PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina recuerda que durante este sábado 5 y domingo 6 de junio regirá en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 334 del Presidente Alberto Fernández.
De acuerdo a lo establecido en el mismo, la circulación estará permitida entre las 6 y las 18 horas.
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El colapso del sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) que –como reveló LPO– crece de la mano del aumento de los juicios laborales, se llevó puesto a la empresa más grande del mercado, Galeno ART, quiebra que afecta a 600 empleados.
En los últimos meses de 2025, la empresa que integra el grupo liderado por Julio Fraomeni inició un proceso de liquidación que terminó por consumarse con la publicación este jueves en el Boletín Oficial de la revocatoria de su autorización para operar por parte de Superintendencia de Seguros de la Nación.
«El Grupo Galeno tiene más de 12 mil trabajadores y no es capaz de llevar la absorción de 600 trabajadores de la empresa Galeno ART», dijo este jueves a radio Rivadavia el titular del gremio del Seguro y triunviro de la CGT, Jorge Sola.
El cierre de Galeno ART se da tras confirmarse lo que LPO había adelantado en abril pasado: un récord de juicios laborales, que en 2025 superó los 130 mil.
Frente a eso, en el sector preocupa que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo no ataque esta problemática, sino que dispare un incremento mayor de la litigiosidad.
Eso ya lo advierten especialistas que hablan de una «ambigüedad» en algunos artículos. También, en el sector plantean que la eliminación de incentivos para la registración y la precarización de cálculos indemnizatorios generarán un gris que terminará resolviéndose en los tribunales.
Alertan un récord de juicios por accidentes laborales que podría colapsar al sistema de ART
En las ART lo que denuncian es un abuso de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales y advierten que el Poder Judicial no hace cumplir una ley sancionada en 2017, que creó los Cuerpos Médicos Forenses (CMF).
«El Sistema de Riesgo del Trabajo tiene una ley que acaba de cumplir nueve años de vigencia y el Poder Judicial no la cumple. La ley obliga a que el Poder Judicial conforme los cuerpos médico forenses», dijo a Cadena 3 la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), Mara Bettiol.
Las ART al borde del colapso, temen quiebras masivas por la industria del juicio
Y agregó: «Quienes dirimen las controversias ya no sean peritos que integran una lista, que salen sorteados, que cobran a porcentaje y que nadie controla. Establece que sus honorarios sean fijos o sean empleados del Poder Judicial para que las pericias sean imparciales. Eso es lo que hoy está en incumplimiento».
Como contó LPO, entre las ART no ven con entusiasmo la reforma laboral. Ven que el sistema seguirá en la misma situación si no se hace cumplir la ley de 2017. «Para impulsar la formalización del empleo, la reforma laboral debe incluir medidas que terminen con el flagelo de juicios por riesgos del trabajo», señalaron en el sector.
Desde una de las ART líderes se contactaron con Federico Sturzenegger y decidieron abortar las negociaciones cuando advirtieron que le habían dado la idea al ministro para desregular también a las ART y quitar su obligatoriedad. «Las ART ya fueron», fue el mensaje que se escuchó en el Ministerio de Modernización.
Tras la polémica generada por las declaraciones de Luis «Toto» Caputo que sostuvo que nunca compró ropa en Argentina «porque es un robo», los trolls de Javier Milei salieron en defensa del ministro con una pieza propagandística de la dictadura que exaltaba la apertura de importaciones de José Alfredo Martínez de Hoz.
«Esta propaganda es la obra maestra de un genio», dijo el troll Pregonero en alusión a un clásico spot de la Junta Militar que, usando como ejemplo la producción de sillas, alienta la apertura de las importaciones del entonces ministro de Economía de Jorge Rafael Videla.
En paralelo, otras cuentas alineadas al gobierno libertario difundieron este spot que, para organismos de derechos humanos y sindicatos, es un símbolo de la destrucción de la industria nacional por la apertura de importaciones durante la última dictadura.
Esta propaganda es la obra maestra de un genio. pic.twitter.com/vQYUnb4xg9
— Pregonero (@PregoneroL) February 3, 2026
Envalentonado en medio de la defensa troll, Caputo redobló la apuesta en X y eligió el posteo de una usuaria que cuestionó sus dichos relativos a comprar la ropa afuera. «No tengo guita para el pasaje porque me lo paso pagando impuestos en este país», lo habían acusado desde una cuenta.
«Ya no necesitás comprar pasaje si querés comprarte ropa más barata. Solo tenes que saber usar internet. Podes comprar dólares libremente para pagarla», cruzó Caputo, en un posteo celebrado por el Gordo Dan y su granja de trolls.
Caputo: «Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo, los que viajamos compramos afuera»
En esa línea, también salieron al cruce de empresarios textiles que expusieron en las últimas horas la situación crítica del sector. «Durante 2 décadas cerraron el culo con los impuestos porque tenían el zoológico de tarados pagando mierda a precio de oro», acusó Pregonero.
También, varias cuentas alineadas a Milei cruzaron a la ministra de Mujeres de la provincia, Estela Díaz, que aludió a la propaganda de la dictadura para cuestionar a Caputo.
«Mismo libreto: desprecio y destrucción de la industria nacional y del empleo bajo el engaño de la «modernización». Siempre sale mal para las mayorías. Nada nuevo bajo el sol», dijo la ministra de la gestión Kicillof en un posteo que disparó ataques de trolls libertarios que extremaron la defensa de Caputo.
El gobierno de Milei puso en marcha la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo estatal destinado a “desmentir mentiras”, “exponer operaciones” y señalar a medios y dirigentes políticos. Presentada como una defensa de la libertad de expresión, la iniciativa ya despertó críticas por su evidente sesgo propagandístico y por el riesgo de que el poder político se arrogue la facultad de definir qué es verdad y qué no.
Por Roque Pérez para NLI
A través de un extenso hilo publicado en la red social X, el oficialismo anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un espacio que —según su propia definición— no solo informará, sino que se dedicará activamente a desmentir lo que considere falsedades y operaciones mediáticas.
El texto inaugural sostiene que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y plantea que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola. En la práctica, el Gobierno decidió sumar una voz oficial permanente para intervenir en el debate público, marcar errores, señalar responsables y fijar una versión autorizada de los hechos desde el Estado.
La paradoja es evidente: en nombre de la libertad de expresión, el Ejecutivo crea un organismo específico para corregir discursos ajenos.
La Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, que ya administra las cuentas oficiales de la Casa Rosada y de la Oficina del Presidente. Al frente de ese esquema se encuentra Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, un militante libertario digital con llegada directa al núcleo duro del poder y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.
No se trata de un organismo técnico ni autónomo, sino de una estructura política de comunicación centralizada, con lógica de confrontación permanente y fuerte impronta ideológica. Desde allí se decidirá qué publicación es una “operación”, qué dato es “mentira” y qué medio merece ser desmentido públicamente por el Estado.
El debut práctico de la Oficina no tardó en llegar y tuvo como protagonista al Grupo Clarín. En su primera intervención pública, el organismo acusó al diario de publicar información falsa sobre el programa Volver al Trabajo y celebró que el medio hubiera “borrado” una nota tras la respuesta oficial.
Lo cierto es que Clarín no eliminó el artículo, sino que modificó su título, algo habitual en portales digitales. Sin embargo, la Oficina utilizó el episodio para exhibirse como árbitro de la verdad y para marcar territorio frente a uno de los actores centrales del sistema mediático argentino.
El mensaje fue claro: a partir de ahora, el Gobierno no solo responderá políticamente, sino que dictará correcciones públicas desde una cuenta estatal.
Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores se advirtió que el Estado no debe fabricar la verdad, ni convertirse en juez de lo que puede o no circular en el debate público. La comparación con el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 no es exagerada: un poder central que corrige relatos, señala desvíos y reescribe versiones en tiempo real.
Resulta llamativo que un gobierno que se autodefine como defensor del libre mercado y enemigo de la intervención estatal haya creado un organismo específico para intervenir en el mercado de ideas. La libertad de expresión, bajo este esquema, deja de ser un derecho amplio y pasa a estar condicionada por la respuesta oficial.
Lejos de limitarse a ofrecer datos verificables, la Oficina nace con una misión explícitamente política: exponer enemigos, desacreditar voces críticas y consolidar un relato oficial. No se trata de un área de prensa tradicional, sino de un dispositivo de combate comunicacional permanente.
En la Argentina de Milei, la verdad ya no se discute únicamente entre periodistas, fuentes y ciudadanos. Ahora también se administra desde una cuenta verificada del Estado, con tono doctrinario y vocación de disciplinamiento simbólico.
Como en toda distopía moderna, la consigna es simple: la mentira no será lo que falte a la verdad, sino todo aquello que no coincida con la versión oficial. Y si queda alguna duda, siempre habrá una Oficina dispuesta a aclararla.
