Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.
De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.
En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.
El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de ajuste sobre la administración pública y ya trabaja en un plan de recortes que alcanzaría a todos los ministerios y organismos descentralizados. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, busca profundizar la reducción del empleo estatal y podría traducirse en miles de nuevas desvinculaciones durante los próximos meses.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la denominada «motosierra» se convirtió en el principal emblema de su gestión. Lo que comenzó con la no renovación de contratos temporarios y el cierre de distintas áreas estatales se transformó en una política permanente de reducción del sector público. Ahora, el Gobierno pretende avanzar sobre una nueva etapa que incluiría ministerios, organismos técnicos y empresas estatales.
Según la información difundida este martes, Sturzenegger mantiene activa la planificación de nuevos recortes y busca acelerar la disminución de personal en distintas dependencias nacionales. La intención oficial es continuar reduciendo estructuras administrativas bajo el argumento de mejorar la eficiencia y disminuir el gasto público.
Un objetivo ambicioso: miles de puestos menos
La ofensiva no surge de la nada. Durante los últimos meses, distintos medios especializados revelaron que el Gobierno se fijó como meta reducir alrededor de un 10% adicional el empleo público nacional durante 2026. Algunas estimaciones hablan de entre 5.000 y 6.000 despidos en una primera etapa, mientras que otras proyectan un recorte mucho más amplio que podría superar los 27.000 puestos entre organismos, empresas estatales y administración central.
Los antecedentes muestran que la política de ajuste ya tuvo un impacto considerable. Diversos relevamientos indican que desde diciembre de 2023 más de 66.000 trabajadores dejaron de desempeñarse en el Estado nacional, ya sea por despidos, retiros voluntarios o no renovación de contratos.
Detrás de esos números existen miles de familias afectadas por una política que el oficialismo presenta como una reorganización administrativa, pero que para los sindicatos constituye un proceso de desmantelamiento de capacidades estatales construidas durante décadas.
Organismos estratégicos bajo la mira
Los organismos técnicos aparecen entre los principales objetivos de la nueva avanzada. Durante los últimos meses se conocieron planes de reducción en áreas como el INTI, el INTA, el SENASA, la ANMAT, la Aduana y distintos entes vinculados a la producción, la ciencia y el control estatal.
También hubo conflictos recientes en organismos sensibles como el Servicio Meteorológico Nacional, donde se denunciaron despidos y recortes presupuestarios que, según trabajadores y especialistas, podrían afectar servicios estratégicos para la aeronavegación, la producción agropecuaria y la prevención de emergencias climáticas.
El ajuste no se limita únicamente al personal. En paralelo, el Gobierno viene ejecutando reducciones presupuestarias en distintas áreas, incluyendo Salud, organismos científicos y programas sociales, con el objetivo declarado de sostener el superávit fiscal y cumplir las metas económicas acordadas con los organismos internacionales de crédito.
La lógica de Milei: menos Estado, más mercado
La nueva tanda de despidos confirma que el proyecto político de Milei no atraviesa una etapa transitoria sino estructural. La reducción del aparato estatal sigue siendo uno de los pilares centrales de su programa económico y político.
Mientras el oficialismo celebra cada baja como una muestra de eficiencia fiscal, los gremios estatales advierten que detrás de cada puesto eliminado desaparecen funciones públicas vinculadas a controles sanitarios, investigación científica, infraestructura, producción agropecuaria, salud, educación y derechos ciudadanos. El debate ya no gira únicamente alrededor del gasto público: la discusión de fondo es qué Estado quedará en pie cuando la motosierra termine de pasar por todas las áreas que hoy siguen en la mira del Gobierno.
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El bloque de diputados de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense evitó formalizar en la sesión de este jueves los cambios en el bloque. Agustín Romo sigue siendo el presidente de la bancada libertaria y la llegada de Juan Osaba deberá esperar quizás hasta después del mundial.
La salida de Romo de la jefatura del bloque supone un enroque con Osaba por el cual el legislador que responde a Santiago Caputo pasará a ocupar una de las vicepresidencias de la Cámara que hoy tiene Osaba, mano derecha de Sebastián Pareja en La Plata.
Se esperaba que este jueves quedarán formalizados los cambios, sin embargo eso no ocurrió. Todo indica que existe un acuerdo para los cambios en la jefatura del bloque, pero no hay un consenso para aprobar la llegada de Romo a una de las vicepresidencias, un cambio que supone la votación de todos los bloques. «Romo va a tener que salir a conseguir los votos», dicen diputados del bloque libertario.
Desde el bloque explicaron a LPO que se inició el proceso administrativo, vía notas del bloque, tanto para el cambio en la presidencia de la bancada como en la vicepresidencia de la Cámara. Y agregan que los cambios se efectivizaran en la próxima sesión.
Mientras tanto, el bloque pareció estar acéfalo durante la primera sesión del año. Ni Romo, ni Osaba pidieron la palabra para defender los cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei al régimen de Zona Fría.
Ese proyecto de ley que discute el Congreso fue el eje de los discursos durante la sesión. Por parte del bloque libertario salió Oscar Liberman quien expuso las distorsiones distributivas del sistema vigente basándose en investigaciones de la Universidad Nacional del Sur y el Conicet.
Oscar Liberman.
«Con el modelo actual en la zona ampliada, el 80% del subsidio se lo apropia entre el 10 y el 15% de la población con más altos ingresos. Es un subsidio para ricos», aseguró Liberman. Además, dijo que existe cierta injusticia de que los sectores vulnerables que no tienen acceso a la red de gas natural terminen financiando el consumo de las familias con mayor poder adquisitivo.
Sin embargo, sobre el final de la sesión, cuando los presidentes de los bloques dan un cierre a los debates, nadie en La Libertad Avanza pidió la palabra. El camporista Facundo Tignanelli se mostró sorprendido por la actitud de los diputados libertarios.
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