PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina recuerda que durante este sábado 5 y domingo 6 de junio regirá en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 334 del Presidente Alberto Fernández.
De acuerdo a lo establecido en el mismo, la circulación estará permitida entre las 6 y las 18 horas.
La motivación de la sociedad humana es económica en su fundamento último S.Freud Los principales medios de comunicación del mundo publicaron (¿Fake News Global?) la noticia de la detención de una supuesta red de espionaje americana, con la consecuente pena capital para algunos de los 17 aparentemente capturados, luego de un comunicado del gobierno iraní….
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La Municipalidad de Villa Regina recuerda que se encuentra en plena vigencia en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334 del Presidente Alberto Fernández. Asimismo se recalca que ni el Gobierno Provincial y el Estado Municipal en este caso tienen la facultad de flexibilizar ningún punto de su articulado. Difunde esta…
Aumentos en la tarifa de luz desataron un estallido vecinal en el Partido de La Costa, donde los usuarios denuncian incrementos de hasta un 700%, con boletas que definen como «impagables» y que trepan en algunos casos al millón y medio.
De forma espontánea, los afectados -sobre todo de zona centro y norte del distrito- se dirigieron a las oficinas de la empresa local para exigir explicaciones por los aumentos que, en algunos casos, superan sus ingresos mensuales.
Una jubilada reveló que, de una boleta de 100 mil pesos pasó a una de 750 mil. Otro caso denunció que el mes pasado pagó 160 mil pesos de luz y, ahora, recibió una boleta por un millón y medio.
«Nos morimos de frío, estamos en la Costa, no podemos prender la estufa», exclamó una vecina a FM La Marea durante el reclamo realizado en la sede Santa Teresita de la empresa local.
El tarifazo de luz desató un estallido vecinal en La Costa: «Nos morimos de frío»
«Queremos soluciones, estamos cansados que nos roben a los pobres, a los jubilados», acusaron los manifestantes. En la protesta de este martes, se registraron episodios de tensión con el personal de seguridad de la empresa y los vecinos acusaron empujones
Queremos soluciones, estamos cansados que nos roben a los pobres, a los jubilados. Nos morimos de frío, estamos en la Costa, no podemos prender la estufa.
En las últimas horas, autoridades de la empresa propusieron suspender por 15 días los cortes de suministro por falta de pago y analizar los casos de aquellos usuarios a los que ya se les había interrumpido el servicio.
Pero la propuesta no logró calmar el malestar vecinal, que prevé avanzar con un corte en la ruta interbalnearia 11 a la altura de la intersección con la avenida 79, el acceso principal a Mar del Tuyú.
El intendente Juan de Jesús.
También, se analiza marchar desde ahí hasta el palacio municipal, con el objetivo de reclamarle a la gestión municipal de Juan de Jesús que intervenga en el conflicto.
Por lo pronto, fuentes del Concejo Deliberante de La Costa adelantaron a LPO que en la sesión de este miércoles el bloque radical que comanda Daniel López tiene previsto presentar pedidos de informes por el tema.
En la empresa explicaron que los cambios en el cuadro tarifario fueron autorizados por el Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (Oceba) que regula a las distribuidoras y advirtieron que varios usuarios no estaban inscriptos en los subsidios.
La preocupación de los vecinos es aún mayor considerando que está en ciernes el debate en el Congreso por Zonas Frías, beneficio en la tarifa de gas que el gobierno de Javier Milei quiere recortar, algo que impactaría a casos como en del Partido de La Costa.
En una carta abierta difundida este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos constituye la verdadera pena que enfrenta y advirtió que el fallo judicial que la condenó tiene consecuencias que exceden su situación personal. La exmandataria volvió a plantear que existe una disputa política detrás de su condena y llevó el conflicto al terreno de los derechos democráticos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar en el centro de la discusión política el concepto de proscripción política. En una carta abierta publicada este miércoles, la expresidenta sostuvo que la consecuencia más profunda de la condena judicial en su contra no es la restricción de su libertad ambulatoria, sino la imposibilidad permanente de competir electoralmente y ejercer cargos públicos, una sanción que definió como una “pena principal” y que, según su planteo, afecta el derecho colectivo de millones de ciudadanos a elegir a sus representantes.
El planteo de Cristina se inscribe en una discusión que atraviesa a la política argentina desde la confirmación de la condena en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme la sentencia que estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una resolución que desde el peronismo fue interpretada como un mecanismo de exclusión política contra la principal dirigente opositora al gobierno de Javier Milei.
En su escrito, la exmandataria apuntó al funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que una democracia no puede reducirse únicamente al acto electoral, sino que requiere instituciones capaces de garantizar la participación política y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica apunta así a una cuestión más amplia: qué ocurre cuando una decisión judicial tiene efectos directos sobre la competencia política y sobre la representación de un sector social determinado.
El conflicto judicial alrededor de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa política argentina. Para sus seguidores, la condena representa una forma moderna de persecución política mediante herramientas judiciales; para sus críticos, se trata de una consecuencia institucional derivada de una causa penal por corrupción que atravesó todas las instancias judiciales.
La causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, terminó con una condena que no sólo afectó a la expresidenta sino que modificó el escenario político nacional al impedirle presentarse a elecciones. La inhabilitación perpetua se convirtió así en el punto central del debate, incluso por encima de la pena económica o de la modalidad de cumplimiento de la condena.
Desde el kirchnerismo sostienen que la exclusión electoral de Cristina tiene un impacto institucional porque se trata de una dirigente que conserva un peso político significativo dentro del peronismo y que, aun fuera de un cargo formal, continúa funcionando como una referencia para una parte importante del electorado. La discusión ya no pasa solamente por la culpabilidad o inocencia en una causa judicial, sino por los límites entre la Justicia penal y la competencia democrática.
La carta también volvió a colocar la mirada sobre los organismos internacionales de derechos humanos. Cristina Fernández de Kirchner sostiene que su situación debe ser analizada bajo el marco de las garantías previstas en tratados internacionales, argumentando que el derecho a elegir y ser elegido forma parte de los derechos políticos fundamentales.
La estrategia jurídica y política de la exmandataria apunta a transformar la discusión desde una cuestión estrictamente penal hacia un debate sobre la calidad democrática. La tesis que plantea es que una condena judicial puede tener consecuencias que exceden a la persona involucrada cuando implica impedir que una dirigente pueda competir por el voto popular.
Desde sectores opositores al kirchnerismo rechazan esa interpretación y sostienen que no existe una proscripción sino una consecuencia legal derivada de una sentencia firme. Allí se encuentra uno de los grandes puntos de tensión del debate argentino actual: si una condena judicial que impide ejercer cargos públicos debe ser considerada una aplicación legítima de la ley o si, por sus efectos políticos, constituye una limitación excepcional al principio democrático de representación.
Más allá del expediente judicial, la situación de Cristina Kirchner impacta directamente sobre la reorganización del peronismo. La imposibilidad de competir electoralmente modificó los equilibrios internos del espacio y abrió una discusión sobre liderazgo, renovación y estrategia frente al gobierno de Javier Milei.
La exmandataria busca mantener vigente la idea de que su exclusión no es solamente un problema individual, sino una disputa por el rumbo político del país. En esa lectura, la condena judicial forma parte de una batalla más amplia por definir quiénes pueden participar plenamente del sistema democrático.
La discusión sobre Cristina Kirchner, entonces, continúa ubicada en una zona donde se cruzan justicia, política y democracia. Mientras sus adversarios sostienen que las instituciones actuaron dentro de sus atribuciones, sus seguidores denuncian que una decisión judicial terminó produciendo un efecto político irreversible: sacar de la competencia electoral a una dirigente que, durante dos décadas, ocupó un lugar central en la vida pública argentina.
Uruguay toma distancia de la interna entre Lula y Milei. El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, dijo en una conferencia de prensa sobre la visita del Papa León XIV al país que la tensión entre los dos principales países del Mercosur «no ayuda a nadie».
«No solamente no ayuda a los brasileros y los argentinos; no ayuda a los uruguayos, no ayuda a los paraguayos. Un Mercosur tensionado es malo para todos, es una mala noticia para todos», expresó.
Lubetkin abogó por que «se puedan bajar las tensiones rápidamente» y señaló que en los próximos meses, con Uruguay en la presidencia pro tempore, el Mercosur tiene «un montón de temas importantísimos para con la Unión Europea, en la negociación con India, en la negociación con Canadá, en la negociación con Emiratos Árabes Unidos para hacer cosas concretas».
Quirno confirmó que el gobierno de Lula echó al embajador argentino
En ese sentido, subrayó que, «si hay un escenario de choque entre los dos grandes, por las razones que sean y que sabemos cuáles son, es una mala noticia».
No solamente no ayuda a los brasileros y los argentinos; no ayuda a los uruguayos, no ayuda a los paraguayos. Un Mercosur tensionado es malo para todos, es una mala noticia para todos
El canciller argentino Pablo Quirno confirmó que el gobierno de Lula da Silva echó al embajador argentino en Brasil como parte de la decisión de reducir la relación diplomática a nivel de encargado de negocios, el mínimo posible.
La invitación a irse de Brasil del embajador argentino, Daniel Raimondi, se daba por descontada con el anuncio del martes, pero a nivel diplomático se requiere el retiro de las credenciales o la declaración como persona no grata para expulsar a un diplomático de alto nivel. Evidentemente el gobierno de Lula no quiso escalar a ese punto y le recomendó a Raimondi que vuelva a Buenos Aires.
Si hay un escenario de choque entre los dos grandes, por las razones que sean y que sabemos cuáles son, es una mala noticia
«La Cancillería brasileña llamó a nuestro embajador, determinó que la relación es a nivel de encargado de negocios y pidió que nuestro embajador se retire de Brasil. Es una decisión unilateral que lamentamos», dijo Quirno.
Lula decidió retirar al embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli y rebajar la relación diplomática con Argentina al de encargado de negocios, el mínimo posible. Un paso histórico y lamentable en la relación de los dos países más grandes de Sudamérica.
Los insultos de Milei a Lula en el acto de Flavio Bolsonaro a fue cuestionado por el Frente Amplio del presidente Yamandú Orsi, que manifestó su solidaridad con Lula.
