Un paro dilatado en el tiempo a causa del dulce acomodo por parte del gobierno a los altos dirigentes sindicales, que como todos sabemos manejan intereses ajenos a los de los trabajadores. Un paro que muchos esperaban que se diera antes.
Un paro nacional con alta adhesión, que en este caso y como siempre, tendrá sus acérrimos opositores, pero principalmente de la metodología, ¿quién puede negar la dura situación económica del país que golpea de lleno a la población?. Políticas de ajuste que no cesan y no tiemblan ante la demanda de hambre y de trabajo, ni más ni menos. Se podrá discutir la metodología, la situación NO. Por supuesto que amerita.
Hoy, la agenda marca “Paro: disturbios/represión” lo vas a ver y leer en todos los medios de comunicación de manera bipartita, como ayuda memoria fíjate de que lado postra su cámara cada medio, eso te va dar una pauta para elegir lo que quieras consumir. Frente a las protestas o dentro de las mismas. Frente a la policía o dentro de sus filas.
Hoy “para” gran parte del país, pero lo que no para (de subir) es el combustible, y eso es lo que pega de lleno.
Casualmente un día convulsionado como hoy, volvió a subir (Axion un 6%, YPF un 4%, Shell realizó su incremento del 9,5% a inicios del mes). Es el cuarto aumento en lo que va del año, y en promedio equivale a un 15% en solo cuatro meses, lo que proyecta un interanual del 45%. Aunque con la inestabilidad (histórica) diaria de nuestra economía nadie asegura que ese sea el número, pero sí podemos asegurar que ese será el piso, techo no tiene. Proporcionalmente inverso a las paritarias (para los que afortunadamente la tienen).
Durante el 2018 el aumento promedio interanual fue del 75% con 15 aumentos de los cuales 11 llegaron en el segundo semestre. Por supuesto que la Patagonia fue (una vez más), la región más golpeada: la nafta Super alcanzó un 85,8% de incremento, la Premium un 89,7% y el Gasoil el 96,6% (el combustible usado por los productores). Con estos números que nos anteceden, pensar en un 45% de aumento interanual (lamentablemente) tendría tintes de buena noticia, una ironía.
El gobierno, los empresarios, los dirigentes políticos y los medios masivos de comunicación; vuelven a mostrar ese odio visceral hacia las clases trabajadoras, el dólar sube, la nafta sube, el salario sigue licuándose. Objetivo cumplido. De acá a octubre, los asesores del gobierno creen que les alcanzará con un discurso unidireccional seleccionado para sus seguidores. Las decisiones políticas siguen siendo las mismas, siguen abriendo la herida del odio de clases que desangra a la Argentina, haciéndola más pobre en todos sus sentidos.
Fuentes: www.cecha.org.ar Ministerio de Energía y Minería de la Nación
La condena a Cristina produjo un sismo en la política argentina y sobretodo en el espectro político a su alrededor. El reivindicado “vamos a volver” plantea un horizonte hacia donde dirigirse. La pregunta ahora es ¿cómo se volvería? Difícil pensar en si mejores o peores como en la última experiencia kirchnerista sino en algo más…
Gerardo Grieco despidió a la directora ejecutiva del Teatro que respondía a Grindetti: el gestor cultural uruguayo poco a poco afianza su exclusividad en el saqueo que comanda.
Por Jorge G. Andreadis para Noticias La Insuperable
A principios de este mes, con sigilo charrúa, el director general del Teatro Colón despidió a Thelma Vivoni, decisión que de haber venido de una autoridad de incuestionable rectitud debería haber sido tan difundida como aplaudida. Pero, lamentablemente, no es el caso.
Las apariencias y formalidades, publicadas el 5 de este mes, se oficializaron con fecha del 31 de octubre a través de la invocación de una renuncia:
Solamente el prontuario de la Vivoni hubiera justificado la cesantía. Pero viniendo de un Grieco, pensar bien se torna imposible: la rencilla entre piratas impone su lógica causal.
Consulta actualizada a la fecha de esta publicación
Ahora el productor artístico Gustavo Mozzi -tal vez más dócil que la mujer curtida en la jungla del grindettismo recaudatorio, Thelma Vivoni- acapara las direcciones musical y ejecutiva. Todo se hizo bajo el manto de silencio que el GCBA se asegura a través de la pauta que amansa medios y comunicadores.
Removido oportunamente por Gabriela Ricardes el escollo que representaba Jorge Telerman, bajo excusas de austeridad encubridoras de esquilme patrimonial, impostura alineada con la del libertarianismo que ostenta el galardón de la captura del estado nacional, el comatoso PRO metropolitano que encabeza Jorge Macri abrió el alhajero del Colón a los esbirros de la gestión cultural que se mofan por igual de arte y artistas: Gerardo Grieco y Julito Bocca.
El Gobierno de la Ciudad, en manos de un partido en vías de extinción, con funcionarios dispuestos a aprovechar los que seguramente serán sus últimos tiempos de rapiña -tras una larga captura del estado porteño bajo el sello PRO-, parece decidido a exprimir hasta los más emblemáticos espacios en busca de negocios espurios. El Teatro Colón no es intocable para esta lógica de satrapía.
La dupla elegida para la tarea recaudatoria del seguro de retiro del funcionariado amarillo había tenido su entrenamiento en Uruguay: Grieco en el Solís, Bocca en el Sodre. Quien fuera gloria de nuestro arte mereció hasta la amonestación de la justicia de nuestros vecinos rioplatenses.
El año pasado, LPO dio detalles de las tropelías de este par de pájaros de insaciable buche y modales insufribles en Montevideo: “Preocupación entre los bailarines del Colón por las denuncias contra Julio Bocca por maltrato”. El artículo también aborda la oscura foja de Gerardo Grieco: «Su principal aporte fue hacer que los acomodadores sean becarios y rebajar hasta límites indignos los cachets de los artistas. Cuando las dudas acerca de su honestidad eran inmensas, lo retiraron».
Habrá que acostumbrarse a que, de ahora en más, el Teatro Colón sea un territorio en disputa encarnizada por el botín. El arte, una tapadera. El sufrimiento, para los artistas ninguneados. Todo en pro del retiro opulento de los funcionarios que antaño apostaron al cambio gatopardista.
Los personeros amparados en las ampulosidades de la gestión cultural tendrán, sin duda, una recompensa que las gentes poco delicadas llaman retorno. ¿O todo será por amor al arte o al odio del prójimo? ¡Cuántas dudas!
La Agencia para la Prevención y Asistencia en Adicciones de Rio Negro (Apasa) brindará un curso por la red YouTube denominado «Hablemos de Marihuana» que será abierto a la comunidad «con el objetivo de concientizar, informar y debatir sobre distintos aspectos del cannabis», a partir del 14 de junio con emisiones todos los segundos lunes…
Diego Erlan nació en San Miguel de Tucumán en 1979. Desde los años noventa vive en Buenos Aires, cuidad en la que estudió historia del arte y periodismo. Colaboró en la sección literaria de la Revista Ñ. Tiene publicadas tres novelas, El amor nos destrozará (2012), La disolución (2016) y Satélite de amor (2017). Esta…
Socorristas en Red lanzó la campaña llamada ‘En un mundo justo las niñas no son madres’, con el objetivo de visibilizar que en la Argentina cada 3 horas una niña de 10 a 14 años es forzada a gestar, parir y criar. “Las queremos vivas de risa, vivas jugando” . NIÑAS, NO MADRES. Socorristas es…
Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.
La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación.
Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.
El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.
La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.
Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.
El senador kirchnerista Mariano Recalde.
El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.
«La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.
Para que se entienda: la administración de Jorge Macri apoya el traslado del fuero laboral, sólo cuestiona que la manera en que se redactó, parece ratificar la órbita nacional del fuero laboral hasta su traspaso, cuando desde la óptica de la autonomía porteña la situación actual es irregular.
El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.
En ese contexto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue uno de los que empujó desde abril pasado una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad, un ámbito del que participan actores de la justicia ordinaria nacional y también asociaciones involucradas. El objetivo, según fuentes del gabinete de Jorge Macri, «es avanzar en convenios de transferencias».
Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.
La iniciativa de Milei entusiasma a los empresarios, que ya se habían ilusionado con el fallo Levinas de la Corte Suprema. Ese caso, donde la familia del artista plástico León Ferrari litigaba contra Gabriel Levinas por haber vendido 11 dibujos sin autorización del autor, la Corte Suprema dictó un fallo de profundas implicancias jurídicas y políticas, y determinó que el tribunal de alzada para ese tipo de pleitos de la Justicia Nacional era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), es decir, la justicia porteña. Ubicó a la justicia «nacional» en la órbita de la justicia porteña.
Horacio Rosatti.
La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.
Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.
En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.
Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.
En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.
El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».
Andrés Basso.
Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.
A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.
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