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De los dólares al banquillo: la Justicia cita a indagatoria a Espert
La causa por los 200 mil dólares transferidos por el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado sumó un nuevo capítulo y golpea de lleno a uno de los principales referentes del oficialismo. La Justicia federal avanzó con la citación a indagatoria de José Luis Espert, investigado por presunto lavado de activos tras recibir fondos cuyo origen es cuestionado por la fiscalía.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La situación judicial de José Luis Espert se complicó de manera significativa. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó formalmente su declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una estructura empresarial ligada a Federico “Fred” Machado, empresario que en Estados Unidos admitió delitos de fraude y lavado de dinero y que además estuvo investigado por narcotráfico.
La medida judicial representa un salto cualitativo en una causa que desde hace meses genera preocupación en el oficialismo. Según la investigación, los fondos recibidos por Espert habrían sido utilizados posteriormente para la adquisición de bienes de alto valor, entre ellos vehículos de lujo y participaciones inmobiliarias, movimientos patrimoniales que la fiscalía considera incompatibles con la explicación brindada por el dirigente libertario.
La fiscalía pone en duda la versión de Espert
El núcleo de la defensa de Espert se apoyó en la existencia de un supuesto contrato de consultoría para una empresa minera radicada en Guatemala. De acuerdo con esa versión, los 200 mil dólares habrían sido el adelanto de honorarios profesionales por tareas privadas realizadas para Machado.
Sin embargo, el fiscal Domínguez concluyó que la documentación presentada para justificar la transferencia presenta inconsistencias y sostuvo que el contrato utilizado como respaldo sería falso o, como mínimo, insuficiente para acreditar la legitimidad de la operación. La acusación sostiene que no existe evidencia económica consistente que respalde la prestación de los servicios declarados.
El expediente además investiga la participación de terceros vinculados a la operatoria financiera y alcanza a la firma Varianza S.A. y a un contador relacionado con los movimientos bajo análisis.
Un problema político para Milei
La causa judicial trasciende la situación personal de Espert porque afecta a una de las figuras más identificadas con Milei. El economista se transformó en uno de los principales voceros de las políticas de ajuste, desregulación y reducción del Estado impulsadas por el gobierno nacional.
La investigación también reaviva interrogantes sobre la relación entre sectores del oficialismo y empresarios que acumularon fortunas en actividades bajo sospecha. La denuncia original sostiene que Machado no sólo mantuvo vínculos económicos con Espert sino que también le brindó apoyo logístico en etapas anteriores de su carrera política.
El avance de la fiscalía ocurre además en un contexto especialmente delicado para el gobierno, golpeado por distintas controversias judiciales y por cuestionamientos sobre la transparencia de algunos de sus dirigentes más cercanos.
El dinero que nunca dejó de generar preguntas
La existencia de la transferencia dejó de ser materia de discusión hace tiempo. El propio Espert terminó reconociendo que recibió los 200 mil dólares. Lo que permanece bajo investigación es si esos fondos tuvieron un origen lícito y si fueron correctamente declarados ante los organismos correspondientes.
Para la fiscalía, las respuestas aportadas hasta el momento no alcanzan. Por eso solicitó la indagatoria y mantiene bajo observación el recorrido del dinero, las compras realizadas posteriormente y la documentación presentada para justificar la operación.
La citación a indagatoria no implica una condena, pero sí coloca a Espert en una situación procesal compleja. A partir de ahora deberá responder formalmente ante la Justicia sobre una transferencia que pasó de ser presentada como una simple consultoría privada a convertirse en uno de los expedientes más incómodos para el universo político de Milei.
Weretilneck mete más de 4000 empleados en la planta permanente de la provincia
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció el envió de un proyecto de ley para el pase a planta permanente de 4.200 empleados públicos, tras un acuerdo con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El último pase masivo a planta había sido en el 2021. En el 2023, Weretilneck denunciaba que era un gasto para el Estado cuando Aguiar había hecho un acuerdo con la ex gobernadora Arabela Carreras, que luego fue descartado por el actual mandatario.
La polémica es más grande porque en las últimas semanas se conoció que el bloque legislativo del partido oficialista Juntos Somos Río Negro tiene asesores VIP donde figuran ex ministros nacionales y provinciales.
Todo muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse.
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El anuncio de Weretilneck buscó mostrar una imagen de estabilidad en la administración provincial de cara a las próximas elecciones provinciales. La iniciativa será enviada a la Legislatura durante la primera semana de julio y, según el Ejecutivo, no implicará nuevas incorporaciones ni un incremento del gasto salarial.
La regularización alcanzará a trabajadores contratados hasta el 31 de diciembre de 2025 que continúen desempeñando tareas permanentes dentro del Estado. El Gobierno sostiene que se trata de un ordenamiento administrativo de personal que ya integra la estructura pública y que el proceso demandará entre seis y ocho meses para completar las evaluaciones de idoneidad, antecedentes y aptitud psicofísica previstas en el proyecto.
El anuncio llega bajo la sombra de investigaciones sobre contratos donde el oficialismo continúa enfrentando cuestionamientos derivados de investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la Legislatura provincial, donde existen filtraciones que plantean presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, encabezado por Facundo López, incluyendo la incorporación de familiares de funcionarios y dirigentes políticos, además de remuneraciones elevadas para algunos contratados.
Esas publicaciones también mencionaron casos de personas vinculadas al oficialismo que, según las investigaciones, integrarían la estructura legislativa sin que exista información pública detallada sobre las funciones que desempeñan. Entre los nombres citados aparecen dirigentes políticos, exfuncionarios y familiares de integrantes del Gobierno.
Hasta el momento, ni el Poder Ejecutivo ni la conducción de la Legislatura respondieron públicamente en detalle a esas publicaciones ni se pronunciaron sobre cada uno de los casos mencionados.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El contexto alimentó las críticas de la oposición, que reclama mayor transparencia en las designaciones y un acceso más amplio a la información sobre la estructura de personal del Poder Legislativo. Desde el oficialismo, en tanto, evitan profundizar la discusión y sostienen que el funcionamiento administrativo de la Legislatura se ajusta a las normas vigentes.
Entre los contratados VIP figuran el radical Daniel «Fino» Sartor, quien fue ministro provincial y también nacional en el gobierno de Fernando de la Rúa en la cartera de Desarrollo Social, donde tuvo que renunciar por irregularidades. También entre los contratados por el bloque oficialista figuran hijos de funcionarios, como
Vera Lastra hija de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
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También se encontraba hasta hace pocos meses Juan Accatino, ex ministro de Producción del gobierno radial de Miguel Saiz. Accatino, que figuraba como asesor de JSRN, hace unos días recibió un fuerte revés de la Corte Suprema que dejó firme una condena en su contra a 2 años y 6 meses en una causa por sobresueldos. También fueron condenados otros ex ministros como César Barbeito (Educación) -defendido por Mariano Cúneo Libarona- y Francisco González (Coordinación), que recibieron penas de 3 años y 6 meses.
El pase a planta también se anunció pocos días después de otro episodio que generó fuerte repercusión política. El gobierno de Weretilneck denunció un presunto hackeo y la filtración de documentación interna, entre ella información vinculada con legajos y recibos de sueldo de funcionarios provinciales. A partir de esa denuncia se inició una investigación judicial que derivó en procedimientos sobre equipos informáticos y abrió una nueva controversia pública.
El Ejecutivo sostuvo que la difusión de esa documentación formó parte de una maniobra destinada a instalar información sensible con fines políticos. La investigación continúa en la Justicia y el Gobierno insistió en que fue víctima de un acceso ilegítimo a sistemas oficiales, mientras distintos sectores opositores reclamaron precisiones sobre el alcance del caso y el manejo de la información pública.
En ese escenario, el anuncio del pase a planta permanente también puede leerse como un intento del oficialismo de recuperar la iniciativa política. Con el respaldo de ATE, un proyecto de fuerte impacto sobre el empleo público y una agenda orientada a la gestión, Weretilneck busca volver a colocar el foco sobre la administración provincial mientras procura dejar atrás una sucesión de controversias que, durante las últimas semanas, condicionaron el debate político en Río Negro.
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