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La denuncia narco contra el ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene su origen en la bronca del desarrollador inmobiliario Guillermo Masoni, dueño de «Los Mimbres SA», viejo amigo de Mauricio Macri y acusado de usurpar tierras a familias de campesinos en Santiago del Estero.

Más allá de los sabidos vínculos entre Zamora y Toviggino, Masoni recibió un duro revés judicial en su reclamo por la propiedad de 4000 hectáreas en el departamento santiagueño de General Taboada, contra un grupo de campesinos. La causa había recaído en el juzgado de Darío Alarcón, un magistrado al que se le atribuye «buena relación» con el líder del Frente Cívico, pero el empresario apeló y también perdió en segunda instancia.

Por ese motivo, un oscuro operador político habría visitado meses atrás al ex intendente de Termas de Río Hondo y actual diputado Jorge Mukdice con un mensaje amenazante: «Vamos por tu jefe», le dijo en referencia a Zamora.

A Zamora y Toviggino les imputan haberse quedado con campos que habían sido apropiados por un ocupante desde los tiempos de la última dictadura. Esas tierras, sin embargo, están ubicadas en el departamento de Alberdi y el paraje se llama Ahí Veremos.

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Sobre ese conflicto se abrió una causa en el Juzgado Federal de Campana, en 2017, y una serie de testigos protegidos declararon que había pistas de aterrizaje para aviones narco. «Mezclan peras con manzanas, no son pistas clandestinas, sino que son de tierra porque son para las avionetas que se usan para fumigar», respondieron cerca del ex gobernador ante la consulta de LPO, y agregaron: «se fumiga con aviones chicos, no va a venir un Boing».

Un legislador santiagueño apuntó, en cambio, contra Masoni y Macri por la agitación de denuncias contra Zamora.

Mauricio Macri, en el búnker PRO.

La disputa de Masoni, de hecho, es contra el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), una organización que lucha contra empresarios que avanzan en acuerdo con juzgados amigables sobre el tierras fiscales ocupadas por familias de escasos recursos. Desde hace más de 30 años, han tenido que enfrentar desalojos forzosos, perpetrados por figuras como Masoni pero apoyados por grupos armados de paramilitares.

Según fuentes provinciales, «agarraban a las familias con un ranchito en algunas zonas de Santiago, sobre tierras fiscales en las que ocupaban una hectárea y media, con una acequia y cuatro chanchos, y venían a extender la posesión hasta 2 mil hectáreas para sacar a las familias después». «Hubo maniobras con gente de afuera y abogados con acceso al fuero local, les hacían vender la posesión y desalojaban a los campesinos», comentaron.

Masoni contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco.

«Eso se cortó cuando empezó a gobernar Zamora», dijo una fuente provincial a LPO. En rigor, la historia fue más compleja, con tensiones e idas y vueltas, pero Masoni llegó a participar de una mesa de negociación a la que también se sentaban representantes del Mocase, con la mediación de funcionarios de los gobiernos de Claudia Ledesma Abdala y el propio Zamora. El ex jefe de gabinete y actual gobernador, Elías Suárez, habría llegado a participar de alguna de esas tertulias.

Los santiagueños recuerdan a Masoni por el avance de las topadoras para tirar postes, alambrada y árboles, en los parajes La Simona y Los Juríes, en General Taboada. La cruzada llevaba el sello de Los Mimbres SA, la firma del desarrollador inmobiliario.

En el Congreso apuntan que el empresario es el dueño de las oficinas de Olivos que utiliza Macri para reunirse con su entorno más cercano pero, además, señalan que Masoni «contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco». «Quieren ensuciar o vincular a Zamora pero acá hay un tipo que está en litigio por unos campos grandes y amenaza con la DEA», agregó una fuente al tanto de la situación.

Los diputados libertarios que viajaron a Beijing habían votado beneficios fiscales para empresas chinas y se exponen a una situación de dádivas transnacionales.

Como adelantó LPO, el grupo de diputados libertarios viajó a China invitado por el gobierno del gigante asiático y le metió ruido a la relación de Javier Milei con Donald Trump. La aventura fue encabezada por Juliana Santillán, que preside el grupo de amistad con China, y estuvo integrada por otros integrantes de LLA como el ex radical Mariano Campero, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y María Cecilia Ibáñez. 

El viaje fue pagado por la tecnológica Huawei, que es uno de los principales enemigos de Estados Unidos, que desde hace años viene haciendo un lobby feroz para frenar su expansión en América Latina, especialmente en lo referido a las redes de 5G y 6G.

Todos los diputados que viajaron habían votado en 2024 un «convenio para la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y la prevención de la evasión y elusión fiscal» para empresas chinas.

El viaje lo pagaron desde una empresa que se puede beneficiar por una ley votada por los propios viajeros. ‘Los deja objetivamente en una situación de delitos de dádivas internacionales’, dijeron a LPO en la Cámara de Diputados.

El Convenio busca eliminar los efectos de la doble imposición tributaria sobre la renta y el patrimonio entre ambos países, a través de la distribución de potestades tributarias, reducciones de alícuotas de retención en la fuente y la implementación de un mecanismo de crédito fiscal. Es decir, es un convenio de beneficios impositivos para las empresas chinas que se radican en Argentina y viceversa.

Un informe del estudio de abogados Marval, el más grande de la Argentina en derecho corporativo y señalado como uno de los redactores del mega DNU 70/23, destacó que en el convenio se listan las instituciones de propiedad o controladas por China y la Argentina que pasaron a gozar de este tratamiento diferencial. Y cita los ejemplos del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) o el Fondo para la Ruta de la Seda.

China pagó un viaje de diputados libertarios a Huawei y complica a Milei con Trump

Pero lo más jugoso viene después: el informe asegura que el listado incluido en el convenio podrá ser ampliado de común acuerdo por las autoridades competentes de ambos países.

Es decir, con compañías como Huawei, que tuvo que salir a aclarar varias veces que no pertenece al gobierno chino, como sucede con las empresas del país asiático. Eso no convenció a Trump, que en su primer mandato en EEUU inició un boicot internacional contra la tecnológica acusándola de espiar para el gobierno chino.

«Si esto fuera EEUU, el FBI ya los hubiera detenido», dijo un diputado a LPO en referencia a los libertarios que fueron a Beijing.

Para colmo, en un intento por defenderse de las críticas que recibieron en las redes por haber viajado como la «casta», los libertarios explicaron que el viaje no fue pagado por la Cámara de Diputados. El propio presidente de la Cámara, Martín Menem, salió a hacer esa aclaración.

De este modo despejaron la duda: el viaje lo pagaron desde una empresa que se puede beneficiar por una ley votada por los propios viajeros.

«Los deja objetivamente en una situación de delitos de dádivas internacionales», dijeron a LPO en la Cámara de Diputados.

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