Cultura y el Instituto Nacional de la Música articulan acciones

 

En el barrio Sarmiento del partido de San Martín, una madre esperó a que una maestra saliera de la escuela y, mientras los niños y las niñas se iban a sus casas, la sorprendió en la calle y le dio una piña en el ojo. La docente terminó hospitalizada. No quiere volver a dar clases. 

A una cuadra de una escuela de Malvinas Argentinas, conurbano norte, dos chicas se agarraron a golpes. Otros jóvenes las filmaron. Una de las adolescentes volvió al colegio para buscar ayuda: tenía el hombro dislocado. Su familia la fue a buscar. Como desde la escuela no hubo respuesta, tiraron el portón abajo y les arrojaron mate cocido caliente a dos auxiliares docentes. “Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, repudiaron las trabajadoras en un comunicado.

En Mar del Plata, madres y padres incendiaron la casa de un chico de diez años acusado de haber tocado a niñas de seis que van a la misma escuela. “Me cagaron a palos y me dejaron en la calle, sin nada”,  dijo la mamá. 

Dos alumnas discutieron en el patio de una escuela en José C. Paz. Las madres entraron y, en lugar de separarlas, arengaron el enfrentamiento. Docentes y directivos contuvieron la situación hasta que llegaron la policía y el servicio de emergencias que atendieron a varias personas con crisis nerviosas. 

En una escuela de Río Cuarto, Córdoba, un adolescente le tiró agua hirviendo a su preceptor. Las autoridades lo suspendieron por tres días y lo cambiaron de división.

Estos cinco hechos fueron titulares de noticias. Todos transcurrieron en noviembre y reavivaron una preocupación que crece en las comunidades educativas: ¿qué pasa con la “violencia escolar”? Un término que parece quedarse corto a la hora de describir situaciones muy diversas con al menos un punto en común: son conflictos que se derraman más allá de las aulas y terminan con daños severos. Situaciones sobre las que no hay cifras oficiales y están muy lejos de lo que se espera que ocurra en una escuela. 

Para Alberto Sileoni, ex director general de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, son episodios marginales que adquieren visibilidad por los medios: “no hay una pandemia de violencia en las escuelas bonaerenses o argentinas”.

Los y las docentes insisten: algo se está moviendo, hace rato, en las rutinas escolares.

Puentes rotos

―Seño, ¿puedo ir al baño?

―No, Matías, esperá a que termine la clase. Ya fuiste tres veces.

Matías siguió con las multiplicaciones de Matemática. Ni bien salió de la escuela, le contó a su mamá que la maestra no lo había dejado ir a hacer pis. La mujer entró al establecimiento, una institución parroquial de San Martín, provincia de Buenos Aires, y buscó a la docente de cuarto grado. 

―¡¿Cómo le vas a decir a un nene que se aguante?! Si lo siguen tratando mal voy a llegar hasta las últimas consecuencias ―gritó, enfurecida, y empujó a la maestra.

No fue la única amenaza. Antes, había escrito varios correos electrónicos con el mismo tono. Otras madres, también: “Yo hago taekwondo. Si no resuelven este problema a su manera, podemos probar de esta forma”. 

Fernanda* es psicóloga del Equipo de Orientación Escolar de esa escuela y reconoce las dificultades que atraviesa la institución en su vínculo con las familias: “No quiero caer en discursos que las culpabilizan por todo ni en dicotomías de buenos y malos, pero a veces es una situación muy bizarra marcarle a un adulto que no puede empujar a una maestra ni insultarnos en un mail”.

Agustín es maestro en una Escuela Normal de la Ciudad de Buenos Aires. En un partido de fútbol, un estudiante de tercer grado le pegó una trompada a otro compañero. Agustín lo retó y escribió una nota en el cuaderno de comunicaciones. “La respuesta que volvió desde la casa fue que yo estaba equivocado porque su hijo en realidad se defendió ya que no lo habían dejado jugar”.

“No quiero caer en discursos que las culpabilizan por todo ni en dicotomías de buenos y malos, pero a veces es una situación muy bizarra marcarle a un adulto que no puede empujar a una maestra ni insultarnos en un mail”.

Históricamente, en esta escuela pública centenaria a la que van chicos y chicas de clase media e hijos de trabajadores ambulantes, las familias entraban con sus hijos hasta el momento de la formación. Presenciaban “los buenos días”, el anuncio de alguna noticia y el izamiento de la bandera. Desde hace unos años, ese ritual se cortó. “Ahora se quedan de la puerta para afuera porque muchos padres entraban de mala manera a hablar con los docentes. O a veces con la mejor voluntad, pero no era la forma. Hay otros pasos a seguir y canales de diálogo: pedido de reunión, dejar un acta escrita”, explica Agustín.

Muchas familias se quejaron de la decisión. Entre ellas, las que jamás atacaron a un maestro y disfrutaban de ese momento con sus hijos. Dicen que los docentes y directivos alimentan la distancia con ellos. Que “ya no es la misma escuela de antes”.

¿Alguna escuela lo es?

Un whatsapp y ya no jode más

Melisa y Fabián estudian en una institución estatal de San Isidro, conurbano norte. Ocho de cada diez adolescentes que concurren allí son del barrio popular La Cava. Ellos dos están de novios y hace tiempo sus docentes notaron que se relacionan de manera muy conflictiva. Por ejemplo, se revisan sistemáticamente los celulares. Los docentes problematizan este tipo de vínculos desde la Educación Sexual Integral (ESI). Un día, Fabián empujó a Melisa contra los bancos del aula. Mientras la preceptora salió a informarle al equipo directivo, la chica le mandó un mensaje a su papá, que enfiló directo hacia la escuela. Las autoridades llevaron al alumno a la dirección y, cuando el padre de Melisa llegó, no lo dejaron pasar. 

―Che, loco, ya estamos hablando con el pibe. Es una escena terrible para tu hija que toda la escuela vea cómo su padre hace un escándalo fenomenal ―lo frenó Federico Cano, vicedirector del secundario.

―Bueno, quedate tranquilo, yo espero acá. Es lo mismo. Si no me dejás matarlo adentro, lo hago afuera ―respondió el padre. Después llamó a la madre de Fabián para decirle que le iba a prender fuego la casa. 

La mujer lo denunció por amenazas, así que el vicedirector y la orientadora escolar cerraron el día en la comisaría. “La comunicación inmediata con los celulares hace que las cuatro paredes de la escuela se rompan muy fácilmente”, lamenta Federico. 

Como en la escuela de San Martín, donde una pelea entre estudiantes de sexto año afuera del edificio, en el horario del almuerzo, derivó en que  los padres, tíos y primos de uno de los lastimados le pegaran una paliza al adolescente que dio la primera piña. Ni bien se enteraron, los adolescentes, profesoras y autoridades que estaban adentro de la escuela, salieron hacia la calle a buscarlos. Pero era tarde: el mensaje a los adultos por WhatsApp había llegado más rápido. Y el resto del alumnado filmaba con sus celulares la pelea en la vereda. 

Federico insiste en que las piñas en la puerta de la escuela no son una novedad, pero la viralización y espectacularización en los entornos digitales fogonean aún más cualquier conflicto: “Todo escala más rápido y nunca se termina”. El docente viene de reunión en reunión con directivos de otras escuelas del barrio por enfrentamientos que se publicitan a través de un grupo de WhatsApp llamado “peleas Martínez”. El grupo lo integran cerca de 200 adolescentes, en su mayoría son chicos, pero también hay chicas. El que “gana” se lleva de premio, además del reconocimiento de sus pares, un video que lo termina de coronar como vencedor. 

“La comunicación inmediata con los celulares hace que las cuatro paredes de la escuela se rompan muy fácilmente”, lamenta Federico.

Cuando al vice algún joven le cuenta quiénes son los próximos, llama a la directora de otra escuela para ver si puede hacer salir a sus estudiantes un rato más tarde y así evitar que se crucen con los suyos. “Hay una gran parte de este trabajo librada a la voluntad y buena onda entre directivos. Aunque no es solo voluntarismo, detrás hay toda una formación pedagógica que parte de la idea de que hay que articular. Pero nunca se nos convocó a los directores del mismo territorio educativo a conversar sobre los problemas que tenemos”, señala.

Esto no es un tribunal

La familia de Manuel tocó la puerta de la oficina. La directora de esta secundaria parroquial de CABA la había citado el día anterior para conversar. El adolescente “le hace chistes que no corresponden a sus compañeros, no trabaja en clase y no se responsabiliza por lo que hace”.

—Vengo a defender a mi hijo —dijo la madre. 

—No hace falta, señora, esto no es un juzgado.

La escuela no es un tribunal pero, por momentos, se parece bastante. Florencia es madre de una de las estudiantes que fue objeto de deepfake en un colegio privado y religioso de San Martín. Un compañero de curso alteró con Inteligencia Artificial fotos de ella y otras compañeras para que se vieran “desnudas” y las vendió en Discord. “Lo primero que hicieron las autoridades escolares fue hablar con él, que dijo que le habían robado el celular. Su familia sostuvo lo mismo y nunca se comunicaron con nosotros. Pero cuando todo esto explotó, casualmente el propietario de la carpeta borró las imágenes de las chicas. En el colegio dijeron que no se hablara más del tema, que ellas no subieran más nada y que eliminaran todas sus fotos. Mi hija me lo contó cuando vio que no había respuestas de la escuela”, expresó. 

Florencia presentó la denuncia y, al enterarse de que el adolescente iba a ir a un viaje de estudios con su hija, también recurrió a los diarios y a la televisión. “Fue la herramienta que tuve para protegerla”, sintetiza y evidencia un fenómeno cada vez más extendido: la impotencia –muchas veces fundada– de las familias frente a la vulneración de derechos de sus hijos/as y las limitaciones con las que se topan las instituciones escolares para lidiar con situaciones de violencia exacerbada. La erosión de la confianza.

Ana Campelo, ex coordinadora del Área de Convivencia Escolar durante el gobierno de Alberto Fernández y del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas en 2011, advierte un proceso creciente de judicialización de las relaciones escolares. El emparentamiento se da tanto en las vías judiciales en las que se encauzan conflictos, como en la jerga escolar cotidiana. “Esto se ve en el uso de términos altamente estigmatizantes como agresor, acosador, matón, perpetrador, bully y en las mismas categorías dicotómicas de víctima y victimario, naturalizadas en el ámbito pedagógico, aunque provienen del discurso jurídico”, detalla.

La impotencia –muchas veces fundada– de las familias frente a la vulneración de derechos de sus hijos/as y las limitaciones con las que se topan las instituciones escolares para lidiar con situaciones de violencia exacerbada.

Desde el Equipo de Orientación Escolar de la escuela parroquial de San Martín, Fernanda coincide en que la escuela está sometida a palabras de otros ámbitos: “Tenemos que hacer lo que indica el neurólogo, el servicio local, la Justicia o la política, y en ese camino hay algo de la palabra pedagógica que se pierde”.

Ponerle un nombre al malestar

Para Campelo, la equiparación entre problemas de convivencia y delito no es nueva, sino que se intensifica al calor de la época y, paradójicamente, en tiempos de campañas “antibullying”.  A principios de noviembre, el Senado de Mendoza le dio media sanción por unanimidad a un proyecto de ley que incorpora al Código de Contravenciones provincial una figura vinculada a la responsabilidad parental ante casos de acoso escolar. La iniciativa contempla multas para las familias. 

“Toda sociedad recurre a los significantes que encuentra a su disposición para nombrar el malestar que la aqueja —opina Campelo— y ‘bullying’ es el significante por excelencia en relación con las violencias en las escuelas. Sin embargo, ¿es el problema que hoy padecemos?”.

Recientemente, la Ciudad de Buenos Aires lanzó un Protocolo Integral para la prevención, detección, intervención y seguimiento de situaciones de bullying entre pares. Santino es vicepresidente del centro de estudiantes de su secundario, una institución de gestión estatal, y dice que el fenómeno es una conversación recurrente con sus compañeros y compañeras. Pero lo identifica, sobre todo, en la primaria. Según el análisis del Observatorio Argentinos por la Educación de las pruebas Aprender, a nivel nacional, el 36 por ciento de los niños y niñas de sexto grado se sintió discriminado en las aulas, y 6 de cada 10 sufrió algún tipo de agresión allí o en redes sociales. Aunque esas situaciones no necesariamente implican un acoso sistemático.

El espacio de participación estudiantil de Santino se enfoca, sobre todo, en charlas sobre ESI y salud mental: el tema más nombrado entre sus pares. “Para un estudiante no hay nada mejor que otro estudiante”, resume. Martina, alumna del último año de una escuela privada de Santa Fe, destaca: “Hay que actualizar los contenidos de la ESI y pensar propuestas en base a lo que necesita cada curso. Yo sé que en mi grupo una charla sobre ciberacoso o bullying no va a tener mucho efecto porque no es el problema que nos atraviesa, pero sí trabajar las apuestas online o los escraches”.

Al vicedirector de la escuela de San Isidro le preocupan otras cuestiones. Cuando llama al apoyo escolar del barrio para preguntar si lo vieron a Juan, estudiante del ciclo superior, le responden que hace rato no pasa por ahí. Todo conduce a lo mismo: la crisis social y la falta de proyección y de sentido entre sus estudiantes.

—En un año terminás la escuela. ¿Querés trabajar? ¿Vas a estudiar? ¿Ambas? —le pregunta a un alumno de sexto año.

—Me chupa un huevo.

—Dale, imagino que te querés comprar una remera piola, alquilar un departamento para estar con tu novia tranquilo. Algo.

—Qué sé yo, me chupa un huevo.

La autoridad en crisis

Para Campelo asistimos a una declinación de los modos tradicionales del ejercicio de la autoridad: “Hoy no alcanza con tener un título o un cargo. Esto tiene que ver con la retirada del Estado de bienestar, con la puesta en duda de la promesa de un futuro mejor a través de la educación. Y las construcciones discursivas hegemónicas sobre el bullying erosionan aún más la autoridad bajo la idea de que la escuela no va a hacer nada para protegerte”.

Anabella Díaz es docente de Lengua y Literatura hace más de 25 años en Carlos Paz, Córdoba, y fue vicedirectora en el nivel medio. “A las escuelas se le debilitan las herramientas básicas que le permiten construir autoridad pedagógica”, plantea. Se refiere, por ejemplo, a la flexibilización en torno a las faltas o el horario de ingreso al aula. “Da lo mismo si un pibe quedó libre o no. Los propios chicos te dicen ‘para qué voy a estudiar todo el año si con un trabajo práctico en diciembre resuelvo todo’”, asegura y define a la normativa como “una gelatina” que va adoptando formas diversas: “la del reclamo del padre, el trabajito final de tres preguntas que se resuelve con ChatGPT, la inspectora que llama para preguntar qué alternativas evalúan los directivos para alivianar a ese estudiante que faltó 40 días. Todo es un gran simulacro”.

Sin embargo, aclara que tampoco se trata de idealizar el pasado: “La autoridad no es un director con cara de malo retando, sino el resultado final de una trama donde la escuela es respetada por familias, docentes y estudiantes. En ese sentido, los Acuerdos Escolares de Convivencia deben incluir sanciones con consecuencias claras. El primer paso es la conversación, pero tampoco se puede charlar diez veces lo mismo”.

En la Argentina, con el regreso de la democracia, el paradigma escolar disciplinario centrado en los castigos se reemplazó por otros mecanismos de tramitación de conflictos. La Resolución N° 93/09 del Consejo Federal de Educación (CFE) profundizó ese camino de involucramiento de los jóvenes en la convivencia escolar. En 2013, la Ley Nacional para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas prohibió las sanciones que impidan la continuidad escolar. Hoy, se opta por apercibimientos orales o escritos, actividades de servicio comunitario-escolar, suspensión de uno a tres días, cambio de turno o de escuela, aunque puede variar según la jurisdicción. Los Acuerdos de Convivencia Escolar tienen un rol clave y promueven la responsabilidad de los y las estudiantes en lugar de la punición automática.

Los Acuerdos Escolares de Convivencia deben incluir sanciones con consecuencias claras. El primer paso es la conversación, pero tampoco se puede charlar diez veces lo mismo”.

“El problema con las sanciones, para empezar, es que ya en sexto grado hay niños que no traen el cuaderno de comunicaciones”, puntualiza Agustín. En secundaria, esa herramienta tiene aún menos peso: “Muchos pibes se te ríen en la cara si se los pedís”, comenta Federico. En los intercambios que tiene con otros docentes, se repite la misma inquietud: cómo reponer los bordes. “Muchos vemos en el límite un valor pedagógico. Uno sabe, porque también fue estudiante, que un buen ‘no’ a tiempo puede ser mucho más ordenador que mil ‘vamos viendo’. Pero también sabemos que en buena parte de nuestros colegas hay una fantasía disciplinante y autoritaria”. 

Soluciones comunitarias

Para Campelo, los Consejos Escolares de Convivencia, órganos colegiados y participativos formados por estudiantes, docentes, directivos y familias, pueden ser espacios muy valiosos donde circula la palabra y se piensan soluciones democráticamente. Desde allí, explica, se idean intervenciones situadas que apuntan a “ofrecerle otros lugares a los niños, niñas y adolescentes que son catalogados como ‘los revoltosos’ o ‘problemáticos”. Por ejemplo: en una escuela, invitaron al alumno que desafiaba constantemente a sus docentes a tocar la armónica en el concierto escolar de fin de año. Al final, pidió el micrófono. La directora dudó, pero confió. “Gracias por escuchar”, dijo el niño al auditorio.

En el nivel primario de la escuela parroquial de San Martín donde trabaja Fernanda, hay asambleas estudiantiles todas las semanas. Los chicos y chicas lo tienen incorporado y, cuando llega la hora, van a buscar el libro de actas para iniciar la reunión y debatir, por ejemplo, qué juegos están permitidos en el recreo y cuáles no. También hay “mediadores escolares”, una figura impulsada por una política pública bonaerense que apunta a que los propios estudiantes, elegidos por sus compañeros/as, intervengan ante situaciones conflictivas de sus grupos.

En cuanto a las familias, luego de varias reuniones fallidas, Fernanda cuenta que se propusieron armar secuencias de trabajo. Les plantearon ejercicios teatrales a los niños y niñas en torno al cuidado e invitaron a sus madres y padres a compartir la actividad. También les pidieron a los estudiantes que diseñaran maquetas sobre puentes y muros para trabajar la forma de relacionarse con los demás. Luego, les mostraron las obras a los adultos y les preguntaron cuándo creen que hay muros y en qué momentos puentes entre la escuela y las familias. “Nos la jugamos porque venía todo muy tironeado y podían salir con cualquier cosa, pero hubo algo del proceso previo que ayudó. No es que se los citó de un día para el otro a una reunión, sino que fueron parte de una conversación a lo largo del tiempo. Y hubo devoluciones muy positivas, nos transmitieron que necesitaban escucharse y poner en común”.

Federico subraya que los conflictos más urgentes  tapan una mayoría silenciosa que le dedica mucho esfuerzo a la escuela: “Todavía hay familias a las que les pedís el mapa y se despiertan temprano para comprarlo aunque estén justas de plata, o les pedís comida para colaborar en la feria y se organizan para cocinar una torta. Madres y padres que vienen a escuchar una devolución sobre su hijo y escuchan atentamente, agradecen”.

Hay equilibrios que sobreviven, dice. “A pesar de la descomposición y del caos”. 

*Los nombres reales de Matías, Fernanda, Agustín, Melisa, Fabián, Manuel y Juan fueron alterados por pedido de los entrevistados. 

La entrada Todo estalla en la escuela se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

La senadora Carolina Moisés y el diputado Guillermo Michel objetaron este jueves que el tratamiento de la reforma laboral empiece por el Senado. Ambos plantearon que el texto contiene capítulos tributarios y ese tema es una prerrogativa de la Cámara de Diputados, según el artículo 52 de la Constitución.

En ese fragmento de la Carta Magna se establece que «a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones». La discusión también retumbó en el bloque de la UCR, donde una fuente al tanto de las deliberaciones deslizó que «hay posturas encontradas: están quienes sostienen que debe ingresar por Diputados siempre que se trate un Tributo (impuesto), y quienes consideran que los casos de ‘eliminación y reducción’ pueden ingresar por ambas Cámaras, y que sólo en caso de ‘creación’ es Cámara de origen la de Diputados».

La peronista Moisés planteó en ese sentido que «la Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político», y resaltó que «cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas y puede anularse judicialmente el procedimiento». «El título XXIV es impositivo, modifica IVA y Ganancias expresamente», completó la legisladora jujeña.

Si las críticas de quienes reniegan de darle tratamiento desde la semana que viene en el Senado se expanden, el oficialismo debería retirar el proyecto o, en su defecto, quitarle el articulado referido al aspecto tributario. La jugada del peronismo atiende claramente a retrasar la eventual sanción de la reforma laboral.

Karina presiona a Bullrich para que apure la reforma laboral en el Senado y se apruebe en Navidad

Un diputado libertario consideró que la postura del PJ era «errada» porque «el objeto de la ley no es tributario». Por eso, un senador de la bancada que conduce Patricia Bullrich confirmó que la hoja de ruta del gobierno con la reforma laboral arrancará el martes próximo, con la reunión de labor para conformar la comisión de Trabajo y el objetivo de llegar al recinto el 22 o el 26 de diciembre, como anticipó LPO.

Sin embargo, Michel explicó en X por qué el proyecto de Javier Milei debe tener a Diputados como cámara de origen. Aunque concedió que hay dictámenes de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta que avalaron que leyes tributarias ingresen por el Senado, repuso dos ocasiones que le marcaron límites constitucionales.

Moisés y Alejandra Vigo.

El 18 de agosto de 1985 se precisó en un dictamen que el proyecto en cuestión «no signifique nueva carga impositiva para otros contribuyentes», mientras que el 5 de mayo de 1999 se estableció que la norma «no genere indirectamente para otros contribuyentes cargas impositivas nuevas».

Para el exdirector de Aduana, el título XXIV de la reforma laboral de Milei respeta ese criterio, a excepción del artículo 186, que «sustituye el undécimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, se actualizarán por el IPC del INDEC». 

«En los hechos, esto genera un beneficio en materia de ajuste por inflación únicamente de los quebrantos a contribuyentes que inicien ejercicios a partir del 1º de enero de 2025 y genera una carga fiscal adicional, de dicho beneficio, para los contribuyentes por otros ajustes que están incorporados en el segundo párrafo del artículo 93 de la ley de impuesto a las ganancias, como ser los de ajuste por inflación de los costos de bienes muebles (artículo 62 LIG), inmuebles (artículo 63 LIG), Operaciones de enajenación de acciones (artículo 98 LIG) y/o Enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles (artículo 99 LIG), entre otros», completó.

El artículo 186 del proyecto de reforma laboral genera un beneficio fiscal para determinados contribuyentes y, en relación con el mismo índice IPC, un perjuicio indirecto para otros que afecta el principio de igualdad ante la ley.

Michel concluye que «el artículo 186 del proyecto de reforma laboral genera un beneficio fiscal para determinados contribuyentes y, en relación con el mismo índice IPC, un perjuicio indirecto para otros que afecta el principio de igualdad ante la ley», razón por la que debe comenzar el debate por la Cámara Baja.

Fuentes parlamentarias indicaron a LPO que, si el gobierno insistiera con el itinerario iniciado en el Senado y lograra la media sanción, a la oposición le quedaría la vía judicial para objetar el derrotero por inconstitucional.  

Al cierre de esta nota, el diputado socialista Esteban Paulón presentaba una intimación contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, para que retiren el proyecto del Senado. «Acabamos de intimar a @VickyVillarruel y @madorni para que retiren el proyecto de ley de Modernización Laboral y la presenten donde corresponde, @DiputadosAR. El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA», posteó en X, y agregó: «Su ingreso por @SenadoArgentina solo responde al capricho de @PatoBullrich de ‘capitalizar’ su posible aprobación».