En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se inauguró el equipamiento del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina adquirido con fondos del programa provincial ‘Consolidarnos’.
De esta manera, la oficina quedó equipada con una PC de escritorio completa, una netbook, una impresora, dos escritorios, entre otros.
El programa Consolidarnos, creado por la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género del Ministerio de Gobierno y Comunidad, busca reforzar las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.
Por otro lado, el Área Mujer y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, informa que este año la ONU promueve este Día con el lema ‘Pinta el mundo de naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!’
La renuncia del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, anunciada el domingo por la noche por Luis «Toto» Caputo, está vinculada a desacuerdos por el proyecto de Súper RIGI que el gobierno envió la semana pasada al Congreso.
Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida.
El propio Caputo apeló a ese eufemismo (también con una foto sonriente) en febrero pasado ante la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, aunque luego LPO reveló que se debió a diferencias con la estrategia para enfrentar los pagos de la deuda en dólares, algo que más tarde fue confirmado por diversas fuentes. En enero también renunció por «motivos personales» el secretario de Transporte, Luis Pierrini, aunque la razón fue una denuncia por corrupción con los subsidios a los colectivos.
Ahora, fuentes ligadas al Palacio de Hacienda dijeron a LPO que el verdadero motivo de la salida de García Hamilton es que tuvo diferencias con el proyecto de Súper RIGI e incluso no habría aceptado firmar un dictamen a su cargo para darle la validación jurídica.
Según las fuentes, García Hamilton estaba en desacuerdo con el arbitraje internacional obligatorio que establece el texto. El Súper RIGI indica que
ningún árbitro podrá ser argentino ni del país del accionista mayoritario del proyecto y las disputas pueden dirimirse ante la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI.
Esto ya había generado quejas de las oposición porque el texto establece la nulidad absoluta de cualquier norma local, provincial o municipal que colisione o limite los beneficios del régimen durante los 30 años de estabilidad prometidos. Para los opositores se trata de una «cesión inconstitucional de soberanía».
Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida
Caputo anunció que el reemplazante de García Hamilton será Juan Ignacio Stampalija, que se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación y fue parte del equipo jurídico que trabajó en el juicio por la expropiación de YPF. Stampalija es parte del sector que lidera Santiago Caputo.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabaja desde este martes en la limpieza y desobstrucción de las cañerías del sistema cloacal en un sector del loteo Ledda donde se produjo un desborde de líquidos cloacales. Al respecto, el Secretario del área Francisco Lucero manifestó que en el lugar estuvieron…
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina comparte las actividades planificadas para este fin de semana: *Tardes Dulces: Continuamos la semana de la Dulzura con la pastelería y panificación artesanal de emprendedores locales. Este viernes 9 nos acompaña Paola Pavian con panificación y repostería vegana. El sábado 10 Rosi Arrieta con chocolatería,…
El relato libertario sobre el supuesto “regreso del crédito hipotecario” empezó a chocar de frente con la realidad. Según los últimos datos difundidos por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, las escrituras con hipoteca se desplomaron un 48,9% interanual en abril y encendieron una alarma directa sobre la destrucción del acceso a la vivienda para la clase media. Pero el dato adquiere un tono todavía más escandaloso cuando se lo cruza con las denuncias que estallaron semanas atrás sobre créditos millonarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Mientras millones de argentinos ven cada vez más lejos la posibilidad de comprar una vivienda, sectores vinculados al poder parecían acceder a condiciones privilegiadas. La postal es devastadora para el discurso de Milei: el crédito hipotecario se derrumba para la sociedad, pero no necesariamente para quienes orbitan alrededor del Gobierno.
Los números difundidos por el Colegio de Escribanos son contundentes. En abril apenas se registraron 609 escrituras formalizadas con hipoteca en la Ciudad de Buenos Aires. El dato implica una caída de casi el 50% respecto del mismo mes del año pasado y muestra que el “boom hipotecario” que promocionaba el oficialismo prácticamente se desinfló en pocos meses. El mercado inmobiliario volvió a frenarse y la financiación desaparece otra vez como herramienta de acceso para los sectores medios.
La explicación económica es relativamente simple. Los salarios quedaron destruidos frente al ajuste, las cuotas UVA volvieron a generar temor por la inflación acumulada y las condiciones exigidas por los bancos se volvieron prohibitivas. En muchos casos, las familias necesitan ingresos que triplican o cuadruplican el promedio salarial argentino para acceder a una vivienda mínima. El resultado es una exclusión silenciosa pero masiva.
El escándalo del Banco Nación que dejó expuesta la doble vara
En ese contexto explotó semanas atrás el escándalo de los créditos del Banco Nación. Las denuncias publicadas por distintos medios revelaron que funcionarios, legisladores y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza habrían obtenido préstamos hipotecarios millonarios en condiciones extraordinariamente favorables. La polémica generó indignación porque coincidía exactamente con el momento en que el resto de la población comenzaba a quedar afuera del sistema financiero.
La contradicción política fue imposible de ocultar. Milei llegó al poder denunciando los privilegios de la “casta”, pero el caso del Banco Nación terminó mostrando a funcionarios y dirigentes oficialistas accediendo a beneficios que para cualquier trabajador promedio son prácticamente inalcanzables. El mensaje que queda flotando es brutal: el mercado no funciona igual para todos.
Lo más grave es que el derrumbe de los créditos hipotecarios no aparece como un accidente sino como una consecuencia lógica del modelo económico libertario. El Gobierno sostiene tasas altísimas, destruye el poder adquisitivo y profundiza la precarización laboral. En ese escenario, pensar en una hipoteca a 20 o 30 años se vuelve directamente imposible para gran parte de la sociedad.
El sueño de la casa propia vuelve a convertirse en un privilegio
Durante décadas, el acceso a la vivienda fue uno de los pilares de la movilidad social argentina. Incluso con crisis recurrentes, existía la expectativa de que una familia trabajadora pudiera aspirar a comprar su casa. Hoy ese horizonte parece romperse nuevamente.
El desplome registrado por el Colegio de Escribanos revela mucho más que un problema inmobiliario. Expone el agotamiento de un esquema económico que favorece la especulación financiera mientras castiga ingresos y consumo. En paralelo, el escándalo del Banco Nación dejó instalada otra percepción todavía más corrosiva: que el crédito existe, pero para sectores cercanos al poder.
En otras palabras, el “mercado libre” que prometía Milei empieza a mostrar una dinámica conocida en la Argentina: ajuste para las mayorías y privilegios para minorías bien conectadas. Mientras la clase media vuelve a alejarse del sueño de la casa propia, los funcionarios libertarios quedaron bajo sospecha por haber accedido justamente a aquello que el resto ya no puede alcanzar.
Si hay algo que sabemos hacer los argentinos cada vez vamos a realizar un trámite o pagar alguna cosa es hacer cola. La cola de espera es una instancia instituida en nuestra cultura, hacemos cola en todos lados: en el no tan rápido rapi-pago, en el Hospital, en el supermercado, en el banco, en la…
Martín Menem y Gabriel Bornoroni admitían este viernes en voz baja que todavía no tienen los votos para sancionar el Tratado en Materia de Patentes de Medicamentos (PCT, por su sigla en inglés), pese a que el proyecto obtuvo dictamen de mayoría el pasado 12 de mayo, el mismo día que Santiago Caputo se encontraba en Estados Unidos escuchando los reclamos de Washington que siempre tiene este tema al tope de su agenda biilateral.
Dos diputados libertarios dijeron a LPO que uno de los factores que alimentó el Rufusgate, el escándalo en redes sociales con una cuenta de los asesores del riojano usada para criticar al joven consultor, Luis Caputo y Patricia Bullrich, fue precisamente la demora para convertir el tratado en ley. «Caputo fue a poner la cara en Washington pero Menem no avanza en Diputados, por eso explotó todo en las redes», explicaron.
En efecto, Santiago pudo percibir en Estados Unidos el fastidio de Washington por la reserva del capítulo 2 del PCT, un fragmento de la norma que habilita los patentamientos vía exámenes internacionales y que fue vetado por CILFA, comandada por el empresario Hugo Sigman.
No fue casual que durante el debate en comisiones, cinco legisladores del PRO firmaran el despacho de mayoría en disidencia y que el lilito Maximiliano Ferraro, hombre de Elisa Carrió en la Cámara Baja, tildara a Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y su jefe, Federico Sturzenegger, como «los desreguladores más locos del mundo». Ferraro corrió por derecha a los libertarios y presentó un dictamen de minoría sin la reserva del capítulo 2, habilitando el «examen de patentabilidad» a nivel internacional.
Los apoyos que el gobierno reunió esa tarde, mientras Caputo escuchaba los reproches de los estadounidenses, fueron de los miembros del oficialismo, la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los macristas Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri respaldaron pero se diferenciaron de la propuesta de Cacace.
La discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo.
Si en verdad los libertarios no juntan 129 voluntades, sería por las disidencias del PRO. La bancada de Cristian Ritondo cuenta con 12 integrantes.
Santiago Caputo.
LPO informó que la discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo en abril como carta de negociación con el gobierno de Donald Trump por el acuerdo de los aranceles que impugnó la Corte Suprema norteamericana.
Por lo demás, Cacace cedió a las presiones de los laboratorios locales y negoció con los legisladores aliados la reserva del capítulo 2, durante el simposio «Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre», organizado por la RAP (Red de Acción Política) con la Universidad de Harvard y el MIT entre el 12 y el 17 de abril. Cerca del ex diputado radical indican que «la Oficina de Patentes (OMPI) prefiere que no haya reserva porque ningún país, a excepción de Uruguay, la tiene pero hay una comprensión del proceso político también y de que eso era necesario para que el tratado pueda avanzar».
El gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia.
Sin embargo, un diputado libertario confesó ante LPO que «el gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia».
La referencia al presidente radical derrocado en 1966, entre otras cosas, por su pelea con la industria farmacéutica fue un tópico que incluso le recordó el peronista Agustón Rossi a Cacace, durante el debate en comisiones. El santafecino mencionó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, con el propósito de desmontar las regulaciones que había implementado Arturo Oñativia, ministro de Salud de Illia.
El desorden actual es tan profundo que un libertario comentó que el embajador Peter Lamelas se comunicó con Javier Milei para hablar de las patentes pero el presidente argentino ignoraba el tema. Como en otras áreas o iniciativas, el Jefe de Estado delegó el asunto en su hermana Karina.
Y como en tantos otros temas, mientras el asesor hablaba del tema en Washington, la secretaria general de la Presidencia dejó la suerte del proyecto en manos de Menem.
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