Le van a hacer la boba a Bertuzzi, lo van a hacer votar con Llorens bancando el desarme de la causa y después lo tiran por la ventana: arman la rosca con Llorens y Yadarola y le pagan al peronismo con el nombramiento de Incardona.

Además, los diputados Sabrina Selva, Juan Marino y Juan Grabois se cuentan entre los impulsores más activos de la investigación de la estafa y los abogados del líder de Patria Grande tramitaban desde el viernes la apelación contra lo resuelto por Martínez De Giorgi.  

El revuelo en la Cámara Federal porteña quizá se deba a que la nueva composición de la Sala I también podría repercutir en la Sala II, donde se desempeñan Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años el próximo 18 de julio sin que su pliego para prorrogarse en el cargo hubiera sido enviado al Congreso por Javier Milei y Mahiques.

En lugar de Irurzun, podrían subrogar allí cualquiera de los tres colegas de la otra sala, designados por sorteo, pero el impacto podría sentirse en la tendencia de Farah a inclinarse en fallos que convengan a la Rosada. En Comodoro Py señalan como ejemplo la disputa entre Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti por llevar la causa de los créditos de los funcionarios libertarios en el Banco Nación.

En abril pasado, la jueza conminó a Lijo para que dejara de intervenir en el caso pero el magistrado se negó y Capuchetti llevó el reclamo hasta la Cámara, donde Farah resolvió a su favor. En el gobierno festejaron la definición, que no estuvo exenta de un cuidadoso seguimiento desde el Ministerio de Justicia.

Luis Caputo niega a la provincia de Buenos Aires la firma de avales importantes para obras que ya cuentan con financiamiento comprometido por parte de organismos internacionales. Se trata de proyectos que no pueden avanzar -o continuar- sin la firma del gobierno de Javier Milei.

Caputo ya dio curso a este tipo de aval a otras provincias. Por caso, firmó avales para 18 proyectos financiado por organismos como el BID, la CAF y el Fonplata. Son diez las provincias que se beneficiaron con esas firmas y que ahora podrán dar cursos los proyectos que suman casi 2.000 millones de dólares. Todas ayudaron al gobierno libertario en el Congreso.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires siguen esperando por esos avales. Son varios los proyectos que tienen asignado financiamiento internacional, pero que están paralizados porque Caputo se niega a firmar.

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Allí figura la construcción de una nueva planta depuradora cloacal para La Plata, Berisso y Ensenada. Se sabe que las descargas cloacales en la región capital son una bomba de tiempo. La capacidad de tratamiento resulta insuficiente y de los 13.000 metros cúbicos por hora de efluentes que llegan al sistema, solo unos 5.000 ingresan a la planta de ABSA en Berisso. Los 8.000 restantes son volcados como líquido cloacal crudo al Río de la Plata, sin ningún tipo de tratamiento previo.

Gabriel Katopodis.

Días atrás, el juez Alberto Recondo emitió un oficio en el que le da un plazo de diez días a Caputo para de una respuesta a los pedidos de avales presentados por el gobierno de Axel Kicillof. Los diez días ya pasaron y no hubo respuesta.

«El silencio que mantiene la jurisdicción nacional genera una restricción al financiamiento internacional, de cuya obtención depende en principio la ejecución de la obra proyectada», dijo el juez en el escrito al que LPO pudo tener acceso.

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Otro de los proyectos es la construcción de un Túnel Aliviador desde el arroyo Las Piedras hacia el Río de la Plata, un proyecto considerado estratégico para mitigar el impacto de las lluvias en el sur del conurbano.

Otra obra perjudicada por la negativa de Nación es un acueducto para la ciudad de La Plata. Esa obra cuenta con financiamiento por 63 millones de dólares a través de un fondo kuwaití.

La negativa de Caputo también complica la nueva Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada que cuenta con financiamiento de la CAF. Es una obra que busca dar una solución de fondo a los problemas de abastecimiento, escasez y presión de agua que se fue agudizando en La Plata durante los últimos años, ya que la planta actual, operativa hace más de 70 años, ya no tiene capacidad para cubrir toda la demanda de la región.

Esta falta de avales también impacta sobre obras viales como la construcción de la autopista en la Ruta 11 y la intervención integral en la Ruta 6.

Gabriel Katopodis, Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk.

Incluso existen préstamos con vencimiento en 2026 con prórrogas que requieren la aprobación de Nación. Un caso es el dragado de la etapa cuatro del Río Salado que cuenta con un financiamiento de 138 millones de dólares por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Los avales a las provincias cuyos gobernadores ayudaron al gobierno en el Congreso permitieron avanzar con varios desarrollos. Jujuy pudo implementar el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa que contó con financiamiento de la CAF.

El salteño Gustavo Sáenz avanzó con el programa de Desarrollo Productivo y Exportador que financió el BID con 50.000.000 de dólares.

Córdoba y Santa Fe pudieron dar curso al acueducto interprovincial que financió el Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD). En Mendoza, Alfredo Cornejo recibió los avales para avanzar con un programa de expansión de los servicios de agua potable que financió el FonPlata por 140 millones de dólares. Una obra similar pudo desarrollar Martín Llaryora en Córdoba gracias a un financiamiento por 75.000.000 dólares que llegó desde la CAF. También recibieron avales Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Río Negro y Misiones.