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El Área Mujer y Diversidad cuenta con nuevo equipamiento para fortalecer la atención

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se inauguró el equipamiento del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina adquirido con fondos del programa provincial ‘Consolidarnos’.

De esta manera, la oficina quedó equipada con una PC de escritorio completa, una netbook, una impresora, dos escritorios, entre otros.

El programa Consolidarnos, creado por la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género del Ministerio de Gobierno y Comunidad, busca reforzar las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.

Por otro lado, el Área Mujer y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, informa que este año la ONU promueve este Día con el lema ‘Pinta el mundo de naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!’

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    La jugada es el paso previo y obligatorio para activar una ola de amparos constitucionales que amenaza con dinamitar el esquema de ajuste fiscal que diseñó Martín Llaryora. El malestar en los pasillos de Tribunales I debe leerse en clave de resistencia ante la avanzada de Llaryora sobre el Poder Judicial. 

    La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal.

    De acuerdo con el cálculo de los camaristas, jueces y altos funcionarios judiciales, el salario real de los magistrados cordobeses es equivalente al 50% de los que paga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

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    El incremento de los aportes puso la equivalencia en el 77% respecto de los federales. Pero como la carga horaria es mayor en la Justicia provincial, el cálculo es que el salario provincial está en un 50% en relación al federal. 

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    Para El Panal asoma un problema fiscal: que la Justicia tumbe la emergencia previsional que Llaryora hizo sancionar en diciembre del año pasado: el TSJ ya obligó al Ejecutivo provincial a morigerar del 8% al 6% la alícuota extra que fijó la ley previsional para los aportes personales. Aunque es un planteo individual, el fallo marca el GPS judicial. 

    La presentación masiva de estos recursos administrativos colocó al TSJ en una posición de máxima presión política. El alto cuerpo, habituado a surfear las crisis con el peronismo cordobés sin romper platos, se encuentra ahora desbordado por sus propias bases. Si la cúpula judicial rechaza los recursos, habilitará de inmediato la vía judicial.

    La guerra está declarada. Aunque la presentación de este millar de recursos administrativos no quemó las naves, sí debilitó los puentes y dejó expuesta la factura entre el poder político y los magistrados provinciales. 

    Para dialogar, camaristas y jueces reclaman un cronograma por escrito de devoluciones para recuperar en un plazo razonable el 90% de equiparación con los salarios que fija la Corte Suprema. Envalentonados, quieren, además, que se caiga el límite de 30 años de antigüedad para la liquidación de haberes

     

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