Los centros de esquí más importantes de la cordillera rionegrina iniciarán su temporada invernal el próximo 9 de Julio. Si bien El Bolsón había programado la apertura del cerro Perito Moreno para el sábado 3, la fecha se modificó por cuestiones operativas y se unificará con la de San Carlos de Bariloche.
Desde su anuncio, la inauguración de la nueva temporada invernal generó muchas expectativas en el sector turístico que desde hace meses se ha preparado para recibir a los y las visitantes bajo la aplicación responsable de los protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud de Nación y de la Provincia, garantizando así la seguridad de quienes deciden disfrutar sus vacaciones de invierno en Río Negro.
La confirmación de estas fechas otorga previsibilidad a los turistas que eligen los destinos de la cordillera de la provincia bajo el sello Safe Travel. Ademas, desde el Ministerio de Turismo y Deporte se recuerda que que todos los destinos de las regiones Cordillerana, Estepa, Atlántica y los Valles permanecen abiertos al turismo.
Quienes deseen ingresar a Río Negro por medios de transporte público, tanto aéreos como terrestres, deberán presentar un test o PCR negativo de COVID-19 realizado en la ciudad de origen. Además, se solicitará el permiso de la aplicación Circulación RN o tramitado a través del sitio https://circulacion.rionegro.gov.ar/
El gobierno logró sancionar la modificación a la Ley de Glaciares con 40 votos a favor contra 31 por la negativa y la abstención de la neuquina Julieta Corroza. Tal como anticipó LPO, el senjuanino Sergio Uñac, la catamarqueña Lucía Corpacci y el bloque de Carolina Moisés, que también integran Guillermo Andrada, hombre del gobernador Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza, aportaron su apoyo a la nueva norma.
En el rechazo, se agruparon los peronistas del interbloque de José Mayans, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los radicales Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo y las senadoras del PRO María Victoria Huala y Andrea Cristina.
Con esta votación, los gobernadores peronistas de las zonas cordilleranas se alzaron con una concesión que reclamaban desde diciembre para apoyar la reforma laboral. La normativa aprobada este jueves devuelve a los distritos provinciales la capacidad de realizar estudios de impacto ambiental para medir la relevancia hídrica de las tierras periglaciares, algo que hasta ahora estaba reservado al IANIGLA para preservar regiones adyacentes a las reservas acuíferas de la explotación minera.
En su discurso de cierra, Patricia Bullrich llamó a terminar con la dicotomía «agua o trabajo». Si bien reconoció «el objetivo legítimo de 2010», aseguró que con la modificación «no hay un cambio en la concepción» sino en la intención de «producir en cada rincón donde sea posible».
El miembro informante fue Austín Coto, que provocó a la oposición con su discurso al recuperar información de la versión taquigráfica de la sesión del Senado del 30 de septiembre de 2010, cuando se sancionó la ley de Glaciares vigente hasta ahora. Entonces, recordó que César Gioja, hermano del exgobernador sanjuanino, «se preguntaba por qué en el dictamen de Diputados se había omitido la mención al artículo 124 de la Constitución», el que establece la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.
La referencia del senador fueguino al dictamen de la Cámara Baja de aquella época se debió que los gobernadores defendían un proyecto que fue cambiado por la «ley Bonasso». De hecho, el santafecino Agustín Rossi tuvo que anunciar durante el debate que Cristina Kirchner no vetaría la ley que se terminara aprobando, aunque no prevaleciera la versión que impulsaban los legisladores que respondían a las provincias cordilleranas pero en el Senado se terminó imponiendo el criterio más «protectorio» del ambiente.
Por eso, este jueves el libertario Coto se quejó de la mirada progresista que impera en el área metropolitana y calificó la normativa modificada como «una ley de presupuestos máximos redactada dentro de un frasco de una empanada en un bar de Palermo, hecha por dos chetos». «¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos y decían ‘que pongan un pino en el Senado’? Abajo de los pinos no crece absolutamente nada», sostuvo con tono burlón en alusión al ex legislador Fernando Pino Solanas, fallecido ya.
Después que el fueguino se despachara diciendo que se trataba de una «ley de chetos», el pampeano peronista Daniel Bensusán lo cruzó sin piedad. «Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?», preguntó haciendo flamear el manojo de hojas del dictamen que Coto trabajó a escondidas con senadoras como Edith Terenzi y Flavia Royón.
¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos y decían ‘que pongan un pino en el Senado’? Abajo de los pinos no crece absolutamente nada.
Coto trató de explicar con naturalidad y Bensusán respondió con bronca. «¿Y qué vamos a hablar entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral. ¿De dónde corno salió esto? ¿De la comisión? Esto es un papel impreso que nos trajeron hace cinco minutos. Ya les pasó con el artículo 44 de la ley laboral y despues a los que acompañan les dicen ‘los estuvimos entreteniendo con una cosa para votar otra'», expresó.
Además, dijo: «¿Esto es joda? Se hizo mucho el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¡Una vergüenza! ¿Y van a votar nuevamente un texto sin haberlo leído o por lo menos sin haberlo discutido de cara a la gente en las comisiones del Congreso? ¿Dónde lo discutieron? ¿En una oficina?».
Mientras avanzaba el debate no estaba claro siquiera que Luis Juez fuera a votar a favor, como terminó sucediendo. En Casa Rosada, tuvieron que implementar gestiones para que el cordobés no se ablandara con las críticas de los que le enrostraran que votó a favor de la ley de Glaciares en 2010 y no podía aparecer acompañando su modificación ahora.
Cerca de las 17, Juez recordó que hasta lo charló hace 16 años con Pino Solanas. «Entiendo el tema de la defensa del agua y todo ese discurso, que lo siento como propio», arrancó el legislador pero luego justificó su cambio de postura: «Por ahí alguno al que le gusta el patrullaje empieza a decir que Juez en el 2010 tal cosa… y yo tengo el cuero dura como una tortuga», se describió con ingenio.
El santacruceño José María Carambia anticipó que su voto y el de su colega Natalia Gadano serían negativos, en tanto «el artículo 6° genera libre interpretación». «Es autorización tácita encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea», alertó.
A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos.
Además, coincidió con Alicia Kirchner en la advertencia sobre la escasez de puestos de empleo que da la minería. «A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos», indicó.
Tal vez una de las argumentaciones a favor de la ley más consistentes para el oficialismo terminó siendo la de la misionera Sonia Rojas Decut, proveniente de una jurisdicción distinguida por el recurso hídrico. A su criterio, en la ley en debate «no se bajan los estándares, se clarifican las competencias, se ordenan los criterios y se fortalecen los procesos de evaluación científica y ambiental».
En ese sentido, consideró que «el tenor de la reforma es plenamente compatible con el principio que resguarda la máxima calidad ambiental». «El desarrollo económico y la protección ambiental no son fuerzas opuestas sino condiciones recíprocas si queremos avanzar hacia un desarrollo sostenible», completó.
Finalmente, Flavia Royón también sumó sus objeciones contra los sectores que «tratan de instalar un terrorismo ambiental o que en este proyecto se entrega el agua o los glaciares», y reclamó que se respete «a los equipos técnicos de las provincias». «¿Saben dónde están los mejores glaciólogos? En San Juan», respondió con orgullo.
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