El Intendente Marcelo Orazi recorrió junto al Ministro de Salud de Río Negro Fabian Zgaib el vacunatorio que funciona en la Universidad Nacional de Río Negro.
En el encuentro dialogaron sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 que se lleva adelante en Río Negro y especialmente en la ciudad y resaltaron la necesidad de continuar con la estrategia de que ningún adulto mayor a 70 años quede sin vacunar.
En tal sentido desde el Gobierno de Río Negro se propuso desarrollar una acción concreta de llegar a este sector etario que todavía no se vacunó por no poder inscribirse por diferentes razones de manera de garantizar que reciba la dosis correspondiente.
El ministro Zgaib también destacó el rol del Municipio de colaborar con personal y espacio físico en la inscripción de adultos mayores y de personas de riesgo para recibir la vacuna contra el COVID-19, como además el esfuerzo y compromiso de los trabajadores de Salud del Hospital local.
Participaron del encuentro la Legisladora Silvia Morales, el Director del Hospital local Osvaldo Ruiz Díaz, la Directora del Hospital de General Roca Ana Senesi, Natali Cambruzzi del Departamento de Gestión de Medicamentos y Suministros del Ministerio de Salud y el Coordinador de Salud Ambiental Marcos Seleiman.
En forma previa el Ministro Zgaib había visitado las instalaciones del Hospital local para evaluar los trabajos realizados en sus instalaciones. Hay que destacar que la semana pasada el Intendente Orazi recorrió el nosocomio con el objetivo de verificar los mismos.
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Otra vez el «periodista» queda expuesto tras una montaña de billetes.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras se presenta como periodista “crítico” del poder, Luis Majul volvió a quedar en el centro de la polémica por el cobro de cuantiosas sumas de dinero provenientes, en esta ocasión, de la pauta oficial del gobierno de Córdoba. Una investigación periodística reveló los montos millonarios que recibió su productora durante años y expuso una relación incómoda entre medios, negocios y poder político.
La trama quedó al descubierto a partir de una investigación de Data 24, que reconstruyó el flujo de fondos públicos que terminaron en manos de La Cornisa Producciones S.A., la empresa ligada a Luis Majul, a través de contratos de pauta oficial con la provincia de Córdoba. Los datos surgen de registros oficiales y muestran que el vínculo económico con el Estado provincial se sostuvo tanto durante la gestión de Juan Schiaretti como en la actual administración de Martín Llaryora.
Según la investigación, entre 2020 y 2023 la productora de Majul facturó decenas de millones de pesos bajo el concepto de “publicidad y difusión de actos de gobierno”. Al actualizar esas cifras por inflación, el volumen real del dinero recibido resulta todavía más impactante: más de 60 millones de pesos en los primeros años, cerca de 59 millones en 2022 y más de 100 millones de pesos ajustados en 2023, un año atravesado por la campaña electoral.
Pauta, relato y silencios convenientes
Uno de los datos que más llama la atención es que, tras no percibir fondos durante 2024, en 2025 la pauta volvió a fluir: el gobierno de Llaryora habría destinado 12 millones de pesos adicionales a la empresa de Majul. La secuencia refuerza la sospecha de que la pauta oficial funciona como herramienta de disciplinamiento, premio o negociación política, incluso con periodistas que en pantalla construyen un discurso de confrontación permanente.
La contradicción es evidente: Majul es una de las caras mediáticas más identificadas con el antiperonismo, con editoriales durísimas contra gobiernos nacionales populares, pero no tuvo reparos en cobrar durante años del peronismo cordobés. La grieta, una vez más, parece diluirse cuando se trata de negocios.
El rol del gobierno de Llaryora
La investigación también pone el foco en una decisión política concreta del oficialismo cordobés: la pauta oficial no se ajusta, incluso en contextos de recortes, crisis económica y deterioro social. Mientras se habla de austeridad, el presupuesto destinado a propaganda estatal se mantiene firme y beneficia a grandes actores mediáticos, muchos de ellos con llegada nacional.
Este esquema no sólo distorsiona el sistema informativo, sino que erosiona la credibilidad del periodismo y refuerza la idea de que parte del discurso mediático está condicionado por intereses económicos antes que por convicciones editoriales reales.
Cuando la crítica se paga con fondos públicos
El caso Majul vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué independencia puede tener un periodista que cobra millones del Estado al que dice cuestionar? La investigación no sólo aporta cifras, sino que desnuda una práctica estructural donde la pauta oficial opera como moneda de cambio y donde la supuesta neutralidad periodística queda seriamente en entredicho.
En tiempos donde Milei agita el ajuste brutal y la demonización del Estado, estos vínculos entre gobiernos provinciales y comunicadores “opositores” muestran que el problema no es el Estado en sí, sino quién se queda con sus recursos y para qué.
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