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Durante sábado y domingo, rige el DNU 334

La Municipalidad de Villa Regina recuerda que durante este sábado 5 y domingo 6 de junio regirá en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 334 del Presidente Alberto Fernández.

De acuerdo a lo establecido en el mismo, la circulación estará permitida entre las 6 y las 18 horas.

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  • En Azul, el intendente de La Cámpora zafó de la interpelación gracias a la ayuda de un concejal libertario

     

    Un voto de la Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Azul fue clave para que el intendente de La Cámpora, Nélson Sombra, evite la interpelación. Fue el concejal libertario Saúl Lucero quien sorprendió a todos votando en contra de la interpelación y ayudando al jefe municipal.

    Lo curioso es que el proyecto de decreto había sido prestado por el bloque de La Libertad Avanza. No es la primera vez que Lucero se desmarca de su bloque. En sesiones anteriores ya había existido diferencias dentro de la bancada libertaria.

    Durante el debate, el oficialismo consiguió -con la ayuda de Lucero- una modificación en el proyecto original reemplazándolo por una Comunicación mediante el cual se solicita al intendente que remita información completa, precisa y detallada sobre los actos administrativos cuestionados.

    El conflicto giraba alrededor de la administración de una propiedad rural ubicada en Cacharí que fue cedida al municipio para su explotación. Según quedó registrado en la sesión, los fondos que surjan de ese arrendamiento deben ser destinados al hospital de Cacharí.

    Nélson Sombra.

    El bloque libertario sostiene que los productores agropecuarios que arriendan esos campos mantienen con el municipio un deuda que super los 100 millones de pesos. Además, agregan que faltaron controles por parte del gobierno municipal.

    Tras la sesión, los concejales libertarios publicaron un comunicado en el cargaron contra su propio compañero de bloque y también contra el radical Agustín Puyou, quien también ayudó al intendente.

    «La política y sus acuerdos terminaron modificando el rumbo de una iniciativa que buscaba fortalecer la transparencia», señalaron. «Lejos de desalentarnos, esto reafirma nuestra compromiso, vamos a seguir trabajando con la misma firmeza para defender el patrimonio de los vecinos, exigir transparencia y promover los cambios que Azul necesita», concluyeron desde la bancada. Sin embargo, al día de hoy Lucero sigue formando parte del bloque libertario.

     

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  • Orazi encabezó reunión con su Gabinete

    El Intendente Marcelo Orazi encabezó esta mañana una reunión de gabinete en la que participaron sus cinco secretarios: Guillermo Carricavur de Gobierno, Ariel Oliveros de Coordinación, Luisa Ibarra de Desarrollo Social, Francisco Lucero de Obras y Servicios y Mirta Sánchez de Economía y Finanzas. En el encuentro se analizaron las distintas gestiones desarrolladas durante la…

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  • Kicillof impulsa en la Legislatura un proyecto para que los intendentes puedan reelegir

     

    Axel Kicillof decidió avanzar en la Legislatura bonaerense con un proyecto que elimina el límite que hoy tienen los intendentes para volver a ser reelectos. Desde Casa de Gobierno sostiene volverán a poner en discusión una iniciativa presentada el año pasado por una senadora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

    Tanto Verónica Magario, como los senadores de Kicillof en la Legislatura volverán a insistir con un proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán en 2025 en medio de las tensiones con el kirchnerismo por la estrategia electoral de las pasadas elecciones legislativas.

    Fuentes del axelismo aseguran que no se trata de un proyecto cerrado y que la idea es aceptar todos los aportes que sean necesario. La movida busca instalar la necesidad de poner el tema en discusión y el axelismo tomó la posta de cara a los pedidos de los intendentes. «El problema es tal como está la ley supone un problema para la política y puede generar un caos en el próximo cierre de listas, incluso para los radicales», dicen fuentes del MDF.

    Los intendentes arman una Liga y quieren poner el candidato a gobernador

    En los días que siguen, el peronismo deberá ordenarse frente este tema. Se sabe que el Frente Renovador se niega a votar un proyecto que elimine la ley que promovieron hace 10 años. En tanto, el kirchnerismo también muestra resistencia en función de la interna con el axelismo. Un senador cercano a Cristina Kirchner rechazó de manera tajante que ese sector acompañe el proyecto de Durán.

    La necesidad de voltear la ley que impide a unos 80 intendentes de la provincia pelear por un nuevo mandato se instaló en las últimas semanas. LPO adelantó que un sector del peronismo busca que sean cada uno de los Concejos Deliberantes quienes habiliten a los intendentes a reelegir.

    Para eso estudian la posibilidad de enviar a la Legislatura un proyecto de ley que traslade a los concejales esa responsabilidad. Sacan a flote el artículo 123 de la Constitución Nacional que exige a todas las provincias asegurar el régimen municipal y garantizar su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.

    El peronismo propone una ley para que los Concejos Deliberantes habiliten las reelecciones de los intendentes

    El principal problema de esa iniciativa es la polarización que existe en los concejos del interior de la provincia donde La Libertad Avanza llega, en muchos casos, casi la mitad de los concejales.

    Una semana después de que trascendiera esa iniciativa, Kicillof volvió a reinstalar el tema en una recorrida por el interior de la provincia. «Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos», dijo y agregó que es la Legislatura quien debe avanzar con el tema.

    Esta semana el tema se tocó en la reunión que el gobernador mantuvo con la flamante Liga de Intendentes Peronistas, que llegaron hasta La Plata para presentar su armado formalmente a Kicillof. LPO reconstruyó que esa reunión duró unas tres horas y se tocaron temas políticos, uno de ellos fue la necesidad de reinstaurar las reelecciones indefinidas.

     

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    Hace 80 años comenzaba el Juicio de Núremberg: cuando el mundo decidió que los crímenes de Estado no podían quedar impunes

     

    El 30 de julio de 1946 concluyó la etapa de alegatos del histórico Juicio de Núremberg, el proceso judicial que sentó en el banquillo a los principales dirigentes del régimen nazi tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquellas audiencias marcaron un antes y un después en el derecho internacional al establecer que los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad podían ser juzgados más allá de las fronteras de sus países. Ocho décadas después, sus principios siguen siendo una referencia para los juicios por terrorismo de Estado, incluidos los desarrollados en Argentina tras la recuperación democrática.

    Por Redacción de NLI

    La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de destrucción pocas veces visto en la historia de la humanidad. Millones de muertos, ciudades arrasadas y el horror del Holocausto plantearon una pregunta inédita para la comunidad internacional: ¿qué hacer con quienes habían organizado desde el Estado un sistema de persecución, exterminio y guerra que no tenía precedentes?

    Hasta entonces, las guerras solían terminar con tratados diplomáticos o con la derrota militar de uno de los bandos. Sin embargo, tras la caída del Tercer Reich, las potencias aliadas decidieron avanzar por un camino diferente. En lugar de limitarse a sanciones políticas, promovieron un proceso judicial para juzgar a los máximos responsables del nazismo por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

    El Juicio de Núremberg, desarrollado entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, no estuvo exento de controversias jurídicas, pero estableció un principio que transformaría para siempre el derecho internacional: ningún funcionario, militar o gobernante podía escudarse en el cargo que ocupaba o en la obediencia debida para justificar violaciones masivas a los derechos humanos.

    Un proceso que cambió la historia del derecho

    En el banquillo se sentaron algunos de los principales dirigentes políticos, militares y económicos del régimen nazi. Durante meses, fiscales de distintos países presentaron documentos, registros oficiales, fotografías y testimonios que demostraban el funcionamiento de los campos de concentración, las deportaciones masivas y el plan sistemático de exterminio impulsado por el Estado alemán.

    Las imágenes exhibidas durante las audiencias impactaron profundamente a una opinión pública que comenzaba a conocer la magnitud del Holocausto. Por primera vez, el mundo observaba cómo un tribunal analizaba no solamente responsabilidades individuales, sino también el funcionamiento de una maquinaria estatal dedicada a la persecución y al asesinato.

    El proceso concluyó con condenas a muerte, penas de prisión y algunas absoluciones, pero su consecuencia más importante fue jurídica: los principios establecidos en Núremberg se convertirían en la base del moderno derecho internacional de los derechos humanos.

    Argentina y el legado de Núremberg

    Aunque ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, los principios de Núremberg tuvieron una enorme influencia en la historia argentina.

    Tras el retorno de la democracia en 1983, el país llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas, una experiencia que fue observada en todo el mundo por tratarse de uno de los primeros procesos donde un tribunal civil juzgó a los responsables de una dictadura militar.

    Con el tiempo, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitió reabrir cientos de causas por delitos de lesa humanidad, consolidando una política de memoria, verdad y justicia que convirtió a la Argentina en una referencia internacional.

    Muchos de esos procesos retomaron conceptos nacidos en Núremberg: la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad individual de quienes integran estructuras estatales represivas y la imposibilidad de justificar esos delitos alegando el cumplimiento de órdenes superiores.

    La memoria como política democrática

    Los juicios por delitos de lesa humanidad no tienen únicamente una función punitiva. También cumplen un papel central en la reconstrucción de la memoria colectiva.

    Las audiencias permiten documentar hechos, preservar testimonios y ofrecer a las víctimas un espacio institucional donde sus historias sean reconocidas por el Estado. Esa dimensión resulta especialmente importante en sociedades que atravesaron procesos de violencia política organizada.

    En Argentina, organismos de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo impulsaron durante décadas la búsqueda de justicia cuando todavía predominaban la impunidad y el silencio. Su trabajo fue decisivo para que el país pudiera reconstruir parte de la verdad sobre el terrorismo de Estado y juzgar a sus responsables.

    La experiencia argentina demostró que la democracia no se fortalece olvidando los crímenes del pasado, sino investigándolos y juzgándolos con todas las garantías del Estado de Derecho.

    Una enseñanza que sigue vigente

    Ocho décadas después, el legado de Núremberg continúa presente cada vez que un tribunal internacional o nacional investiga genocidios, crímenes de guerra o violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

    En un contexto internacional donde resurgen discursos autoritarios, expresiones negacionistas y reivindicaciones de regímenes represivos, recordar aquellos juicios adquiere una importancia renovada. La historia demuestra que cuando el Estado concentra un poder sin controles y convierte la persecución en política pública, las consecuencias pueden ser devastadoras.

    Para Argentina, donde la memoria sobre la última dictadura constituye uno de los pilares del consenso democrático construido desde 1983, el legado de Núremberg tiene un significado especial. Recordar aquellos juicios es también reafirmar que los crímenes cometidos desde el Estado no pueden naturalizarse, relativizarse ni quedar impunes, cualquiera sea el tiempo transcurrido o el poder que hayan ejercido sus responsables.

     

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