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Día Mundial del Agua: crear conciencia sobre su importancia para la vida

El Día Mundial del Agua se celebra cada año el día 22 de marzo. La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que es una fecha creada para reflexionar y discutir acerca de la importancia vital que posee este recurso para nuestra supervivencia como habitantes de este planeta.

El agua es  necesaria para la subsistencia de la especie humana y, en general, de todos los seres vivos del planeta, sin ella es imposible la conservación de la vida o del ecosistema. El agua es un recurso no renovable, es decir, que es limitado y por ello el educar a la población acerca de su conservación puede ser una herramienta que nos ayude a futuro como especie humana.

¿Cómo podemos cuidar el agua?

*Cuando te duches, afeites o cepilles los dientes, cerrá la canilla. Esto ahorra efectivamente muchos litros que no están siendo utilizados por nadie.

*Cuando laves tu ropa intenta usar la carga completa en el lavarropas, de esta forma, utilizarás menos cantidad de litros de agua.

*No utilices el inodoro como una papelera. El inodoro es una de las fuentes que más gasta agua en toda la casa.  Se utilizan alrededor de 5 litros de agua en una sola descarga.

*Repara las fugas de las tuberías de tu casa. Ahorras dinero en tu factura total de final de mes y también ayudas a no desperdiciar agua.

*Si podés recoge el agua de la lluvia para regar las plantas, esta es una muy buena forma de reciclar este vital recurso.

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    En la actividad, Perez reunió a dirigentes políticos, referentes académicos, religiosos y sectores vinculados a la agenda de soberanía nacional y desarrollo estratégico para debatir el futuro del Atlántico Sur.

    De esta manera, Perez se muestra como uno de los dirigentes fueguinos que busca proyectar desde el sur una discusión nacional sobre Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida y el rol geopolítico de Tierra del Fuego en el escenario que viene.

     Río Grande no es el fin de nada. Es un punto de partida para pensar una agenda estratégica para el futuro argentino 

    Junto a Perez expusieron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo; la presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC), Agustina Rodríguez Saá; y el director ejecutivo de CLACSO, Pablo Vommaro.

     También estuvieron presentes Jorge Taiana; Gabriel Katopodis; las diputadas Fernanda Miño y Kelly Olmos; la presidenta de Télam, Bernarda Llorente; el veterano de Malvinas y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, César Trejo; el secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid; y el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, entre otros dirigentes políticos, sindicales y académicos. 

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  • Kicillof va a la Corte contra un fallo que ordena a la Provincia a pagar 5.500 millones a Nación por dos locomotoras

     

    El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.

    Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.

    Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.

    En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.

    Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».

    La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas

    Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.

    Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.

    En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.

    «Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.

    «Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.

    Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.

     Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia». 

    En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».

    Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.

    En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.

    En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.

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    Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».

    «Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.

     En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe». 

    En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».

    En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato». 

     

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