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Manuel Adorni contrató a Guillermo Ledesema, el abogado de Alfredo Yabrán, para defenderse en las causas por corrupción que pusieron su continuidad como funcionario de los hermanos Milei en la cuerda floja.

Pese a que el Presidente expresó su respaldo con una presunta hoja de ruta hasta 2027 para Adorni, el jefe de Gabinete sigue complicando al gobierno con cada paso que da desde que estalló el escándalo de los viajes en vuelos privados, la casa en el country y el departamento en Caballito con un nivel de ingresos incompatible con su patrimonio.

Las causas en las que deberá representarlo Ledesma serán la de presunto enriquecimiento ilícito y la que investiga su viaje a Punta del Este.

Pero, además, la transparencia de Adorni estaría comprometida hasta por la cartera de la escribana, Adriana Nechevenko, quien tuvo que desfilar por los tribunales de Comodoro Py hace 12 años por una serie de operaciones con narcos, tal como informó LPO. Sus clientes terminaron condenados en la Justicia por traficar efedrina para la producción de metanfetamina, la droga que popularizó la serie Breaking Bad.

«El caso Adorni es un reflejo de la predilección de Karina por lo runfla»

Ahora el jefe de Gabinete eligió para su defensa al abogado Ledesma, quien cosechó su prestigio por haber integrado la cámara que realizó el juicio a las juntas. Sin embargo, también fue defensor del empresario Yabrán e, incluso, llegó a tener una reunión con Antonini Wilson, el famoso venezolano que trató de meter una valija llena de dólares en 2007, para ser su representante.

El diario La Nación publicó que «Antonini había grabado la conversación» que mantuvo con Ledesma en Miami, cuando almorzaron en un restaurante de Ford Lauderdale. «Ledesma le aseguraba que no iba a ir preso y que la garantía de eso eran ‘Kirchner y Chávez'», reseñó el diario.

Al abogado le indignaba que se lo asociara a una operación de kirchnerismo para tranquilizar al venezolano. «En la desgrabación completa está claro. Yo le digo a Antonini: ´Si me contratan para vos y te defiendo, te digo todo. Me importan tres pomos los demás, sólo me importás vos. No soy kirchnerista ni lo quiero ser», fue el descargo que resumió La Nación.

Más allá de la competencia que tenga o no Ledesma para salvar a Adorni, los clientes del letrado no parecen ser de ayuda para la Casa Rosada.

Karina y Adorni.

Paradójicamente, fue un pedido del gobierno que Adorni se buscara un abogado. Hasta el ex ministro Mariano Cúneo Libarona se permitió sugerirlo con acidez: «es un enorme expositor, brillante, pero en una causa propia es distinto».

Para colmo, ambas causas recayeron en el juzgado de Ariel Lijo, quien padeció la fallida estrategia de Santiago Caputo en 2024 para llegar a la Corte Suprema y terminó expuesto al rechazo de su pliego en el Senado a principios de 2025. Ahora, el magistrado está a cargo de la investigación sobre las coimas de la Andis, además de la investigación sobre Adorni, y aspira a la Procuración General de la Nación.

Es un enorme expositor, brillante, pero en una causa propia es distinto.

El problema es que quedó del lado de Ricardo Lorenzetti y Guillermo Montenegro por el Ministerio de Justicia, una logia que contaba con el supuesto beneplácito de Javier Milei pero fue descartada por Karina para nombrar a Juan Bautista Mahiques. O sea que Adorni afronta no solo una tortuosa defensa, a través de un abogado que representó al empresario que pasó a la historia argentina como el símbolo de la corrupción menemista, sino también la definición que tome eventualmente Lijo.

Si bien todavía no tiene fecha fijada su posible citación a declaración indagatoria, Adorni deberá preparar con Ledesma esa presentación, al tiempo que también debería estudiar las respuestas a las preguntas que le formulen los diputados cuando deba rendir su informe mensual el próximo 29 de abril.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que la oposición ya trabaja para lograr en la sesión del próximo miércoles, cuando se discuta la modificación a la ley de glaciares, un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar pedidos de interpelación a Adorni.

Horacio Rosatti habilitó a los consejeros de la Magistratura en representación del Congreso y el estamento de los abogados para que hundan provisoriamente la acordada de la Corte Suprema, firmada por sus colegas Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para cambiar el mecanismo de selección de los jueces.

Detrás de la decisión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. Un experimentado funcionario judicial explicó a LPO que el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando detrás de la bandera de lo «técnico» un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios que las asesoran en la selección de los jueces.

Por eso, un tema absolutamente críptico para el ciudadano de a pie, es tapa de los grandes diarios y por eso también las asociaciones de empresas más concentradas, como el G6, salieron a respaldar públicamente la movida de Lorenzetti y Rosenkrantz, que antes de sumarse a la Corte eran abogados de muchas de esas mismas empresas.

Escándalo judicial: Mahiques mandó el pliego de su papá y el de la esposa del juez que investiga a Karina Milei

No se trata de teorías conspirativas. Luego de la decisión del Consejo de la Magistratura de postergar el tema, el establishment más concentrado hizo conocer su desagrado. El Grupo de los Seis (G6), integrado por la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos, emitió un poco usual comunicado apoyando la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti. 

«El G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país», ordenaron las cámaras que reúnen a los grandes actores del poder económico.

Detrás de discusión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. El proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios en la selección de los jueces.

Estas tensiones quedaron en evidencia durante la reunión del Consejo de la Magistratura de este miércoles. Cuando se analizaron los temas que se tratarán en el plenario previsto del próximo 15 de abril, la iniciativa de Rosenkrantz fue postergada. Con los sofisticados modos de la justicia, el abogado César Grau, identificado con el kirchnerismo, planteó que se había emocionado con el discurso que dio Rosenkrantz este lunes cuando presentó la iniciativa y propuso que el expediente se incluyera en el orden del día pero «no para votarlo, sino para habilitar el pase a la comisión de Reglamentación». Un elogio para enterrarlo. 

En ese momento, en lo que pareció un movimiento cordionado, Rosatti respondió que se trataba de un proyecto que debía ser analizado en detalle y profundidad, según relató a LPO uno de los consejeros presentes. Esta jugada enfrió el pedido de tratamiento perentorio formulado por Rosenkrantz y las empresas que representaba. La postura de Rosatti contó con el respaldo de los representantes de los académicos, que responden a Diego Molea, el juez Diego Barroetaveña y los abogados Jimena De la Torre y Alberto Maques, quienes responden a Mauricio Macri y Daniel Angelici, respectivamente.

El consejero de los abogados, César Grau.

Pero la discusión no terminó allí. Más tarde, al reunirse la comisión de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, que accedió a su silla por la lista de la minoría de los abogados pero con el auspicio de Molea, se criticó el apuro de Lorenzetti y Rosenkrantz por modificar el reglamento vigente, bajo el argumento de eliminar la «partidización» y la «discrecionalidad».

«Los jueces querían a Montenegro de ministro y ahora no están amigos del gobierno»

De La Torre adelantó que está «absolutamente de acuerdo con todos los términos de la acordada» pero aclaró que el tema «deberá discutirse en la comisión de Selección y la de Reglamentación y, en todo caso, votarse en plenario». Una manera de alargar el debate. De La Torre agregó que ella es autora de uno de los 14 proyectos sobre el tema, otra manera de avisarle que son los consejeros los que discuten cómo mejorar los mecanismos de selección de jueces y son muchas las ideas en danza, no sólo las de Rosenkrantz y Lorenzetti.

Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos pero entiendo que hay muchas cosas para modificar. Es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos.

Esa advertencia coincidió con una pregunta demoledora que un diputado le hizo en los últimos días a un juez de la Corte: «¿Nosotros podemos meternos con las sentencias?». La respuesta por la negativa solo ameritó una lacónica onomatopeya del legislador: «Ah».

En la misma sintonía, el consejero Maques objetó este miércoles la premura de Rosenkrantz y Lorenzetti. «Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos», afirmó y agregó: «es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos».

Maques es hombre de Angelici y, por propiedad transitiva, pertenecería al mismo esquema que termina en la figura de Karina Milei, quien definió el ascenso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y detonó la aspiración de Ricardo Lorenzetti.

Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo.

Lorenzetti quedó del lado perdedor en la discusión por el Ministerio de Justicia, ya que como reveló LPO, respaldaba junto a los principales jueces de Comodoro Py la designación de Guillermo Montenegro.

Milei le exige a Clarín que ceda 6 millones de clientes para aprobar la fusión con Telefónica

Que se instale el tema de la necesidad de «limitar» la intervención política en la selección de jueces, justo cuando el flamante ministro Juan Bautista Mahiques remite al Senado el pliego para que de manera excepcional se extienda por cinco años la calidad de juez de la Cámara de Casación Federal de su papá, Coco Mahiques, no parece casualidad.

Una impugnación a la que contribuye el ministro cuando de manera pública oficia como un abogado de los Milei en la causa por la criptoestafa $Libra, proponiendo cursos de acción para anular las pruebas contra el presidente y su hermana. En esa misma sintonía, parece inscribirse la decisión de Mahiques de promover el ascenso a jueza de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la causa $Libra. Un verdadero escándalo.

Le sirve además el tema a Lorenzetti para raspar a su eterno rival por la postulación de su hijo, Emilio Rosatti, como juez federal de Santa Fe. En el Palacio Talcahuano podía percibirse este miércoles la bronca contenida contra la publicación de Clarín que reveló que el heredero del presidente de la Corte no había sacado la nota más alta para el orden de mérito, donde había quedado 9º, pero luego de la entrevista terminó más arriba. Precisamente el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca limitar el peso de las entrevistas personales en la selección del orden de mérito de los que compiten por la calidad de juez.

Es por eso, que el deslizamiento más impactante es el que concretó Rosenkrantz, que de pasar los últimos tres años formando mayoría con Rosatti, pasó a alinearse con Lorenzetti. «Acaso ese cambio se explique por la confrontación de Milei con Clarín por las trabas para la fusión Telecom-Telefónica», analizó un consejero consultado por LPO. Rosenkrantz, antes de ser juez, fue abogado del grupo de medios al que Milei quiere imponer un draconiano pliego de condiciones para aprobarle la fusión, como reveló LPO en exclusiva.

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