El Día Mundial del Agua se celebra cada año el día 22 de marzo. La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que es una fecha creada para reflexionar y discutir acerca de la importancia vital que posee este recurso para nuestra supervivencia como habitantes de este planeta.
El agua es necesaria para la subsistencia de la especie humana y, en general, de todos los seres vivos del planeta, sin ella es imposible la conservación de la vida o del ecosistema. El agua es un recurso no renovable, es decir, que es limitado y por ello el educar a la población acerca de su conservación puede ser una herramienta que nos ayude a futuro como especie humana.
¿Cómo podemos cuidar el agua?
*Cuando te duches, afeites o cepilles los dientes, cerrá la canilla. Esto ahorra efectivamente muchos litros que no están siendo utilizados por nadie.
*Cuando laves tu ropa intenta usar la carga completa en el lavarropas, de esta forma, utilizarás menos cantidad de litros de agua.
*No utilices el inodoro como una papelera. El inodoro es una de las fuentes que más gasta agua en toda la casa. Se utilizan alrededor de 5 litros de agua en una sola descarga.
*Repara las fugas de las tuberías de tu casa. Ahorras dinero en tu factura total de final de mes y también ayudas a no desperdiciar agua.
*Si podés recoge el agua de la lluvia para regar las plantas, esta es una muy buena forma de reciclar este vital recurso.
La Cámara Penal de Rosario confirmó por unanimidad de tres jueces la condena al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, en un caso de corrupción que toca de lleno a un sector activo de la política santafesina. En primera instancia otros tres jueces, también de modo coincidente, ya había encontrado culpable a Serjal de recibir sobornos de un capitalista de juego ilegal para no investigarlo y le impusieron nueve años de prisión. A un empleado de la fiscalía, Nelson Ugolini, lo habían condenado a cinco años, pena que quedó refrendada.
Este caso tiene como principal novedad que implica a un poderoso actor de la política contemporánea de Santa Fe que no fue juzgado pero que está ya imputado de ser jefe de la misma organización en la que Serjal desde este miércoles con su condena confirmada. Se trata del senador Armando Traferri, uno de los hombres fuertes del peronismo santafesino desde hace dos décadas, quien no fue a juicio en este caso porque resistió durante cuatro años amparándose en sus fueros.
En el fallo que condena a Serjal también queda complicado Traferri porque de los tres camaristas hay dos que reconocen el delito de asociación ilícita. Son los jueces Ismael Manfrín y Carolina Hernández. El que entiende que no hay asociación ilícita es Javier Beltramone, presidente del tribunal, que quedó en minoría.
Este caso fue, a lo largo de los seis años que duró el trámite, un muestrario por demolición de cómo una construcción de poder en que está la política institucional, importantes medios de comunicación locales y estudios profesionales hicieron todo lo posible por tumbar un caso que seis jueces consideraron sólido, aunque uno le haya dejado a Traferri de una forma muy minoritaria la idea de que no hay asociación ilícita.
Ese derrotero incluyó haber corrido con acusaciones que nunca prosperaron judicialmente a los dos fiscales que iniciaron la investigación. Dos fiscales colegas de estos los acusaron de haberse valido de una informante de modo ilegal para amañar evidencia. La prueba colectada por esos dos investigadores iniciales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fue convalidada ya como legítima y contundente de un delito de corrupción que incluye a políticos, a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a abogados en ejercicio de la profesión que están aún en una etapa inicial de imputación. A pesar de una enérgica estrategia para desacreditarlos y, como pedía Traferri en una expectativa lograda, correrlos del caso.
En abril pasado, cuando arrancaron las audiencias de revisión de la condena, se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, como pasó durante el juicio de primera instancia que fue en 2025 y duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
La condena a Serjal dictada hace nueve meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
«Vamos a ver cuántos políticos santafesinos salen a hablar de este fallo mañana. La forma en cómo la política se cuida a sí misma se va a ver ahí», dijo un funcionario judicial que habló este miércoles con LPO con la resolución recién difundida.
A lo largo de este caso existió una descarga contínua de acciones para demoler esta imputación ahora convertida en condena ratificada. Se armaron acusaciones contra los fiscales que salían en medios periodísticos de Rosario y Santa Fe antes que tener trámite iniciado en sede penal. La defensa de Serjal organizó como primera y visible estrategia no atacar la prueba por endeble, algo que los jueces no vieron, sino la conducta privada de los fiscales. Una cosa llamativa es que los principales testigos de la defensa fueron fiscales que armaron conjeturas de delito de los acusadores que resultaron pulverizadas por los jueces. Los que acusaron en especial a Edery, sin encontrar validación, fueron los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, actualmente camarista penal.
Ahora viene el juicio de Traferri con el antecedente de que a Serjal se lo condenó por asociación ilícita. El camarista Beltramone que no vio asociación ilícita no va a poder participar de ese juicio. Era un magistrado que rechazó una recusación por tener una relación con uno de los miembros de la asociación ilícita investigada, algo que luego fue ratificado por un tribunal.
Los análisis sobre este caso se desplegaron de inmediato por una tribuna de funcionarios judiciales que vieron en este trámite un caso testigo de la política santafesina y sus relaciones con el mundo empresarial y de la Justicia. Un importante funcionario de Rosario que no participó de este caso le dijo a este medio que este fallo es un gran problema para Traferri.
«Quemaron el voto de Beltramone ahora, en vez de reservarlo para cuando sea juzgado Traferri. Se veía este voto disidente como algo previsible y en los pasillos estaba anticipado. Ahora el senador no va a tener ningún voto asegurado. Quizá en el juicio que viene contra Traferri se podía construir una mayoría contra la asociación ilícita. Difícil que pase. De seis jueces en este caso por asociación ilícita condenaron cinco. Acá hubo todo el tiempo estrategia para tumbar el caso. Otra vez se equivocaron», analizó.
En la condena a Serjal los jueces de primera instancia lo nombran a Traferri 104 veces en un texto que tiene casi el doble de páginas. Lo hicieron porque no se puede explicar ni entender para ellos el funcionamiento de la organización criminal, dicen, sin aludir al rol predominante del senador. En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política. Y que también le pagaba a Serjal para no ser investigado.
Armando «Pipi» Traferri
La acusación sostuvo la existencia de una asociación ilícita destinada a usufructuar el dinero de una red de juego clandestino y apuestas electrónicas sin autorización, activa al menos entre el 24 de abril de 2017 y el 24 de julio de 2020, con centro de operaciones en Rosario y ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
Los camaristas Manfrín y Hernández adhirieron a Beltramone en las imputaciones de cohecho y peculado, pero para ellos hubo asociación ilícita. Rechazaron la exigencia de prueba directa del pacto. Como la asociación ilícita se configura en un ámbito privado, íntimo o secreto, dijeron que es «contraintuitivo» reclamar pruebas directas y explícitas, como si se tratara de un contrato formal. Para Manfrín y Hernández, son los elementos indiciarios y periféricos, valorados en conjunto según la sana crítica, los que permiten inferir el acuerdo de voluntades.
Sin embargo, el voto de Beltramone que desconoce la asociación ilícito lo hace en virtud de violación supuesta de garantías para los juzgados y puede ameritar que la disputa del caso prosiga. Este juez se refirió al rol del arrepentido aplicado antes de su regulación procesal expresa en Santa Fe para avanzar en este caso y la depuración de valoraciones sobre terceros ausentes. Estos son los ejes sobre los que probablemente se discuta si el caso sigue escalando.
No obstante estos señalamientos hay planteos que implican cuestiones para que se revisen ocurridas en la fiscalía. Un capítulo relevante del voto de Beltramone son discordancias e interrogantes que a su criterio exigen control. Una es que no se dio una definición procesal sobre una maniobra extorsiva sufrida en 2019 por el capitalista Leo Peiti, con un legajo sin imputados. También la contradicción entre la imputación inicial de Peiti como integrante del plan extorsivo contra el financista Pablo Fortuny y su posterior «desaparición procesal» sin resolución fundada.
«Hay cuestiones donde parece faltarles información a los sentenciantes y si es así serían errores groseros. A Peiti le archivaron la causa de Fortuny. La «discordancia» que mencionan es porque hubo un acuerdo institucional del MPA para que algunos actores se investigaran en otra jurisdicción. Y eso se hizo», comentaron a LPO desde el MPA sobre esas observaciones.
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Mucho antes de los satélites y los grandes proyectos de exploración submarina, Argentina ya tenía una tradición científica y tecnológica vinculada al conocimiento del mar. La desaparición del submarino ARA San Juan en 2017 abrió una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país, pero también puso en primer plano la importancia estratégica del Atlántico Sur, la investigación oceanográfica y el desarrollo de capacidades propias para conocer y proteger uno de los espacios más importantes del territorio nacional.
Por Redacción de NLI
El océano es uno de los grandes territorios desconocidos de la humanidad. Aunque cubre más del 70% de la superficie del planeta, gran parte de sus profundidades continúa siendo un misterio para la ciencia. En ese enorme espacio se encuentran ecosistemas desconocidos, recursos naturales estratégicos y claves fundamentales para comprender el clima y la evolución de la Tierra.
Argentina, con una de las plataformas continentales más extensas del mundo y una ubicación privilegiada en el Atlántico Sur, tiene una relación histórica con el mar que va mucho más allá de la navegación comercial o la pesca. El conocimiento del océano también es una cuestión científica, económica y soberana.
La historia del ARA San Juan, aunque marcada por la tragedia, forma parte de una discusión más amplia sobre la importancia de contar con tecnología, investigación y presencia permanente en un espacio marítimo que será cada vez más relevante durante el siglo XXI.
El Atlántico Sur: un territorio estratégico
Muchas veces, cuando se habla del territorio argentino, la mirada queda limitada a la superficie continental. Sin embargo, el país posee una enorme extensión marítima que incluye una amplia plataforma continental reconocida internacionalmente.
Ese espacio contiene una gran biodiversidad, recursos pesqueros, posibilidades energéticas y una ubicación estratégica en las rutas marítimas internacionales.
Por eso, distintos países del mundo aumentaron en las últimas décadas sus inversiones en investigación oceánica. Conocer el fondo marino, estudiar las corrientes, analizar los ecosistemas y monitorear los cambios ambientales se convirtió en una prioridad científica y geopolítica.
En ese contexto, los submarinos cumplen una función que va mucho más allá de lo militar. También permiten obtener información sobre zonas profundas que resultan inaccesibles para otros medios de exploración.
La tradición submarina argentina
Argentina tiene una historia submarina que se remonta a mediados del siglo XX. La incorporación de submarinos a la Armada permitió desarrollar capacidades técnicas, formar tripulaciones especializadas y generar conocimiento sobre las características del Atlántico Sur.
El ARA San Juan, incorporado a la Armada Argentina en 1985, fue construido en Alemania y modernizado posteriormente en el país. Su mantenimiento incluyó trabajos realizados por técnicos argentinos, lo que implicó preservar capacidades industriales vinculadas con la reparación de sistemas complejos.
La existencia de una flota submarina requiere una infraestructura tecnológica sofisticada: astilleros, ingenieros, técnicos electrónicos, especialistas en materiales y profesionales capaces de intervenir en sistemas de enorme precisión.
Ese conocimiento forma parte de las capacidades estratégicas de un Estado.
La tragedia del ARA San Juan
El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan perdió comunicación mientras navegaba en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo.
La noticia conmocionó al país y desencadenó una de las búsquedas más importantes realizadas en aguas profundas argentinas. Durante meses participaron buques nacionales e internacionales equipados con tecnología especializada hasta que finalmente el submarino fue localizado a más de 900 metros de profundidad.
La tragedia del ARA San Juan no quedó limitada al dolor por la pérdida de los 44 tripulantes: también abrió una profunda discusión política sobre las responsabilidades de la gestión de Mauricio Macri. Las familias denunciaron durante años la falta de respuestas claras por parte del Gobierno nacional, cuestionaron el trato recibido por los funcionarios y reclamaron que la investigación avanzara para determinar si existieron negligencias vinculadas al mantenimiento, las condiciones operativas y las decisiones adoptadas antes de la última misión del submarino. El reclamo de los familiares se transformó en una lucha por verdad y justicia frente a un Estado que, según denunciaron, durante los primeros meses de la tragedia priorizó el manejo comunicacional de la crisis antes que brindar respuestas concretas a quienes habían perdido a sus seres queridos. La causa judicial y las investigaciones posteriores mantuvieron abierto el debate sobre el grado de responsabilidad política y administrativa de quienes tenían a su cargo la conducción de la Armada y del Ministerio de Defensa en ese momento.
Ciencia, industria y soberanía tecnológica
El conocimiento del mar requiere una combinación de disciplinas: oceanografía, biología marina, ingeniería, informática, geología y tecnología satelital.
Argentina cuenta con instituciones científicas dedicadas al estudio del océano, como el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), universidades y organismos de investigación que trabajan sobre los ecosistemas marinos y los recursos del Atlántico Sur.
Pero los especialistas suelen advertir que la investigación marítima necesita continuidad. Explorar un territorio tan vasto requiere inversiones sostenidas y planificación de largo plazo.
Un país que desconoce su propio mar tiene menos herramientas para defender sus recursos, proteger su ambiente y tomar decisiones estratégicas sobre su futuro.
El desafío de mirar hacia el océano
Durante mucho tiempo, Argentina tuvo una relación contradictoria con su espacio marítimo. A pesar de contar con una de las mayores extensiones oceánicas del mundo, gran parte del debate público se concentró en el territorio continental.
Sin embargo, el siglo XXI está modificando esa mirada. El cambio climático, la explotación de recursos, la conservación de especies y las nuevas tecnologías convierten a los océanos en un escenario central.
La exploración submarina, la investigación científica y la formación de especialistas serán cada vez más importantes para cualquier país que quiera participar de las discusiones globales sobre recursos y ambiente.
La historia del ARA San Juan quedó grabada como una tragedia nacional, pero también como un recordatorio de una necesidad estratégica: Argentina debe conocer, investigar y proteger su propio territorio marítimo. Porque la soberanía no termina en la costa; también se extiende hacia las profundidades de un océano que todavía guarda gran parte de sus secretos.
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Una encuesta de la Universidad de San Andrés ubica al peronismo primero en intención de voto para 2027, mientras LLA queda tercera y el 25% todavía no sabe a quién votar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El escenario electoral de cara a 2027 empieza a mostrar señales incómodas para el gobierno de Javier Milei. Una nueva encuesta de la Universidad de San Andrés (UDESA) ubicó al peronismo en el primer lugar de la intención de voto presidencial, con el 26%, apenas un punto por encima del enorme universo de ciudadanos que todavía no sabe o no contesta qué fuerza elegiría. La Libertad Avanza quedó tercera, con el 24%, en un escenario de extrema paridad que, a esta altura, parece bastante más abierto de lo que el oficialismo pretende mostrar.
El relevamiento fue realizado entre el 5 y el 11 de agosto sobre 1.000 personas de todo el país, con un margen de error de +/- 3,15%. Por eso, metodológicamente, la propia fotografía debe ser leída como un escenario de empate técnico entre el peronismo, los indecisos y LLA. Sin embargo, hay un dato político que resulta imposible ignorar: después de casi tres años de la irrupción electoral de Milei, el espacio que el Gobierno pretendió dejar definitivamente atrás vuelve a aparecer en el primer lugar de una medición nacional.
El dato que más preocupa al Gobierno
Más allá del primer puesto del peronismo, hay otro número que probablemente merezca todavía mayor atención: uno de cada cuatro encuestados todavía no tiene decidido su voto. Ese 25% de indecisos se convierte en la segunda fuerza electoral del relevamiento, apenas por debajo del peronismo y por encima de La Libertad Avanza.
La lectura política es clara: no existe todavía un escenario consolidado de cara a 2027. La elección presidencial está lo suficientemente lejos como para que una parte muy importante del electorado mantenga abierta su decisión y, al mismo tiempo, ninguna de las fuerzas aparece con una ventaja capaz de garantizar un resultado. El 26% del peronismo, el 25% de los indecisos y el 24% de LLA configuran una fotografía prácticamente partida en tres.
Para el oficialismo, el dato puede resultar especialmente sensible porque contradice el relato de una fuerza política destinada a convertirse en el eje permanente del sistema político argentino. LLA no está fuera de competencia, pero tampoco domina el escenario. Con un año todavía por delante hasta el próximo gran turno electoral presidencial, cualquier movimiento en la economía, el empleo, los ingresos, la conflictividad social o la propia interna política puede modificar sustancialmente ese tablero.
El resto de las fuerzas aparece bastante más lejos. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad y el PRO empatan con 5%, mientras que otras opciones quedan todavía más atrás: partidos provinciales y Provincias Unidas reúnen 2% cada uno, la UCR alcanza el 1%, un 4% se inclina por «otros», mientras que 3% manifiesta que no votaría y otro 3% optaría por el voto en blanco.
Un escenario abierto y con un voto todavía en disputa
La encuesta también permite observar diferencias interesantes según género. Entre los hombres, LLA alcanza el 27%, mientras que entre las mujeres llega al 21%. El peronismo presenta el comportamiento inverso: registra 25% entre los hombres y 27% entre las mujeres. Es decir, aun con una diferencia pequeña, el estudio muestra que las preferencias políticas no se distribuyen de manera homogénea dentro del electorado.
Pero sería un error interpretar estos números como una elección ya definida. Falta muchísimo para 2027 y, sobre todo, todavía no están definidos los candidatos ni la arquitectura electoral con la que competirán los distintos espacios. El peronismo, además, tiene por delante el desafío de transformar una intención de voto agregada en una propuesta política concreta y competitiva, capaz de contener distintas identidades y sectores que hoy pueden aparecer agrupados estadísticamente pero no necesariamente coincidir en una eventual interna.
Para Milei, en cambio, el problema pasa por otro lado: el oficialismo necesita convertir su gestión en una expectativa electoral sostenible. El hecho de que un cuarto del electorado todavía no sepa a quién votar significa que existe un enorme territorio político en disputa. Pero también implica que una parte importante de la sociedad aún no tiene definido si quiere prolongar el rumbo iniciado en diciembre de 2023 o buscar una alternativa.
La elección de 2027, por lo tanto, comienza a aparecer como una competencia mucho más abierta de lo que podría sugerir el discurso triunfalista de cualquiera de los espacios. El peronismo tiene hoy una pequeña ventaja estadística, LLA conserva un caudal importante y los indecisos representan una reserva electoral capaz de modificar completamente el resultado.
El dato más importante de esta encuesta quizás no sea entonces quién ocupa circunstancialmente el primer lugar, sino que ninguna fuerza consiguió apropiarse todavía del futuro. El electorado argentino continúa en movimiento y, a poco más de un año de la próxima elección presidencial, una porción enorme de la sociedad todavía está esperando señales para decidir hacia dónde inclinar su voto.
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