El Intendente Marcelo Orazi participó el sábado del encuentro virtual convocado por la Gobernadora Arabela Carreras para analizar la situación epidemiológica por COVID-19 de la última semana. En el encuentro estuvieron presentes los jefes comunales de la provincia y funcionarios del gabinete provincial.
En la oportunidad, el Ministro de Salud Fabián Zgaib informó los indicadores epidemiológicos de los últimos días en la provincia mientras que su par de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara, realizó un balance del desarrollo del ciclo lectivo bajo el marco de la semipresencialidad, destacándose el resultado de los protocolos sanitarios y el sistema de burbuja, que llevaron a que no se produzcan contagios intraescolares.
Por su parte, la Gobernadora ratificó la voluntad de diálogo permanente con los jefes y las jefas comunales para diseñar en conjunto estrategias para disminuir los efectos de la segunda ola de contagios de COVID-19.
En tanto, el Intendente Orazi mencionó la profundización del trabajo preventivo que realiza el Municipio, tanto en los comercios como hacia la comunidad. En este sentido destacó la entrega de cartelería para ser expuesta en los locales comerciales recordando las medidas de prevención y el trabajo de la ‘Patrulla COVID-19’ en espacios públicos para reforzar el mensaje a los vecinos.
Un tribunal de tres jueces condenó a nueve años de prisión al ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal al que encontró culpable de cobrar sobornos de parte de un capitalista de juego clandestino para no investigarlo. Un empleado de la unidad fiscal donde se desempeñaba Serjal, Nelson Ugolini, recibió cinco años de prisión. Era quien mantenía los contactos con el empresario de juego ilegal que buscaba protección y que canalizaba los pagos hacia arriba.
Las condenas fueron unánimes y para ambos juzgados los jueces dispusieron el cumplimiento de prisión en un establecimiento carcelario. Ya había sido condenado por formar la misma red el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.
Una de las principales novedades de este fallo, si queda firme, es sus efectos sucesivos e inexorables. La condena incluye la figura de asociación ilícita ya que establece que Serjal, que fue desplazado de su cargo en agosto de 2020, formaba la parte superior de una estructura que incluyó a un sector de la política santafesina, que recibía dinero de este capitalista de juego, Leonardo Peiti, para sus actividades.
Quien en este mismo trámite está imputado como jefe de asociación ilícita es el senador santafesino Armando Traferri, que no llegó a esta etapa del juicio aún porque durante cuatro años mantuvo los fueros legislativos ya que la mayoría de sus pares se negaron a levantarlos. La condena a Serjal por asociación ilícita deja a Traferri en el umbral de una resolución semejante.
Los fundamentos de los jueces reconocen la legalidad de la investigación que llevaron contra Serjal y Traferri los fiscales que inicialmente tuvieron el caso y a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corrieron del control del trámite cuando fueron señalados, incluso por fiscales colegas, de haber cometido delitos en el curso de la investigación para perjudicar a Traferri. Esa idea los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra la descartaron.
«Detrás de esta sentencia hay todo un equipo de trabajo que hizo la investigación preparatoria y que se desempeñó de manera excelente ya que el tribunal avaló cada una de las pruebas», dijo la fiscal Marisol Fabbro, quien impulsó junto a su colega José Luis Caterina la acusación en el juicio que terminó este viernes.
Esa reivindicación explícita del trabajo de Schiappa Pietra y Edery viene recubierta de significado político y jurídico. Ambos fueron apartados de la investigación con el pedido explícito de Traferri que prácticamente supeditó a esa condición la decisión de presentarse el año pasado y que lo hizo tras ser reelecto en su banca en 2023. Los nuevos fiscales con las mismas pruebas rendidas por sus antecesores, y despreciadas por el Senado para desaforarlo, lo imputaron a Traferri el año pasado y le agregaron asociación ilícita.
Armando Traferri
El tribunal convalidó toda la investigación. Lo que significa también descartar la idea de que hubo un armado de fiscales que actuaron al margen de la legalidad en una pesquisa viciada coordinada por el criminólogo Marcelo Sain cuando era ministro de Seguridad de Omar Perotti.
El problema que tiene esta hipótesis, explicó la fiscalía y retomó el tribunal, es que el origen del caso aparece en 2017, cuando los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery no tenían ningún contacto con el asunto, y cuando Sain no tenía cargos en la provincia de Santa Fe. La detección de esta madeja de intereses, que incluye a Traferri y otros dirigentes políticos, está en una causa penal de Melincué. La llevaba quien ahora es fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien como testigo en este juicio defendió muy enfáticamente esta causa.
Sobre la llamada «pata política», que fue llamada de esa forma por el tribunal, los jueces dijeron que para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los acusados, era importante entender que Serjal, Ugolini y Ponce Asahad actuaban bajo el paraguas de de estamentos con personas que aunque «no se encuentra en juzgamiento aquí fueron permanentemente aludidas durante el debate». Indicaron que esta implica la participación de funcionarios legislativos y políticos, «siendo el eje central el senador Armando Traferri».
En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política.
«Se produjo prueba que acreditó la existencia de una asociación ilícita estable, jerarquizada y funcional, cuyo objeto principal fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego de azar ilegal, y, concomitantemente, garantizar la impunidad de dicho negocio mediante una cobertura judicial penal». Señalaron que esa estructura también era integrada «por personas que no fueron traídas a este juicio».
La fiscal Fabbro había dicho en su alegato final: «Este no es un caso de juego clandestino. Ni siquiera de «filtraciones» o incumplimientos funcionales aislados. Este caso traído a juicio es una investigación que pone sobre la mesa algo mucho más sutil y mucho más dañino: este caso versa sobre la impunidad. Este no es un caso sobre dinero, sino sobre lo que el dinero puede comprar. En esa posibilidad material que da el dinero combinada con ciertos contactos y con ciertas posiciones de poder, pudimos comprobar que ciertos funcionarios fueron efectivamente comprados por dinero».
Otro punto culminante que complica al condenado es que la fiscal Marianela Luna detecta en 2017 que Serjal actúa de una manera muy extraña cuando ella inicia una causa contra Peiti. En 2018 Luna avisa a la regional que va a allanar locales de juego ilegal de Peiti. Cuando se concretan las requisas esos garitos estaban sorpresivamente desmantelados. Frente a semejante filtración que volvió negativos los procedimientos en la siguiente oportunidad Luna tomó un recaudo: no le avisa a Serjal y allana directamente. En este caso los 14 operativos dan positivo. Ante la afectación de los intereses de Peiti lo que hace Serjal es dictar una resolución traspasando a dos fiscales de Rosario las causas de juego clandestino en la jurisdicción. Le dijo a la fiscal Luna, según ella declaró en el juicio, que la decisión era concentrar el mismo las causas.
El fiscal que acusó a los fiscales
Una de los principales testigos de la defensa fue paradójicamente un colega de los acusadores, el fiscal Pablo Socca. Según declaró Socca, los primero fiscales del caso usaron a la testigo colaboradora sospechada de extorsión Mariana Ortigala para llegar al capitalista Peiti y a través de él a Serjal.
Los jueces lo rechazaron remarcando que sus declaraciones connotaban «un conocimiento superficial del caso» que denunciaba. Hicieron eje en la declaración de la fiscal Bárbara Ilera que investiga al fiscal Edery por un supuesto hecho de omisión de investigación. Señalaron que la funcionaria «confirmó que no hay, hasta ahora, elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo entre los fiscales Edery y/o su empleada Carla Belmonte con Ortigala para perjudicar al Sr. Serjal, y las apreciaciones en tal sentido del fiscal Socca no persuadieron por resultar genéricas y especulativas».
Siguieron los jueces: «La afirmación defensiva, basada en el testimonio de Socca, en cuanto a que la investigación se habría originado a partir de la manipulación o utilización de terceros – específicamente Mariana Ortigala- para «llegar a Peiti y a través de él a Serjal», constituye una mera especulación sin correlato probatorio»
Si Patricio Serjal resultaba condenado por asociación ilícita se sabía que el trance sería determinante en la causa de Traferri porque él está acusado de ser organizador de esa misma asociación.
Aquí estuvo centrada la pulseada. Se notó mucho en el juicio en la estrategia de la defensa. Y se advierte con elocuencia en el terreno de la opinión pública. Dos medios de fuerte presencia en Rosario, con importante penetración, publicaron el mismo artículo periodístico, con distinciones mínimas de construcción pero de idéntico eje, centrado en el testimonio del fiscal Socca, que denunciaba a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de haber direccionado la causa en contra de Serjal y Traferri. Esas publicaciones fueron a diez días de la declaración de Socca.
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Aunque para varios productores inundados desde hace nueve meses la visita de Patricia Bullrich a 9 de Julio el último sábado fue considerada muy tardía, su desembarco había generado expectativas en términos de anuncios para paliar el drama del agua en el noroeste bonaerense.
Sin especificar la letra chica de sus anuncios, la ministra de Seguridad (propietaria de un campo de 4 mil hectáreas en la región) habló de un fondo de 1.900 millones y una fuerte asistencia en términos de maquinaria.
Sin embargo, en la reunión de la mesa de coordinación de este lunes (la primera en la que participó el Gobierno nacional), el emisario de Bullrich, el titular de la Agencia Federal de Emergencias Santiago Hardie, detalló en concreto cuál será la ayuda y desató acusaciones que tensaron el encuentro con las entidades del campo.
«Del anuncio a la realidad, hay una decepción muy grande acá», dijo a LPO Patricia Gorza, productora de 9 de Julio y dirigente de Federación Agraria que participó de la reunión de este lunes en donde las entidades desataron su bronca con el emisario de Bullrich: «Nos parece una tomada de pelo», sostuvo.
En las entidades creían que los 1.900 millones anunciados por Bullrich (monto que ya consideraban menor) era a distribuir entre los cinco municipios que estuvieron representados por sus intendentes en la asamblea del último sábado con la ministra.
Se generó demasiada expectativa con el despliegue que se hizo el sábado con la ministra. No se condice con lo que van a hacer.
No obstante, esa cifra será a repartir entre 20 comunas. «Es una cisterna de combustible para diez días de trabajo», graficó Gorza que definió esa asistencia como una «vergüenza» para distritos como 9 de Julio, que tiene el 80% de su red vial intransitable.
En detalle, la maquinaria prometida por Bullrich consta de una retroexcavadora, una motopala, una motoniveladora y dos camiones volcadores de Vialidad Nacional. Eso, sumado a dos unimog y una ambulancia 4×4 del Ejército.
En la mesa de emergencia de Nueve de Julio (conformada hace meses por las entidades, el gobierno bonaerense y el municipio) calculan que esa maquinaria apenas sirve para asistir dos accesos a localidades.
En suma, estiman que el paquete de asistencia que dará la Nación para 20 municipios es lo que estaría necesitando cada uno de ellos para atender el desastre de las inundaciones.
Además, el emisario de Bullrich confirmó este lunes que las máquinas que llegarán la semana que viene no estarán en territorio por 120 días, como pretendían las entidades. «La gravedad de esta situación requiere atenderla durante la única ventana que tenemos en el año, que es el verano», dijo Gorza.
Y agregó: «Donde arranquemos en marzo con la lluvia del otoño sin solucionar nada, vamos a tener un problema gravísimo el invierno que viene, como en este».
Este año, el impacto del agua en la región se tradujo en una drástica reducción del área sembrada. Por caso, en trigo, se logró sembrar el 30% de lo que en general se siembra. De ese porcentaje, solo se va a poder cosechar el 20%, el resto se perdió.
La siembra de gruesa, que se debería estar en desarrollo, no se hizo aún porque no hay caminos para llegar a las zonas altas aptas para sembrar. «No se está trabajando, con lo cual todo el mundo se está comiendo el capital para vivir», describió Gorza.
Estiman que el paquete de asistencia que dará la Nación para 20 municipios es lo que estaría necesitando cada uno de ellos para atender el desastre de las inundaciones.
En ese contexto, los productores inundados refuerzan el reclamo al gobierno de Javier Milei para que acelere las obras de dragado de uno de los tramos que el mes pasado reactivó en la Cuenca del Salado pero que avanza a paso muy lento.
También en la zona definen como clave los trabajos en el Nodo Bragado, una obra anexa que permite que desemboquen todos los canales de aguas arriba para empalmarse con el Salado. «Esa obra la puso el gobernador en el presupuesto 2026, esperemos que se apruebe», dijo Gorza.
Hoy fue la primer reunión donde se sumo el gobierno nacional a la mesa de trabajo permanente que tenemos. Resulta que los 1900 millones son para repartir en 20 municipios.La cuenta da entonces el valor de 64 hectáreas de soja para cada uno.9 de Julio tributa ganancias y… https://t.co/kodkvVoNBX
Si se continúa con este ritmo en la contaminación diaria, el planeta y su ecosistema está cerca del límite de su equilibrio, el ecosistema planeta-humano está conociendo su punto de inflexión. Somos nosotros los que estamos empujando hacia ese límite. Pero no hay que confundirse, si se va a trabajar seriamente en esta crisis inventada…
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que recientemente incorporó una nueva profesional veterinaria con el objetivo de aumentar el número de castraciones caninas y felinas que se realizan actualmente. La profesional realizará las cirugías los días miércoles en el polideportivo Cumelen y en primera instancia se atenderá…
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