El Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa se refirió a los controles que ha realizado el área a su cargo para evitar que se circule fuera del horario permitido a partir de las medidas vigentes desde el último lunes en la ciudad.
“Junto con la Policía de Río Negro, en nuestro caso las Comisarías Quinta y 35°, estamos trabajando en los controles ya que entre las 0 y las 6 horas no se puede circular”, recordó Figueroa.
Agregó que “los vecinos deben tener conocimiento que quien viole las restricciones va a tener dos consecuencias. Por un lado, un expediente penal por violación a los artículos 205 y 239 y, por el otro, a partir del decreto municipal 059/21, se le va a retener el vehículo por 48 horas y se le va a hacer una infracción de 2 SAM”.
Además insistió en que “debemos seguir usando el tapabocas, respetar el distanciamiento, ser solidarios y corresponsables. No queremos llegar a restringir más, nuestro motor es la actividad comercial, la actividad frutícola, no queremos que se pierda el esparcimiento, las actividades culturales, las deportivas. Tenemos que cuidar nuestra ciudad”.
“Hasta ahora es muy poca la gente que circula después de la medianoche, las bajas temperaturas contribuyen a ello pero nos preocupa lo que puede pasar este fin de semana y por ese motivo hemos decidido incrementar los controles nocturnos junto a Policía”, finalizó Figueroa en declaraciones a distintos medios realizadas en la jornada de este viernes.
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La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei expone una decisión de enorme gravedad política y geopolítica
Por Tomás Palazzo para NLI
La intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por la Resolución 4/2026 no puede leerse sólo como un conflicto administrativo entre Nación y provincia: es parte de una redefinición geoestratégica que alinea a la Argentina más cerca de los intereses militares de Estados Unidos, en detrimento de la soberanía nacional histórica sobre su extremo austral y la Antártida. Lo que está en juego no es un muelle, sino el control de rutas marítimas, nodos logísticos y posiciones geopolíticas clave en el Atlántico Sur y el continente blanco.
Antecedentes históricos: puertos, soberanía y el Atlántico Sur
Desde la consolidación del Estado argentino en el siglo XIX, la punta sur del continente fue concebida como una pieza estratégica de defensa y desarrollo nacional. El Puerto de Ushuaia no es un simple aeropuerto marítimo: desde su transferencia de dominio de Nación a la Provincia en 1992, fue administrado con autonomía, con recursos que debían destinarse exclusivamente a su mantenimiento, operación e inversión, tal como estableció el convenio firmado ese año y ratificado por el Poder Ejecutivo provincial. Esa cláusula buscaba asegurar que los ingresos portuarios no se convirtieran en caja fiscal general, sino en un instrumento de soberanía logística en uno de los extremos del territorio argentino.
Pero desde comienzos del siglo XXI, el valor estratégico de Ushuaia fue adquiriendo nuevas dimensiones: no sólo como puerta de salida al Pasaje de Drake y acceso a la Antártida para turismo, ciencia y pesca, sino como punto de interés geoestratégico global, en una región donde los Estados Unidos, China y potencias europeas mantienen vigilancia constante de rutas marítimas y presencia científica o militar.
La Antártida, en particular, es un escenario geopolítico complejo. El Tratado Antártico lo establece como zona de investigación pacífica y prohibe reclamaciones soberanas nuevas, pero la ubicación de bases logísticas en la Patagonia y Tierra del Fuego influye directamente en la capacidad de proyectar presencia en el continente blanco. Incluso iniciativas de cooperación científica y logística antártica han sido utilizadas en discursos oficiales para justificar mayor presencia extranjera en el extremo sur.
La visita de la general Laura Richardson en abril de 2024: un hito político
En abril de 2024, el entonces presidente Milei viajó expresamente a Ushuaia para recibir a la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos —una de las estructuras militares más relevantes del Pentágono para América Latina— en lo que constituyó un gesto político de alto valor simbólico y estratégico para Washington y para la agenda de defensa del gobierno argentino.
La visita de Richardson no fue un evento menor o ceremonial: se extendió por varios días en Argentina e incluyó:
encuentros con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa;
participación en una ceremonia de donación de un avión C-130H Hercules financiado por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina (valorado en decenas de millones de dólares);
la estancia en Ushuaia, donde se definió públicamente la idea de una “Base Naval Integrada” que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, según declaraciones oficiales del gobierno argentino al recibir a Richardson.
Ese gesto fue interpretado por analistas y sectores críticos como una señal de subordinación geopolítica, en tanto la reunión no fue simplemente bilateral, sino destinada a consolidar una asociación estratégica ampliada con Estados Unidos en materia militar y logística en el extremo sur.
Ushuaia y el contexto global del Atlántico Sur
La presencia periódica de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos en Ushuaia y la Patagonia —no solo de Richardson sino de su sucesor, el almirante Alvin Holsey— responde a la creciente competencia global por el control de rutas marítimas, recursos naturales y posiciones estratégicas frente al avance de China y otras potencias. El Comando Sur estadounidense ha declarado en múltiples ocasiones la importancia de la región y la necesidad de fortalecer alianzas para contrarrestar lo que perciben como desafíos de actores externos.
Esa estrategia geopolítica tiene múltiples aristas:
Control y monitoreo de rutas marítimas del Atlántico Sur, esenciales para comercio global y acceso antártico.
Posicionamiento logístico y militar en latitudes australes, frente a las crecientes capacidades de otras potencias en la región.
Influencia sobre agendas científicas y de recursos naturales en regiones remotas pero ricas en potencial energético y pesquero.
Todo esto ocurre mientras, en paralelo, potencias como China también han mostrado interés en ampliar su presencia marítima, científica y comercial en la Patagonia y el Atlántico Sur —lo que Washington percibe como una amenaza estratégica.
Una redefinición peligrosa de soberanía
La decisión de intervenir y potencialmente suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia mediante una resolución administrativa, en lugar de un debate político federal o una ley con participación de las provincias, debe leerse como parte de un proceso más amplio de subordinación de la estrategia argentina a agendas de seguridad ajenas. Esto quedó exacerbado por gestos simbólicos durante la visita de Richardson, incluyendo discursos oficiales que enmarcaron la cooperación militar dentro de narrativas de afinidad cultural y geopolítica con Estados Unidos más que de soberanía argentina autónoma.
Conclusión: más que un puerto, una pieza de ajedrez geopolítico
La intervención del Puerto de Ushuaia no es un simple reacomodo administrativo: es la materialización de una geopolítica que redefine el rol de la Argentina en su propio extremo sur. En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida son cada vez más objeto de interés estratégico, energético y militar de potencias globales, la soberanía se ejerce no solo con discursos, sino con políticas públicas que no pueden ser dictadas por decretos o resoluciones bajo presión de actores externos.
Lo que está ocurriendo en Ushuaia explica por qué sectores políticos, sociales y estratégicos sostienen que esta decisión no sólo constituye un antecedente peligroso en términos constitucionales y federales, sino que pone en cuestión el control soberano de la Argentina sobre posiciones geopolíticas clave del Atlántico Sur y la Antártida.
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El gobierno logró la media sanción en general de la reforma laboral, con una amplia mayoría de 42 votos a favor y 30 en contra, que dejó en evidencia la novedosa debilidad del peronismo en el Senado. Para obtener el apoyo mayoritario de los bloques, Patricia Bullrich tuvo que conceder a la CGT el carácter obligatorio de la cuota sindical, bien entrada la tarde del miércoles, pero mantuvo la creación del fondo de indemnizaciones que captura dinero de Ansés, la supresión de la ultraactividad, la negociación por empresas y la derogación de los estatutos. Un golpe importante al modelo sindical argentino.
Sobre un borrador del proyecto, que recibía sucesivas correcciones en rojo en plena sesión, el oficialismo terminó admitiendo la retención compulsiva de la cuota sindical, un reclamo de la central obrera contra el artículo que establecía que el aporte de los trabajadores fuera voluntario. Ese punto se sumó al sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, otra demanda de los sindicatos. Ambos ítems son, apenas, la conservación de conquistas de antaño.
Pese a esa neutralización parcial que lograron los gremios, la Casa Rosada logró quebrarlos con un articulado que destroza regímenes de licencias y afecta el derecho de huelga a través de la declaración de una serie de actividades como esenciales. En la votación en particular se diluyó el plan de la CGT para desflecar la reforma laboral, tal como anticipó a LPO el líder de la central obrera, Cristian Jerónimo.
La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como el derecho a huelga, la ultraactividad y las negociaciones colectivas por rama, retomando para de la senda de reformas de los 90 con Carlos Menem.
En la votación no hubo sorpresas y apenas en un puñado de títulos hubo algunas defecciones de los 42 que votaron a favor de la ley en general. El gobierno incluso sumó a los dos santacruceños en la votación del traspaso del fuero laboral a la Ciudad, una iniciativa que abrió una interesante batalla política entre los libertarios, en la que se jugó un primer round por la candidatura a jefe de Gobierno entre patricia Bullrich y Karina Milei, que busca imponer a Manuel Adorni. Villarruel la aprovechó para acercarse a los jueces nacionales.
La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como la ultraactividad, el derecho a huelga y las negociaciones colectivas por rama.
El gobierno alcanzó la mayoría luego de quitar del proyecto la baja de cuatro puntos de Ganancias, como anticipó LPO, que había enardecido a los gobernadores aliados porque afectaba su ya maltrecha recaudación. Para evitarse sorpresas, Milei ordenó a toda la mesa política del gobierno que se traslade al Congreso hasta que se aprobara la norma. Karina, Santilli, Adorni y los Menem, se recluyeron en el despacho del riojano en Diputados.
La votación de hecho revela un trabajo político interesante de los libertarios, donde se notó la incorporación de Santilli, que desde que asumió se dedicó a cortejar a los gobernadores. A los 22 senadores libertarios -contando a Luis Juez- el gobierno logró sumar 20 votos más de provincias aliadas, que venían muy enojadas con la Casa Rosada.
El punto más debatido fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pero el oficialismo únicamente perdió los votos de la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el radical Maxi Abad.
Acaso la crítica más contundente partió del peronista puntano Fernando Salino, cuando ya iban casi 12 horas de discusión. El hombre de Alberto Rodríguez Saá avisó sobre la judicialización que se avecina para la ley, toda vez que «a diez minutos de la votación en particular, todavía no se sabe qué texto se va a votar».
José Mayans y Sergio Uñac.
José Mayans, a su turno, atribuyó «al grupo de los 44», en referencia a los libertarios y sus aliados en el Senado, «un avasallamiento y una violación del reglamento», reabriendo la puerta de una eventual judicialización tanto por el contenido del proyecto como por la conformación de las comisiones diseñada por Bullrich.
«Nos robaron siete senadores», denunció el formoseño y agregó: «acá se hablaba de 28 modificaciones y vinieron con 50 modificaciones a las 7 de la mañana», dijo.
Mayans calificó el procedimiento como «una falta de respeto» porque la reforma modifica 41 leyes, que se tomó el trabajo de enumerar al filo de la medianoche. «¿Les parece que podemos tratar todo este paquete, una ensalada de leyes?», se quejó.
Para el cierre, Bullrich repasó «las frustraciones múltiples» cada vez que se intentó implementar reformas de este tipo en Argentina, una sutil corrección de lo que postuló al inicio de la sesión cuando dijo que esta iniciativa era la primera ley laboral de la democracia. «Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad», argumentó.
Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad.
La exministra reivindicó la eliminación de la ultraactividad y la prelación de la negociación por empresa. «Estamos rompiendo cadenas», se jactó.
El primero en objetar las pretensiones fundacionales de la senadora fue Mariano Recalde, quien calificó el proyecto como «revanchista» y negó que lo que se discutía fuera inédito. Además, sostuvo que en la Ley Bases «se habilitó la contratación de hasta tres colaboradores sin ningún derecho laboral, pero no se generó trabajo».
Al respecto, recordó que la jefa del bloque libertario dijo cuando era ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa que su cartera no era la encargada de crear empleo sino que esa tarea correspondía al Ministerio de Economía. «No crean empleo las normas laborales», advirtió el senador kirchnerista, apuntando al punto más delicado del relato libertario, que ha difundido que con esta nueva norma crecerá el empleo.
La senadora tucumana Beatriz Avila.
La radical Mariana Juri, por su parte, opinó que «una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega».
La catamarqueña Lucía Corpacci se quejó por la forma en que el oficialismo manejó la negociación de la ley. «No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores», dijo.
La tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, alertó que la reforma «no es suficiente», en sintonía con los planteos de sus antecesores en el uso de la palabra, aunque consideró que la ley en discusión «va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo».
La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001.
Joaquín Benegas Lynch mezcló la apelación a las transformaciones políticas y económicas con el cambio moral. «Esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral», señaló. Y con la misma profundidad, catalogó al empleador y el empleado como «socios naturales».
La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de recordarle a Bullrich los episodios de las coimas en el Senado para aprobar la reforma laboral en el 2000. «Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización», se burló.
«La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001», chicaneó y agregó «la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta».
Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.
Más tarde la jujeña Carolina Moisés barrió con las especulaciones sembradas por el kirchnerismo acerca de la chance que los integrantes del bloque de peronistas disidentes de Convicción Federal votaran a favor de la reforma, junto a los libertarios. Después de asumir que «es una pena que el peronismo, que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento, no haya podido estar a la altura de las circunstancias», aclaró que «Argentina necesita una reforma laboral, pero no es esta».
El último orador antes que los presidentes de bloque hicieran los cierres fue Ezequiel Atauche, que cargó enfáticamente contra las organizaciones gremiales. «Los sindicatos son parte de una mafia que apañó el peronismo», dijo. También celebró que la reforma barrió con la ultraactividad y festejó: «Esa realidad se acabó, está extinta. Los argentinos ya no quieren más eso. El camino del verdadero progreso de la Argentina son las empresas».
Este es un resumen de los proyectos tratados en la sesión del jueves 06 de mayo, que fueron remitidos para ser analizados a las diferentes comisiones. Uno de ellos es el Proyecto de ordenanza (exp. 311) mediante el cual se propone crear en el ámbito del concejo deliberante de Villa Regina el CONSEJO LOCAL DE…
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