El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti fue denunciado en el Consejo de la Magistratura y recusado en la causa 16.997/2023 por Guillermo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos.
Pinarello acusó al juez Inchausti de difundir información de la causa cuando regía el secreto de sumario, aplicar tratos diferenciados a distintos imputados y la manera en que se ejecutó una resolución de la Cámara Federal que le había concedido la prisión domiciliaria a un imputado.
También recusó al juez y solicitó formalmente que sea apartado de la causa en la que lo investiga, al considerar que existen elementos como «enemistad manifiesta» y «pérdida objetiva de la imparcialidad» que ponen en duda su competencia para continuar interviniendo en el expediente.
Pinarello está siendo investigado de ser el presunto organizador de una asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a introducir las ganancias en el circuito financiero mediante distintos mecanismos, entre ellos cuentas y billeteras virtuales.
Entre los principales ejes que justifican el pedido de recusación, se destaca un episodio que, según Pinarello, se remonta a 2016 y tuvo como protagonistas al magistrado y al padre del imputado, Elías Guillermo Pinarello, quien por entonces se desempeñaba como Director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. Según el escrito, ambos mantuvieron una fuerte discusión durante una reunión en el despacho de Inchausti por diferencias de criterio institucional.
Pinarello asegura que en aquel encuentro el magistrado le manifestó a su padre que en la ciudad se investigaría aquello que él dispusiera y que, si no se adecuaba a sus directivas, «duraría poco tiempo en el cargo», con una referencia expresa a las consecuencias que podría sufrir su carrera profesional.
La recusación sostiene que aquel conflicto nunca fue superado y que terminó proyectándose sobre la causa que actualmente involucra a Pinarello. Como elementos para fundamentarlo, la presentación enumera distintas medidas adoptadas contra su padre, entre ellas una inhibición general de bienes ordenada en noviembre de 2025 que se extiende hasta el día de hoy y el bloqueo temporal de la cuenta sueldo en la que percibía sus haberes, pese a que hasta el 6 de agosto de 2026 no había sido citado a indagatoria.
Pinarello también cuestionó el tratamiento que recibió en comparación con otro de los imputados en la misma causa, Joaquín Otero Cao. Según señala la recusación, Inchausti había concedido en primera instancia la prisión domiciliaria a Otero Cao y rechazado la suya, decisión que posteriormente fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que terminó otorgándole ese beneficio.
Asimismo, Pinarello sostiene que, mientras Otero Cao había podido salir del penal sin que previamente le colocaran una tobillera electrónica, en su caso el juzgado condicionó la salida a la instalación del dispositivo. Esa situación provocó que permaneciera casi diez días adicionales en prisión pese a que la Cámara ya había dispuesto su domiciliaria. Además, denuncia que se le impuso una caución de $100 millones, el doble de los $50 millones establecidos para su coimputado.
Otro de los puntos cuestionados está vinculado a las circunstancias en las que Pinarello quedó a disposición de la Justicia. Él afirma que se entregó voluntariamente al tomar conocimiento del pedido de captura y que esa decisión había sido comunicada por escrito en el expediente. Sin embargo, sostiene que desde el Juzgado y la Fiscalía se construyó una narrativa según la cual había sido capturado cuando intentaba darse a la fuga, versión que luego fue reproducida por distintos medios de comunicación.
Las filtraciones periodísticas constituyen uno de los principales capítulos de la denuncia que Pinarello realizó ante el Consejo de la Magistratura. Allí señaló que el secreto de sumario fue levantado el 13 de noviembre de 2025 a las 14, pero que antes de ese momento distintos medios ya habían publicado detalles sobre la investigación, las hipótesis acusatorias y circunstancias personales de quienes estaban vinculados al expediente. Por ese motivo, pidió que se investigue específicamente el origen de esas filtraciones.
«La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la imparcialidad del juzgador no sólo debe existir en los hechos, sino que también debe ser objetivamente perceptible para los justiciables, de manera que no exista duda razonable sobre su ausencia. Los hechos descriptos constituyen, en su conjunto, una secuencia de circunstancias objetivas y verificables que revelan una continuidad de conductas que se proyectan desde el conflicto personal de 2016 hasta las decisiones adoptadas en la presente causa», expresó Pinarello en la presentación.
Los cuestionamientos se producen sobre un magistrado que ya había sido objeto de otras denuncias y críticas a lo largo de su trayectoria. Inchausti es titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y también se desempeña como subrogante del Juzgado Federal N° 1 (son los únicos 2 juzgados penales federales en Mar del Plata, es decir, tiene el monopolio de la justicia penal federal de la ciudad). A lo largo de sus 15 años como magistrado, ha sido blanco de acusaciones por abuso de autoridad, mal desempeño e imparcialidad, y se lo conoce como «el juez encarcelador» por su fama de primero encarcelar y luego investigar.
En esta oportunidad, Pinarello solicitó que Inchausti sea apartado de la causa «en resguardo de la garantía constitucional del juez imparcial». En caso de que el propio magistrado no considere procedente su apartamiento, el acusado pidió que las actuaciones sean elevadas inmediatamente al tribunal superior para que resuelva el planteo.
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Julio Zamora y Daniel Scioli se mostraron juntos este fin de semana, ratificando los gestos de acercamiento que el intendente de Tigre viene dando hacia La Libertad Avanza (LLA) y que disparan múltiples tensiones dentro del armado libertario local.
La excusa fue una actividad en la que el joven prodigio del ajedrez Faustino Oro abrió una gira de exhibiciones promovida por la Secretaría de Turismo. «Estamos en Tigre porque mi querido amigo Julio Zamora, con Gisela (Zamora), han hecho del ajedrez una política de Estado», dijo Scioli sobre el lugar elegido para iniciar esa gira.
En Tigre esa movida fue leída en clave política y va en línea con la sintonía que la rama sciolista de LLA mantiene en el Concejo Deliberante con el zamorismo.
En la actividad también participaron concejales de La Libertad Avanza de otros distritos de la Primera, como el caso de Sebastián Neuspiller, concejal de Pilar alineado al jefe de Gabinete Diego Santilli.
Como contó LPO, Zamora consiguió semanas atrás la aprobación de su Rendición de Cuentas gracias al apoyo de un sector de los libertarios, entre ellos de la concejal Milagros Rodríguez, que responde a Nicolás Scioli, hermano del ex gobernador que el año pasado mostró intenciones de querer ir por la intendencia.
«Es un amigo y vecino de Tigre», dijo Zamora al referirse a Scioli tras la exhibición ajedrecística donde se mostró permanentemente junto al funcionario libertario.
La semana pasada el secretario de Turismo había agradecido especialmente a la gestión Zamora por el accionar frente al intento de robo que sufrió en su casa de Villa La Ñata, donde tres delincuentes con máscaras de payaso buscaron infructuosamente ingresar.
En el ámbito político tigrense creen que el intendente busca explotar su estrecho vínculo con el ex motonauta para reflotar un entendimiento con los libertarios que se había enfriado tras los cambios en la coordinación local.
LPO había adelantado en mayo último que el dirigente que encabezó la boleta libertaria en las últimas dos elecciones, Claudio Baumgarten, fue corrido al frente de la oficina local de Anses por la ex concejal del PRO Vanina Pignata, quien reporta al concejal Juan Furnari, con llegada a los Menem.
Eso había generado fricciones internas que tuvieron su correlato en el Concejo. Incluso, en la votación de la Rendición de Cuentas, Furnari fue uno de los que votó en contra de los números de Zamora que sí aprobó la concejal sciolista.
El ruido por esa aprobación había llegado hasta la Casa Rosada, ya que Karina Milei había dado la orden a los concejales libertarios de no aprobar las rendiciones de intendentes peronistas. Tigre fue el único municipio donde la mayoría de los concejales LLA votaron a favor.
Es que, además de Scioli, Zamora también mantiene vasos comunicantes con el ex candidato a intendente del PRO y ahijado de Patricia Bullrich, el ex actor Segundo Cernadas, con algunas bancas en el Concejo que acompañan los proyectos troncales del Ejecutivo municipal.
Mientras busca posicionar a su esposa Gisela Zamora de no tener el aval legar para ir por otra reelección, el intendente tigrense da señales de apertura al mundo libertario.
Zamora no tiene lugar en el peronismo tras jugar en 2025 con Somos Buenos Aires, sello de centro sobre el que tampoco puede moverse, tras el fracaso de las últimas legislativas.
En esa encerrona y mientras busca posicionar a su esposa Gisela Zamora de no tener el aval legar para ir por otra reelección, el intendente tigrense da señales de apertura al mundo libertario.
En el subsuelo del hotel Alvear Icon en Puerto Madero la Argentina se ve desde la cima. Y desde esta cima subterránea el país es otro. Ochocientos ejecutivos de las empresas de energía más importantes del mundo hormiguean trajeados y sonrientes entre los salones y el auditorio de conferencias. Se chocan o se buscan, ni uno con cara de preocupado. Se abrazan, se reencuentran. Hablan del futuro con alegría. Aquí abajo -aquí arriba- todo es optimismo e ilusión. Lo vienen repitiendo: la energía que moverá el mundo en los próximos años saldrá de Argentina. En este sur se instalarán los data centers que ya no caben en Estados Unidos. De esta tierra saldrá el gas, el litio y el petróleo que alimentarán a los que crean en la transición energética y a los que no. Para todos hay mercado.
Daniel González – el secretario Coordinación de Energía y Minería de Milei– trae el dato del Instituto Argentino de Petróleo y Gas: en Vaca Muerta hay treinta mil millones de barriles, prácticamente el doble de la última estimación. Esto, dice, permitirá exportar petróleo por 250 años. Lo que no se sabe, advierte, es cuánto tiempo durará la demanda, y eso lo saben todos. Por eso hay que sacar el recurso lo más rápido posible. Aprovechar la ventana de oportunidad, se dice en el lenguaje de los negocios. La ventana es enorme y está abierta de par en par. Aquí todo es excitación y vértigo feliz. La Argentina de la semana pasada y sus mil quinientos heridos en las veredas alrededor del Congreso parece un mal sueño que ya se olvidó, que pocos registraron o ven como parte del folclore de un país que avanza a toda velocidad. Y lo que queda atrás no importa, porque la dirección es clara y el destino es luminoso. Los que no lo entienden ya lo van a entender.
De lo que sí hablan en el escenario es de lo que pasó puertas adentro del Congreso. Una y otra vez elogian la reforma regulatoria de Milei y la previsibilidad que ganó hoy el país para los negocios. El público aplaude varias veces. En las poco más de cuatro horas que dura el evento hablan once CEOS, tres gobernadores, dos banqueros, un intendente, un senador, tres secretarios de gobierno. Antes de todos ellos, el embajador de Estados Unidos:
—Hoy veo que todo es posible en Argentina— dice Peter Lamelas en un español tropezado pero clarísimo — La energía es fundamental para todos los aspectos de nuestra vida. Y es la base del desarrollo económico y de la seguridad nacional. Pero faltan ciertas condiciones claras. Estas condiciones son posibles gracias a reformas del presidente Javier Milei. Una visión compartida plenamente por el presidente y mi amigo Donald Trump: menos burocracia, más libertad, liderazgo del sector privado, crecimiento impulsado por el mercado.
Un segundo antes de que se le corte el micrófono por un desperfecto técnico, el embajador vuelve a halagar reformas de Milei y remarca su éxito:
—El RIGI recibió cuarenta proyectos por cien mil millones de dólares y la mitad de ellos ya están aprobados.
Ahora balbucea y gesticula mientras la voz se le pisa y se pierde en el enorme salón, así que toma aire y advierte que va a gritar. Habla más fuerte y más rápido. Habla seis minutos sin micrófono y dice que hay que avanzar con las reformas y las inversiones van a llegar. Así es el entusiasmo. Y dice una frase bien argentina: cocodrilo que se duerme es cartera. El público ríe hasta que el embajador empieza a hablar de China. Y entonces la voz de Lamelas brota otra vez poderosa por los parlantes. Alguien arregló el problema con los cables:
—Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina. Pero quieren garantías de que sus datos son protegidos y están en redes de confianza— dice el embajador — China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a sus redes de tecnología y a sus datos que pasan por sus redes de IA. ¡Entiendan! — se lleva el índice a la sien— Cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA, todo controlado por el Partido Comunista chino. Esto no vale.
Dos días antes, durante una audiencia en la legislatura de Neuquén, la Cámara de Servicios Públicos y Comunitarios de esa provincia -la mayor cooperativa proveedora de energía eléctrica de la Patagonia- denunció que la embajada de Estados Unidos amenazó con restringirles visas si avanzaban en un proyecto con la empresa china Huawei.
—No hay duda de que las empresas de Estados Unidos son líderes de seguridad y transparencia —dice Lamelas ahora en el escenario— Y esas empresas de los Estados Unidos no usan tecnología crítica de China. ¡Entonces ya saben!
Después nadie más habla de China. Salvo el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek. Dice que las rutas de su provincia, por donde entran y salen el 97 por ciento de los camiones y los veinte mil trabajadores que van a Vaca Muerta, tiene las rutas destruídas y abandonadas por el gobierno nacional. Que hay accidentes y hay muertes y que hay cosas que no entiende. Por un momento, parece desentonar, pero no. Rápidamente agrega que no hay nadie en la oposición argentina que pueda ganarle la próxima elección a Milei. Y está seguro de algo más el gobernador Weretilnek:
—Hay ciertas cosas que planteó Milei que ya no tienen cambio: ningún presidente o candidato a presidente puede poner en duda nunca más la alineación con Occidente y fundamentalmente con los Estados Unidos. Ya no tienen ni matices. Podés hacer negocios con China, sí, podés. Lo que no podés es ir a embanderarte con Venezuela o con Irán.
Muy sereno, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, dice que hay que desdramatizar la cuestión electoral, sostener acuerdos básicos y garantizar la paz social. Y también habla de los data centers que pueden empezar a instalarse en la Patagonia:
—Es una industria electrointensiva que crece exponencialmente la demanda de energía y tenemos la responsabilidad de aggiornarnos. Entender que tenemos que agilizar cualquier proceso burocrático para ser punta en la posibilidad de tener inversiones muy importantes, que generan incertidumbre porque muchos no entienden.
Más tarde, la que explica algo más es Marcela Romero, CEO de la francesa Schneider Electric:
—Los data centers hoy representan casi el 13 por ciento del consumo energético global, y a partir del 2030 van a consumir más del 35 por ciento de la generación de energía— y remarca luego un dato aún más impactante—El 60 por ciento de lo que se genere de energía nueva de acá a 2030 va a ser usado por la inteligencia artificial, entonces si Argentina quiere realmente tomar esa oportunidad tiene que estar lista.
Casi nada se dice del impacto ambiental de los data centers. Tienen mala prensa, advierte el empresario Jorge Brito, uno de los últimos en hablar. Pero destaca que serían muy importantes si se los pudiera sostener con energía renovable. El hombre fuerte del Banco Macro es también presidente de Genneia, empresa líder en energías renovables, con ocho parques eólicos, seis solares y una amplia cartera de clientes. En los últimos días fue muy agitado como posible candidato a Presidente. Lo propuso con énfasis en declaraciones televisivas Daniel Hadad. Y Brito dice en el escenario algo que nadie ha dicho hasta aquí:
—El sector energético junto con el sector minero y el petrolero son sectores ganadores pero todavía hay muchos otros sectores que no están en una situación acorde. Y creo que vamos a poder empezar a pensar a largo plazo el día que se estabilice y los sectores perdedores hayan tenido la oportunidad de compartir.
No queda claro compartir qué cosa. Rápidamente cambian de tema. Sí queda claro que los sectores perdedores están lejísimos del subsuelo del Alvear Icon. En el escenario alguien insinúa que el sector energético, que es el que infla los números del crecimiento argentino, no genera tanto empleo como los sectores que están perdiendo. Lo dejan pasar y la conversación sigue optimista. Los que están afuera, en los dos salones donde se cruzan y conversan y se reencuentran, hablan de los números que se disparan, de la ventana de oportunidad, se intercambian tarjetas, se presentan unos a otros, se sonríen con dientes perfectos.
En el cierre del evento, el CEO de Amcham, Alejandro Díaz, dice que lo más importante es que Argentina hoy tiene previsibilidad, algo que hace cinco años no tenía. Y habla, al final, de movilidad social:
—La movilidad social va a cambiar, hay que repensar que lo que fue el movimiento industrial de los ‘40, ‘50 y ‘60, donde se generaron los suburbios en las grandes ciudades de la Argentina, tendrá que moverse a los lugares de desarrollo. Hay sociedades que van a tener que ir… grupos familiares a contextos relevantes, van a tener que moverse a los lugares de desarrollo donde la empleabilidad va a surgir. Y probablemente no sea más en la industria del conurbano bonaerense.
Así dicho, la Argentina del futuro parece estar lejos. Al menos para los que viven en la Argentina del presente, lejos de Puerto Madero. Las familias endeudadas y los morosos récord. Quizás estén aquí mismo algunos de sus padres o sus hijos, muy disimulados en sus pulcros uniformes sirviendo el café y las frutas elegantemente cortaditas y las masas finas, o limpiando los baños perfumadísimos y silenciosos. Pero no importa. Quizás esos hombres y mujeres a los que sirven los arrastren pronto con ellos a ese futuro luminoso y energizado que ya se puede tocar con la punta de los dedos. Quizás el destino sea otro. Lo dijo el embajador: hoy todo es posible en la Argentina.
El Gobierno porteño adjudicó una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional capaz de hablar con los vecinos mediante voces sintéticas de alta fidelidad. El sistema estará destinado a los canales digitales de la Ciudad y podrá mantener conversaciones, procesar información de los trámites, analizar las interacciones y medir cuántos problemas resuelve sin intervención humana. La contratación abre una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué sucede cuando el Estado empieza a reemplazar la conversación entre personas por máquinas diseñadas para sonar como personas.
Por Roque Pérez para NLI
Hasta ahora, cuando un vecino tenía un problema con el Estado porteño, la relación podía ser incómoda, burocrática, lenta o frustrante, pero existía —al menos en principio— una dimensión humana detrás del mostrador, del teléfono o de la pantalla. Había alguien a quien explicarle una situación, alguien que podía escuchar una excepción, interpretar un problema que no encajaba exactamente en un formulario y, eventualmente, hacerse cargo de una respuesta. Esa relación está empezando a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño acaba de adjudicar una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz de alta fidelidad que permitirá atender interacciones mediante agentes capaces de hablar con los ciudadanos utilizando voces artificiales cada vez más parecidas a las humanas.
La contratación fue adjudicada el pasado viernes 7 de agosto de 2026 mediante la Resolución 130/SECITD/26. El expediente corresponde a la Licitación Pública 2051-0661-LPU26 y tiene como destino la Dirección General Canales Digitales, dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. El propio objeto de la licitación resulta revelador: “Plataforma de IA Conversacional y Síntesis de Voz de Alta Fidelidad Modalidad SaaS”. No se trata, entonces, de comprar simplemente un sistema que convierta textos en audios, sino de incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.
Incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.
Cuando el Estado empieza a hablar con voz de máquina
La tecnología contratada tiene una característica que modifica radicalmente la experiencia: la inteligencia artificial no se limitará a responder por escrito. La plataforma elegida es ElevenLabs, una herramienta especializada en generación y síntesis de voz, y la contratación contempla además servicios de contingencia y consultoría, soporte y mantenimiento evolutivo del denominado “ecosistema de voz”. El contrato fue adjudicado a Solar Insights S.A. por $3.020.928.204,80, de los cuales $950.366.524,80 corresponden a la suscripción de ElevenLabs, $1.198.050.000 a servicios de contingencia (una bolsa equivalente a 4,2 millones de minutos, cuyo uso dependerá de las necesidades y consumo del sistema) y $872.511.680 a consultoría, soporte y mantenimiento.
La cifra, por supuesto, merece ser observada, pero reducir la historia a cuánto dinero se gastó sería perder lo más importante. La verdadera transformación está en el vínculo que el Estado pretende establecer con quien necesita de sus servicios. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la herramienta, sino qué clase de administración pública empieza a construirse cuando una máquina puede recibir una queja, reconocer el lenguaje utilizado, contestar con una voz natural y continuar la conversación sin que necesariamente aparezca un trabajador estatal del otro lado.
La propia estructura de la contratación revela esa orientación. La Dirección General Canales Digitales tiene entre sus responsabilidades coordinar las interfaces entre plataformas digitales y canales conversacionales, además de establecer estándares de experiencia conversacional para los bots utilizados por el Gobierno porteño. La nueva plataforma se incorpora, por lo tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización de la relación entre la administración y sus ciudadanos.
Y hay una palabra particularmente significativa en esta transformación: “conversacional”. Una pantalla que devuelve información es una cosa. Una voz que responde “entiendo su problema”, hace una pausa, formula una pregunta y continúa la conversación es otra completamente distinta. La segunda construye una apariencia de vínculo interpersonal. La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.
La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.
Ese detalle tiene consecuencias sociológicas que suelen quedar ocultas detrás de palabras como innovación, eficiencia o modernización. Durante décadas, la burocracia estatal fue criticada por su despersonalización: formularios, números de expediente, ventanillas, sellos y turnos convertían a las personas en números administrativos. La paradoja de la nueva revolución digital es que ahora puede ocurrir algo diferente: el Estado puede despersonalizar todavía más la atención mientras utiliza máquinas diseñadas para parecer personales.
La burocracia del futuro podría no tener una ventanilla fría ni un empleado que responde mecánicamente. Podría tener una voz amable, cálida y perfectamente modulada que haga exactamente lo mismo.
La máquina que escucha, interpreta y mide al ciudadano
El salto tecnológico no está solamente en que la IA pueda hablar. También está en lo que ocurre alrededor de esa conversación. La documentación técnica de la contratación contempla una infraestructura capaz de trabajar con agentes conversacionales, integrar información y evaluar las interacciones. Entre los objetivos aparece la medición de la resolución autónoma de las conversaciones, es decir, cuánto puede resolver el sistema sin intervención de un operador humano.
Esto cambia el criterio con el que se evalúa la atención pública. Durante décadas, la calidad de un servicio podía medirse por la capacidad de una persona para resolver un problema, orientar a un vecino o comprender una situación particular. En el nuevo esquema aparece otra variable: qué porcentaje de ciudadanos puede ser atendido completamente por una máquina.
No es un detalle menor. Significa que la automatización deja de ser solamente una herramienta auxiliar y comienza a convertirse en un objetivo de gestión. Cuanto mayor sea la proporción de conversaciones que el sistema resuelva sin derivarlas a una persona, más eficiente será considerado el mecanismo.
La tecnología también permite trabajar con voz, transcripciones y análisis de las conversaciones, lo que introduce otra dimensión delicada: el ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente. La Agencia de Acceso a la Información Pública viene advirtiendo precisamente sobre la necesidad de incorporar transparencia y protección de datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Su guía para entidades públicas y privadas señala que la transparencia y la protección de datos son dimensiones centrales de una IA responsable.
El ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente
La propia AAIP creó en 2023 un programa específico sobre transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales frente a los riesgos asociados a estos sistemas. El organismo remarcó que la privacidad y la protección de los datos deben ser consideradas desde la recopilación hasta la utilización, almacenamiento y supresión de la información.
Por eso, en este nuevo escenario aparece una pregunta inevitable: ¿qué sabe exactamente la máquina de la persona con la que está hablando? Y otra todavía más importante: ¿qué sabe esa persona acerca de la máquina con la que está hablando?
¿El vecino sabrá que del otro lado no hay una persona?
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la contratación.
En la documentación pública que pudimos revisar no encontramos una cláusula expresa que establezca que el ciudadano deba ser informado, al comenzar la conversación, de que está interactuando con una inteligencia artificial. Tampoco la resolución de adjudicación establece una obligación semejante. Esto no permite afirmar que la Ciudad vaya necesariamente a ocultarlo: puede existir una instrucción posterior de implementación, una política de privacidad o una advertencia incorporada al sistema que no forme parte de la resolución publicada. Pero, al menos en los documentos analizados, no aparece de manera explícita esa obligación de identificación frente al ciudadano.
Y la cuestión no es trivial. Cuanto más natural resulte una voz artificial, más importante se vuelve saber quién está hablando.
Una voz humana transmite mucho más que palabras: genera confianza, autoridad, cercanía y, en determinadas circunstancias, empatía. Si un ciudadano escucha una voz perfectamente natural diciéndole que su reclamo fue recibido, puede interpretar que detrás existe una persona que comprendió su situación. Pero una voz humana no significa que exista una persona. La diferencia entre ambas cosas puede volverse prácticamente invisible.
La Argentina, de hecho, ya reconoce institucionalmente que el uso de inteligencia artificial exige reglas de transparencia. La AAIP sostiene que el Estado debe garantizar que los sistemas sean comprensibles y responsables, y sus recomendaciones para el uso de IA señalan que los proyectos públicos deben contemplar la transparencia, la protección de los datos y los riesgos de los procesos automatizados.
El problema, entonces, no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema es quién controla la relación entre la máquina y el ciudadano y cuánto sabe el ciudadano acerca de esa relación. Porque una cosa es que el Estado diga: “Esta es nuestra inteligencia artificial; puede ayudarte a resolver este trámite y, si no puede hacerlo, te comunicará con una persona”. Y otra muy diferente es construir una experiencia en la que el usuario tenga la impresión de estar conversando con un empleado cuando en realidad está hablando con un sistema automatizado. La primera situación puede ser una herramienta tecnológica. La segunda plantea un problema de transparencia y autonomía.
La eficiencia como nueva forma de deshumanización
Hay una cuestión todavía más profunda. La incorporación de IA suele justificarse mediante una palabra que parece indiscutible: eficiencia. Una máquina puede atender miles de consultas simultáneamente, no se enferma, no tiene horarios, puede responder de manera uniforme y no necesita multiplicar la cantidad de trabajadores a medida que crece la demanda.
Todo eso puede ser cierto. Pero la eficiencia no es el único valor que debería organizar una administración pública.
Un Estado no existe solamente para procesar trámites. Existe para relacionarse con personas que, muchas veces, llegan a él precisamente porque tienen un problema. El ciudadano que reclama porque perdió un turno, porque no puede acceder a un beneficio, porque necesita resolver una infracción, porque tiene dificultades con un trámite o porque no comprende una decisión administrativa no siempre necesita únicamente una respuesta correcta. A veces necesita que alguien pueda comprender que su situación es excepcional.
La máquina trabaja extraordinariamente bien con aquello que puede ser convertido en datos. El problema comienza cuando la vida real no entra en el formulario.
La promesa de la IA es que esos límites podrán reducirse. Y probablemente sea así. Pero mientras más decisiones y respuestas se automaticen, mayor será la necesidad de preservar mecanismos de atención humana para los casos que no encajen en las categorías previstas por el algoritmo.
El riesgo no es que una computadora sea fría. El riesgo es más profundo: que el Estado termine considerando que una conversación está resuelta cuando el sistema logró cerrar el ticket, aunque la persona siga teniendo el problema.
La Ciudad acaba de dar un paso importante en esa dirección. La resolución del 7 de agosto formalizó la adjudicación de una herramienta que puede convertirse en una nueva puerta de entrada a la administración porteña. La licitación recibió cuatro ofertas y finalmente fue adjudicada a Solar Insights S.A., presidida por Matías Bedacarratz; las otras tres fueron desestimadas por no cumplir con las condiciones del pliego.
No estamos, entonces, ante una fantasía futurista. La transformación ya tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria, presupuesto y una tecnología concreta. Lo que todavía está abierto es la discusión democrática sobre qué límites deberá tener esa transformación. Porque una ciudad inteligente no debería ser solamente aquella que responde más rápido. También debería ser aquella que sabe cuándo una persona necesita hablar con otra persona.
Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja esta contratación: si el Estado puede construir una máquina capaz de sonar como nosotros, ¿quién se asegurará de que detrás de esa voz siga existiendo un Estado capaz de escucharnos como seres humanos?
