Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.
De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.
En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.
Si cada argentino hiciese esta práctica, más de 20 millones de kilos diarios de «basura» no terminarían en un relleno sanitario. Cada habitante de este país desecha aproximadamente 1 kilo de «basura» por día. Si nos enfocamos en lo orgánico, esos 22 millones de kilos diarios, en lugar de transportarse y pudrirse en los basurales…
En la Argentina retrógrada se agolpan las preguntas sin respuesta: nuestro reino del revés es el imperio de la duda constante.
Por Jorgelina Áster para NLI
A medida que el espíritu autocrático se consolida en Argentina, se multiplican los decretos y en el Congreso se aprueban, con aplauso cerrado de nuestros tribunos de la plebe, leyes antediluvianas, crecen interrogantes que hasta hace no mucho tiempo atrás hubiésemos descartado de plano por ridículos.
Pero con una década mucho más signada por la infamia que la históricamente llamada infame, con una pandemia -nada aleccionadora por cierto, aunque quién sabe…- entre medio, y claros retrocesos civilizatorios, ya no es ridícula ninguna pregunta. En el reino del revés se activan todas las dudas.
Querer saber, por ejemplo, si la ciudadanía en verdad ansiaba extenderle el certificado de defunción a la democracia e instaurar el vale todo, el sálvese quien pueda, hoy tiene pleno sentido. La vida precaria, la inequidad y la iniquidad en díada, el despojo a cielo abierto de recursos y derechos llevan a preguntarse, incluso, si no estaremos en las fauces de una pesadilla que se estira en la noche.
¿La precaria vida material y espiritual que padecemos las personas de a pie proviene del triunfo pírrico de una demostración de desprecio absoluto e irrevocable a las imposturas representativas que antaño sufrimos hasta el hartazgo? ¿Fue intencional entregarle las llaves del reino a la peor caterva, se trató de un escarmiento simbólico pero tan placentero que justificaba la inmolación?
Aunque parezca mentira, hubo un hombre, un escritor galardonado con el Nobel, que imaginó un brote pandémico, primero, y un brote de lucidez, poco después. El broche de oro del segundo brilló en las urnas: un 83% de votos en blanco. ¿Será el nuestro un estado intermedio entre los efectos psicológicos inconscientes de una pandemia cercana, de evocación reprimida, y un inminente brote de lucidez plena?
Saramago
Aunque José Saramago presentó ambas obras como ficciones, usó en el título de las dos novelas la palabra ensayo: Ensayo sobre la ceguera y Ensayo sobre la lucidez. Las concibió, sí, como textos ficcionales, pero daría la impresión de que le resultaron excesivamente verosímiles, mucho más cercanas a la reflexión ensayística que a los placeres estéticos que caracterizan la buena narrativa.
A medida que lo que aparenta ser una abulia cívica crece en occidente, nunca falta quien nos recuerde la premonitoria imaginación del portugués universal. Suele darse por sentado que la actitud de los votantes de Ensayo sobre la lucidez es digna e implacable, que desespera a los indignos politiqueros por cuestionar su representatividad.
Sin embargo, tras el cachetazo cívico, no hay beneficios duraderos para la innominada localidad rebelde. La lucidez que representaría el voto, contracara del brote de “ceguera blanca” del “otro ensayo”, finalmente, se convertirá en un boomerang para la ciudadanía: el cuestionado poder político toma revancha con autoritarismo justificado en interpretaciones baladíes del voto en blanco.
Si pensáramos, entonces, con muchas dudas pero cierta esperanza, que estuviéramos a medio camino pero en marcha hacia la lucidez, deberíamos conformarnos con la promesa de un futuro acto de dignidad que engalanase la ruina por venir, previsiblemente más dura que la actual. Sería quizá bastante para el espíritu, pero poco para el cuerpo. Sería, al menos, algo, podría decirse.
Pero si, con realismo exacerbado, creyéramos que la necedad convirtió en masoquistas a los electores habilitados, que la frustración orientó su venganza hacia los inocentes y multiplicó el poder de los impostores, que hay un placer morboso en consentir la inequidad programada, ya no nos quedaría siquiera el consuelo de pensar en una lucidez que nos espera a la vuelta de la esquina.
Podría esgrimirse, por otro lado, que la idea de un archipiélago de individualidades que, de acuerdo con la triunfante cháchara economicista, configura el país, también alimenta la ficción mental del ego blindado, invulnerable mientras vele por sí mismo y se libere de empatías, rémoras sentimentales, solidarias y justicieras.
Todas estas cursilerías desaparecerían cuando al fin volviésemos a la Edad de Piedra: darle el poder a los más retrógrados, entonces, valdría la pena. Los caminos del abstencionismo, en las antípodas del voto en blanco, serían tan efectivos como la transitoria asociación de retrógrados que, mientras haya que tolerar al estado, se encargaría de capturarlo con el mínimo de sufragios.
Después, cada cual seguiría atendiendo su juego. Al fin y al cabo así, desde la infancia, nos instruyó el sabio Antón, insanamente olvidado. En algún momento ya no habría que compartir nada, solamente una idea: las mejores islas serían las islas perdidas. La privacidad de la caverna estaría cerca, y con la IA allí haríamos la pata ancha.
Quizá, entre hipótesis, sospechas y conjeturas, nos alcance la nada. Una nada más cercana al tropo de La historia interminable que a las inasibles especulaciones filosóficas. El culto a los Gmork del presente puede estar repleto de espejismos para el ego y exacerbar morbos, pero no deja de ser destructivo. Michael Ende es claro: Gmork representa el poder que fortalece la nada.
Gmork
Sin Áuryn ni Falcor, que igual de nada servirían porque nuestro Reino de Fantasía se volatilizó hace más de medio siglo –al tiempo que nuestras porciones en la torta de los ingresos se convertían en migajas-, Gmork es la realidad. Y aunque la nada sea difícil de imaginar, bien podría estar a la vuelta de la esquina en lugar de la lucidez.
Mientras tanto, en el limbo de las dudas, nos quedan tres lecturas –o relecturas- para matizar la espera de unas respuestas que, seguramente, no nos satisfarán.
El Congreso vuelve a ser escenario de un debate que lleva décadas en la Argentina. Pero esta vez, la discusión se produce bajo un formato inédito: Diputados lo trató en sesiones extraordinarias y sin convocar a audiencias públicas. En apenas 48 horas dio media sanción a un proyecto que reforma la ley vigente permitiendo que un adolescente pueda ser castigado penalmente a partir de los 14 años, con un tratamiento que en ciertos aspectos equipara y aún agrava los castigos a los adultos. Así llegó al proyecto al Senado.
El apuro, se argumenta, es generado por la emergencia de “menores homicidas” que ponen en riesgo la seguridad nacional. Así, se clausura de manera abrupta un debate social construido desde el regreso de la democracia y, especialmente, a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a la Constitución en 1994. Desde entonces, se presentaron más de 100 proyectos de reforma del régimen penal juvenil. Las controversias siempre se enfocaron en dos ejes: ¿qué sentido imprimirle a la reforma? ¿Cuál debería ser la edad de inicio de la responsabilidad penal, hasta ahora fijada en 16 años?
La escena legislativa actual no sólo desconoce y descarta esa trayectoria de discusiones, sino también los debates y argumentaciones que alojó ese mismo Palacio en la última década, cuando en 2017, 2019 y 2024 se realizaron sendas audiencias públicas sobre el tema. Entonces, por el Congreso desfilaron juristas, instituciones especializadas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, iglesias, sindicatos de maestras/os y trabajadores estatales de niñez, referentes de organizaciones territoriales, universidades y especialistas de distintas profesiones -pediatras, psicólogos, cientistas sociales y neurocientíficos-, así como también víctimas y familiares de hechos delictivos protagonizados por adolescentes. Los propios chicos y chicas, organizados en centros de estudiantes y organizaciones sociales y artísticas, llevaron al recinto lenguajes propios, por ejemplo, un rap contra de la baja de la edad penal cantado por ellos mismos. En cada presentación la mayoría fue rotunda: ninguna reforma debería incluir la baja de edad de punibilidad ni el endurecimiento de las penas. La manera más eficiente de abordar a los adolescentes de hasta 15 años que cometen delitos es trabajar comunitariamente y desde las áreas educativas y sociales del Estado, por fuera del sistema penal.
Esta vez, sólo los familiares de víctimas fueron convocados a último momento a dar su testimonio ante los legisladores. Pero no fueron todas las víctimas, sino sólo aquellas que están a favor del proyecto oficialista. Apelando a la exacerbación de la conmoción y el horror, se configura una escena con actores que parecen contrapuestos: “las víctimas” (y la identificación de todas las personas “de bien” con esta posición) versus los “menores homicidas”, al acecho de la sociedad. Como si los derechos de unos y otros fueran incompatibles, la escena se inscribe en una larga gramática histórica y la actualiza: la criminalización de las infancias populares y su exclusión de la infancia “normal”.
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En la Argentina, los delitos cometidos por personas menores de edad vienen bajando de manera sostenida. Según un relevamiento de Unicef y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el total de adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas penales en todo el país pasó de 7.169 en 2015 a 4.068 en 2024, lo que representa en la actualidad el 0,06 por ciento del total de los adolescentes argentinos. El porcentaje de hechos cometidos en relación a la cantidad total de delitos también desciende de manera permanente y pronunciada: en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor población de niños y adolescentes, el Ministerio Público indica que las investigaciones penales a personas de 16 y 17 años (hoy punibles) constituían el 4,34 por ciento en 2009 , mientras que en 2024 representaron el 2,05 por ciento del total de delitos investigados. Además, la mayoría de estos delitos (el 84 por ciento) son contra la propiedad; por ende, de menor violencia y gravedad.
La incidencia de los adolescentes de 15 años o menos sobre los delitos graves, es aún más baja: por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo un solo homicidio cometido por una persona de menos de 16 años según un informe realizado por el Consejo de la Magistratura, y en provincias como Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego no hubo ni un caso entre el 2017 y el 2024, según la Dirección Nacional de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Una mirada al contexto internacional completa el panorama: en América Latina, según datos de Unicef, los países que bajaron la edad de punibilidad hace décadas son los que cuentan actualmente con mayor tasa de homicidios; la Argentina en cambio, manteniendo la edad en 16 años, presenta una de las tasas más bajas: es decir, tiene un nivel mayor de seguridad.
En base a estos datos, un visitante ajeno a las discusiones locales podría tomar el caso argentino como un modelo exitoso en relación al delito adolescente. ¿Por qué entonces prospera esta reforma bajo la muletilla “delito de adulto, pena de adulto”? ¿Qué concepciones acerca de la infancia se ponen en juego para que se acepte excluir a los más chicos que delinquen del tratamiento específico social y jurídico reconocido actualmente a los niños por su condición de tales?
La avanzada antiderechos del gobieno actual explica, en gran parte, el cambio de escena. Desde 2024 asistimos a una arremetida integral contra las infancias y adolescencias vehiculizada a través de la desarticulación de dependencias públicas y equipos profesionales ocupados de esos grupos etarios, el desfinanciamiento de instituciones educativas, sanitarias y de cuidado, el recorte de programas de promoción de derechos y becas y de la falta de inversión en infraestructura social.
Sin embargo, el avance del proyecto de baja de la edad de punibilidad no puede explicarse solo como una expresión más de ese ataque. Sus condiciones de posibilidad y las figuras atemorizantes que invoca tienen raíces en una larga historia de estigmatización y criminalización de las infancias populares, basada en la división de las niñeces argentinas en dos conjuntos antagónicos: los “niños” y los “menores” peligrosos.
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Las características de la infancia y la adolescencia varían en cada momento histórico y en cada sociedad. Los rasgos, duración y formas de pasaje entre las edades no surgen de la condición biológica ni natural de las personas, sino de construcciones históricas, sociales y culturales asociadas a cómo esa edad es interpretada, regulada y experimentada social, cultural y subjetivamente. Las infancias y las adolescencias son siempre heterogéneas porque están atravesadas por diversidades y desigualdades de clase, género, étnicas. Por eso es más apropiado hablar de infancias y de adolescencias, en plural.
A lo largo del siglo XX, dos procesos paralelos y articulados generaron la ilusión de que existe una única forma correcta de vivir esta etapa. Desde las instituciones y políticas públicas, los discursos profesionales y las industrias culturales se difundieron definiciones modélicas de la infancia “normal”, según experiencias y espacios de socialización propios de los sectores medios y altos urbanos. “Niños” eran quienes podían sostener la condición de “alumnos” de la escuela y ser parte de una “familia normal”, con padre y madre unidos en matrimonio. La infancia argentina también fue definida como blanca y heterosexual.
¿Y los que no se adecuaban a estas representaciones hegemónicas y aspiracionales? Legisladores, médicos, criminólogos y educadores las caracterizaron según los parámetros de la patología y el desvío. Para prevenir a la sociedad de los males que esos “menores peligrosos” podrían desatar contra ella, en 1919 se sancionó la Ley de Patronato de Menores (vigente hasta 2005), que habilitó la suspensión o la pérdida de la patria potestad de los progenitores de los “menores moral o materialmente abandonados y/o delincuentes” cuando las autoridades lo creyeran conveniente, y su derivación a reformatorios, asilos o familias “decentes”. Se equiparaba, así, pobreza con delincuencia y se establecía una divisoria institucional llamada a atravesar los tiempos: para los niños, escuelas, para los menores, encierro.
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La distinción entre “niños” y “menores peligrosos” es la gramática que organiza las discusiones sobre la edad de responsabilidad penal en nuestro país desde hace 150 años. Sin embargo, sólo en contextos socio-políticos muy específicos esa forma dicotómica de imaginar a las infancias cataliza en transformaciones legislativas. En 1919, luego de la Semana Trágica, la Ley de Patronato estableció que los “menores moral o materialmente abandonados” -presuntos miembros de las “bandas anarquistas”- podían quedar a disposición de un juez, hubieran o no cometido un delito, mientras el Código Penal de 1921 estableció en los 14 años el piso etario para su tratamiento penal. En 1954, en un contexto de expansión de derechos (“Los únicos privilegiados son los niños”), la edad mínima de punibilidad se elevó a los 16 años. Durante la última dictadura militar, en un marco de criminalización de los adolescentes y jóvenes considerados “subversivos” y “enemigos internos”, se volvió a establecer en 14 años.
Con la transición democrática y la recuperación de derechos de la población, la edad de ingreso al sistema penal quedó definida en los 16 años. La progresiva expansión de derechos en relación con el tratamiento de las infancias y adolescencias llegó a un momento culminante en 2005, con la derogación de la Ley del Patronato, andamiaje jurídico institucional que permitía la “minorización” de las infancias y adolescencias populares, y la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que iguala a todos los niñas, niños y adolescentes en su condición de “sujetos de derechos”.
Entre 2005 y 2020, niños, niñas y adolescentes fueron beneficiarios de la ampliación de derechos: la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Nacional de Educación que reconoce la Educación Intercultural, la de Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (que elevó la edad de ingreso al mercado de trabajo de los 14 a los 16 años), la Ley de Ciudadanía Argentina (que extendió los derechos políticos, entre ellos el del sufragio, a partir de los 16), la Ley de Identidad de Género y la de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Las transformaciones del escenario legal argentino de los últimos 20 años son radicales, y fijan consenso en torno al pasaje del estatus jurídico de las personas alrededor de los 16 años. Sin embargo, cada vez que la mirada punitiva avanza por sobre la de los derechos de la población, la operación social, política y cultural que distingue entre la “infancia normal” y la “minoridad peligrosa” vuelve a desplegarse, se aggiorna y se amplía, más allá de su derogación normativa.
Desde fines del siglo XX, a medida que la “inseguridad” se fue consolidando como problema público, en contextos de avance de modelos económicos y de políticas neoliberales que entronizan los mercados y desarticulan las áreas sociales del Estado y los derechos de los ciudadanos, se reinstala la alerta moral por los “menores peligrosos” como supuestos causantes de los peores males sociales. Esta vez, bajo la figura de los “pibes chorros” y últimamente, la de los “menores homicidas”.
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¿Estamos frente a una ola de menores delincuentes que amenazan la seguridad nacional? Los datos son categóricos en desmentir este supuesto. La construcción de la oposición entre la infancia normal y los menores peligrosos cristalizó, en cada época, distintas figuras de la niñez-juventud peligrosa. Estas figuras no causan los problemas sociales con los que se las asocia sino que, como señala Rossana Reguillo, son el resultado de un “proceso de antropoformización” de las emociones, que supone atribuir un cuerpo y una figura concreta a los miedos y ansiedades sociales.
Hoy, nuevamente, una categoría socio-etaria de una minoridad peligrosa aparece en escena y es canal expresivo de temores y discusiones sobre los derechos de la población, el rol del Estado y el proyecto de país que se quiere construir. En un contexto en el que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza y el 10,2% no cubre las necesidades calóricas diarias indispensables para su desarrollo, en lugar de habilitarse discusiones sobre políticas que mejoren sus condiciones, en vez de replicar experiencias exitosas de trabajo desde las áreas sociales y educativas del Estado para desandar y prevenir las causas que genera la comisión de delitos, ciertos niños y adolescentes de la Argentina se convierten en chivos expiatorios de los problemas sociales, especialmente quienes se encuentran en condiciones de pobreza, viven en barrios segregados y son varones racializados.
Actualizando el viejo sentido anclado en la distinción entre “niños” y “menores”, se los erige como enemigos públicos y se los excluye del universo de la niñez (“delito de adulto, pena de adulto”) configurándolos como otredad de la infancia “normal”, proponiendo su escisión del resto de la sociedad y su encierro. Operación que tranquiliza miedos sociales sin abordar las condiciones reales de sus trayectorias, ni atender las causas para un mejoramiento real que posibilite una vida democrática en común.
El CREAR pone en vigencia la asistencia económica a comerciantes y pymes de las localidades de Río Negro. «Programa Específico de Asistencia a Unidades Económicas por Emergencia Sanitaria COVID – 19», BENEFICIARIOS Y MONTOS Serán beneficiarios de este Programa los titulares (personas humanas) de las unidades económicas del sector privado con asiento en la provincia…
Acompañado por el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena firmó la resolución que designa a 70 escribanos de la provincia de Buenos Aires en el marco de un nuevo concurso para la Provisión de Titularidades de Registros Notariales.
Luego de 11 años, la provincia de Buenos Aires avanzó en la designación de Titularidades de Registros Notariales, una política fundamental para democratizar la función notarial.
Finalizado este proceso se comenzará a trabajar inmediatamente en el nuevo proceso concursal para regularizar definitivamente la situación en toda la provincia.
Guillermo Longhi y Juan Martín Mena.
Las designaciones corresponden a los distritos de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Campana, Carlos Tejedor, Cañuelas, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colón, Dolores, Escobar, Esteban Echeverria, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pueyrredón, General Rodriguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, San Cayetano, San Isidro, San Pedro, Tandil, Tigre, Tornquist, Tres Arroyos, Vicente López.
El último concurso para la designación de notarios se había realizado en el año 2012, y finalizado su sustanciación con la firma de la resolución ministerial en el año 2015.
Las organizaciones que accionan sostienen que en el fallo del STJ existe un agravio que justifica el recurso extraordinario que se basa en la convicción de que principios fundamentales para la sanción de normas en materia ambiental no se respetan. El sábado 3 de junio, en 4 puntos geográficos distintos (Loma Campana, Allen, Conesa y…
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