El Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa se refirió a los controles que ha realizado el área a su cargo para evitar que se circule fuera del horario permitido a partir de las medidas vigentes desde el último lunes en la ciudad.
“Junto con la Policía de Río Negro, en nuestro caso las Comisarías Quinta y 35°, estamos trabajando en los controles ya que entre las 0 y las 6 horas no se puede circular”, recordó Figueroa.
Agregó que “los vecinos deben tener conocimiento que quien viole las restricciones va a tener dos consecuencias. Por un lado, un expediente penal por violación a los artículos 205 y 239 y, por el otro, a partir del decreto municipal 059/21, se le va a retener el vehículo por 48 horas y se le va a hacer una infracción de 2 SAM”.
Además insistió en que “debemos seguir usando el tapabocas, respetar el distanciamiento, ser solidarios y corresponsables. No queremos llegar a restringir más, nuestro motor es la actividad comercial, la actividad frutícola, no queremos que se pierda el esparcimiento, las actividades culturales, las deportivas. Tenemos que cuidar nuestra ciudad”.
“Hasta ahora es muy poca la gente que circula después de la medianoche, las bajas temperaturas contribuyen a ello pero nos preocupa lo que puede pasar este fin de semana y por ese motivo hemos decidido incrementar los controles nocturnos junto a Policía”, finalizó Figueroa en declaraciones a distintos medios realizadas en la jornada de este viernes.
Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca. El escenario En los primeros años de la colonización podemos observar dos paisajes:…
El ministro Toto Caputo salió a mostrar que el Gobierno tiene cubiertos los próximos vencimientos de deuda, pero dejó una frase que abrió otra discusión. El ministro reconoció que el swap con Estados Unidos de USD 20 mil millones está supuestamente disponible, aunque no puede usarse de manera automática, ni ingresa en las reservas. Si la Argentina necesitara activarlo otra vez, habría que volver a negociar con Washington.
La definición apareció durante la conferencia de prensa en la que Caputo presentó el programa financiero del Gobierno. La puesta en escena buscó transmitir calma. Pero la explicación sobre el swap dejó una zona gris.
«El swap con Estados Unidos está disponible. Si se requiriera, por supuesto tendríamos que ir a, tendríamos que charlarlo nuevamente», dijo Caputo. La frase fue el dato político de la conferencia. Confirmó que la línea existe, pero también reconoció que su uso depende de una nueva conversación con el Tesoro norteamericano.
Después completó: «hay como una especie de creencia que porque el año que viene es un año electoral, algo va a pasar. Nosotros, si bien nos preparamos para eso, no es el escenario base. De vuelta, nuestro trabajo es prepararnos para el peor escenario, y así lo hacemos».
Lo concreto es que para el mercado, el respaldo del Tesoro de Estados Unidos funcionaba como un prestamista de última instancia, comprometido a volcar la cantidad de dólares que sean necesarios para contener una corrida cambiaria, figura que se diluyó con las declaraciones del ministro.
El swap con Estados Unidos está disponible. Si se requiriera, por supuesto tendríamos que ir a, tendríamos que charlarlo nuevamente.
Caputo intentó desactivar la idea de que el año electoral pueda derivar en una crisis cambiaria o financiera. Pero al mismo tiempo reconoció que el Gobierno trabaja con un plan de emergencia. «Si uno mira las herramientas que vamos a tener el año que viene, son muchísimo más grandes y más amplias de las que tuvimos en el 2025», aseguró.
El ministro también ató la calma financiera a los fundamentos de la economía. «Pero la realidad es que creemos que estas reacciones obedecen también a los fundamentos económicos, o sea, no son casuales», afirmó. Luego agregó: «Y la economía va a seguir mejorando, la inflación va a seguir bajando, la economía va a seguir recuperando, y el escenario político se va a ir clarificando».
«Entonces, en ese escenario, la verdad, no creería que algo de eso va a pasar. Pero como dije, nos preparamos para que si eventualmente pase, no sea un, pues pasara, no sea un problema para los argentinos», cerró Caputo. La frase dejó expuesta la tensión del mensaje oficial. No espera una crisis, pero prepara un dique.
Lo cierto es que el swap con Estados Unidos nunca funcionó como una transferencia directa de dólares a las reservas. Al momento de la firma, no sumó un solo dólar a las brutas ni a las netas del Banco Central. Quedó asentado apenas como una «línea de liquidez vigente contractualmente» dentro de las notas marginales de los estados contables del BCRA.
El Tesoro de Estados Unidos también aclaró desde el inicio que no estaba transfiriendo dinero a la Argentina. Lo que habilitaba era un cupo disponible. Es decir, una línea que podía ser usada bajo determinadas condiciones. El Gobierno la presentó como un respaldo de gran volumen, pero en los papeles no engrosó la caja del Banco Central.
La operación también tuvo otra cara. Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, la calificó públicamente como un negocio sumamente rentable para Estados Unidos. La describió como un «home run deal», un éxito total. No habló como un funcionario que había hecho asistencia financiera clásica. Habló como alguien que había cerrado una operación ganadora.
La estrategia que ejecutó el Tesoro de Estados Unidos mezcló auxilio geopolítico a Javier Milei con una jugada de mercado muy conocida en el mundo de los fondos de cobertura. Bessent viene de ese universo. Y la mecánica tuvo el ritmo de una apuesta financiera: entrar cuando el activo está castigado, cobrar tasa y salir cuando el precio mejora.
El primer movimiento fue comprar pesos baratos. Durante la corrida cambiaria previa a las elecciones legislativas de octubre de 2025, el Tesoro norteamericano volcó dólares del tramo activado, unos 2.500 millones, para comprar pesos argentinos en plena devaluación. Esa intervención ayudó a frenar la escalada del dólar libre y le dio aire político al Gobierno en un momento crítico.
El segundo movimiento fue hacer tasa. Los pesos adquiridos por Estados Unidos no quedaron quietos. Fueron colocados de inmediato en instrumentos financieros remunerados del propio Banco Central, con tasas muy elevadas, cercanas al 4 por ciento mensual en ese momento. Según balances oficiales posteriores del BCRA, la Argentina terminó pagándole al Tesoro norteamericano más de 17 millones de dólares netos sólo en concepto de intereses por el trimestre que duró la operación.
El tercer movimiento fue la salida con ganancia. En enero de 2026, ya con el mercado cambiario estabilizado después de las elecciones, el Gobierno argentino recompró la totalidad de esos pesos y le devolvió los dólares a Washington. Estados Unidos se desprendió de los pesos a un valor conveniente y cerró su posición con decenas de millones de dólares en ganancias líquidas.
El resultado fue nítido. Washington no se quedó con un solo peso argentino en su cartera. Cobró intereses. Recuperó los dólares. Y además obtuvo una ganancia financiera sobre la operación. Para Estados Unidos fue una jugada redonda. Para la Argentina, fue una asistencia con un costo significativo.
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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.
«Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.
Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.
Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.
Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios.
El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.
El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.
Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.
La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.
Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.
El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.
Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.
El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».
«Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.
Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».
«¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.
En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?
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