Cristina Kirchner corrió a Sergio Berni como interventor del PJ de Salta y designó a un hombre de Juan Manuel Urtubey, que ahora buscará echar del partido a los diputados de Gustavo Sáenz que apoyan a Javier Milei.
La decisión de correr a Berni se concretó el viernes en una reunión del partido que encabeza la ex presidenta a nivel nacional. El ex ministro de Seguridad está alejado de la política, al punto que ni siquiera en Zárate se lo ve activo. Lo que reclaman las bases peronistas es que su intervención en Salta no impidió que los diputados que siguen vinculados al partido ayuden a Milei en el Congreso.
Ahora la intervención del PJ salteño quedó en manos del ex diputado Pablo Kosiner, mano derecha de Urtubey, principal rival del gobernador Gustavo Sáenz.
Los dos diputados de Sáenz que entraron por listas del peronismo son Pablo Outes y Yolanda Vega, que en la sesión del jueves dieron quórum y votaron a favor de la reforma laboral de los libertarios. El voto de los salteños volvió a ser clave para Milei, que encontró en gobernadores como Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil aliados claves para suplir la falta de una mayoría propia.
Pablo Kosiner
Por eso en el kirchnerismo piden la expulsión de todos los diputados peronistas que votan con el gobierno. Ya había pasado lo mismo con la senadora Carolina Moisés, que si bien es legisladora por Jujuy, responde a Sáenz.
Como anticipó LPO, Moisés se fue del interbloque Justicialista, liderado por José Mayans, después que los interventores del PJ en Jujuy, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, le notificaron su suspensión como afiliada partidaria.
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Techint presiona al gobierno para que declare que hubo dumping en la licitación de los caños del gasoducto de Vaca Muerta a Río Negro y de este modo se anule el proceso que dio ganador a la empresa india Welspun.
A pesar de las presiones de Paolo Rocca y el lobby de su ex empleado y ahora CEO de YPF, Horacio Marín, el consorcio de petroleras de Vaca Muerta le dará la provisión de caños para su gasoducto de casi 500 kilómetros a la empresa india, que hizo una oferta mucho menos costosa que la de Techint. El grupo ítalo-argentino, por medio de Siat-Tenaris, quedó sexto en la lista corta de empresas, superado por las ofertas de dos compañías indias y tres chinas.
La propuesta de Welspun, de 203 millones de dólares aproximadamente, fue un 45% más baja que la de Tenaris, que resultó ser la más cara con una diferencia de más de 90 millones de dólares.
Por gestión del CEO de YPF, que fue empleado durante 35 años de Techint, la empresa de Rocca tuvo la posibilidad de hacer una segunda oferta en la que sólo redujo un 5% su propuesta. Quedó así 80 millones de dólares más cara con respecto a Welspun. Las ofertas chinas, por su parte, fueron casi un 15% más caras que la ganadora.
Pese al lobby de Marín, la licitación fue adjudicada a Welspun el 23 de diciembre de 2025, luego de la evaluación de todas las ofertas recibidas. Su aprobación se definió por unanimidad de los accionistas del consorcio Southern Energy. Pese a eso, Tenaris presentó una nueva oferta un día después, cuando en las mesas argentinas se cortaba el pan dulce navideño.
Sturzenegger expuso el lobby de Marin cuando habló del first-refusal que exigió para que Tenaris pudiera igualar cualquier oferta y quedarse con la adjudicación del gasoducto
Si bien lo hizo por fuera del plazo establecido para la recepción de ofertas, una vez que la licitación ya había sido adjudicada y cuando el proceso licitatorio se encontraba finalizado, a Rocca le informaron el 30 de diciembre que la oferta, aún con esta mejora, no resultaba ser la más competitiva: casi un 25% mayor que la ganadora, arrojando una diferencia de casi 50 millones de dólares.
El 6 de enero, transcurridos 15 días de la adjudicación de la licitación y con el contrato ya firmado con la empresa ganadora, Tenaris presentó otra oferta ofreciendo igualar las condiciones comerciales de la propuesta más competitiva. El 7 de enero se reiteró a Tenaris que su oferta estaba fuera de plazo y que su presentación es incompatible con la integridad de un proceso licitatorio que debe garantizar igualdad de posibilidades para todos sus participantes.
Horacio Marín, CEO de YPF y ex empleado de Rocca
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expuso el lobby de Marin cuando, tras responderle a Techint, habló del first-refusal que exigió para que Tenaris pudiera igualar cualquier oferta y quedarse con la adjudicación del gasoducto. El first-refusal fue la fallida maniobra de la empresa de Rocca para empatar la oferta el día de Reyes.
Como el proceso lo llevó adelante un consorcio privado y no el gobierno, Rocca ahora presiona a la secretaría de Comercio para que declare que la licitación estuvo viciada de «dumping». El dumping se da cuando una empresa vende un producto en otro mercado a un precio artificialmente bajo, incluso más barato que su costo de producción o más barato que en su propio país.
La chapa que compra Tenaris en Argentina es importada 100% de Brasil, no es «compre argentino», que es uno de los argumentos que esgrime para obtener un trato preferencial. En Argentina, la empresa de Rocca solo plega la chapa y hace la costura a los caños
Fuentes al tanto de la licitación dijeron a LPO que no hubo dumping alguno. En este caso en particular, Welspun producirá los caños en India y ejerció el derecho de comprar la chapa en donde sea más competitivo para el proyecto.
La chapa que compra Tenaris en Argentina es importada 100% de Brasil, no es «compre argentino», que es uno de los argumentos que esgrime para obtener un trato preferencial. En Argentina, la empresa de Rocca solo plega la chapa y hace la costura a los caños.
Tenaris compra la chapa en Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), empresa en la que Ternium, la siderúrgica de Techint, ejerce el control, por lo que en los hechos «se compra la chapa a sí misma».
Aún en el caso de que funcionen las presiones de Rocca para declarar el dumping, Tenaris quedó por detrás de otras cuatro empresas.
Las asociaciones patronales y la CGT llegaron a una coincidencia inesperada: lo ideal sería que la reforma laboral pase para marzo, para poder tratarla con tranquilidad en las sesiones ordinarias del Congreso. Son demasiados los puntos importantes que siguen en el aire.
El titular de la CAME, Ricardo Diab, reclamó la semana pasada al gobierno modificaciones nada menos que en uno de los artículos que definen el espíritu del proyecto, el de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Explicó que la eliminación de esa cláusula implicaría «la caída de los convenios laborales y empezar de nuevo a reformularlos» para que «después, lógicamente, el Estado lo homologue o no». «Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo», argumentó.
Diab comentó en ese reportaje que también reclamaban cambios al gobierno en otros cinco artículos de la ley y que esperaban respuesta sobre esas solicitudes.
Fuentes de la CGT deslizaron a LPO que esos pedidos de los empresarios podrían colocarlos en la misma senda, en la búsqueda de posponer el debate de la reforma para las sesiones ordinarias. Para las patronales, dicen en Azopardo, no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma porque desataría una ola de litigios judiciales.
En efecto, los sindicalistas y los opositores del Congreso ya se preparan para impugnar en la Justicia los aspectos más polémicos d ela reforma y por esto Patricia Bullrich se jactó ante los senadores que el Gobierno ya tenía el compromiso de «los camariatas» del fuero laboral, que rechazarán las impugnaciones a la norma.
Para las asociaciones empresarias no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma laboral porque desataría una ola de litigios judiciales.
La opción de llevar la discusión a las sesiones ordinarias no es descabellada para los dirigentes gremiales porque, según deslizó un senador peronista, «admiten que hay cosas que se podrían conversar con el Gobierno». Pero, además, los senadores dialoguistas tampoco se sienten cómodos con el apresuramiento de Patricia Bullrich por darle media sanción al proyecto la semana que viene.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Una senadora dialoguista anticipó a LPO que no estará este martes en la reunión con la jefa de bloque libertario y los presidentes de las bancadas aliadas. «Ya hicimos nuestros planteos para los cambios y hasta que no nos respondan no vamos a ir», hizo saber a sus interlocutores.
El itinerario que fijó Bullrich parece demasiado ajustado: este martes la esperan sus pares del Senado, a excepción de los líderes de los bloques peronistas, en las oficinas de la UCR para que conteste si Diego Santilli y Luis Toto Caputo aceptan las modificaciones formuladas. Y para el miércoles, la exministra de Seguridad deberá llevar el saldo de su conversación con los senadores a la mesa política del gobierno.
Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo.
Los gobernadores, por su parte, tienen reservada la sala del CFI también el miércoles. El peronismo espera el resultado de ese encuentro para saber cuántas voluntades puede juntar en recinto para frenar la reforma o, en todo caso, si cuenta con fuerza suficiente para retacear el quórum.
José Mayans cuenta con un piso de 28 legisladores, si todos están alineados en medio de tensiones y diferencias internas cada vez más agudas, y solo puede bloquear las intenciones del oficialismo si se pliegan los senadores que responden a los gobernadores.
El formoseño habría sido claro con los enviados de los gobernadores que se acercaron para pedirle ayuda por la emergencia ígnea en la Patagonia. «Ustedes vienen a pedir solidaridad para conseguir 20 mil millones por los incendios pero le regalan a Milei 12 mil millones con la reforma laboral», habría respondido.
Como sea, también hay legisladores del oficialismo que observan con preocupación la reforma laboral, por sus inconsistencias técnicas y la debilidad con que nacería si se promulga sin un debate profundo entre los sindicatos y las patronales.
La movida de los Menem para voltear el DNU de la SIDE fracasó luego de que un juez rechazara un pedido de habeas corpus contra el decreto a medida de Santiago Caputo.
LPO reveló en exclusiva que el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, habilitó la feria para pronunciarse sobre el decreto que faculta a la SIDE a detener personas sin orden judicial, lo que según los demandantes que pidieron el habeas corpus representa «una amenaza sobre la libertad» y viola «los principios de inocencia y culpabilidad».
Como reveló este medio, el dato más fuerte es el político y tiene que ver con la interna del gobierno nacional. En Entre Ríos dicen que el juez Alonso es cercano a la familia Menem y hasta fue abogado de Carlos Nair Menem, hijo del expresidente y primo de Martín y Lule.
El dato judicial se une con una versión que circula en los pasillos de la Cámara de Diputados y es que los Menem habrían hecho saber a legisladores de la oposición que no pondrán demasiada resistencia al embate para voltear el DNU, que empezará apenas se habiliten las sesiones.
El juez Alonso rechazó el pedido porque consideró que no había una amenaza «cierta, concreta e inminente» contra la libertad o la libre circulación de las personas.
«No se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna», dice el fallo de Alonso.
