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La trama detrás de la caída de una red narco que transportaba 500 kilos de cocaína por la Hidrovía
Todo había empezado como en una película floja: un grupo de guardavidas en una playa de Monte Hermoso que estaba entrenando en enero de este año encuentra un bolso en la orilla del mar y al abrirlo advierten varios ladrillos de cocaína. Eso desata una investigación fiscal que termina este lunes, 700 kilómetros más arriba, con cinco detenidos en la zona de San Nicolás por intentar sacar desde el río Paraná 500 kilos de cocaína en buques que transitan por la Hidrovía.
Es una situación que tiene una habitualidad notoria, que implica cargamentos de cocaína con destino de exportación, y que cada tanto se registran con situaciones en la que son detectados. En esta ocasión hubo una pesquisa de meses que desembocó este lunes con una vigilancia encubierta realizada por Prefectura Naval en Ramallo que siguió a una lancha con tres tripulantes en cercanías del club Somisa. El seguimiento dejó ver que a la lancha subían varios bultos de una camioneta y que después seguía viaje hasta San Nicolás, hasta acercarse a un buque amarrado en el Puerto. Cuando izaban los bultos al buque los encargados de la tarea fueron detenidos.
Esta es una práctica tan rutinaria que la Prefectura Bajo Paraná dispuso vigilancias en la zona portuaria de Rosario hasta San Lorenzo, en Santa Fe, ya que la mayor cantidad de casos detectados se dan en esta zona. Los fiscales federales de la de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) le hicieron saber a Prefectura Naval que la organización bajo seguimiento «podía operar entre las ciudades de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria» donde posiblemente contaminarían buques en navegación.
https://www.lapoliticaonline.com/santa-fe/la-justicia-cree-quelos-470-kilos-de-cocainadetectados-al-azar-en-el-puerto-de-vicentin-son-un-indicio-de-trafico-habitual/
El bolso encontrado el 26 de enero en Pehuén Co tenía 35 kilos de cocaína en casi veinte panes. Los panes tenían diferentes etiquetas. Dos decían «Moncler» y «Stefano Ricci». Eso orientó las pesquisas de la Procunar. La cercanía del lugar donde fue encontrado el bolso con lugares donde amarran buques de ultramar en el puerto bahiense dejaban vislumbrar que la carga podía ser transportada fuera del país.
Después de las detenciones, en una audiencia tras el descubrimiento de la cocaína que iba a embarcar en San Nicolás, la fiscal federal Patricia Cisnero explicó que la contaminación de buques en la Hidrovía es un fenómeno reiterado. Se le llama «rip-off» y consiste en «acercar una pequeña embarcación a un buque de mayor porte para infectarlo con la droga, con la probable colaboración de algún integrante de la tripulación», mediante un sistema de izado. Para ello, los estupefacientes son acondicionados en bolsos estancos que permiten proteger la carga del contacto con el agua.
Las pericias del bolso encontrado en Pehuen Có en enero y otros elementos determinaron que había sido adquirido por Sebastián Di Seri y que iría a ser despachado en un buque a ultramar. Lo que se cree es que ese bolso se cayó al agua y se perdió entre otros que sí fueron subidos a cubierta.
El segundo hecho del planteo fiscal ocurrió este lunes en San Nicolás cuando se intentó subir a un buque en el puerto 499 kilos de cocaína. Parte de esa carga, unos 232 kilos, estaban en la lancha aledaña al barco. El resto de la sustancia se encontró en 7 bolsos en un garaje de la calle Laprida 245 en Ramallo, a veinte kilómetros, que tenían un peso total de 267 kilos. Eran parte de la misma operación, dijeron los fiscales Cisnero y el titular de Procunar, Diego Iglesias.
Hidrovía: viaje a la primera línea de infiltración narco
Para determinar la conexión entre el caso de Bahía Blanca y San Nicolás fue fundamental una operación en Mercado Libre. Se supo que el 18 de marzo de 2025 Sebastián Di Seri había comprado 25 bolsos estancos de 80 litros. Esos bolsos tenían características coincidentes con los encontrados en uno y otro lugar.
El análisis de las comunicaciones telefónicas, los movimientos de los investigados y los registros de geolocalización permitieron más tarde a los fiscales de Procunar establecer vínculos entre Di Seri con las personas que, meses después, serían detenidas esta semana en San Nicolás. Estos son Damián Leyria, Antonio Straccia, Jorge Ayala y Jorge Miño. También con las evidencias obtenidas se reconstruyeron distintos desplazamientos hacia localidades de la costa del río Paraná.
La fiscal Cisnero dijo este martes en audiencia que en las últimas semanas las tareas de inteligencia permitieron inferir que se preparaba una nueva operación de contaminación de un buque.
En particular, el seguimiento de los investigados y las escuchas permitieron establecer desplazamientos hacia Ramallo y la utilización de distintos vehículos, entre ellos una camioneta Ford Ranger y un auto Citroën C3.
El 7 de agosto, los investigadores observaron movimientos de los vehículos de los sospechosos entre Ramallo y distintos puntos de la costa del río Paraná. En una de las vigilancias se constató que tres hombres acoplaban un trailer a la Ford Ranger, sobre el que se encontraba una embarcación semirrígida denominada «Gran Brack». Fueron los vehículos seguidos hace cuatro días que llevaron al decomiso de los 500 kilos.
Las líneas intervenidas a Di Seri, el que había comprado los 25 bolsos en Mercado Libre, dieron pautas razonables de que buscaban infectar un barco con el cargamento de cocaína. Un ejemplo fue una conversación captada a Straccia el 22 de marzo
-Escuchá, mañana le dije al «capitán» que nos mande la plata que nosotros le dejamos allá cuatro.
Una llamada de Leyra del 24 de julio indicó a los investigadores que se iba a producir una maniobra de tráfico de cocaína.
-Está ahí, pero no confirman, nosotros no podemos salir hasta que confirmen boludo. Estamos los seis. Tengo un hombre dentro de mi casa hace tres días. Estamos trabados, no nos contestan de arriba-, dijo Leyra hace dos semanas.
Su interlocutor le respondió: «Está complicado el tema de los barcos ahora». Y aludió a algún tipo de iluminación para identificar puntos de contacto.
El 28 de julio Leyra se comunicó con Ayala. Le dijo: «Escuchame viejo, se suspendió. Está viniendo Gustavo (por Straccia), igual te van a dar la plata. Ahora vamos a trabajar en Rosario, ahora te cuento, va para allá, va par Rosario».
Todos estos elementos indiciarios permitieron que Prefectura siguiera y detuviera al grupo que fue llevado a audiencia este martes ante la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón.
«Nos encontramos frente a una verdadera organización narcocriminal, con una clara y persistente duración en el tiempo, con una logística importante, tanto de recursos materiales como económicos. Una organización que tiene presencia y territorialidad y capacidad de operación en distintas jurisdicciones de nuestro país», sostuvo Iglesias durante la audiencia, según indicó el portal Fiscales.gob.ar.
El jefe de la Procunar detalló que por el volumen de cocaína secuestrado, el valor de la droga podía variar sustancialmente según el destino. Estimó que, en una zona portuaria de la provincia de Buenos Aires, la sustancia representaría no menos de 2,5 millones de dólares. Si lograba salir del país y llegar a Europa, el valor ascendería a no menos de 16 millones de dólares, mientras que, según la hipótesis de la fiscalía, en otro continente más lejano podría alcanzar los 45 millones de dólares.
La jueza dejó presos a los cinco detenidos y les impuso prisión preventiva por 180 días.
Los casos en donde se advierte droga son esporádicos y no indican que es porque la droga no pase. En junio de 2025 se descubrió, por la denuncia de un capitán de un buque filipino, un cargamento de 470 kilos de cocaína en el buque de tripulación amarrado en el puerto de Vicentin en San Lorenzo. En julio de 2022 se detectó que en el puerto frente al Monumento a la Bandera fueron metidos 1300 kilos de cocaína en una carga de maní llegada de Córdoba. En mayo de 2022 en un barco puerto frente a Australia con 40 mil toneladas de harina de soja encontraron 50 kilos de cocaína junto a un buzo de nacionalidad brasileña sin vida. El barco había sido cargado en Renova, en Timbúes, y pasado por el puerto de Santos en Brasil.
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Milei y el derrumbe de la cobertura sanitaria: más de 1,2 millones de argentinos quedaron afuera del sistema
La Argentina de la “libertad” tiene cada vez más ciudadanos obligados a depender exclusivamente del hospital público. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, mientras las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios. El deterioro del empleo formal y el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas aparecen como dos de los factores centrales detrás de una transformación que vuelve a cargar sobre el Estado las consecuencias de un modelo que prometía exactamente lo contrario.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Hay números que permiten discutir una política económica y hay números que obligan a discutir qué sociedad se está construyendo. Los datos difundidos a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Encuesta Permanente de Hogares, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG), pertenecen a la segunda categoría: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei 1.246.285 personas se incorporaron al universo de argentinos que no cuentan con obra social, prepaga ni mutual. La cifra surge de comparar los 9.428.131 ciudadanos que estaban en esa situación en el cuarto trimestre de 2023 con los 10.674.416 registrados en el primer trimestre de 2026. En paralelo, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, en un proceso asociado a la pérdida de empleo registrado y al deterioro de la cobertura laboral.
El resultado es contundente: quienes dependen exclusivamente del sistema público pasaron de representar el 32% al 35,6% de la población. No se trata, por lo tanto, de una modificación marginal de las preferencias de los usuarios ni de una simple reorganización administrativa de las obras sociales. Es una transferencia de personas hacia el sistema público de salud, en un contexto en el que el Gobierno nacional viene sosteniendo una política de ajuste y reducción del gasto estatal que también impacta sobre hospitales, programas sanitarios, medicamentos y organismos vinculados a la atención de la población.
El “mercado” de la salud expulsa a quienes no pueden pagarlo
La contradicción del modelo libertario aparece con particular crudeza cuando se observa qué ocurre con la medicina privada. El Gobierno puede presentar la desregulación como una ampliación de la libertad de elección, pero la libertad de elegir una prepaga desaparece cuando el salario no alcanza para pagarla. Y si, al mismo tiempo, se deteriora el empleo formal, también se debilita la principal vía mediante la cual millones de trabajadores acceden a una obra social.
Los datos relevados muestran precisamente esa combinación. La merma de afiliados coincide con la pérdida de puestos de trabajo formales y con el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, dos procesos que fueron modificando las condiciones materiales de acceso a la cobertura. La consecuencia concreta es que familias que durante años contaron con una cobertura privada o de seguridad social comenzaron a abandonar esos esquemas y quedaron dependiendo del hospital público.
El fenómeno también puede observarse dentro de las propias obras sociales. OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, perdió el 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la caída fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados. La única entidad mencionada en el relevamiento que logró expandirse fue OSDEPYM, vinculada al universo de trabajadores monotributistas.
La fotografía que dejan esos números es particularmente significativa porque las obras sociales no funcionan aisladas del mercado laboral: son una expresión directa de la estructura del empleo. Cuando se destruyen puestos registrados, se deterioran los ingresos o aumenta la precarización, también se resiente el sistema de seguridad social que se financia mediante los aportes de trabajadores y empleadores. Por eso reducir la discusión sanitaria a cuánto dinero se destina al Ministerio de Salud significa mirar apenas una parte del problema.
El dato que debería preocupar especialmente al Gobierno: los jóvenes
Hay otro número que desnuda todavía más profundamente el alcance del proceso. Entre los argentinos de 15 a 29 años, el 49,9% no cuenta con obra social, prepaga ni mutual y depende exclusivamente del sistema público. Son 438.790 jóvenes más en esa situación respecto del cuarto trimestre de 2023.
Es difícil separar este fenómeno de la crisis que atraviesa el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral. Los jóvenes suelen ser los primeros afectados por la informalidad, los empleos de menor estabilidad y los salarios que pierden capacidad de compra. Si a eso se suma que las coberturas privadas aumentan por encima de la capacidad de pago de muchas familias, el resultado es previsible: la cobertura sanitaria deja de ser un derecho garantizado por la inserción laboral y empieza a depender cada vez más de la capacidad económica individual.
Y allí aparece una de las grandes paradojas de la experiencia libertaria. El discurso oficial plantea que el Estado debe retirarse para que los individuos puedan elegir libremente. Pero cuando el mercado expulsa a quienes no pueden pagar, esos mismos ciudadanos no desaparecen. Siguen necesitando atención médica. Van al hospital público, concurren a las guardias, requieren medicamentos, estudios, tratamientos y profesionales. El Estado no deja de existir: recibe la demanda, pero con menos recursos y mayores dificultades para atenderla.
La consecuencia puede ser un sistema sanitario cada vez más segmentado: quienes tienen ingresos suficientes conservan o compran cobertura privada; quienes tienen una relación laboral formal intentan sostener su obra social; y una porción creciente de la población queda directamente a merced del sistema público. La supuesta libertad de elección termina convirtiéndose, para millones, en una elección que nunca existió: pagar o quedarse afuera.
Una transferencia silenciosa hacia el hospital público
El dato central de este proceso no es solamente cuántas personas perdieron una cobertura. Es quién termina absorbiendo las consecuencias. Cuando una familia abandona una prepaga porque ya no puede pagar la cuota, la necesidad sanitaria continúa. Cuando un trabajador pierde su empleo formal, también pierde la estructura de cobertura asociada a ese trabajo. Y cuando una obra social pierde afiliados, su capacidad financiera puede deteriorarse, afectando también la calidad y disponibilidad de las prestaciones.
Por eso, el crecimiento de la población sin obra social, prepaga ni mutual debería ser leído como un indicador social y económico de primer orden. Entre fines de 2023 y comienzos de 2026, más de 1,24 millones de personas se incorporaron al universo que carece de esos tres tipos de cobertura.
La discusión excede, entonces, la clásica pelea entre “Estado” y “mercado”. En la Argentina, la salud siempre estuvo organizada alrededor de una combinación de sistema público, seguridad social y sector privado. El problema aparece cuando una de esas patas comienza a recibir cada vez más demanda mientras las otras pierden afiliados y capacidad de financiamiento.
Y mientras el Gobierno celebra la reducción de determinadas partidas como si fueran simples números de una planilla presupuestaria, del otro lado de esa planilla hay personas. Son trabajadores que ya no tienen obra social, familias que dejaron de pagar una prepaga, jóvenes que nunca lograron acceder a una cobertura y pacientes que, ante una enfermedad, terminan recurriendo al hospital público.
El modelo puede llamarlo “eficiencia”. Puede presentarlo como una consecuencia inevitable de ordenar las cuentas. Pero los números muestran otra cosa: una parte creciente de la sociedad argentina está siendo empujada hacia un sistema público que, paradójicamente, el mismo modelo económico pretende adelgazar.
La verdadera pregunta política ya no es cuánto puede reducirse el Estado. Es cuánto puede soportar una sociedad cuando cada vez más personas necesitan de él y, al mismo tiempo, el Gobierno decide retirarle recursos. Porque la salud no funciona como una mercancía cualquiera: cuando alguien deja de poder pagarla, no deja de enfermarse. Y esa cuenta, tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.
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