El Día Mundial del Agua se celebra cada año el día 22 de marzo. La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que es una fecha creada para reflexionar y discutir acerca de la importancia vital que posee este recurso para nuestra supervivencia como habitantes de este planeta.
El agua es necesaria para la subsistencia de la especie humana y, en general, de todos los seres vivos del planeta, sin ella es imposible la conservación de la vida o del ecosistema. El agua es un recurso no renovable, es decir, que es limitado y por ello el educar a la población acerca de su conservación puede ser una herramienta que nos ayude a futuro como especie humana.
¿Cómo podemos cuidar el agua?
*Cuando te duches, afeites o cepilles los dientes, cerrá la canilla. Esto ahorra efectivamente muchos litros que no están siendo utilizados por nadie.
*Cuando laves tu ropa intenta usar la carga completa en el lavarropas, de esta forma, utilizarás menos cantidad de litros de agua.
*No utilices el inodoro como una papelera. El inodoro es una de las fuentes que más gasta agua en toda la casa. Se utilizan alrededor de 5 litros de agua en una sola descarga.
*Repara las fugas de las tuberías de tu casa. Ahorras dinero en tu factura total de final de mes y también ayudas a no desperdiciar agua.
*Si podés recoge el agua de la lluvia para regar las plantas, esta es una muy buena forma de reciclar este vital recurso.
La Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina Silvia Alvarado acompañó la presentación del libro de Yanina Vertúa ‘Amor predestinado’ que se realizó este viernes en la confitería del Club Social Colonia. En la oportunidad, Alvarado resaltó que “desde Cultura pregonamos la cantidad y calidad de artistas que tenemos en la ciudad, por…
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Las Direcciones de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Regina invitan a los interesados a participar con un stand o espacio en el patio gastronómico durante el festival ‘Tinta Urbana’ que se desarrollará los días 8 y 9 de octubre. Los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Turismo y recibir las…
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció el envió de un proyecto de ley para el pase a planta permanente de 4.200 empleados públicos, tras un acuerdo con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El último pase masivo a planta había sido en el 2021. En el 2023, Weretilneck denunciaba que era un gasto para el Estado cuando Aguiar había hecho un acuerdo con la ex gobernadora Arabela Carreras, que luego fue descartado por el actual mandatario.
La polémica es más grande porque en las últimas semanas se conoció que el bloque legislativo del partido oficialista Juntos Somos Río Negro tiene asesores VIP donde figuran ex ministros nacionales y provinciales.
Todo muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse.
El anuncio de Weretilneck buscó mostrar una imagen de estabilidad en la administración provincial de cara a las próximas elecciones provinciales. La iniciativa será enviada a la Legislatura durante la primera semana de julio y, según el Ejecutivo, no implicará nuevas incorporaciones ni un incremento del gasto salarial.
La regularización alcanzará a trabajadores contratados hasta el 31 de diciembre de 2025 que continúen desempeñando tareas permanentes dentro del Estado. El Gobierno sostiene que se trata de un ordenamiento administrativo de personal que ya integra la estructura pública y que el proceso demandará entre seis y ocho meses para completar las evaluaciones de idoneidad, antecedentes y aptitud psicofísica previstas en el proyecto.
El anuncio llega bajo la sombra de investigaciones sobre contratos donde el oficialismo continúa enfrentando cuestionamientos derivados de investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la Legislatura provincial, donde existen filtraciones que plantean presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, encabezado por Facundo López, incluyendo la incorporación de familiares de funcionarios y dirigentes políticos, además de remuneraciones elevadas para algunos contratados.
Esas publicaciones también mencionaron casos de personas vinculadas al oficialismo que, según las investigaciones, integrarían la estructura legislativa sin que exista información pública detallada sobre las funciones que desempeñan. Entre los nombres citados aparecen dirigentes políticos, exfuncionarios y familiares de integrantes del Gobierno.
El pase masivo a planta permanente y las denuncias sobre ñoquis y asesores VIP en la Legislarura están muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse
Hasta el momento, ni el Poder Ejecutivo ni la conducción de la Legislatura respondieron públicamente en detalle a esas publicaciones ni se pronunciaron sobre cada uno de los casos mencionados.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El contexto alimentó las críticas de la oposición, que reclama mayor transparencia en las designaciones y un acceso más amplio a la información sobre la estructura de personal del Poder Legislativo. Desde el oficialismo, en tanto, evitan profundizar la discusión y sostienen que el funcionamiento administrativo de la Legislatura se ajusta a las normas vigentes.
Entre los contratados VIP figuran el radical Daniel «Fino» Sartor, quien fue ministro provincial y también nacional en el gobierno de Fernando de la Rúa en la cartera de Desarrollo Social, donde tuvo que renunciar por irregularidades. También entre los contratados por el bloque oficialista figuran hijos de funcionarios, como
Vera Lastra hija de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
También se encontraba hasta hace pocos meses Juan Accatino, ex ministro de Producción del gobierno radial de Miguel Saiz. Accatino, que figuraba como asesor de JSRN, hace unos días recibió un fuerte revés de la Corte Suprema que dejó firme una condena en su contra a 2 años y 6 meses en una causa por sobresueldos. También fueron condenados otros ex ministros como César Barbeito (Educación) -defendido por Mariano Cúneo Libarona- y Francisco González (Coordinación), que recibieron penas de 3 años y 6 meses.
El pase a planta también se anunció pocos días después de otro episodio que generó fuerte repercusión política. El gobierno de Weretilneck denunció un presunto hackeo y la filtración de documentación interna, entre ella información vinculada con legajos y recibos de sueldo de funcionarios provinciales. A partir de esa denuncia se inició una investigación judicial que derivó en procedimientos sobre equipos informáticos y abrió una nueva controversia pública.
El Ejecutivo sostuvo que la difusión de esa documentación formó parte de una maniobra destinada a instalar información sensible con fines políticos. La investigación continúa en la Justicia y el Gobierno insistió en que fue víctima de un acceso ilegítimo a sistemas oficiales, mientras distintos sectores opositores reclamaron precisiones sobre el alcance del caso y el manejo de la información pública.
En ese escenario, el anuncio del pase a planta permanente también puede leerse como un intento del oficialismo de recuperar la iniciativa política. Con el respaldo de ATE, un proyecto de fuerte impacto sobre el empleo público y una agenda orientada a la gestión, Weretilneck busca volver a colocar el foco sobre la administración provincial mientras procura dejar atrás una sucesión de controversias que, durante las últimas semanas, condicionaron el debate político en Río Negro.
Las billeteras virtuales le entregaron al fiscal Gerardo Pollicita una gran cantidad de información de los movimientos de dinero de Manuel Adorni en el marco de la investigación de su crecimiento patrimonial y ahora podría complicar a Javier Milei con el caso Libra.
Según anticiparon a LPO en exclusiva fuentes con acceso a la causa, la información sobre el jefe de Gabinete es previa y posterior a la criptoestafa de febrero del año pasado.
El juzgado de Ariel Lijo entró en ebullición con la presentación, que podría ramificarse en el caso más urticante para los Milei. El caso Libra lo tiene en su poder el juez Marcelo Martínez di Giorgi, que es muy cercano a Lijo y con esta nueva información se vería obligado a incomodar al primer mandatario.
Inicialmente trascendió que el propio Adorni la había presentado, pero LPO pudo confirmar que las billeteras virtuales fueron las que acercaron el detalle.
La información que se acercó complejiza los esfuerzos del juzgado por ayudar al jefe de Gabinete. El funcionario demora la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y su contacto informal con el juzgado de Lijo sugiere que lo están tratando de auxiliar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos.
El contacto informal de Adorni con el juzgado de Lijo sugiere que lo estan queriendo ayudar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos.
«Soy un hombre de Estado no voy a afectar la gobernabilidad», dicen en la Casa Rosada que les dijo el juez Lijo cuando lo sondearon sobre como avanzará la causa contra Adorni.
Pero en el mundillo judicial se comenta que el jefe de Gabinete no se está dejando ayudar y que ahora con es información se abrió otro foco de incendio que podría chamuscar al propio presidente Milei. La otra interpretación es que Adorni mandó un mensaje envenenado a los hermanos Milei al poner en circulación la entrega de datos de billeteras virtuales.
El juez federal Ariel Lijo.
En el propio gobierno se comenta desde el inicio del escándalo patrimonial de Adorni, que los Milei no le piden la renuncia pese al desmesurado costo político que les causa su permanencia en el gobierno porque conoce al detalle los costados más escabroso del caso Libra, del que fue parte. El entonces vocero fue uno de los invitados al Tech Forum 2024 donde se gestó el lanzamiento de Libra y además iba a ser figura estelar de la frustrada edición 2025.
«Pegarme a mí es lastimarlo a él», dijo Adorni sobre Milei el mes pasado, en un mensaje envenenado que ahora cobra aún más sentido.
LPO reveló que el jefe de Gabinete no quiere renunciar por un especulación absolutamente personal, que no incluye una lectura política sobre el daño que le causa al gobierno y al presidente. «Afuera es peor», argumenta el jefe de Gabinete.
En rigor lo que destapó el caso Adorni es el sistema de sobresueldos del gobierno de Milei.
El problema que tiene su declaración jurada es que no logra cuadrar gastos e ingresos por entre 300 a 400 mil dólares, como le habrían informado del propio juzgado. Adorni habría comentado canchero en el gobierno que iba a conseguir personas que le firmen un mutuo donde constaba que le prestaban esas sumas, pero al parecer todavía no logra encontrar un valiente que se arriesgue a la exhaustiva auscultación mediática que se espera sobre quienes aparezcan en la declaración, como paso con el constructor y la escribana.
Por eso, los últimos trascendidos son que est®eia inclineandose al mundo de las cripto para justificar sus gastos con ingresos muy bajos y sin actividad privada conocida. «En rigor lo que destapó el caso Adorni es el sistema de sobresueldos del gobierno de Milei», afirmó a LPO un dirigente libertario.
El gobierno de Axel Kicillof acelera la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Pública, proyecto que, en la última apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador adelantó que presentará para modificar la normativa que data de los 90.
Para eso, profundizó esta semana la ronda de negociaciones que abrió el mes pasado en Escobar, cuando el Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso reunió a intendentes del Conurbano en Escobar.
Como contó LPO, en aquella oportunidad también hubo un principio de acuerdo para empezar a dar forma a un proyecto de ley que vuelva a crear la Policía Municipal en los distritos de la provincia.
Como sea, la descentralización y la necesidad de mayores recursos son aspectos que cruzan la discusión de políticas de seguridad en todos los municipios.
En ese encuentro de Escobar, la Provincia reunió mayoritariamente a intendentes del peronismo, con la única excepción de Ramón Lanús que, a pesar de su extracción PRO, mantiene un diálogo fluído con la cartera de Seguridad provincial.
El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante el encuentro de este viernes entre intendentes de la Cuarta y funcionarios de Seguridad.
Ahora, el gobierno de Kicillof expandió en debate a intendentes de otros espacios. Esta semana, realizó encuentros en tres secciones electorales (Cuarta, Quinta y Séptima), convocando a cerca de una treintena de jefes comunales, algunos de ellos radicales, vecinalistas y del PRO.
El último de estos encuentros para debatir la reforma de la ley de seguridad pública se hizo en Chivilcoy, municipio gobernado por el vecinalista Guillermo Britos, de buena relación con el gobierno provincial y que esta semana se mostró en La Plata con Julio Alak, uno de los intendentes del peronismo que piensa en la Gobernación.
En el gobierno de Kicillof señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía bonaerense dentro de una estructura de conducción provincial.
En la Provincia sostienen que la actual ley no contempla gran parte de las herramientas que los municipios desarrollaron en las últimas décadas, como Centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas e iniciativas de seguridad rural.
En esos dispositivos y otros es que, sostienen, buscan darle un marco legal específico que las regule e integre dentro del sistema de seguridad provincial.
En esa línea, señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de una estructura de conducción provincial.
En los encuentros realizados esta semana en secciones electorales del interior bonaerense, los intendentes coincidieron en la necesidad de diferenciar las problemáticas que atraviesan municipios del interior con respecto a los del conurbano y que eso sea contemplado en la ley.
«Pero los pedidos son los de siempre: falta de móviles, de personal, más recursos. Cada vez que se hacen reuniones con Seguridad, llueven los pedidos de ese tipo», dijo a LPO uno de los intendentes que participó de estos encuentros.
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