Denuncian que Presti quiere rematar 44 inmuebles militares para pagar la deuda de IOSFA

Denuncian que Presti quiere rematar 44 inmuebles militares para pagar la deuda de IOSFA

 

El gobierno puso en revisión 44 inmuebles de todo el país que estaban bajo la esfera de IOSFA y que podrían estar cerca de ser vendidos. 

El documento oficial al que accedió a LPO tiene fecha del 19 de marzo y  propone anular transferencias, retirar propiedades del balance y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos. 

La medida abre interrogantes sobre el control y la gestión futura de los bienes y aumenta el malestar de una buena parte de las Fuerzas Armadas que aún se resiste a perder el patrimonio histórico. 

La iniciativa se enmarca en la aplicación del DNU 88/2026 y fue elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo, propone una serie de medidas que incluyen la anulación de procesos de transferencia en curso, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la exclusión de estos inmuebles del patrimonio neto del instituto.

Documentos confirman que IOSFA tenía 25 mil millones de superávit cuando Petri llegó a Defensa 

Entre los activos alcanzados figuran hoteles, delegaciones, farmacias, centros recreativos y sedes administrativas, muchos de ellos ubicados en puntos estratégicos como la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y la Patagonia. 

En el caso de Mar del Plata, por ejemplo, aparecen varios hoteles emblemáticos, cocheras y dependencias operativas que forman parte de la estructura histórica del organismo. Según el texto, uno de los ejes centrales es revertir la situación jurídica de los inmuebles que estaban en proceso de transferencia al IOSFA. 

En esos casos, se propone que la AABE retome la jurisdicción, con intervención del Ministerio de Defensa, manteniendo el uso por parte de la obra social pero bajo un nuevo encuadre legal. En paralelo, se impulsa la anulación de resoluciones y expedientes tramitados en los últimos años. 

El documento también sugiere archivar definitivamente múltiples actuaciones administrativas vinculadas a estas transferencias. Otro punto sensible es la recomendación de excluir los 44 inmuebles del registro contable del IOSFA. 

Pero para algunos integrantes de las fuerzas, los argumentos técnicos que aparecen en el documento oficial no so suficientes. Un militar en actividad afirmó a LPO que «toda esa lista de inmuebles van a ser afectados a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda».

«Lo curioso es que algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda, la residencia Cosquín, esos eran hoteles de las fuerzas, que después pasaron al IOSFA pero bueno, obviamente nadie va a decir nada», agregó. 

La disolución del IOSFA se produjo para dar lugar a una nueva obras social pero el gobierno nunca detalló la manera en la que iba a pagar de 200 mil millones de pesos que incluye deudas con clínicas y hospitales de diferentes lugares del país que han dejado sin cobertura a militares activos y retirados. 

Escándalo IOSFA: los militares están sin cobertura y denuncian un negociado de Petri para vaciar la obra social

Esto generó una situación grave para pacientes de enfermedades graves que tiene que cubrir con plata de su bolsillo los costos de los tratamientos y en ciudades como Mar del Plata salieron a protestar. 

LPO adelantó en exclusivo que los estudios contables de IOSFA antes de la llegada de Luis Petri mostraban una obra social con 25 mil millones de pesos de superávit que empeoró tres años después para dejarla en un situación de absoluto quebranto.

 

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    Para el fútbol en protesta contra el gobierno de Milei

     

    La AFA convocó un paro de partidos entre el 5 y 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva impulsada por el gobierno de Javier Milei y organismos fiscales; el conflicto entre deporte y políticas públicas avanza con fuerte impacto en clubes y economía del sector.

    Por Ignacio Elfrantini para NLI

    Paro y protesta estructural del fútbol argentino

    La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender los partidos oficiales entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo de 2026 como forma de protesta contra la acusación de evasión impositiva impulsada por organismos fiscales vinculados al gobierno de Javier Milei y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión fue votada por unanimidad en el Comité Ejecutivo y se presenta como un gesto de rechazo explícito a la presión judicial y fiscal que enfrenta el fútbol argentino.

    El presidente de Vélez Sarsfield sostuvo que “se está declarando una guerra contra el fútbol”, destacando que el paro no responde solo a una causa deportiva sino a una fractura política más amplia entre el mundo del deporte y las políticas estatales.

    Conflicto fiscal y acusaciones de evasión impositiva

    El trasfondo del paro es un conflicto fiscal de alta gravedad, donde la Dirección General Impositiva (DGI) y la ARCA ampliaron denuncias penales contra la AFA por presuntas irregularidades impositivas que superan ampliamente los $11.700 millones en retenciones de impuestos y aportes previsionales que, según el fisco, no habrían sido ingresados en tiempo y forma.

    Esta denuncia se inscribe en una perspectiva de intervención estatal más agresiva, donde el organismo recaudador busca aplicar la Ley 27.430 y calificar la conducta fiscal de la AFA como apropiación indebida de tributos. El monto investigado oscila incluso por encima de los $19.300 millones cuando se suman las ampliaciones presentadas por el propio gobierno, lo que incrementa la magnitud del conflicto fiscal y político.

    Impacto en clubes, economía del fútbol y debate público

    La medida adoptada por la AFA no solo tiene implicancias deportivas, sino económicas y de comercio para los clubes y el ecosistema del fútbol profesional en Argentina. La suspensión de partidos interrumpe la agenda comercial de la liga, afecta contratos televisivos, impacta en ventas de entradas y merchandising y genera incertidumbre en los sponsors. Esto podría traducirse en pérdidas significativas para entidades que ya operan con márgenes ajustados y dependen de los ingresos por espectáculo y derechos.

    Además, el paro expone el conflicto entre las políticas impositivas del Estado y el modelo económico y organizativo del fútbol argentino, tradicionalmente basado en clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. La presión fiscal y el foco en las retenciones no ingresadas han añadido un elemento de inseguridad jurídica que complica la planificación financiera de los clubes.

    Tensión política y percepción pública

    La disputa entre la AFA y el gobierno de Milei excede lo técnico: se ha politizado fuertemente y se percibe como un choque de modelos. Sectores del deporte consideran que la acusación fiscal obedece a un intento de socavar la autonomía del fútbol argentino y, en algunos casos, de forzar modelos de gestión más privatizados, como las sociedades anónimas deportivas (SAD) promovidas por algunos sectores del gobierno en el pasado reciente.

    Este clima de tensión se refleja incluso en la opinión pública y en el mercado, ya que la posibilidad de interrupciones de torneos genera incertidumbre en inversores, clubes y fanáticos, y coloca al fútbol como un actor relevante en el debate político nacional. El asunto fiscal y la protesta deportiva podrían influir también en la agenda de discusiones económicas más amplias en el país, donde la relación entre el Estado y los sectores productivos continúa siendo un tema central.

     

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