El aumento de los fertilizantes por la guerra golpea al campo y proyectan medio millón de hectáreas menos de trigo

El aumento de los fertilizantes por la guerra golpea al campo y proyectan medio millón de hectáreas menos de trigo

 

 El impacto de la guerra en Medio Oriente empezó a impactar en la actividad agrícola a nivel mundial por la disparada internacional de los fertilizantes, en especial de la urea, como anticipó LPO. En Argentina, obligará a recortar en 500 mil hectáreas la próxima campaña de trigo y amenaza con una fuerte caída en los rindes, según alertó la Bolsa de Comercio de Rosario.

El informe de la entidad sostiene que, pese a que la Argentina atraviesa uno de los mejores escenarios hídricos de la última década para arrancar la siembra, los costos impactan en la producción: «Las reservas hídricas con las que arranca el ciclo es la gran carta a favor del trigo, pero tiene un enorme adversario: el precio actual de los fertilizantes nitrogenados», advirtió la BCR en un informe.

[La guerra dispara los costos del campo y de la industria y presiona los objetivos inflacionarios de Caputo]

La urea ya cotiza cerca de los mil dólares por tonelada, niveles similares a los alcanzados en 2022 tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ahora el problema es doble: el trigo vale mucho menos que en aquel momento y los productores ya no cuentan con el colchón financiero que tenían hace cuatro años.

Por eso, la Bolsa proyecta una caída interanual del 7% en la superficie sembrada, unas 500 mil hectáreas menos que la campaña pasada, luego de dos ciclos récord para el cereal.

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La situación pega especialmente en la región núcleo y el centro del país, donde el trigo depende de altos niveles de fertilización para sostener rindes elevados. Allí se esperan recortes importantes de área sembrada y una fuerte reducción en la aplicación de tecnología que impactan en la calidad de la producción.

En la región núcleo, por ejemplo, la caída proyectada es del 17%, equivalente a unas 300 mil hectáreas menos en Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En el sudeste bonaerense, uno de los grandes bastiones trigueros del país, estiman bajas cercanas al 20%.

 En la región núcleo, por ejemplo, la caída proyectada es del 17%, equivalente a unas 300 mil hectáreas menos en Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En el sudeste bonaerense, uno de los grandes bastiones trigueros del país, estiman bajas cercanas al 20%. 

La Bolsa advierte además que el ajuste no será solo en superficie sembrada sino también en productividad. Por el menor uso de fertilizantes, el rinde promedio nacional caería y la cosecha se ubicaría entre 18 y 19 millones de toneladas, más de 10 millones por debajo de la campaña récord anterior.

En ese contexto, fuentes de Federación Agraria dijeron a LPO que en el sector circulan versiones sobre posibles beneficios fiscales para la importación de urea y fertilizantes, aunque por ahora no hubo anuncios oficiales del gobierno nacional.

«Si existiera algún beneficio debería ser sustancioso para tentar a muchos productores que ya desestimaron la siembra fina, pero además tendría que garantizar disponibilidad del producto», señalaron desde la entidad. En el sector advierten que el problema no solamente es por el precio sino también el abastecimiento ante la incertidumbre internacional.

 Si existiera algún beneficio debería ser sustancioso para tentar a muchos productores que ya desestimaron la siembra fina, pero además tendría que garantizar disponibilidad del producto 

En Federación Agraria agregaron que el agro necesita además otras señales económicas para recuperar inversión. «No alcanza solamente con aliviar el costo de los fertilizantes. El sector de granos y oleaginosas necesita que siga la baja de retenciones, una reforma impositiva y acompañamiento crediticio para sostener la inversión», afirmaron.

Mientras tanto, en Europa los gobiernos ya empezaron a intervenir para evitar una rebelión de productores agropecuarios por el aumento de costos. El presidente español Pedro Sánchez anunció un paquete de 80 medidas que movilizará 5 mil millones de euros para amortiguar el impacto de la guerra sobre el aparato productivo.

«Situaciones extraordinarias exigen medidas extraordinarias», afirmó Sánchez al presentar el programa y agregó que «las guerras cuestan vidas, cuestan refugiados y además, en estos primeros meses, a los españoles nos va a costar 5 mil millones que podríamos destinar a becas o sanidad, pero vamos a tener que proteger a nuestro tejido productivo, el campo, la industria y las pequeñas y medianas empresas».

La preocupación de los gobiernos europeos se disparó este martes por las primeras protestas de ruralistas frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia que se replicó en distintos países en protesta a la escalada de los costos que acelere la tensión inflacionaria.

Los gobiernos buscan evitar una escalada del conflicto con un sector que no se anda con chiquitas a la hora de hacerse oír. En los últimos años, las protestas de productores se multiplicaron en Francia, Alemania, Bélgica y España con cortes de rutas, bloqueos a puertos y tractorazos contra las políticas ambientales de Bruselas y el aumento de costos productivos.

La relación de los productores con la Unión Europea viene tensionada por el acuerdo con el Mercosur. Los agricultores aseguran que el tratado comercial los va a perjudicar por el ingreso de alimentos sudamericanos de menor costos y exigencias regulatorias.

Ahora, el panorama se complica por la suba de insumos y en consecuencia, los gobiernos europeos buscan contener al campo para evitar que la crisis termine de quebrar el vínculo político. En definitiva, un triunfo de los sectores más proteccionistas que se vienen imponiendo en la discusión pública.

 

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     Las chances del juez federal de la Seguridad Social Fernando Strasser de ascender a camarista quedaron reducidas por un motivo inesperado. Ocurre que hace diez días otro juez, que se defiende con uñas y dientes de que lo manden a juicio político, lo mandó al frente. Sostuvo que en su momento Strasser, en el concurso con el que buscaba ser magistrado, ocultó que había tenido una sanción como funcionario judicial. Y eso ahora tiene consecuencias que pueden sacarlo de carrera.

    En 2014 Strasser concursó para ser juez subrogante. En ese momento no consignó que cuando era secretario del juzgado federal 8 de la Seguridad Social había recibido una sanción de 30 días por un proceso disciplinario. El que recordó eso hace diez días fue el juez federal de Rosario Gastón Salmain. Que hizo lo mismo cuando concursó en 2017: omitió decir que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante de su cargo de empleado de la Justicia Federal por haber ofrecido una coima a una secretaria de tribunal para direccionar un expediente.

    ¿Por qué Salmain botoneó así a Strasser? Para tener un argumento defensivo. Lo que dijo es que el reglamento de concursos exige hacer constar antecedentes de los últimos diez años de la compulsa, y que cuando él era examinado había pasado más tiempo. Pero además dijo que otros candidatos habían tenido sanciones y eso no les había impedido ser designados. Ahí dio el ejemplo de Strasser. Sin nombrarlo, pero dando datos inequívocos de que hablaba de su caso.

     [Salmain delató a un colega que también llegó a juez pese a haber sido sancionado]

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    Con buenas relaciones con el macrismo, ahora impulsado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Strasser es un magistrado oriundo de la ciudad de Buenos Aires con reiterados cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos amplios que lo califican de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar «el Bonadío de la seguridad social».

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    Lo que dijo Salmain implicó que esta semana le abrieran un expediente en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Fue a partir de una presentación de Yamil Castro Bianchi, abogado de Salmain, en referencia a la omisión del dato de la sanción del juez de Rosario. Y a las constancias del descargo de Salmain, donde señala que Strasser también pasó de largo en su momento de su primer concurso, cuando no dijo que lo habían sancionado.

    Salmain conocía bien el ejemplo que daba. Antes de que lo echaran por ofrecer un soborno en 2002, trabajaba también, con el cargo de secretario, en el juzgado federal 8 de la Seguridad Social. Era el mismo donde sancionaron a Strasser con un mes de suspensión y el congelamiento de haberes. Según dos miembros la Justicia Federal y del Consejo dijeron a LPO, Salmain fue despedido en el mismo año cuando trabajaba allí.

    El abogado de Salmain hizo algo más: pidió al Consejo la nulidad «absoluta e insanable» del concurso 253 con el que Strasser fue nombrado juez subrogante, por haber omitido las sanciones disciplinarias que tuvo.

    En 2014 el Consejo fue advertido de esa omisión. Pero por una rosca de los consejeros, contaron desde adentro, todos menos uno consideraron que no haber dicho nada de que lo habían sancionado no sería motivo de objeción. Con eso terminó nombrado.

     [La Magistratura dejó al juez federal Salmain al borde del Juicio político y puede ir preso

    Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado.

     Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado 

    Sobre todo porque en 2023, cuando tuvo la entrevista en el Consejo de la Magistratura, a Strasser le volvieron a preguntar si había tenido sanciones. El que hizo la pregunta, directa, fue Guillermo Tamarit. Strasser respondió que no y así lo atestigua el registro en audio de esa sesión del organismo que evalúa a los jueces y a los que son candidatos a serlo.

    Ahora el Consejo tiene en una carpeta la resolución 31 del Tribunal de Superintencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que en 2001 sancionó por 30 días con suspensión sin goce de haberes a Strasser. Un año después la Corte ratificó la medida aunque excluyó afectarle su sueldo.

    Si fuera por la letra estricta del reglamento 11 del reglamento de concursos, solo hay que mencionar antecedentes de los últimos diez años a la fecha de la prueba. El senador nacional y consejero Luis Juez descalificó este jueves la entidad de esa normativa y, sobre todo, su lógica política. «¿A ustedes les parece que da lo mismo que el Senado cuando evalúa a alguien que va a ser juez hasta los 75 años sepa que esa persona tuvo sanciones o no sepa?», fue su pregunta. Justamente lo decía porque él se comió la situación de avalar a Salmain en 2017 sin tener idea que lo habían echado 15 años antes del Poder Judicial por intentar armar un caso de fórum shopping.

    Lo que pide el abogado de Salmain parece inviable porque el concurso está terminado. Sin embargo sí habilita la discusión política que probablemente se dé en el Senado si los pilegos se tratan este jueves. ¿Es viable nombrar a un juez que omite señalar una sanción disciplinaria que recibió? Es la misma pregunta que el Consejo, con Salmain, hace tres días consideró algo inaceptable.

     

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    Milei reglamentó la reforma laboral y avanzó sobre indemnizaciones, sindicatos y convenios colectivos

     

    Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

    Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.

    La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.

    La mira puesta sobre los sindicatos

    Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.

    La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.

    Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.

    La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.

    Convenios colectivos bajo presión

    Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.

    El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.

    Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.

    La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.

    Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores

    La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.

    La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.

    Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.

    La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.

    Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.

     

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  • Concejal libertario estalló en plena sesión contra Adorni y Milei: «Nos están cagando a todos»

     

    El concejal libertario de Ezeiza José Luis Michelena desató su furia en plena sesión contra Manuel Adorni y las políticas económicas del Gobierno. «Nos están cagando a todos», dijo y acusó directamente a Javier Milei: «Está entregando todo».

    La intervención del edil descolocó a su bloque y disparó los aplausos de concejales del peronismo. Luego de esa intervención en la última sesión, Michelena fue expulsado de La Libertad Avanza (LLA).

    «Yo tenía seis negocios en la costa y los cerré a casi todos», dijo Michelena para enseguida exponer los cortocircuitos internos con el resto de los concejales libertarios. «¿Es un bloque? ¿los estoy descolocando? porque me caliento cuando no estoy de acuerdo con algo y me dicen que tengo que estar», acusó.

    Y siguió: «Nos están vendiendo, nos están despedazando y no puedo soportar cerrar la boca simplemente porque no hay que acusar a Adorni. Que vaya preso si es culpable».

    Ahí, trazó un comparativo con la situación de Cristina Kirchner: «Le ponen una pulsera a la ex presidenta con razón o sin razón, desconozco porque no estoy en la Justicia, pero este tipo se lava las manos. Algunos quieren defender lo indefendible».

     Nos están vendiendo, nos están despedazando y no puedo soportar cerrar la boca simplemente porque no hay que acusar a Adorni. Que vaya preso si es culpable 

    Este episodio profundiza el cataclismo interno del armado libertario en el Conurbano, más aún considerando que Michelena no forma parte del lote de concejales electos en 2023 que respondían a Kikuchi, sino que ingresó al Concejo integrando la lista libertaria de 2025, que tuvo un estricto filtro del karinismo.

    «José Luis Michelena representa a los comerciantes que sostienen la economía real, que pagan impuestos y que quieren reglas claras, menos trabas y un Estado que no los asfixie», lo describían en diciembre último desde el armado de LLA que en Ezeiza controla Nicolás Lemos, que responde a Sebastián Pareja.

    En diciembre último, Michelena era presentado como «la voz de quienes todos los días producen». Tras exponer en plena sesión que tuvo que cerrar sus comercios, fue expulsado de LLA.

    Seis meses más tarde, Michelena se despachó: «Las universidades no se tienen que cerrar, las rutas se tienen que reparar. No puede ser que nos cobren cinco impuestos diferentes para un automotor y las rutas destruidas», dijo.

    Y añadió: «El presidente está entregando la Antártida, la precordillera, la cordillera, está entregando todo».

    Luego de esa intervención, en el armado libertario informaron la expulsión del partido del concejal: «Las recientes manifestaciones públicas evidencian una postura personal incompatible con el funcionamiento orgánico y el compromiso colectivo que exige LLA», señalaron en un comunicado.

     Los mismos vecinos que antes pasaban a buscar la boleta para votar este proyecto de país, me cuentan que no dan más. Que se quedaron sin trabajo. Que no llegan a fin de mes 

    Tras conocerse su expulsión, este lunes Michelena avisó que pronto anunciará cuál será su próximo alineamiento político. Y apuntó a LLA: «Elegí la política para servir, no para callar».

    Y advirtió sobre el termómetro social: «Los mismos vecinos que antes pasaban a buscar la boleta para votar este proyecto de país, me cuentan que no dan más. Que se quedaron sin trabajo. Que no llegan a fin de mes». 

     

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