Los centros de esquí más importantes de la cordillera rionegrina iniciarán su temporada invernal el próximo 9 de Julio. Si bien El Bolsón había programado la apertura del cerro Perito Moreno para el sábado 3, la fecha se modificó por cuestiones operativas y se unificará con la de San Carlos de Bariloche.
Desde su anuncio, la inauguración de la nueva temporada invernal generó muchas expectativas en el sector turístico que desde hace meses se ha preparado para recibir a los y las visitantes bajo la aplicación responsable de los protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud de Nación y de la Provincia, garantizando así la seguridad de quienes deciden disfrutar sus vacaciones de invierno en Río Negro.
La confirmación de estas fechas otorga previsibilidad a los turistas que eligen los destinos de la cordillera de la provincia bajo el sello Safe Travel. Ademas, desde el Ministerio de Turismo y Deporte se recuerda que que todos los destinos de las regiones Cordillerana, Estepa, Atlántica y los Valles permanecen abiertos al turismo.
Quienes deseen ingresar a Río Negro por medios de transporte público, tanto aéreos como terrestres, deberán presentar un test o PCR negativo de COVID-19 realizado en la ciudad de origen. Además, se solicitará el permiso de la aplicación Circulación RN o tramitado a través del sitio https://circulacion.rionegro.gov.ar/
Qué sucedería si habitamos un mundo paralelo donde las cosas de este presente no sucedieron. Pero solo nosotros conservamos la memoria. El día de la marmota es un loop diario donde el personaje sufre un castigo divino que solo se puede romper si el personaje se vuelve «buena persona». Volver al futuro pone en relevancia…
El General de Brigada, Sergio Maldonado, presentó su renuncia como presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armada, a solo tres meses de haberse creado tras la disolución del IOSFA.
Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con Presti en el mano de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica.
Además, el pasado primero de mayo se produjo el suicidio de un suboficial retirado en medio de esta crisis y eso habría sido el detonante de la salida del ahora ex funcionario.
El Gobierno buscaba descomprimir la dramática situación con la nueva obra social pero todavía no queda claro la manera en la que Defensa se hará cargo de una deuda de 200 mil millones de pesos que tiene a los afiliados sin cobertura y en muchos casos tiene que transitar enfermedades graves y tratamientos complejos de su bolsillo.
Esto, generó movilizaciones en ciudades importantes como Mar del Plata en donde se concentraron en una de las clínicas que reclama una deuda millonaria.
El Ministerio de Defensa informó ante Diputados que la deuda del IOSFA al 31 de marzo de 2026 ascendía a $248.600.811.333,39. El pasivo incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del IAF.
Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con Presti en el mano de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica
Al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo.
LPO reveló en exclusivo que el ante el grado de desesperación para hacer frente a estos compromisos, Carlos Presti evalúa rematar 44 inmuebles militares para pagar la deuda. El documento oficial al que accedió a LPO el pasado 23 de marzo, propone retirar propiedades y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos.
Justamente, el gobierno publicó un decreto en el que abre el juego para la venta de esos territorios, lo que generó una extrema preocupación en bloques políticos de Mar del Plata, dado que la ciudad balnearia tiene una importante cantidad de inmuebles.
Al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo
La crisis de la obra social se originó en su totalidad en esta gestión libertaria, con los manejos de los funcionaros que respondían a Luis Petri y que fue generando una bola de nieve hasta llegar a la situación actual.
Pero además del abandono que sufren los militares afiliados para tener una cobertura médica, en las Fuerzas Armadas apareció otro malestar desde la asunción del nuevo ministro de Defensa, el general Carlos Presti. La Fuerza Aérea lo acusa de «teñir de verde» el Ministerio al colocar a gente de confianza del Ejército de manera mayoritaria en todas las áreas, tanto del ministerio como las empresas que dependen de Defensa.
LPO publicó en exclusivo que las críticas internas a los hombres de Petri en IOSFA era que usaban los recursos de los afiliados para la campaña electoral en Mendoza. Dentro de los supuestos cobradores de campaña aparecen Surabelle y el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri.
Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.
El nuevo emprendimiento de Riccomi es el inmobiliario, en especial en Funes, la ciudad pegada a Rosario donde están los mayores barrios privados, donde tienen casa Lionel Messi y Ángel Di María.
José Antonio Kast busca superar la crisis de imagen en medio de una estrepitosa caída de la aprobación en poco más de un mes provocada por el aumento de los combustibles que ya generó cacerolazos contra su gestión en las principales ciudades.
En ese marco, el líder chileno lanzó el denominado «Plan de Reconstrucción Nacional», una ambiciosa reforma tributaria que busca transformar la estructura impositiva del país. El objetivo declarado del gobierno es estimular la inversión y dinamizar la economía; sin embargo, la propuesta ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales y políticos.
El núcleo del proyecto radica en una serie de medidas diseñadas para disminuir la carga tributaria empresarial. Entre los puntos más destacados se encuentran la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas e incentivos para la repatriación de capitales y una mayor simplificación regulatoria para las empresas.
Sin embargo, la iniciativa ya tiene criticas de los partidos opositores que la definieron como «reforma tributaria encubierta» para beneficiar a los ricos. Según esos partidos, el beneficio se concentra desproporcionadamente en las grandes empresas y los sectores de ingresos más altos, favoreciendo la concentración de riqueza.
En ese marco, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) advritió que esta medida podría perjudicar a la clase media y provocar una disminución significativa en la recaudación fiscal. Esta preocupación surge en un contexto social complejo, donde si bien se valora el crecimiento, existe un apoyo ciudadano mayoritario hacia el aumento de impuestos a las grandes empresas para financiar derechos sociales.
El núcleo del proyecto radica en una serie de medidas diseñadas para disminuir la carga tributaria empresarial. Entre los puntos más destacados se encuentran la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas e incentivos para la repatriación de capitales y una mayor simplificación regulatoria para las empresas
Conadecus enfatiza que, en este escenario, resulta fundamental exigir transparencia y una fiscalización efectiva para asegurar que la reforma no profundice las desigualdades estructurales del país.
Por su parte, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, planteó que «Chile enfrenta un estancamiento estructural que exige una respuesta integrar para retomar nuestra trayectoria de progreso, porque el camino lo extraviamos hace más de 12 años».
Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.
«No da lo mismo crecer al 2% que al 3% o 4%. Con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran, y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%», aseguró Quiroz.
No da lo mismo crecer al 2% que al 3% o 4%. Con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran, y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%
La excandidata presidencial, Jeannette Jara, también cargó contra el plan de Kast y acusó que las iniciativas no favorecen a los sectores medios, sino que privilegian a los más ricos. Por eso, llamó a frenarlo en Congreso: «No puede avanzar», señaló.
«La rebaja tributaria que se está proponiendo no es para la persona que tiene una pyme, no es para el taxista, no es para la señora que tiene un taller de costura: es para los empresarios más ricos del país», afirmó la exministra del Trabajo.
Por último, Jeannette Jara, dijo que «aunque el gobierno se esfuerce en decir que esta es una reforma para las empresas y no para los empresarios, les quiero decir que las empresas son de los empresarios, no de los marcianos».
«No está pensando en el bienestar común, sino en privilegiar a un grupo reducido de la población, con el cual comparte intereses económicos, ideológicos y políticos», finalizó.
El Intendente Marcelo Orazi acompañó la firma del acta acuerdo entre la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue y el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro con el objetivo de realizar acciones conjuntas orientadas a brindar asistencia científico-técnica para incorporar valor agregado a los productos…
Con una delegación compuesta por bailarines, bailarinas, músicos y músicas de diferentes puntos de la provincia, Río Negro volvió a subirse al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore. Con raíces rionegrinas, la presentación estuvo conformada por tres partes de danzas tradicionales: la primera una introducción integrada por una huella y un triunfo, en la…
Victoria Villarruel dispuso una readecuación de la escala salarial de los empleados del Senado comprendidos entre las categorías 1 y 7 del escalafón para «corregir el acotamiento de la brecha salarial» y Martín Menem la acusó de elevar el gasto en $ 53800 millones.
A través del decreto 203/26, la Vicepresidenta resolvió una recomposición de los módulos que redunda en una suba de $ 923.447,59 para la categoría más alta, $ 693.251,16 para la segunda, $ 496.554,84 para la tercera y $ 358.023,55 para la cuarta. Los acreedores de planta permanente con categoría 5 recibirán un incremento de $ 235.350,29, los de categoría 6 uno de $ 128.535,07 y los de categoría 7 otro de $ 34.038,15.
Según los fundamentos de Villarruel, «se ha verificado un progresivo achatamiento del escalafón, como consecuencia de la aplicación de aumentos porcentuales diferenciados en sucesivas negociaciones paritarias, lo que ha desdibujado las diferencias salariales legítimas entre categorías superiores e inferiores previstas originalmente en la Ley». «Dicha situación desincentiva la promoción por mérito, antigüedad y mayor responsabilidad, afectando la motivación, la permanencia y el desarrollo del personal con mayor nivel de funciones, y repercute negativamente en la eficiencia y calidad del servicio legislativo», agrega.
En la Cámara Alta aseguran que la medida «es viable» por «la reducción de la dotación de personal en más de 1000 agentes».
Sin embargo, los libertarios de la bancada de Gabriel Bornoroni se quejan de la decisión de Villarruel. «Además de la paritaria ya otorgada en 2026, representa subas extra de entre 3% y 34% según la categoría», dicen.
Patricia Bullrich y Martín Menem, en la Rosada.
Un diputado peronista le dijo a LPO que la Vicepresidenta habría conversado la maniobra con Patricia Bullrich, quien llegó a plantearle el tema al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, Villarruel terminó apurando la medida, acaso porque la suba se aplica con dinero presupuestado para el Congreso y conviene darle destino antes que avance el torniquete de Luis Caputo.
Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, en el Congreso estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones. Suman a la readecuación de la pirámide salarial, la incorporación de 60 trabajadores a la DAS y la intención de tomar alrededor de 100 más en la Imprenta.
Fuentes gremiales explicaron a LPO que, como Hacienda no homologa las paritarias, los dirigentes sindicales y las autoridades «se ponen creativos para conseguir o conceder aumentos salariales». «Desde hace dos años, la pelea viene porque cada sector cobra diferente: hace dos años Menem dio un bono y Villarruel no, entonces los trabajadores se miran mal entre sí», comentó un delegado.
Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones.
Villarruel acompañó su decreto con un mail que llegó a las casillas de los empleados, con la firma de Alejandra Laura Figini, directora general de Recursos Humanos. En ese mensaje, dice que la decisión «representa un importante esfuerzo de la gestión, impulsado por la Presidencia, orientado a la revalorización del mérito y de la carrera administrativa, fortaleciendo la equidad interna del sistema salarial y reconociendo adecuadamente las responsabilidades asociadas a cada nivel escalafonario». Su medida alcanzaría a más de 2500 trabajadores.
La divulgación del aumento en el Senado derivó en un malestar más profundo entre los trabajadores de Diputados. «Salió la resolución para el Senado y en Diputados no quisieron firmar. ¿Puede ser posible que nuestro presidente no quiera firmar los módulos para los trabajadores?», dijo un empleado de la Cámara Baja.
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