El Día Mundial del Agua se celebra cada año el día 22 de marzo. La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que es una fecha creada para reflexionar y discutir acerca de la importancia vital que posee este recurso para nuestra supervivencia como habitantes de este planeta.
El agua es necesaria para la subsistencia de la especie humana y, en general, de todos los seres vivos del planeta, sin ella es imposible la conservación de la vida o del ecosistema. El agua es un recurso no renovable, es decir, que es limitado y por ello el educar a la población acerca de su conservación puede ser una herramienta que nos ayude a futuro como especie humana.
¿Cómo podemos cuidar el agua?
*Cuando te duches, afeites o cepilles los dientes, cerrá la canilla. Esto ahorra efectivamente muchos litros que no están siendo utilizados por nadie.
*Cuando laves tu ropa intenta usar la carga completa en el lavarropas, de esta forma, utilizarás menos cantidad de litros de agua.
*No utilices el inodoro como una papelera. El inodoro es una de las fuentes que más gasta agua en toda la casa. Se utilizan alrededor de 5 litros de agua en una sola descarga.
*Repara las fugas de las tuberías de tu casa. Ahorras dinero en tu factura total de final de mes y también ayudas a no desperdiciar agua.
*Si podés recoge el agua de la lluvia para regar las plantas, esta es una muy buena forma de reciclar este vital recurso.
El ser reciclado y un tesoro en la basura. Nada puede reciclarse sin reciclarse a uno mismo; la idea de consumir lo mínimo utilizando lo que “ya está y fue desechado” aparece como una alternativa de consumo saludable para el planeta, más aún si el consumo es socialmente compartido. Por eso hablaré de Comunidad Reciclada,…
Al mismo tiempo en que comenzaba la conferencia de prensa brindada por agrupaciones que conforman el Frente de Todos (FdT) en las puertas del “Hogar Municipal La Esperanza” en defensa de ese espacio municipal destinado al cuidado de adultos mayores, prensa del municipio reginense confirmaba mediante la palabra de Luisa Ibarra responsable del área de…
El dato surge de las estadísticas oficiales de mortalidad y muestra un salto de 21.276 fallecimientos entre 2023 y 2024 entre las personas de 65 años y más. El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando se compara la mortalidad observada con un nivel esperado construido sobre años no pandémicos: para 2024, el cálculo arroja unas 33.500 muertes por encima de ese valor de referencia. Las cifras no permiten atribuir cada fallecimiento a una política determinada, pero sí muestran un deterioro sanitario que merece ser investigado.
Por Roque Pérez para NLI
La discusión sobre las condiciones de vida de los jubilados argentinos acaba de adquirir una dimensión que ya no puede reducirse a la evolución del haber mínimo, al precio de los medicamentos o a las protestas frente a las oficinas del PAMI. Las estadísticas oficiales de mortalidad muestran que en 2024 murieron 284.798 personas de 65 años y más, frente a 263.522 en 2023: son 21.276 fallecimientos adicionales en apenas un año. El dato surge de los Anuarios de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación encargado de producir, analizar y difundir las estadísticas sanitarias oficiales del país.
La magnitud del salto merece ser observada con cuidado. El aumento equivale a aproximadamente 8,1% en un solo año en el número absoluto de defunciones de personas de 65 años y más. Entre los mayores de 80 años, según la comparación de las estadísticas oficiales, el incremento fue todavía más pronunciado y alcanzó aproximadamente 9,46%. No se trata, por lo tanto, de una diferencia estadística marginal ni de una fluctuación de unas pocas centenas de casos: son decenas de miles de fallecimientos adicionales dentro de la población de mayor edad.
Qué significa realmente hablar de exceso de mortalidad
Para interpretar correctamente estos números hay que introducir un concepto fundamental de epidemiología: el exceso de mortalidad. No consiste simplemente en comparar un año contra el anterior, porque la cantidad de personas que mueren naturalmente puede variar por envejecimiento poblacional, estructura etaria, tamaño de la población y otros factores. La pregunta estadísticamente más interesante es otra: ¿cuántas muertes podían esperarse razonablemente en 2024 y cuántas ocurrieron efectivamente?
Tomando como referencia los valores que venimos analizando para 2017, 2018, 2019 y 2023, es decir, años que permiten evitar el comportamiento extraordinario producido por la pandemia de COVID-19, el promedio de defunciones de personas de 65 años y más se ubica en torno de 251.255 muertes anuales. Frente a las 284.798 efectivamente registradas en 2024, la diferencia alcanza aproximadamente 33.543 fallecimientos.
Ese cálculo debe ser presentado con precisión: 33.543 significa que la cantidad observada en 2024 estuvo aproximadamente 33.500 por encima del nivel obtenido mediante esa referencia estadística. Un salto de semejante magnitud entre la mortalidad esperada y la observada constituye una señal sanitaria que requiere explicación. Y la explicación no puede construirse solamente mirando las estadísticas de mortalidad: hay que cruzarlas con el acceso a medicamentos, consultas, tratamientos, vacunación, alimentación, ingresos previsionales, internaciones y utilización efectiva del sistema sanitario.
El dato aparece en el primer año completo de Milei
La dimensión política de la cifra surge de una circunstancia temporal imposible de ignorar: 2024 fue el primer año calendario completo de la presidencia de Javier Milei. El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre de 2023 y durante 2024 implementó una política económica caracterizada por una fuerte reducción del gasto público, contracción de distintas partidas sociales y modificaciones en los mecanismos de acceso a medicamentos para los afiliados del PAMI.
La coincidencia temporal, por sí sola, no prueba que las políticas implementadas por el Gobierno hayan provocado las muertes. Pero sí establece un período concreto para investigar. La pregunta relevante deja de ser simplemente cuántos jubilados murieron y pasa a ser qué ocurrió con las causas de esas muertes y con las condiciones sanitarias y económicas de esa población durante el mismo período.
La ausencia de datos oficiales de mortalidad correspondientes a 2025 constituye hoy una limitación importante. La DEIS ya tiene publicado el anuario de Estadísticas Vitales 2024, pero la serie oficial de 2025 todavía no está disponible.
Medicamentos, ingresos y salud: la explicación que todavía debe investigarse
La cuestión de los medicamentos ocupa un lugar central en el debate porque para una parte importante de la población mayor el tratamiento farmacológico no constituye un gasto prescindible sino una condición para mantener bajo control enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias y múltiples afecciones propias de edades avanzadas requieren tratamientos sostenidos y, en muchos casos, combinaciones de medicamentos.
Por eso, una interrupción, reducción o postergación de tratamientos puede tener consecuencias sanitarias. La propia estadística sanitaria permite avanzar en esa dirección. Hay además un elemento demográfico que obliga a ser todavía más rigurosos: una población envejecida naturalmente registra más fallecimientos, aun cuando las condiciones sanitarias no empeoren. Por eso, comparar solamente 2023 contra 2024 puede sobreestimar o subestimar la dimensión real del fenómeno. El análisis de exceso de mortalidad intenta justamente corregir parcialmente esa dificultad mediante una referencia histórica.
Lo que muestran los números disponibles es, en consecuencia, más serio que una simple consigna política. Argentina registró en 2024 un aumento excepcional de las muertes entre las personas de 65 años y más respecto de 2023, después de la salida de los años extraordinarios de la pandemia. Y cuando se utiliza una referencia estadística no pandémica, la mortalidad observada queda muy por encima del promedio utilizado como línea de comparación.
Eso no permite mirar hacia otro lado frente a 33.543 muertes por encima de ese nivel de referencia y atribuirlas simplemente al azar demográfico. La discusión política, en definitiva, debería empezar por reconocer ese dato. La vida de las personas mayores no puede medirse solamente por cuánto aumenta nominalmente una jubilación o por cuánto dice el Gobierno que gasta en una obra social. También debe medirse por su capacidad efectiva de acceder a medicamentos, controles, tratamientos, alimentación y atención médica. Si en el primer año completo del gobierno de Milei la mortalidad de los mayores de 65 años saltó en más de 21.000 casos respecto del año anterior y alcanzó un nivel aproximadamente 33.500 fallecimientos superior a la referencia estadística utilizada en este análisis, el fenómeno exige una investigación sanitaria profunda.
Y esa investigación tiene que continuar: cuánto de este exceso responde a la estructura demográfica, cuánto a las secuelas de la pandemia y cuánto podría estar asociado con el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias de los adultos mayores durante la nueva etapa económica.
Por ahora, el dato oficial ya plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: en 2024 murieron 21.276 personas de 65 años y más que el año anterior. Y una democracia que pretende proteger a sus mayores debería considerar ese número no como una molestia estadística, sino como una señal que merece ser explicada con la máxima rigurosidad.
Fuentes principales: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales – Año 2023 y Estadísticas Vitales – Año 2024; registros oficiales de mortalidad y análisis estadístico de exceso de mortalidad. La DEIS es el organismo nacional responsable de producir y analizar las estadísticas vinculadas con las condiciones de vida y los problemas de salud.
La gorra sabe lo que puede. Siempre pudo y ahora sabe que puede un poco más, justo ahora que ni lo esperaba. Sabe cómo hacer que las pibitas se caguen de miedo cuando vuelven de noche, sabe cómo hacer que los guachos trabajen para ellos, sabe lo que puede un fierro. Saben descansar, verduguear, hacer…
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En el marco de la cadena nacional anunciada para hablar de las Islas Malvinas, Javier Milei anunció la firma de un DNU para dotar de mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base militar en Tierra del Fuego.
El anuncio se produce en medio de una profunda crisis en donde las Fuerzas Armadas no cuentan con salarios, equipamiento y presupuesto para cumplir con la misión que el Presidente le está encomendando. Además, cabe recordar que Milei eliminó la obra pública y compró unos aviones que, por una restricción de Inglaterra que él mismo aceptó, no tienen radar ni alcance para operar en el Atlántico Sur.
LPO habló con el presidente de la Liga Naval, el marino Fernando Morales quien planteó que «si se analiza fuera del contexto que el que lo dice es Javier Milei, el discurso es correcto porque habla de usurpación, remarca la importancia de la Antártida y de la necesidad de una base naval fuerte en el sur, que no se pueden explotar recursos mientras dure el conflicto como plantea la ONU y que tenemos para penalizar administrativa y penalmente a los empresarios que lo hagan es cierto».
Sin embargo, Morales planteó que «o el señor Milei cambió 180 grados su pensamiento histórico o le cambiaron libreto. Ayer nomás, Federico Sturzenegger, seguía sosteniendo que las Fuerzas Armadas están sobredimensionadas, que tiene muchos hombres para los recursos que tienen, es decir, al sentido inverso: no faltan recursos, sobran».
«El razonamiento es: ¿Para que queremos 21 aviadores si tenemos 10 aviones o para que queremos 24 mil marinos si hay cuatro barcos? Esto no solamente lo dice el ministro sino que lo sostiene todos los afiles mediáticos», agregó.
Por otro lado, Morales asegura que «difícilmente se pueda hablar de reequipamiento militar cuando lo primero que no estás reequipando es el salario y la salud. Ningún militar va a ir una guerra si no tiene garantizado que no tiene donde atenderse si le cortan un dedo o cobra un 1.300.000 pesos como gana un piloto de F-16».
Difícilmente se pueda hablar de reequipamiento militar cuando lo primero que no estás reequipando es el salario y la salud. Ningún militar va a ir una guerra si no tiene garantizado que no tiene donde atenderse si le cortan un dedo o cobra un 1.300.000 pesos como gana un piloto de F-16
Otro militar en actividad consultado por LPO dijo que «el reequipamiento que necesitan las Fuerzas Armadas están totalmente fuera del alcance presupuestario. El gasto en Defensa es el 0,6 del PBI y debería pasar, por lo menos, al 2 por ciento para que sea un reequipamiento medianamente rápido». «Este gobierno quitó el Fondef, que garantizaba una suma importante de dinero para reequipamiento y lo sacaron».
«Podaron 40 mil millones de pesos en horas de entrenamiento. Esto es menos vuelos, menos navegación, menos inmersión para los buzos, tienen congelado los proyectos de submarinos y le ordenaron al jefe de la Armada cerrar la base de Punta Indio con el pretexto de una renovación de la doctrina aeronaval cuando no prevista ninguna compra de caza sino que solo de aviones de reconocimiento pesquero», continuó.
Por último, un militar retirado remarcó que «tenemos en venta media base naval y ahora estas vendiendo los terreno de la base naval. Entre el discurso y la realidad y el futuro cercano hay una disociación muy grande».
«Lo que se sospecha es que es la antesala para anunciar una fuerte presencia militar en Estados Unidos para defender el Atlantico Sur y hacerse cargo de una base militar en Ushuaia para que sea como las bases estadounidenses, como la que tienen en Cadiz, en donde los norteamericanos se hacen cargo del mantenimiento, operan la base y los españoles manejan un pedacito», concluyó.
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