COVID-19: no habrá nuevas medidas de restricción

 

En enero de 1945, mientras la Segunda Guerra Mundial entraba en su tramo final y el régimen de Edelmiro Farrell todavía no había declarado la guerra a Alemania y Japón, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública enviaba a las escuelas argentinas una circular que recomendaba a las alumnas utilizar zapatos con tacos de no más de cuatro centímetros. Detrás de una medida aparentemente trivial había un extenso expediente médico y administrativo sobre el cuerpo femenino: anatomía, postura, maternidad, trabajo, disciplina, moral y hasta la idea de “mejoramiento de la raza”. La historia de aquellos cuatro centímetros permite asomarse a una época en la que el Estado pretendía conocer, clasificar y modelar los cuerpos juveniles en nombre de la ciencia y de la nación.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI

Hay documentos que, vistos desde el presente, parecen demasiado pequeños para contener una época. Una disposición sobre el largo de un taco puede parecer uno de ellos. Sin embargo, cuando se la lee completa, cuando se reconstruyen los funcionarios que participaron de su elaboración y cuando se la coloca dentro del universo intelectual de la educación física argentina de los años treinta y cuarenta, aquellos cuatro centímetros adquieren otra dimensión. El 29 de enero de 1945, la Dirección General de Educación Física remitió a los establecimientos de enseñanza para mujeres la Circular N.º 3, firmada por su director, César S. Vásquez, transcribiendo las actuaciones que habían conducido a la Resolución Ministerial N.º 1980, del 21 de diciembre de 1944. La resolución no prohibía legalmente los tacos altos para todas las mujeres: recomendaba a las escuelas que aconsejaran a sus alumnas utilizar calzado cuyo taco no excediera los cuatro centímetros, por considerarlo beneficioso “desde el punto de vista higiénico y sanitario”.

La diferencia no es menor. El Estado no dictaba una ley nacional sobre la moda femenina. Construía algo más sutil: una recomendación administrativa dirigida a las instituciones educativas, acompañada por un voluminoso expediente médico destinado a persuadir a autoridades, familias y alumnas de que determinado modo de utilizar el cuerpo era saludable y otro resultaba perjudicial. Y ese expediente había comenzado varios meses antes, el 19 de julio de 1944, cuando la Dirección General de Educación Física decidió consultar a su Servicio Médico sobre los efectos del taco alto en las estudiantes.

Un médico frente al cuerpo femenino

El encargado de responder fue el doctor Luis La Madrid, jefe del Servicio Médico de la Dirección General de Educación Física, quien elaboró su informe con la colaboración de los médicos David Orlando y Domingo Ortiz. La Madrid no era un profesional convocado ocasionalmente para resolver una cuestión de calzado. Para entonces llevaba varios años trabajando en la medicalización de la educación física y había participado de la Primera Conferencia de Profesores de Educación Física, realizada en Buenos Aires en diciembre de 1942. Allí había presentado un trabajo sobre la importancia del examen físico y había intervenido en una sección donde se discutieron precisamente las fichas, los tests, las mediciones y la clasificación corporal. Un estudio histórico de Pablo Ariel Scharagrodsky sobre la Primera Conferencia de Profesores de Educación Física de 1942 reconstruye el universo de saberes que atravesaba aquel campo y registra la presencia de conceptos como la antropometría, la biotipología, la degeneración, la clasificación entre ‘aptos’ e ‘inaptos’, los llamados paramorfismos y el examen físico-funcional.

El propio programa aprobado en aquella conferencia resulta revelador. Se sostuvo que el examen físico debía constituir una guía para orientar científicamente la práctica de las actividades físicas, que debía ser obligatorio para quienes practicaran actividad física en instituciones oficiales o particulares y que los alumnos debían agruparse para gimnasia y deportes sobre la base de “características biológicas homogéneas”. También se reclamó que el médico vigilara la evolución de los practicantes y que la ficha de educación física expresara sintéticamente su estado de salud y aptitud integral.

No se trataba, por lo tanto, simplemente de hacer que los jóvenes corrieran o hicieran gimnasia. Se estaba construyendo una ciencia estatal del cuerpo juvenil. Había que examinarlo, medirlo, clasificarlo, conocer sus defectos, determinar sus aptitudes y establecer qué ejercicios convenían a cada organismo. Una investigación dedicada específicamente a la recepción de la eugenesia y la biotipología en la educación física argentina ha señalado que esas prácticas produjeron procesos de “medición, clasificación y jerarquización” de los estudiantes, y que durante el período estudiado existieron conexiones entre esas ideas y las políticas impulsadas por César Vásquez al frente de la Dirección General de Educación Física.

Es dentro de ese mundo donde debe leerse el informe de La Madrid sobre los tacos.

El médico comienza explicando minuciosamente la anatomía del pie, la función del astrágalo, las bóvedas plantares y la distribución del peso corporal. Incluso ofrece un cálculo: sobre una carga de 80 kilogramos aplicada sobre el astrágalo, sostiene que aproximadamente 45 kilos son dirigidos hacia atrás y 35 hacia adelante. Una elevación moderada del talón, explica, puede contribuir al equilibrio, y por eso admite que un taco de uno o dos centímetros puede resultar adecuado. El problema aparecería cuando la elevación es mayor.

Según su razonamiento, el taco alto produce el denominado “equinismo”, desplaza hacia adelante la mayor parte de las fuerzas y concentra el peso sobre las cabezas de los metatarsianos. De allí se desencadenaría el aplanamiento de la bóveda plantar y una serie de compensaciones sucesivas que alcanzarían la rodilla, la pelvis y la columna. El informe habla de lordosis lumbar, cifosis dorsal, hipotonía muscular, alteraciones de la marcha, fatiga, torceduras, fracturas, artrosis y deformaciones.

La cadena llega incluso al abdomen. La Madrid sostiene que la inclinación de la pelvis puede producir una alteración que denomina “visceroptosis”, porque las vísceras abdominales quedarían sometidas a nuevas condiciones mecánicas. En el pie, mientras tanto, aparecen la hiperqueratosis, los dolores metatarso-digitales y el “hallux valgus”, el juanete.

Todo esto desemboca en una conclusión categórica: “Las alteraciones funcionales y orgánicas que se originan por el uso habitual del taco alto, obligan a considerarlo pernicioso para la salud y peligroso para la integridad física”. Pero la frase más significativa llega después: dado que los huesos y ligamentos del adolescente poseen menor solidez que los del adulto, el taco alto debía ser, para las alumnas de enseñanza media, “definitivamente proscripto”. La Madrid recomendaba punta ancha, suela mediana o gruesa y taco de entre tres y cuatro centímetros.

La cuestión médica, sin embargo, no terminaba en la medicina.

Del consultorio a la disciplina y la moral

El expediente pasó por distintas instancias de la burocracia educativa. El subsecretario de Instrucción Pública Antonio J. Benítez pidió considerar la posibilidad de establecer el límite de cuatro centímetros. La Inspección General de Enseñanza intervino después y allí aparece otro protagonista: el inspector doctor José A. Belfiore.

Belfiore no era un funcionario menor. La documentación ministerial lo muestra participando en distintas tareas de la Inspección General: integró comisiones oficiales, intervino en concursos y actuaciones sobre establecimientos educativos y tuvo funciones de inspección territorial. En 1944, además, aparece vinculado a la evaluación de materiales audiovisuales destinados a la enseñanza, incluidos contenidos de carácter sanitario. La documentación posterior confirma su continuidad como inspector, entre otros destinos, en el Colegio Nacional N.º 6.

Su intervención en el expediente resulta decisiva porque agrega una dimensión que el informe médico no había colocado en primer plano. Belfiore sostuvo que la medida no sólo podía adoptarse sino que sería “altamente beneficiosa” y agregó que, a las razones técnicas expuestas por La Madrid, correspondía sumar “las de orden disciplinario y moral”.

La frase es pequeña, pero históricamente enorme.

Belfiore comparó la recomendación sobre los zapatos con las disposiciones existentes sobre “el uso del guardapolvo, sobre peinados y pinturas”. De ese modo, el taco alto quedó incorporado a un universo mucho más amplio: el de las normas destinadas a determinar cómo debía presentarse una alumna dentro de la institución escolar.

El expediente muestra así dos lenguajes complementarios. La medicina decía qué cuerpo era saludable; la inspección educativa intervenía para establecer qué comportamiento era disciplinado y moralmente aceptable. La resolución ministerial podía entonces presentarse como una recomendación sanitaria, pero detrás de ella había también una concepción de la apariencia femenina adecuada para la escuela.

La Inspección General, de hecho, fue todavía más prudente que La Madrid. El 11 de septiembre de 1944 recomendó aprobar la iniciativa, pero sugirió que las autoridades escolares procuraran persuadir “a los padres o tutores de la conveniencia” del calzado recomendado. Finalmente, el ministro Rómulo Etcheverry Boneo convirtió aquella cadena de informes en la Resolución N.º 1980, del 21 de diciembre, que ordenó recomendar el taco de hasta cuatro centímetros y enviar una circular a los establecimientos para mujeres.

No hubo una policía de los tacos. Hubo algo mucho más característico de la administración educativa de aquel tiempo: medicina, inspección, autoridad escolar y familia articuladas para producir una determinada conducta corporal.

El cuerpo en tiempos de guerra

El contexto histórico vuelve el expediente todavía más significativo.

La Circular N.º 3 llegó a las escuelas el 29 de enero de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en curso y la Alemania nazi aún resistía. Edelmiro Farrell ejercía la Presidencia de facto desde febrero de 1944, luego del desplazamiento de Pedro Pablo Ramírez. El gobierno argentino recién declararía el estado de guerra con Alemania y Japón el 27 de marzo de 1945, dos meses después de aquella circular. La propia Presidencia de la Nación registra el carácter de facto del gobierno de Farrell entre febrero de 1944 y junio de 1946.

No existe presunción documental de que la decisión sobre el calzado hubiera sido tomada por influencia directa de las políticas raciales alemanas entonces vigentes. La relación que puede establecerse es otra, más compleja y más interesante: la medida forma parte de un ambiente intelectual argentino en el que la medicina, la educación física, la higiene y la biotipología habían convertido al cuerpo en objeto de conocimiento, clasificación y administración estatal.

Una investigación histórica sobre el Departamento de Cultura Física de Pablo Kopelovich mostró que durante las décadas anteriores se habían incorporado y resignificado en Argentina conceptos provenientes de la eugenesia y la biotipología, produciendo prácticas de medición y clasificación de los estudiantes. Ese trabajo señala además que las políticas impulsadas por César Vásquez a nivel nacional compartieron parte de aquel universo de preocupaciones sobre el fortalecimiento físico y moral de la juventud.

En la mencionada Primera Conferencia de Profesores de Educación Física de 1942, Guillermo L. Canessa, secretario general de la misma, propuso personalmente una ponencia que reclamaba investigar el desarrollo físico y psíquico de los niños argentinos para conocer su ‘tipo medio normal’ y ‘propender al mejoramiento de la raza’. En la misma conferencia, cuya declaración de principios fue presentada por Canessa, la Educación Física era definida expresamente como de carácter ‘eugénico’.

En aquellos años, mientras el nazismo llevaba al extremo criminal las políticas de selección racial, esterilización, exclusión y exterminio, en diferentes países circulaban conceptos médicos que hablaban de normalidad, degeneración, aptitud, herencia, higiene racial, biotipos y mejoramiento de las poblaciones. La Argentina tenía una historia propia de eugenesia y biotipología anterior al nazismo y que sobrevivió a gobiernos de distintas orientaciones políticas. La dictadura de Farrell comenzó en febrero de 1944, pero la educación física argentina ya había incorporado discursos de este tipo durante las décadas anteriores. El Departamento de Cultura Física de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, funcionó entre 1929 y 1946, atravesando gobiernos radicales, conservadores, la llamada Década Infame, el golpe de 1943 y los primeros años del peronismo.

El estudio de Pablo Kopelovich sobre ese Departamento justamente muestra cómo eugenesia y biotipología fueron incorporadas a la cultura física universitaria durante un período político mucho más amplio que un solo gobierno.

Lo que sí puede observarse es una inquietante coincidencia de época: el cuerpo había dejado de ser exclusivamente un asunto privado.

El eugenismo, nacido a fines del siglo XIX a partir de las ideas del británico Francis Galton, proponía intervenir sobre la reproducción y las condiciones de vida de las poblaciones con el propósito de favorecer determinados rasgos considerados deseables y evitar aquellos juzgados como perjudiciales. En la Argentina, estas ideas comenzaron a adquirir presencia desde las primeras décadas del siglo XX y se entrelazaron con tradiciones locales como el higienismo, la medicina social, la antropometría y la biotipología, ingresando en ámbitos tan diversos como la medicina, la educación, la criminología y la educación física. No se trató de una simple importación de las doctrinas raciales del nazismo: existió un desarrollo argentino propio, anterior al ascenso de Hitler y atravesado por gobiernos de distintas orientaciones políticas, en el que conceptos como “normalidad”, “aptitud”, “degeneración”, clasificación de los cuerpos y mejoramiento de la población adquirieron legitimidad científica. En ese universo intelectual debe leerse la documentación que, pocos años después, llevaría a las autoridades educativas a intervenir incluso sobre la altura de los tacos utilizados por las alumnas.

La mujer que debía ser sana, fuerte y funcional

Hay otra pieza documental de La Madrid que resulta imprescindible para comprender el expediente. En abril de 1944, nueve meses antes de la circular sobre los tacos, el Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública publicó un artículo suyo titulado “La educación física y la mujer”. Allí aparece expresamente como jefe del Servicio Médico.

El artículo permite comprobar que su concepción del cuerpo femenino era mucho más amplia que una preocupación por los pies. La Madrid sostenía que la mujer necesitaba un “cuerpo fuerte y sano” y vinculaba esa salud tanto con su capacidad de trabajo como con su función reproductiva. La educación física aparecía así conectada con la maternidad, la fortaleza, la armonía corporal y la capacidad funcional.

El contraste con el expediente del taco resulta evidente. La Madrid podía admitir que el taco alto contribuía a aquello que la época denominaba “gracia femenina”. En el informe de 1944 reconoce expresamente que estiliza la pierna, el tobillo y el pie y que produce una cadencia particular en la marcha. Pero para él esa ventaja estética debía ceder frente a la salud. La estética verdadera, sostiene, debía encontrarse en la integridad del organismo.

La Madrid escribía desde una época en la que el cuerpo femenino era pensado simultáneamente como cuerpo individual, cuerpo productivo y cuerpo reproductivo. No es casual que la educación física apareciera como herramienta para fortalecerlo y disciplinarlo.

Y tampoco es casual que el zapato terminara en el expediente.

El taco modificaba la postura. La postura modificaba la marcha. La marcha afectaba el rendimiento. El rendimiento se relacionaba con el trabajo. La pelvis se vinculaba con la maternidad. La apariencia quedaba sometida a la disciplina escolar. Y la disciplina, finalmente, era presentada como parte de la formación de una juventud sana y moral.

La cadena es reveladora. Un simple zapato podía convertirse, dentro de aquella lógica, en una cuestión de salud pública y formación nacional.

La Dirección General de Educación Física había sido creada en 1938 y permaneció bajo la conducción de César Vásquez hasta 1947. Investigaciones recientes caracterizan su gestión por un fuerte conservadurismo y por la utilización de la educación física como instrumento de formación moral, ética y nacionalista. Incluso las grandes fiestas de educación física organizadas durante aquellos años fueron concebidas como rituales patrióticos donde el cuerpo, la disciplina y los valores nacionales aparecían estrechamente asociados. Por eso, aquellos cuatro centímetros no fueron una extravagancia burocrática aislada. Fueron una pequeña manifestación de una política mucho más amplia: la voluntad de construir un determinado tipo de cuerpo y, a través de él, un determinado tipo de ciudadano y de ciudadana.

La propia circular termina con una instrucción que hoy puede resultar casi pintoresca: César S. Vásquez solicita que se dé “amplia difusión” a la medida y, “en lo posible”, que se coloque en la cartelera del establecimiento.

El taco terminaba así expuesto públicamente.

Pero lo verdaderamente expuesto era otra cosa: la concepción del Estado sobre el cuerpo de sus jóvenes.

En enero de 1945, cuando las tropas soviéticas avanzaban sobre Europa oriental, cuando el Tercer Reich se acercaba a su derrumbe y cuando la Argentina todavía no había declarado formalmente la guerra a Alemania, una oficina del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública dedicaba páginas y páginas a explicar cómo debía apoyarse el pie de una adolescente, cómo debía caminar, qué postura debía adoptar, qué calzado debía llevar y qué apariencia era compatible con la disciplina escolar.

No hace falta convertir ese expediente en algo que no fue para comprender su importancia. No era una ley general contra los tacos. No era una simple anécdota de moda. Era un documento argentino de una época en la que la medicina había adquirido autoridad para definir el cuerpo normal, la escuela para disciplinarlo y el Estado para intervenir sobre él.

Y justamente por eso, cuatro centímetros alcanzan para abrir una ventana sobre una época entera.

 

 

Un crédito de más de $52.600 millones para una empresa creada en 2024, sin ingresos declarados y con inconsistencias en sus antecedentes terminó convertido en un escándalo dentro del Banco Nación. El dato político es inevitable: la operación fue impulsada desde la Casa Central en Buenos Aires, durante la administración de Milei, y el gerente que se negó a firmarla denunció presiones y terminó con un traslado a 1.300 kilómetros de su casa. La Justicia frenó la medida. El potencial beneficiario, Mariano Jinkis, acaba de admitir ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos en el escándalo FIFAgate.

Por Roque Pérez para NLI

Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la gestión de Milei: el Gobierno habla permanentemente de eficiencia, austeridad, mérito y cuidado de los recursos públicos, pero cuando se mira el funcionamiento concreto de algunas estructuras estatales aparecen episodios que obligan a formular preguntas mucho más incómodas. El caso que acaba de salir a la luz en el Banco Nación es uno de ellos y tiene una cifra imposible de ignorar: más de $52.600 millones que estuvieron en proceso de evaluación para financiar un emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata.

No se trata de una operación menor ni de una pyme buscando capital de trabajo. Se trataba de un proyecto inmobiliario compuesto por dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades funcionales, promovido por Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024. Según la investigación de Hugo Alconada Mon, la propia auditoría interna del Banco Nación detectó que la empresa no tenía experiencia comprobable en construcción, no presentaba ingresos durante el ejercicio analizado y tenía un balance negativo. Más todavía: en la documentación presentada aparecían como antecedentes obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.

El Estado que quería prestar $52.600 millones

El dato que debería encender todas las luces amarillas es que el crédito no comenzó en Mar del Plata porque el empresario hubiera llegado con una carpeta a golpear las puertas del banco. Según una auditoría interna citada por LA NACION, fue un área de la Casa Central del Banco Nación, en Buenos Aires, la que contactó al estudio de arquitectos vinculado con el emprendimiento para conseguir el contacto de Jardines de Chauvín. El banco ofrece otra versión sobre el origen de la relación, pero la propia auditoría dejó registrado que el proceso se inició desde Buenos Aires.

Es decir, la discusión no es solamente por quién pidió el préstamo. Lo verdaderamente relevante es quién dentro de la estructura estatal tomó la decisión de avanzar, quién evaluó el proyecto y por qué una operación de semejante magnitud llegó hasta las instancias superiores del banco cuando existían elementos que ya generaban dudas.

Durante 2025, funcionarios de la entidad consideraron que el proyecto tenía una “factibilidad financiera favorable” y una capacidad de repago consistente. Inicialmente se hablaba de unos $35.600 millones, pero una tasación externa ubicó el valor del emprendimiento en US$35,6 millones, equivalente entonces a unos $52.638 millones.

Y aquí aparece una de las partes más llamativas del expediente: mientras el proceso avanzaba desde Buenos Aires, el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, empezó a plantear objeciones. Cuestionó los antecedentes de la empresa, observó su situación económica y pidió una evaluación externa.

También apareció otro dato sensible. El principal accionista de Jardines de Chauvín era Mariano Jinkis, dueño del 90% de la sociedad. Jinkis y su padre, Hugo, habían quedado involucrados en el escándalo internacional FIFAgate y el 26 de agosto de este año admitieron ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense contempla un pago de US$50 millones.

Ante ese antecedente, la Subgerencia General de Integridad del propio Nación había recomendado aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” antes de avanzar con la operación.

Pero el problema es que esa advertencia no llegó inmediatamente al gerente que debía analizar el crédito. El informe fue elaborado el 19 de febrero y, según la investigación, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.

El gerente dijo que no y después llegó el traslado

La secuencia es la que convierte un expediente crediticio en un problema político.

El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con el crédito. La instrucción pedía continuar con la propuesta formal para el cliente, incluyendo incluso la apertura de cuentas y otros productos bancarios.

Pourrere se negó a firmar.

Pocos días después comenzó otro capítulo: el gerente fue notificado de su traslado a una sucursal de menor categoría en Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata. La resolución del Directorio estaba fechada el 20 de febrero, antes de la negativa formal, un argumento que el Banco utiliza para rechazar cualquier relación entre ambas cuestiones. Pero Pourrere denunció presiones y sostuvo que el traslado constituía una represalia por haberse negado a impulsar la operación.

Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que excede al Banco Nación: ¿qué mensaje recibe un funcionario público cuando formula objeciones frente a una operación millonaria y poco después se encuentra con un traslado que lo aleja 1.300 kilómetros de su familia?

El Banco sostiene que ambos procesos fueron independientes. La Justicia, por ahora, no cerró esa discusión, pero sí consideró que había elementos suficientes para suspender el traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, señaló que la medida, “prima facie”, no parecía estar debidamente fundada en razones objetivas y técnicas y tomó en consideración las inconsistencias detectadas en la operación, las presuntas presiones y las observaciones de la propia auditoría interna.

El discurso libertario frente a la caja del Estado

Y acá aparece el problema político para Milei.

El Banco Nación no es una entidad privada. Es una institución estatal que administra recursos públicos. Por eso, aunque todavía no exista ninguna prueba que permita afirmar que el Presidente haya intervenido personalmente en esta operación, sí resulta absolutamente legítimo preguntarle al Gobierno qué controles políticos y administrativos existen sobre lo que ocurre dentro de una institución estratégica que forma parte del aparato estatal nacional.

Más todavía cuando el relato oficial de La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política alrededor de una supuesta superioridad de la gestión privada sobre el Estado, de la eliminación de la “casta”, de la eficiencia y de la reducción del gasto público.

El episodio del Nación expone una paradoja difícil de esconder: el mismo Estado que el mileísmo presenta como ineficiente cuando tiene que garantizar derechos sociales aparece, en este expediente, intentando canalizar decenas de miles de millones de pesos hacia un emprendimiento privado.

Y no hacia cualquier empresa. Hacia una sociedad creada apenas dos años antes, sin ingresos declarados en el ejercicio analizado, con antecedentes documentales que despertaron objeciones y cuyo principal accionista acaba de admitir ante la Justicia norteamericana el pago de sobornos vinculados al fútbol internacional.

El crédito finalmente fue rechazado. Y ese dato es importante. No hay que decir que los $52.600 millones fueron entregados porque no lo fueron. Pero tampoco alcanza con decir que “no pasó nada” porque el dinero nunca salió.

Pasó que la Casa Central impulsó la operación. Pasó que hubo funcionarios que evaluaron favorablemente el proyecto. Pasó que aparecieron inconsistencias. Pasó que un informe de integridad recomendó extremar los controles. Pasó que documentación clave llegó con semanas de demora. Pasó que desde Buenos Aires se pidió avanzar con la propuesta formal. Pasó que un gerente se negó a firmar. Pasó que ese gerente recibió una orden de traslado a 1.300 kilómetros de distancia. Pasó que denunció presiones. Pasó que el propio Banco abrió una auditoría. Y pasó que esa auditoría encontró “deficiencias”, “inconsistencias”, debilidades documentales y ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable en construcción.

Finalmente, el 18 de mayo, el propio Banco Nación terminó rechazando el financiamiento por cuestiones vinculadas con el riesgo reputacional y de integridad.

Por eso, el interrogante político no debería reducirse a si “Milei ordenó el crédito”, porque eso no está probado. La pregunta es mucho más seria: ¿cómo funciona el Banco Nación bajo la administración de Milei para que una operación de más de $52.600 millones pueda avanzar hasta semejante instancia pese a las objeciones internas que ya estaban planteadas?

Porque si el Gobierno pretende convencer a los argentinos de que el Estado debe retirarse de todo aquello que pueda hacer el sector privado, entonces tendrá que explicar también por qué la estructura estatal que administra el dinero de todos llegó a evaluar con semejante entusiasmo un crédito multimillonario para un emprendimiento privado rodeado de advertencias.

Y si la respuesta oficial es que los controles funcionaron porque finalmente el crédito fue rechazado, queda otra pregunta todavía más incómoda: ¿por qué fue necesario que un gerente se plantara, que aparecieran denuncias de presiones, que interviniera la Justicia y que una auditoría interna detectara inconsistencias para que esos controles terminaran funcionando?

En el Banco Nación de Milei, por ahora, los $52.600 millones no salieron. Pero el expediente dejó algo mucho más difícil de esconder: una radiografía de cómo se toman algunas decisiones dentro del Estado que el Gobierno dice querer hacer desaparecer.