PorMunicipalidad Villa Regina
Publicada el
La Municipalidad de Villa Regina recuerda que durante este sábado 5 y domingo 6 de junio regirá en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 334 del Presidente Alberto Fernández.
De acuerdo a lo establecido en el mismo, la circulación estará permitida entre las 6 y las 18 horas.
El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva reforma impulsada por Federico Sturzenegger que modificaría de manera profunda el mercado farmacéutico. Especialistas advierten que la iniciativa puede favorecer la automedicación, encarecer tratamientos y debilitar el rol sanitario de las farmacias.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno nacional avanza en un nuevo paquete de desregulaciones encabezado por el ministro Federico Sturzenegger, que esta vez apunta directamente al mercado de los medicamentos. Entre los cambios que se analizan figura la modificación o derogación de normas históricas que regulan la comercialización farmacéutica, habilitando una mayor liberalización del sector.
Según trascendió, la iniciativa permitiría ampliar la venta digital de medicamentos, flexibilizar las condiciones para la entrega a domicilio e incluso extender la comercialización de productos de venta libre fuera de las farmacias, una medida que genera fuerte preocupación entre profesionales de la salud.
Lejos de tratarse de una discusión meramente comercial, distintos especialistas sostienen que el proyecto implica un cambio profundo en la forma en que los argentinos acceden a los tratamientos médicos.
El médico clínico Oscar Atienza alertó que la desregulación podría tener efectos contrarios a los que promete el Gobierno. En lugar de favorecer la competencia y reducir los precios, señaló que la flexibilización puede incentivar la automedicación, dificultar el seguimiento profesional de los pacientes y terminar incrementando el costo efectivo de los tratamientos.
El especialista recordó que las farmacias cumplen una función sanitaria que excede la mera venta de productos. Allí se controla la correcta dispensación de medicamentos, se detectan incompatibilidades entre tratamientos y se orienta al paciente respecto de dosis y riesgos, una tarea que podría perderse si los remedios pasan a comercializarse como cualquier otro bien de consumo.
Además, diversos sectores del sistema de salud sostienen que la concentración del mercado en grandes plataformas comerciales podría terminar debilitando a las farmacias de barrio, reduciendo la competencia real y dejando a millones de personas con menos asesoramiento profesional.
La reforma forma parte del nuevo paquete de desregulaciones que Sturzenegger impulsa tras la expiración de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. El ministro busca avanzar ahora mediante proyectos legislativos que eliminen o modifiquen decenas de leyes vinculadas a distintas actividades económicas.
En el caso de los medicamentos, la discusión adquiere una dimensión particularmente sensible porque involucra el acceso a tratamientos esenciales, la seguridad sanitaria y el derecho a la salud.
Mientras el Gobierno sostiene que una mayor apertura favorecerá la competencia y eliminará regulaciones consideradas «obsoletas», desde distintos sectores médicos y farmacéuticos advierten que la experiencia internacional muestra que la liberalización del mercado farmacéutico no garantiza una reducción de precios y puede aumentar los riesgos asociados al consumo sin control profesional.
La discusión recién comienza, pero ya anticipa un nuevo frente de conflicto para una administración que viene impulsando una profunda transformación del Estado bajo la premisa de que el mercado debe ocupar un lugar cada vez más amplio, incluso en áreas tan sensibles como la salud.
A través del Decreto 126/21, la Municipalidad de Villa Regina llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir el cargo de Juez de Falta Suplente. Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos: *Poseer título de Abogado, con no menos de 2 años de ejercicio en la profesión. Deberán acompañar certificaciones del colegio de abogados y/o…
Le pregunté a mi agente de Gemini: ¿Sueña Javier Milei con hijos humanos? Me contestó a la supervelocidad artificial con la información disponible: “En términos de descendencia humana, el presidente no tiene hijos y ha expresado públicamente en diversas entrevistas que no forma parte de sus proyectos ni prioridades vitales, posicionando a sus perros como su principal núcleo de afecto familiar”.
Respeto su decisión y hasta puedo llegar a empatizar si ha tenido problemas de fertilidad o no ha encontrado cómplices para la misión de la reproducción. La calle está dura en asuntos del corazón y el desencuentro gobierna en la era de la hiperconexión. Pero mientras para algunas personas se trata de una elección individual, en Argentina hay un fenómeno social que atender: más de la mitad de la población joven no logra concretar el tamaño de familia ideal por limitaciones materiales. Sueñan los argentinos y las argentinas con hijos humanos que no pueden tener.
Esta afirmación se desprende de la primera Encuesta de Intenciones Reproductivas desarrollada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) junto a Voices!. “Deseos reproductivos en encrucijada” titularon este informe que es revelador. Aporta evidencias, datos y respuestas al tema epocal recurrente, aquí y en el mundo: la baja de la tasa de natalidad.
“La maternidad será deseada o no será”, se dijo por aquí y por allá en el ciclo efervescente de 2018 y 2020, que brilla lejano y nostálgico en la opacidad del presente. Parece que con el deseo no alcanza, la maternidad y la paternidad no están siendo aún con deseo. Existen brechas a la hora de desear.
Más de la mitad de la población joven no logra concretar el tamaño de familia ideal por limitaciones materiales. Sueñan con hijos que no pueden tener.
Hoy, cuatro de cada diez jóvenes no pueden dejar la casa familiar, emanciparse: no pueden tener desde un rincón de intimidad para el sexo casual hasta construir un proyecto de vida propio. Cuatro de cada diez criaturas tuvo problemas para tener acceso a ropa o calzado. Cada vez más bebés nacen con sífilis congénita y con abstinencia. Y sí, cada vez nacen menos bebés. Una secuencia lógica.
Esto debería ser un tema de conversación pública y política: la búsqueda de la plenitud afectiva, los proyectos de expansión del amor de nuestra sociedad no pueden concretarse y eso es un problema para la vida democrática. Hannah Arendt ya lo advirtió en Los orígenes del totalitarismo: la soledad es mucho más que un sentimiento individual, es un problema político moderno que persiste.
Más allá del contexto actual, en nuestro país la baja de la tasa de natalidad se trata de un fenómeno transversal a todo el territorio nacional que es parte de la transición demográfica global de los últimos 70 años. Es necesario hablar más de esto desde una perspectiva de derechos humanos y también feminista.
Si no ocupamos un lugar en la conversación sobre el tema, serán los voceros de la reacción conservadora quienes le subirán constantemente el volúmen hasta saturar e impedir la conversación. Seguirán diciendo en un tono que es catastrófico. Hablando de “invierno demográfico”, de “colapso” y hasta de fin de la humanidad. Y, en la búsqueda de explicaciones, apuntando especialmente a las mujeres y al feminismo, las tecnologías y las políticas de derechos sexuales y (no) reproductivos.
La natalidad cayó un 35% en la última década. La caída del embarazo adolescente explica gran parte del descenso, por la eficiencia de políticas públicas como el Plan ENIA.
Sumado al histórico mandato de la maternidad, se ejerce una especie de presión moral, patriótica y hasta económica sobre nosotras y otra vez somos chivo expiatorio de una respuesta fácil a un fenómeno complejísimo y multicausal. Si hasta hace poco el feminismo fue chivo expiatorio del fracaso electoral del peronismo, ahora funciona como víctima propiciatoria del fracaso económico libertario.
Ponganse de acuerdo: si el mercado se regula solo, entonces ¿por qué el futuro del sistema previsional recae sobre las personas con capacidad de gestar?
«Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Hoy Argentina no llega a una tasa de natalidad que permita la reposición. La pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento», dijo este jueves el presidente en el Council of the Americas 2026.
Es llamativo que eligiera la secuencia “pasión por asesinar” apenas un día después de que la Fiscalía de Bolivia imputara formalmente al consultor argentino Fernando Cerimedo. El arquitecto de la narrativa del ecosistema digital libertario está acusado de tentativa de femicidio: se lo investiga como autor intelectual del intento de asesinato a su expareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a la balacera estando embarazada.
Si no conversamos sobre el tema, serán los voceros de la reacción conservadora quienes lo hagan, saturando con su tono catastrófico, hablando de “invierno demográfico”, “colapso”, «fin de la humanidad». Apuntando al feminismo y las tecnologías.
Los dichos del presidente se desarman muy fácilmente poniendo hechos y datos en una línea del tiempo. La introducción de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo como explicación a la caída libre de los nacimientos es una falacia argumentativa. En Argentina, según las cifras del Ministerio de Salud de la Nación, la natalidad empieza su derrumbe a partir de 2014. El aborto es legal recién seis años después, en 2020. Es cierto: la cantidad de nacimientos cayó un 35% en la última década. Pero el 90% de esa caída se produjo antes de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, si miramos el mundo, hay países en los que el aborto está prohibido o altamente restringido y la tasa de natalidad también baja: como Polonia, El Salvador o Nicaragua.
Más datos: también está en retracción, al menos en nuestro país, la cantidad de personas que buscan adoptar. En 2018 había 4.580 solicitantes para adopción. En algunos casos, se trataba de una familia monoparental (una sola mamá o un solo papá), y en la mayoría eran dos los solicitantes que, juntos, presentaban su legajo ante la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la República Argentina (DNRUA). Para fines de 2023 esas inscripciones habían caído a menos de la mitad, según estadísticas de ese organismo oficial. Se registraron 1.732 familias solicitantes, lo cual se traduce en una caída del 62% en un período de 5 años.
La caída del embarazo adolescente explica una gran parte del descenso. Hay menos maternidades forzadas. A nivel nacional las políticas públicas que pusieron el foco en la información, el acceso a los anticonceptivos y la prevención de los embarazos no intencionales, como el Plan nacional de Erradicación del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, ENIA, en el que confluían los esfuerzos de salud y educación logró la reducción a la mitad de los embarazos adolescentes. Implementado por el gobierno de Mauricio Macri, continuó con la gestión de Alberto Fernández pero fue desmantelado cuando Javier Milei asumió la presidencia. Desde 2018, se registra el mayor descenso de la tasa de fecundidad en la adolescencia de los últimos 46 años. De acuerdo al último censo, el porcentaje de madres adolescentes -entre 15 y 19 años- tuvo una reducción muy pronunciada respecto de los resultados del censo anterior: pasó de 13,1% en 2010 a 6,4%. Esto es más jóvenes, tanto mujeres como varones, que pueden continuar con sus estudios y definir trayectorias laborales con mayor autonomía.
La encuesta de UNFPA y Voices! llega a la conclusión que el deseo de tener hijos e hijas sigue vigente en la sociedad argentina, pero se enfrenta a una brecha entre aquello que se anhela y lo que efectivamente puede concretarse. El costo de crianza, la falta de ingresos estables y el acceso a la vivienda explican el 62% de las personas encuestadas que dijeron tener menos hijos e hijas de los deseados. Entonces no son los pañuelitos verdes.
La Canasta de Crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, elaborada mensualmente por la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), es el parámetro oficial para dimensionar el costo integral de manutención y cuidado de la población de hasta 12 años inclusive. Para el período de julio de 2026, los valores oficiales de la canasta oscilaron entre los $545.683 y los $697.268 mensuales por hijo, situando el mayor nivel de gasto en el tramo de niñas y niños escolarizados de 6 a 12 años.
Las organizaciones feministas llaman a un Acuerdo Nacional por los Cuidados. Puede sonar utópico, pero es un modo de proyectar el futuro.
Hace algunas semanas la organización internacional Political Network for Values -Red Política por los Valores (PNFV) hizo distintas actividades en la Facultad de Derecho y en la legislatura con participación funcionarios nacionales y del gobierno porteño. Se trata del lobby para rechazar la Educación Sexual Integral y el aborto legal. A esto se suma la adhesión de la Argentina al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, otra alianza internacional provida impulsada desde 2020 que niega el derecho a interrumpir un embarazo.
Mientras el ecosistema de la ultraderecha sigue siendo el ataque a consensos, acuerdos y conquistas, las organizaciones feministas por estos días hacen un llamamiento a un acuerdo nacional por los cuidados. Puede sonar demasiado utópico en este contexto. Pero más allá de las fantasías de la ciencia ficción capitalista de los tecnomillonarios, realmente el único movimiento político que está proyectando el futuro es el feminismo. Hablar de cuidados hoy es hablar de cómo queremos vivir en los próximos años: criar y acompañar los bebés que ya existen, junto con el acelerado envejecimiento poblacional. Es hablar de tiempo libre, trabajo, salud y vida en comunidad.
Para sostener la vida hoy cada vez más familias deben resolver con su tiempo, trabajo y esfuerzo necesidades que deberían formar parte de un sistema de protección social. Se destruyeron 48 de 50 políticas de cuidado en la era Milei. Aparecen rebusques que hasta monetizan el tiempo de cuidados como las cajeras online. Cuidar es más que nunca una responsabilidad privada en condiciones aún más frágiles, cuando debería ser una prioridad pública.
La baja de la tasa de natalidad tiene que ser una oportunidad para abrir múltiples conversaciones como esta desde un enfoque sensible y empático, especialmente con aquellas personas que quieren procrear pero no encuentran con quién, pero también con otras múltiples crisis que atraviesa la humanidad hoy, ambiental, desde las guerras en curso, la crisis educativa o la crisis de la soledad, que ya es considerada una epidemia silenciosa, la crisis de la presencialidad y la crisis del emparejamiento.
Queremos que sueñen los argentinos y argentinas con hijos humanos y que puedan verlos nacer antes de que la reproducción con seres digitales sea una realidad.
La entrada ¿Sueña Milei con hijos humanos? se publicó primero en Revista Anfibia.
La reforma impulsada por el Gobierno nacional presenta al practicaje como un servicio costoso que debe abrirse a la competencia. Sin embargo, detrás de esa definición existe una profesión altamente especializada, indispensable para el funcionamiento de los puertos de todo el mundo y cuya desregulación genera preocupación entre especialistas en navegación. Cómo opera realmente el sistema, por qué ningún capitán puede reemplazar fácilmente a un práctico y qué riesgos plantea el Decreto 690/2026 para el principal complejo exportador argentino.
Por Tomás Palazzo para NLI
Durante los últimos días, millones de argentinos escucharon por primera vez hablar de los prácticos de puerto. El conflicto desatado tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, derivó en una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de buques en buena parte del sistema portuario nacional. Sin embargo, la cobertura mediática se concentró casi exclusivamente en el enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales del sector, dejando de lado una pregunta mucho más importante: ¿qué hace realmente un práctico y por qué prácticamente todos los países marítimos del mundo consideran indispensable su trabajo? La respuesta permite comprender que la discusión excede ampliamente una cuestión gremial o tarifaria y se introduce en un terreno mucho más sensible: la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el funcionamiento del comercio exterior de un país cuya economía depende, en gran medida, de las exportaciones que salen por la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La lógica con la que el Gobierno abordó esta reforma no es nueva. Desde su llegada al poder, Milei y Sturzenegger vienen impulsando una profunda desregulación de múltiples actividades bajo una misma premisa: cuando existen pocos oferentes, la competencia es insuficiente y los precios son elevados, el Estado debe eliminar restricciones para permitir el ingreso de nuevos actores. Esa mirada puede resultar razonable cuando se trata de mercados comerciales tradicionales. Sin embargo, comienza a mostrar importantes limitaciones cuando se traslada mecánicamente a actividades cuya principal función no es competir por precio sino minimizar riesgos que pueden generar consecuencias económicas, humanas y ambientales de enorme magnitud. El practicaje pertenece precisamente a esa categoría.
Para comprender la dimensión del problema conviene imaginar el recorrido que realiza un buque cerealero que parte desde China o Europa con destino al complejo agroexportador del Gran Rosario. Luego de atravesar océanos durante varias semanas, la embarcación arriba al Río de la Plata y debe internarse en uno de los sistemas fluviales más complejos del planeta. A diferencia de lo que ocurre en alta mar, donde los grandes buques disponen de enormes márgenes para maniobrar, los canales navegables argentinos presentan profundidades limitadas, curvas pronunciadas, bancos de arena que cambian constantemente, fuertes corrientes, variaciones provocadas por crecientes o bajantes extraordinarias y un intenso tráfico de otras embarcaciones comerciales. Navegar por ese corredor exige un conocimiento extremadamente específico que ningún capitán extranjero puede adquirir durante un viaje ocasional.
Es justamente allí donde aparece la figura del práctico. Contrariamente a la imagen simplificada que suele difundirse, no se trata de un acompañante ni de un asesor administrativo. El práctico es un capitán de ultramar especialmente habilitado para conducir técnicamente la navegación dentro de una jurisdicción determinada, aportando un conocimiento local que no figura en ninguna carta náutica ni puede ser reemplazado por la tecnología satelital. Su trabajo comienza incluso antes de subir al barco. Debe analizar el estado del río, la profundidad disponible, el tránsito existente, las condiciones meteorológicas, el comportamiento de los remolcadores y la situación operativa del puerto de destino. Una vez a bordo, coordina cada maniobra junto al capitán, indicando velocidades, puntos de giro, utilización de remolcadores, cruces con otros buques y márgenes de seguridad para evitar encallamientos o colisiones.
En términos jurídicos, el capitán nunca deja de ser la máxima autoridad del barco. Sin embargo, en la práctica sigue las indicaciones del práctico porque sabe que ese profesional posee un conocimiento imposible de improvisar. La experiencia internacional demuestra que un capitán puede haber navegado durante treinta años por todos los océanos del mundo y, aun así, desconocer completamente las particularidades de un canal determinado. Los ríos cambian permanentemente. Una creciente puede modificar un banco de arena en cuestión de días; una bajante histórica puede alterar profundidades que durante años fueron seguras; una obra de dragado puede generar nuevas condiciones de navegación. Ese conocimiento dinámico sólo puede obtenerse mediante años de trabajo cotidiano en una misma zona.
Esta característica explica también por qué el acceso a la profesión está tan regulado en todo el mundo. Para convertirse en práctico no alcanza con obtener un título universitario ni con aprobar un examen teórico. El aspirante debe haber desarrollado previamente una extensa carrera como oficial y capitán de buques de gran porte, acreditar miles de horas efectivas de navegación, superar exigentes evaluaciones técnicas y realizar un prolongado período de entrenamiento específico sobre la jurisdicción donde pretende trabajar. Cada habilitación corresponde exclusivamente a una zona determinada. Un práctico autorizado para operar en Bahía Blanca no puede trasladarse automáticamente a Rosario. Del mismo modo, quien conoce cada recodo del Paraná no necesariamente está capacitado para ingresar a Ushuaia o al puerto de Buenos Aires. La profesión se construye sobre el conocimiento local acumulado durante años y no sobre una licencia genérica para navegar.
Este aspecto suele ser omitido cuando se habla de «abrir el mercado». La discusión no gira alrededor de una matrícula que el Estado entrega arbitrariamente a un grupo reducido de personas. Lo que limita naturalmente el número de prácticos es la enorme cantidad de años de formación necesarios para alcanzar el nivel de experiencia requerido. No existe una universidad que gradúe prácticos en cuatro o cinco años. La profesión constituye el último escalón de una carrera marítima extremadamente extensa, donde la experiencia vale tanto como el conocimiento académico.
La propia historia de la navegación ayuda a comprender por qué esta función sobrevivió prácticamente intacta durante siglos. Desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano existían navegantes especializados en conducir embarcaciones hacia puertos peligrosos o atravesar estrechos particularmente complejos. Con el desarrollo del comercio internacional, esa práctica fue institucionalizándose hasta transformarse en una profesión reconocida por todos los Estados marítimos modernos. Hoy, la Organización Marítima Internacional considera al practicaje uno de los componentes esenciales de la seguridad de la navegación, aunque deja la regulación concreta en manos de cada país. Lejos de desaparecer por efecto de la tecnología, el practicaje ganó importancia a medida que crecieron las dimensiones de los buques y aumentó el volumen del comercio mundial.
Por esa razón resulta llamativo que la discusión pública argentina haya sido presentada como si el practicaje constituyera una rareza corporativa propia del país. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Estados Unidos mantiene uno de los sistemas de practicaje más estrictamente regulados del planeta, administrado por cada Estado bajo supervisión de la Guardia Costera. Canadá organiza el servicio mediante corporaciones públicas regionales. Reino Unido delega la administración en autoridades portuarias especialmente habilitadas. Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica, Japón, Singapur, Corea del Sur, Australia, Brasil y Uruguay también exigen la presencia obligatoria de prácticos locales para la mayoría de los grandes buques que ingresan a sus puertos. Cambian los modelos administrativos, los mecanismos de contratación y las formas de fijar honorarios, pero prácticamente ningún país desarrollado considera que la navegación en zonas críticas pueda quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado.
El Decreto 690/2026 modifica profundamente ese esquema en la Argentina. Bajo el argumento de reducir costos logísticos y fomentar la competencia, elimina diversas restricciones para el acceso a la actividad, habilita un registro abierto, modifica el sistema tarifario, permite nuevas modalidades de contratación y flexibiliza determinados supuestos en los que algunos capitanes podrían quedar exceptuados de contratar un práctico. Para el Gobierno, estas medidas terminarán con un sistema que considera cerrado y excesivamente costoso para el comercio exterior. Desde la perspectiva oficial, el practicaje constituye un servicio económico que debe funcionar bajo las mismas reglas de competencia que cualquier otro mercado.
Sin embargo, allí aparece el núcleo de la controversia. Quienes cuestionan la reforma sostienen que el análisis de Sturzenegger parte de una premisa equivocada: considerar al practicaje exclusivamente como un costo logístico. En realidad, afirman, se trata de un sistema de gestión del riesgo. El honorario que percibe un práctico representa una fracción mínima del valor transportado por un buque cerealero o petrolero. En cambio, el costo potencial de un accidente puede ascender a cientos de millones de dólares si un barco bloquea un canal estratégico, produce un derrame de hidrocarburos o interrumpe durante semanas el funcionamiento de la principal vía exportadora del país. La ecuación económica, sostienen los especialistas, no debería medirse únicamente por el precio del servicio sino por el enorme volumen de pérdidas que contribuye a evitar.
La discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el peso que la Hidrovía tiene sobre la economía argentina. Por ese corredor sale la inmensa mayoría de las exportaciones agroindustriales, principal fuente de ingreso de divisas para el país. Cada demora en la operatoria portuaria repercute sobre contratos internacionales, cronogramas logísticos, costos de flete y disponibilidad de dólares. En otras palabras, el funcionamiento del practicaje no sólo interesa a quienes trabajan en los puertos; constituye una pieza esencial de un sistema del que depende buena parte de la estabilidad económica nacional.
Quizás el aspecto más preocupante del debate sea que la discusión pública terminó reducida a una confrontación entre el Gobierno y un supuesto «privilegio corporativo», sin que prácticamente nadie explicara cuál es la función concreta que cumplen estos profesionales. Cuando una actividad permanece invisible durante décadas suele ser porque funciona correctamente. Recién adquiere notoriedad cuando deja de hacerlo. Eso ocurrió con los prácticos. Millones de argentinos descubrieron su existencia únicamente cuando los puertos comenzaron a paralizarse. Pero la verdadera importancia de esta profesión no reside en la medida de fuerza sino en el hecho de que, durante décadas, permitió que miles de buques ingresaran y salieran de los puertos argentinos sin que la mayoría de la sociedad siquiera advirtiera su presencia.
La reforma impulsada por Federico Sturzenegger plantea, en definitiva, una discusión que excede largamente el practicaje. Lo que está en juego es si todas las actividades pueden analizarse exclusivamente desde la óptica de la competencia y la reducción de costos o si existen funciones estratégicas donde la prioridad debe seguir siendo la seguridad, la experiencia profesional y la protección de intereses nacionales permanentes. La respuesta no sólo definirá el futuro de una profesión centenaria. También permitirá saber hasta dónde puede llegar una política de desregulación cuando se aplica sobre uno de los engranajes más delicados del comercio exterior argentino.
En esta segunda edición de los Premios Deportivos Digitales eTapas 2022, al igual que en la primera lxs finalistas son 8 deportistas. Las disciplinas representadas en esta final son: arquería, karate, fútbol, basquet, hockey, kick boxing, volley y mountain bike. Fueron más de 7.500 votos los que se realizaron en la primera instancia del certamen. …
En el marco del programa ‘La UNS en la región’, la Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina Celia Riffo se reunió con la referente de la Universidad Mara Rojas para coordinar el trabajo en conjunto con el fin de llevar a cabo el acompañamiento por tutorías a los alumnos que por…
