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COVID-19: no habrá nuevas medidas de restricción

Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.

De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.

En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.

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    Milei se derrumba: la imagen del Presidente cayó 16 puntos y ya tiene 58,5% de rechazo

     

    El Monitor de Opinión Pública de Zentrix correspondiente a julio expone un deterioro sostenido de Javier Milei: su imagen positiva cayó de 47% en febrero a apenas 30,9%, mientras la negativa trepó al 58,5%. La aprobación de su gestión también tocó uno de sus niveles más bajos. El dato revela que el desgaste del Gobierno dejó de ser una contingencia y empieza a convertirse en una tendencia política.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Javier Milei atraviesa un momento político que difícilmente pueda ser explicado como un simple tropiezo. El último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, correspondiente a julio de 2026, muestra una caída sostenida de la valoración del Presidente y una ampliación considerable del rechazo hacia su gestión. En apenas cinco meses, el mandatario perdió 16 puntos de imagen positiva, mientras la valoración negativa trepó hasta el 58,5%.

    El dato adquiere todavía mayor relevancia porque no se trata de una medición aislada. La encuesta permite observar una curva descendente prácticamente continua. En febrero, Milei alcanzaba alrededor del 47% de imagen positiva. Desde entonces, el respaldo comenzó a retroceder hasta llegar al 30,9% en julio, mientras el rechazo se consolidó como la posición mayoritaria. El Presidente perdió, de ese modo, una parte sustancial del capital político con el que había comenzado el año.

    La pregunta que aparece entonces es inevitable: ¿qué pasó con aquel Milei que todavía podía exhibir niveles de aprobación cercanos a la mitad de la sociedad? La respuesta no parece encontrarse en un único episodio político, sino en la acumulación de problemas que comenzaron a impactar sobre la vida cotidiana y, finalmente, sobre la valoración del Gobierno.

    De La Luna De Miel Al Desgaste

    El recorrido de la aprobación de la gestión resulta especialmente significativo. En febrero, el Gobierno alcanzaba un 45% de aprobación, su mejor registro del año. A partir de allí comenzó una caída que no logró revertirse: 38,5% en marzo, 33,1% posteriormente, 32,2% y finalmente 31,4% en julio. Del otro lado, la desaprobación llegó al 58,8%.

    Hay una diferencia política sustancial entre una administración que enfrenta una mala medición puntual y otra cuya aprobación viene descendiendo durante varios meses consecutivos. En el segundo caso, ya no se está frente a un episodio coyuntural sino ante un proceso de desgaste.

    Y ese proceso resulta particularmente incómodo para un Presidente que construyó buena parte de su legitimidad sobre una idea sencilla: el sacrificio presente tendría como consecuencia una mejora futura. El argumento requería que la sociedad pudiera visualizar algún tipo de recompensa. Pero cuando el esfuerzo cotidiano se prolonga y la mejora prometida no llega a los hogares, la tolerancia comienza a erosionarse.

    El propio MOP aporta algunos elementos para comprender ese fenómeno. El 61,8% evalúa negativamente la situación económica del país, mientras el 42,8% tiene una valoración negativa de su situación económica personal. A su vez, el 61,9% declara haber tomado algún tipo de deuda durante los últimos seis meses y el 66% afirma que sus ingresos se agotan antes o hasta el día 20.

    No hace falta convertir esos números en una explicación mecánica del deterioro presidencial para advertir la relación. Cuando el ajuste deja de ser una consigna política y se transforma en una experiencia cotidiana, el Gobierno comienza a pagar el costo de esa política en términos de imagen.

    El Rechazo Ya Supera Al Núcleo Duro

    El aspecto más delicado para Milei aparece cuando se observa la composición de su imagen. El Presidente conserva un núcleo de apoyo importante, pero enfrenta también un nivel de rechazo mucho mayor.

    El 30,9% mantiene una imagen positiva del mandatario frente a un 58,5% de imagen negativa, una diferencia de casi 28 puntos. En otras palabras, Milei todavía conserva una base política sólida, pero se encuentra con un problema que puede resultar mucho más complejo de resolver: su dificultad para ampliar esa base.

    El dato se vuelve todavía más contundente cuando se analiza la proyección electoral hacia 2027. El Presidente mantiene un 24% de electores que aseguran que seguramente lo votarían, pero al mismo tiempo el 57% afirma que jamás lo votaría. Es una estructura política profundamente polarizada: Milei conserva un núcleo duro considerable, pero también tiene uno de los techos de rechazo más elevados del escenario.

    La segmentación social también muestra dónde se concentra el deterioro. Su mejor desempeño relativo aparece entre los menores de 40 años, mientras que la imagen negativa aumenta entre los sectores de mayor edad. Entre los mayores de 60 años alcanza el 59,6%. Por género, el contraste resulta todavía más marcado: la imagen negativa llega al 65,9% entre las mujeres. En el AMBA, además, el rechazo alcanza el 63,6%.

    Es decir, la caída no se distribuye de manera uniforme. Hay territorios, edades y sectores sociales donde el desgaste presidencial resulta particularmente profundo.

    El Problema De Milei No Es Solamente La Oposición

    Hay, sin embargo, una paradoja que el Gobierno todavía puede utilizar a su favor. La caída de Milei no se traduce automáticamente en una oposición consolidada.

    El relevamiento de Zentrix muestra también niveles elevados de rechazo hacia otras figuras. Axel Kicillof registra 51,5% de imagen negativa y 35,4% positiva, mientras Patricia Bullrich presenta 50% de valoración negativa y 36,6% positiva. La excepción es Myriam Bregman, que aparece con un saldo positivo de 43,1% contra 40% de negativa, aunque su nivel de voto seguro hacia 2027 continúa siendo reducido.

    Esto genera un escenario particular. Milei pierde imagen, pero el sistema político todavía no ofrece una figura capaz de absorber automáticamente todo ese descontento. Para el oficialismo, esa situación representa un margen de supervivencia. Para la oposición, una advertencia.

    Pero sería un error interpretar ese dato como una recuperación del Presidente. La ausencia de un reemplazante evidente no modifica el dato central del estudio: Milei terminó julio con una imagen negativa de 58,5%, una positiva de apenas 30,9% y una aprobación de gestión del 31,4%.

    El Presidente que en febrero podía mostrar un 47% de valoración favorable perdió 16 puntos en menos de medio año. Y lo hizo mientras la percepción negativa de la economía se extendía, el endeudamiento se convertía en una herramienta de supervivencia para una parte importante de la población y cada vez más argentinos sienten que el salario no alcanza para atravesar el mes.

    La conclusión política es difícil de esquivar: el problema de Milei ya no es solamente cuánto mide su rechazo, sino la dirección que tomó la curva. El Gobierno llegó a febrero con un nivel de respaldo que parecía permitirle recuperar iniciativa. Cinco meses después, la fotografía es otra.

    La narrativa del sacrificio comienza a encontrarse con su límite más concreto: la paciencia de quienes sienten que el esfuerzo no se traduce en una mejora de sus condiciones de vida.

    Y cuando esa percepción se instala, deja de ser solamente una discusión económica. Se transforma en una discusión sobre el poder.

     

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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