El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la reunión que el Comité de Crisis de la Provincia mantuvo con referentes de distintos sectores comerciales de Villa Regina. En el encuentro estuvieron presentes el Vicegobernador Alejandro Palmieri y los Ministros de Gobierno Rodrigo Buteler y de Economía Luis Vaisberg.
La convocatoria tuvo como finalidad escuchar las inquietudes de los representantes de los diferentes rubros del comercio local, además de analizar la situación epidemiológica de la ciudad.
Este encuentro forma parte de la ronda de consultas que el gobierno provincial lleva adelante en distintos puntos de Río Negro, dando continuidad así al diálogo con los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
Tras destruir la industria nacional, el gobierno de Milei establece la suspensión inmediata de los aranceles antidumping que desde hace más de dos décadas protegían la producción local.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de apertura irrestricta y desprotección productiva impulsada por Milei empieza a mostrar consecuencias irreversibles. El Ministerio de Economía resolvió suspender provisoriamente el derecho antidumping que protegía a la industria nacional de rulemanes frente a las importaciones chinas, una decisión que no responde a una mejora estructural del mercado, sino al cierre de la única fábrica nacional del sector, consecuencia directa del modelo económico libertario.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 30/2026, publicada hoy, que dispone la apertura de un examen por “cambio de circunstancias” y la suspensión inmediata de los aranceles antidumping que desde hace más de dos décadas protegían la producción local de rodamientos de bolas radiales originarios de China.
Cuando ya no queda industria que proteger
Durante más de veinte años, el Estado argentino sostuvo derechos antidumping sobre los rulemanes importados desde China para evitar la competencia desleal de productos ingresados a precios artificialmente bajos. Esa protección tuvo un fundamento claro: la existencia de producción nacional, representada casi exclusivamente por SKF Argentina, histórica fabricante instalada en el país desde hacía cerca de 90 años.
Sin embargo, tal como informó NLI en octubre pasado, SKF cerró su planta de Tortuguitas y puso fin a la fabricación de rulemanes en la Argentina, en un contexto marcado por la apertura importadora, la ausencia de políticas industriales y el abandono deliberado del entramado productivo nacional por parte del Gobierno de Milei.
El cierre de la planta no solo implicó la pérdida de puestos de trabajo y de capacidad productiva, sino también la desaparición de la única rama industrial que justificaba la vigencia del antidumping.
El dictamen que desnuda el fracaso del modelo
En su análisis técnico, la Comisión Nacional de Comercio Exterior fue contundente: SKF Argentina era la única productora nacional de rodamientos en los términos del Acuerdo Antidumping, y el cierre definitivo de su planta implica que ya no existe industria nacional a la cual proteger.
El organismo advirtió además que mantener un derecho antidumping sin producción local activa se transforma en un costo injustificado para importadores, industrias usuarias y consumidores, dejando en evidencia que el propio Estado reconoce que el modelo económico vigente destruyó las condiciones que daban sentido a la protección comercial.
Sobre esa base, el Ministerio de Economía no solo abrió el examen por cambio de circunstancias, sino que suspendió de inmediato la aplicación del antidumping, tanto para los rulemanes terminados como para sus partes y piezas.
Apertura, desindustrialización y dependencia
Lejos de tratarse de una decisión aislada o técnica, la suspensión del antidumping es la consecuencia lógica de un proyecto económico que promueve la primarización, la importación sin límites y la dependencia externa, incluso en sectores estratégicos para la industria metalmecánica, automotriz y de maquinaria.
El caso de los rulemanes es paradigmático: primero se desprotege la industria, luego se la empuja al cierre y finalmente se elimina la barrera que la defendía, utilizando como excusa el daño previamente provocado. Un círculo perfecto de desindustrialización.
Mientras tanto, la Argentina pasa a depender completamente de proveedores externos para un insumo clave, resignando soberanía productiva, empleo calificado y capacidad tecnológica.
Un final anunciado
El examen por cambio de circunstancias recién comienza, pero el desenlace aparece casi escrito. Sin industria nacional, el antidumping carece de sustento, y la suspensión transitoria podría transformarse en eliminación definitiva.
El resultado es contundente: el modelo de Milei no solo destruye fábricas, sino también las herramientas que durante años intentaron defenderlas, dejando al país más vulnerable, más dependiente y con menos futuro productivo.
El poeta reginense Damián Catini recibió el viernes de parte de la directora del Fondo Editorial Rionegrino Eliana Navarro ejemplares de ‘Mi novia y yo’, obra ganadora del segundo premio en la última convocatoria anual del FER y que fue publicada recientemente por la editorial estatal. En el SUM de la Escuela de Arte ambos…
Los últimos días de la política cordobesa desataron un verdadero tembladeral por distintas cuestiones. Porque, pasada la discusión por la reforma previsional, y en medio de las fricciones con Casa Rosada por la sanción del Presupuesto en el Congreso, el llaryorismo empujó en la siesta de este martes un acuerdo para ceder la silla de una fiscalía adjunta de la procuraduría penitenciaria a la UCR que responde a Rodrigo de Loredo.
Cubriendo así una de las vacantes en la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario cuya creación se votó hace unas semanas en la Legislatura provincial.
Todo esto, como uno de los datos sobresalientes de un reacomodamiento que implica el reseteo completo del Ministerio Público Fiscal que aceleró hace dos semanas cuando nombró al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales y tal cual lo contó LPO.
Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas de la polémica procuraduría del servicio penitenciario. Organismo que se sancionó con fuertes cruces de la oposición en la Legislatura a principios de mes y que el oficialismo se vio obligado a quitar dos artículos centrales: cargos vitalicios y jubilaciones de privilegio para los integrantes de la procuraduría.
Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas.
Sin embargo, el llaryorismo no contó con el aval de la oposición que abandonó el recinto y entre los que, el propio radicalismo se retiró acusando la creación de un organismo ineficiente.
Porción de la UCR de la que sale ahora una de las postulantes para la fiscalía adjunta como Degano, que llega de la mano del exnegrista Julio Ochoa, un hombre afín al presidente del partido, Marcos Ferrer, y quien ayudó para que Degano llegara al directorio del Tribunal de Cuentas, el organismo provincial controlado por el juecismo.
Esto exacerbó los ánimos del juecismo que salió con el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, a decir: «repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial». «No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y por el otro Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder».
Mismo tono con el que se expresó también el exintendente Ramón Mestre: «la designación de funcionarios judiciales de alto rango entre gallos y medianoche, y la aprobación en general de un presupuesto tramposo para el ciudadano, ambas decisiones, con el supuesto aval de Marcos Ferrer en su carácter de presidente de la UCR, constituyen no sólo una medida inconsulta que nunca fue puesta a consideración en el seno de los organismos partidarios, sino también la pérdida de identidad ideológica».
Repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial.
Cerca de la medianoche, radicales de la Unicameral buscaron despegarse de la maniobra en redes al decir que Llaryora «compró» a la dirigente radical, pero lo cierto es que el vínculo entre Degano y Ochoa, y de éste con Ferrer, existe. Y sobre el acuerdo algunos apuntan a la relación del Secretario General de la Gobernación, el ultrallaryorista David Consalvi, un peronista con domicilio en Río Tercero, la ciudad que gobierna Ferrer y en buena parte una especie de garante para asegurar la continuidad de la UCR en la localidad después del 2027.
En tanto, para la otra fiscalía adjunta fue postulada Guadalupe Trillo, del llaryorismo puro que tambaleó con la purga que hizo en la capital cordobesa el intendente Daniel Passerini en el área de ambiente.
Asimismo, como Procuradora del mencionado organismo, el llaryorismo postuló a Bettina Croppi, la fiscal general adjunta impulsada por el viguismo y quien tendrá ahora el joystick de las cárceles cordobesas.
Con la Resolución 213/2025, el Estado se retira de una de sus funciones más sensibles: controlar balanzas, surtidores, medidores y radares. Bajo el discurso de la “desburocratización”, Milei profundiza un modelo donde el mercado se audita a sí mismo.
Por Tomás Palazzo para NLI
El Consejo Directivo del INTI oficializó, a días de terminar el año, una decisión que marca un antes y un después en la política de control estatal: el organismo deja de prestar los servicios de metrología legal y certificación obligatoria en buena parte de los instrumentos que se usan todos los días en el comercio, la industria y el control público.
No se trata de un cambio técnico ni administrativo. Es un retiro deliberado del Estado de una función estratégica: garantizar que lo que se mide, se cobra, se multa o se factura sea correcto. Balanzas, surtidores de nafta, medidores de agua y electricidad, etilómetros, taxímetros y radares de velocidad ya no serán controlados directamente por un organismo público, sino por laboratorios y certificadoras privadas.
Un Estado que deja de controlar
La Resolución 213/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial dispone que el INTI abandona la aprobación de modelos, las verificaciones primitivas y los controles periódicos de instrumentos clave para la vida cotidiana. Estas tareas quedan en manos de entidades privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), en un esquema donde el propio mercado pasa a auditarse.
El cronograma es progresivo, pero el sentido es claro: desde enero de 2026 el INTI empieza a correrse, primero en el AMBA y luego en el resto del país. Lo que durante décadas fue una función pública indelegable se transforma en un servicio tercerizado, pago y orientado por la lógica comercial.
La privatización que no se nombra
El texto habla de “simplificación”, “eliminación de trabas” y “reducción de costos”. Pero lo que no dice es que se vacía una capacidad estatal construida durante décadas. El INTI no era un actor más: era el garante público de que las reglas se cumplieran sin conflictos de interés.
Ahora, el mismo actor que fabrica, importa o comercializa un instrumento elige y paga al organismo que lo certifica. El riesgo es evidente: menos control independiente, más margen para el fraude, menos protección para consumidores y usuarios.
Este esquema no es nuevo. Es el mismo libreto que se aplicó en otras áreas del Estado bajo la consigna de achicar, delegar y confiar en el “autocontrol” del mercado. El resultado, históricamente, siempre fue el mismo: beneficios privados, costos socializados.
Milei y el Estado mínimo en acción
La Resolución del INTI no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia del Gobierno de Milei: retirar al Estado de las funciones de regulación y control, incluso en áreas donde está en juego el bolsillo de la gente, la seguridad vial y la salud pública.
Mientras se habla de eficiencia, el Estado renuncia a saber, medir y verificar. El INTI queda reducido a un rol casi académico, enfocado en metrología científica e industrial, pero sin capacidad real de control masivo. La soberanía técnica se diluye y el interés público queda subordinado a la rentabilidad privada.
En nombre de la “libertad”, el Gobierno habilita un sistema donde el control deja de ser una política pública y pasa a ser un negocio. Y cuando el Estado deja de controlar, nunca es el mercado el que pierde: pierde la sociedad.
Se inaugura hoy en Villa Regina el mural impulsado por el Consejo Local de las Mujeres ubicado en Av. Cipolleti esquina Yapeyú Norte con referencia al Día Internacional de Lucha para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. El mural fue cedido en resarcimiento por el que fuera tapado en zona céntrica en un…
Vecinos de diferentes puntos del Alto Valle participaron del safari fotográfico organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina para conocer el circuito productivo de la sidra. Desde Allen, Roca y Neuquén llegaron a nuestra ciudad para ser parte de esta actividad que se desarrolló el sábado último. El circuito tuvo…
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