Con la presencia del Intendente Marcelo Orazi, quedó inaugurada este domingo la muestra ‘AmuchArte’ en el Galpón de las Artes, que permanecerá abierta al público todos los domingos de septiembre en el horario de 17 a 19 horas.
‘AmuchArte’ es el resultado del trabajo de muchos años, refleja el proceso y la puesta en juego de cada taller, de cada actividad, plasmando en estas obras las sensaciones y percepciones de quienes concurren a la Asociación Civil Amuchen.
En el taller de pintura, a cargo del profesor Enrique Araujo, los asistentes desarrollan sus capacidades creativas, se encuentran con el arte y sus elementos, como si de un lenguaje se tratara, logrando explorar, disfrutar y expresarse.
Durante la apertura de la muestra estuvieron presentes la titular del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad Laura Balmaceda, la presidente de Amuchen Mabel Barazzutti, la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad Luisa Ibarra, la Directora de Cultura Silvia Alvarado, la concejal María Eugenia Paillapi, entre otros.
La venta de Manantiales Behr, la joya del petróleo convencional que YPF, se dilata en medio de fuertes tensiones en el directorio de la petrolera estatal que conduce Horacio Marín.
La operación fue tratada en una reunión de directorio hace dos semanas. En la empresa aseguran que la aprobación fue por unanimidad. Sin embargo, casi veinte días después, YPF no informó la decisión como Hecho Relevante ni ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, donde cotiza vía ADR.
El dato no es menor. La normativa es clara: la comunicación debe ser inmediata, simultánea y con información suficiente. Precio, contraparte, impacto patrimonial y operativo. No se puede postergar para un balance trimestral.
Fuentes cercanas a miembros del directorio que hablaron con LPO relativizan la versión de Marin. «Unanimidad no hubo», dicen. Y agregan la clave de la demora: hay directores que no quieren dejar los dedos marcados en una operación que consideran sensible, tanto por el activo que se entrega como por quién aparece del otro lado del mostrador.
Manantiales Behr no es un área más. Está en la Cuenca del Golfo San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, y produce alrededor de 8.000 barriles diarios. Es uno de los yacimientos donde YPF desplegó recuperación secundaria y terciaria, con inyección de polímeros, tecnología propia y know-how acumulado durante años. No es sólo petróleo: es innovación aplicada en un campo maduro.
Hay directores de YPF que buscan mostrar distancia con la venta de Manantiales Behr, preocupados por una operación que consideran sensible, tanto por el activo que se entrega como por quién aparece del otro lado del mostrador.
Pero lo que incomoda a una parte del directorio no es la geología. Es la empresa adjudicataria. Rovella Carranza, de origen puntana vinculada a los Rodríguez Saá, es una constructora que despegó al calor del macrismo porteño y cuya experiencia en el sector energético se limita, básicamente, al tendido eléctrico. No tiene antecedentes como operadora de yacimientos petroleros de esta complejidad.
A eso se suma un dato político explosivo. Su titular, Mario Ludovico Rovella, fue señalado como el primer arrepentido en la causa Cuadernos. Para una compañía que cotiza en Nueva York como YPF y responde a estándares de compliance internacionales, no es un detalle decorativo. Es una bandera roja.
Mario Rovella y Alerto Rodrígez Saá.
En paralelo, el proceso de desinversión de YPF en la producción de petróleo convencional expone los límites de un modelo con un pleno a las exportaciones de recursos naturales. El boom exportador petrolero que explica el 90% del superávit comercial del país, convive con ajuste, tercerización y pérdida de puestos de trabajo en el sector.
Mario Lavia, secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados indicó «Hoy YPF va rápido en la búsqueda de divisas a un sector: Vaca Muerta. Pero se encuentra con que se necesita financiamiento y los elementos para producir», detalló Lavia y consideró que la política hidrocarburífera planteada «es errónea» porque «se trabaja para poder procesar» el petróleo y se «ha retirado de todos los yacimientos convencionales».
Ademas, Lavia remarcó que esta política de desinversión de YPF «deja un pasivo ambiental en las provincias» y al mismo tiempo genera «sectores que quedarán postergados porque muchos trabajadores pierden el empleo».
Una emotiva presentación de la Filarmónica de Río Negro se vivió en la tarde del sábado último en el emblemático cine teatro Círculo Italiano. Con la presencia de Clara Parodi como directora invitada, la orquesta de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia abordó obras de Strauss, Dukas, Britten,Copland y Wagner; integrando también…
El Gobierno impulsa una reforma laboral que redefine la relación de dependencia, habilita nuevas formas de precarización, reduce indemnizaciones y debilita la negociación colectiva. El texto, presentado para tratar durante las sesiones extraordinarias, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo y reorganiza el mapa de poder entre capital y trabajo.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Un cambio de época escrito en letra chica
El proyecto de “modernización laboral” del oficialismo no es un simple aggiornamiento técnico ni un reordenamiento administrativo. Es un intento explícito de reconfigurar las reglas fundacionales de la relación laboral en Argentina, desde el momento en que una persona empieza a trabajar hasta la forma en que se calcula su indemnización cuando es despedida. Todo el texto está diseñado para mover el péndulo hacia el empleador, reduciendo la protección que la Ley de Contrato de Trabajo consolidó durante décadas y que constituyó uno de los pilares del modelo argentino.
El Gobierno lo presenta como un salto hacia la flexibilidad, la innovación y el empleo moderno. Pero cuando se analizan las modificaciones artículo por artículo, lo que se revela es una arquitectura jurídica pensada para abaratar despidos, diluir la estabilidad, fragmentar la negociación colectiva y habilitar nuevos mecanismos de contratación más débiles.
A continuación, un análisis profundo de las modificaciones más relevantes, ordenadas por grandes bloques temáticos, con explicación detallada y sus efectos concretos sobre la vida laboral de las y los trabajadores.
1. el corazón del proyecto: redefinir quién es trabajador
Reforma del concepto de trabajo y del ámbito de aplicación
La LCT históricamente estableció que toda prestación personal realizada bajo dependencia es trabajo, y por lo tanto merece protección. El proyecto del oficialismo introduce modificaciones que amplían las excepciones y atomizan el régimen.
La clave está en ensuchar el concepto de dependencia, que siempre fue lo que blindó a los trabajadores frente a las falsas modalidades. El proyecto incorpora referencias explícitas a trabajadores independientes, prestadores de servicios, contratos civiles y prestadores de plataformas digitales que podrían quedar fuera de la LCT si el empleador así lo organiza.
Ejemplo concreto
Hoy, si un mensajero de aplicaciones trabaja todos los días, con horarios, instrucciones y control de la empresa, la Justicia puede reconocer la relación de dependencia. Con la reforma, la empresa podrá argumentar —y con aval legal— que se trata de un “prestador independiente” sujeto a regulación específica, reduciendo la posibilidad de reconocimiento judicial.
La consecuencia es un piso mínimo de derechos más bajo y un aumento exponencial de relaciones supuestamente “autónomas” que en realidad son empleo encubierto.
2. la presunción de relación laboral: el golpe más fino del texto
Limitación de la presunción de dependencia
La presunción de que la prestación personal genera contrato de trabajo es una de las piedras angulares de la LCT. Sin ella, cualquier empleador podría disfrazar la relación de mil maneras. El proyecto introduce un límite decisivo: Si existe contrato de servicios, facturación, recibos u otros instrumentos civiles, la presunción de dependencia no operará.
Esto implica que la simple emisión de una factura —algo que hoy se usa masivamente para precarizar— pasará a ser un blindaje para el empleador. La carga de la prueba recae íntegramente sobre el trabajador, que deberá demostrar la subordinación.
Ejemplo concreto
Una diseñadora gráfica que trabaja todos los días para la misma empresa, recibe órdenes y usa equipos provistos por la firma. Si le hacen facturar, ya no podrá invocar automáticamente la presunción de dependencia. Tendrá que litigar durante años, sin ingresos, para que un juez reconozca su situación.
El proyecto multiplica así la precarización legal.
3. la negociación colectiva: una poda que debilita a los sindicatos
Eliminación de la aplicación analógica de los convenios
Uno de los cambios más graves consiste en prohibir que los convenios colectivos se apliquen por analogía o extensión. Es decir, si un trabajador realiza una tarea similar a otra ya regulada, pero no está específicamente contemplado en su convenio, no podrá beneficiarse automáticamente de ese estándar.
Este artículo fractura la herramienta histórica que encontró el movimiento obrero para ampliar derechos, impedir disparidades injustificadas y evitar que los empleadores fragmenten convenios a su gusto.
Qué significa en la práctica
Menos trabajadores cubiertos por protección colectiva.
Más margen para redactar convenios “a medida” en empresas pequeñas.
Mayor debilidad de trabajadores aislados o de sectores nuevos.
Este cambio promueve un modelo laboral de negociación atomizada, donde cada empresa se mueve con su propio “mini-convenio”, debilitando la fuerza gremial.
La reforma del principio protectorio
Además, el proyecto interviene la regla de “norma más favorable”, obligando interpretaciones más restrictivas. Esto limita la posibilidad de que, ante dudas, los jueces elijan la solución más protectora para el trabajador.
El espíritu de la LCT se centra históricamente en compensar la desigualdad estructural entre empleado y empleador. El proyecto la reduce a un principio casi decorativo.
4. indemnizaciones: un recorte estructural
Redefinición de la base de cálculo
El proyecto especifica qué conceptos se incorporan para determinar la indemnización y cuáles quedan fuera. La lógica general es reducir el monto final del despido.
En particular:
Se excluyen o limitan pagos variables y sumas no remunerativas.
Se recalculan promedios de manera que reduzcan el impacto de meses con remuneraciones altas.
Se introducen aclaraciones que favorecen el criterio más bajo cuando hay dudas.
Por qué es un cambio profundo
En Argentina la indemnización tiene carácter disuasivo: busca evitar despidos arbitrarios. Al abaratarla, se incentiva la rotación y se da mayor libertad a las empresas para despedir.
Un empleador hoy puede dudar antes de echar a un trabajador con diez años de antigüedad. Con la reforma, el costo será mucho menor: despedir será más barato.
Otros efectos
Impacto directo en trabajadores con premios por productividad.
Menor protección para trabajadores con salarios compuestos.
Incentivo a convertir partes del salario en pagos no remunerativos.
5. tercerización, agencias de servicios y trabajo eventual
Responsabilidad solidaria reducida
La LCT establece que, cuando una empresa terceriza tareas, la empresa usuaria es solidariamente responsable. La reforma reduce esa responsabilidad al período en que el trabajador prestó tareas “directamente” para la empresa principal.
Esto abre un espacio peligroso: cualquier empresa podrá tercerizar actividades principales sin asumir plenamente las consecuencias.
Legalización de la eventualidad rotativa
El proyecto amplía el margen para contratar mediante agencias de servicios eventuales, con menor representación gremial y menores obligaciones. Esto profundiza un modelo donde:
Un trabajador puede pasar años contratado “a prueba”.
La antigüedad se desdibuja.
La estabilidad desaparece en la práctica.
Ejemplo concreto
Un supermercado podrá cubrir cajas, góndolas, depósitos y logística con personal eventual rotado por agencias, sin integrar nunca al plantel estable.
El efecto es una reconfiguración estructural del mercado de trabajo donde la eventualidad deja de ser excepcional.
6. tiempo de trabajo, vacaciones y “flexibilidad”
Bancos de horas
El proyecto habilita mecanismos que permiten compensar horas extras con descanso, en lugar de pago. En un país con salarios depreciados, esto implica una transferencia directa desde el trabajador hacia la empresa.
Vacaciones y licencias
El texto introduce fórmulas para liquidar vacaciones y calcular retribuciones que, según la redacción, tienden a reducir valores efectivamente percibidos.
Además, se incorporan mayores márgenes para reorganizar jornadas y turnos según “necesidades productivas”, ampliando la flexibilidad unilateral del empleador.
7. economía digital: trabajadores de plataformas
Una categoría paralela sin derechos plenos
El proyecto menciona expresamente a los prestadores de plataformas digitales, remitiéndolos a una regulación posterior. Lo que parece una “precisión técnica” es en realidad una señal política clara: las plataformas no quieren—y el Gobierno no exige—que estos trabajadores entren a la LCT.
Esto consolida un modelo donde:
No hay estabilidad.
No hay indemnización.
No hay licencias pagas.
No hay aguinaldo ni vacaciones.
Es la formalización de un sector precario como “normal”.
8. justicia laboral: más carga sobre el trabajador
El proyecto endurece los requisitos probatorios y formales en acuerdos y conciliaciones. Aunque mantiene la gratuidad del trabajador en ciertos procesos, exige intervenciones judiciales más complejas y abre margen para cuestionamientos formales.
Esto implica que, ante un conflicto:
El trabajador necesitará más pruebas.
El empleador tendrá más herramientas para demorar o litigar.
Los juicios podrán extenderse durante años.
Una vez más, la balanza se inclina hacia el lado empresarial.
conclusión: un proyecto que reescribe el contrato social argentino
La reforma laboral del oficialismo no es una “modernización”. Es una reforma estructural del poder dentro del mundo del trabajo. Sus pilares son claros:
Desarmar la presunción de dependencia.
Debilitar la negociación colectiva.
Abaratar el despido.
Normalizar la tercerización.
Crear nuevas categorías más baratas y desprotegidas.
Flexibilizar jornadas y reducir costos indirectos.
Es, en esencia, un proyecto que busca que la relación laboral deje de ser un vínculo protegido para convertirse en un acuerdo privado entre partes formalmente “libres” pero en realidad profundamente desiguales.
El texto no mejora la productividad. No genera empleo de calidad. No impulsa el desarrollo industrial. Lo que hace es ajustar al trabajador, reduciendo derechos conquistados durante décadas y abaratando la mano de obra para que el mercado se ordene bajo la lógica del empleador.
En un país donde el trabajo digno fue siempre un eje identitario, esta reforma implica un retroceso histórico. Y lo más grave: pretende que ese retroceso sea permanente.
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