Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.
De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.
En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.
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Cristina Kirchner rechazó el regalo envenenado que se puso a circular esta semana en lo más alto del poder: Si acompañaba la eliminación de las PASO la definición de las candidaturas quedaría en los partidos y con su control total del sello del PJ podía imponer su propia postulación.
La especulación que circuló en el peronismo era la posibilidad de anotar el nombre de Cristina en la boleta, aunque esté inhabilitada de por vida por la justicia. El plan se completaría con la postulación a vicepresidente de un ex gobernador como Sergio Uñac, que terminaría siendo el candidato frente a la inhabilitación de la ex Presidenta, como una manera de vaciar de estructura a Axel Kicillof. «¡Las cosas que hay que escuchar! Hay que ser serios, eso no se puede hacer», dijo este viernes a LPO un compañero de bancada del senador sanjuanino.
«Si se eliminan las PASO y el partido pone un candidato que no contiene a todos, cualquiera planta un candidato por afuera y se pierde la elección», fue el argumento de Cristina para rechazar la movida, según reveló a LPO un dirigente que suele hablar con la ex presidenta.
De hecho, Cristina estaría convencida que la única manera de alcanzar un triunfo electoral es utilizando las PASO. Por eso, quienes la visitan en San José 1111 repiten que «hay que rechazar su eliminación sí o sí».
La eliminación de las PASO es exactamente por el motivo que busca evitar Cristina una prioridad del gobierno de Milei, que encargó a Diego Santilli que consiga su eliminación en el Congreso. Pero el ministro del Interior chocó con la negativa de la jefa del bloque se senadores libertarios, Patricia Bullrich, que tiene sus propios motivos para defender las PASO, como reveló en exclusiva LPO.
Aunque todavía no hubo una discusión sobre la reforma electoral en el interbloque peronista que lidera José Mayans en el Senado, los dirigentes más cercanos a la ex Presidenta aseguran que «Cristina necesita que el peronismo gane».
Cristina necesita que el peronismo gane. Si se eliminan las PASO y el partido pone un candidato que no contiene a todos, cualquiera planta un candidato por afuera y se pierde la elección.
Sin embargo, la falta de conducción dificulta el armado de una estrategia clara. De hecho, el chaqueño Jorge Capitanich presentó una iniciativa para que las primarias sean optativas, un proyecto que guarda similitudes con otro que elaboró el radical Eduardo Vischi.
La objeción del kirchnerismo a esa idea es que, como se supone que el gobierno va a resolver su fórmula presidencial con el dedo y la lapicera, La Libertad Avanza quedaría liberada para orientar a sus militantes a influir en la elección de los candidatos opositores. «Si las hacemos optativas los libertarios van a jugar en nuestra interna y van a elegir al candidato que más les convenga enfrentar», afirmó a LPO un legislador peronista.
Pero aunque la jugada de aprovechar una hipotética eliminación de las PASO perdió densidad en las últimas semanas, una legisladora kirchnerista reconoció ante LPO que Uñac sí consultó con Cristina antes de agitar su intención de lanzarse a la carrera, con una carta dirigida al PJ en la que planteaba que el peronismo debía elegir su candidato mediante internas antes que culmine este año, por las dudas que se eliminen las primarias.
«Todos los que quieren ser candidatos, como Uñac o (Ricardo) Quintela, lo hablaron con Cristina y ella les dice que sí, que caminen y que se muevan porque necesita un candidato que esté competitivo», explicó, y agregó: «El único que no lo consultó con ella es Axel (Kicillof), pese a que ella lo preparó toda la vida para que fuera candidato».
Por esa bronca contra el gobernador bonaerense, un sector del peronismo empezó a mirar con cariño la idea de eliminar las PASO, algo que dejaría la definición de las candidaturas en manos del Partido Justicialista que hoy hegemoniza Cristina. Si ese escenario se abriera, la resolución recaería en el Congreso del PJ o bien en una interna, donde la estructura partidaria resultaría determinante.
Todos los que quieren ser candidatos, como Uñac o (Ricardo) Quintela, lo hablaron con Cristina y ella les dice que sí, que caminen y que se muevan porque necesita un candidato que esté competitivo. El único que no lo consultó con ella es Axel (Kicillof), pese a que ella lo preparó toda la vida para que fuera candidato.
¿Qué significa eso? Que Cristina tendría en sus manos la estructura y las herramientas legales para definir las candidaturas, sin necesidad de negociar con Kicillof o enfrentarlo en una primaria obligatoria.
Hoy por hoy, el gobernador no tiene número para ganar una candidatura en el congreso del PJ y en el kirchnerismo creen que le ganarían una interna cerrada, es decir, sólo con los afiliados.
Esta es la explicación que encuentran algunos en el peronismo frente al tibio rechazo del kirchnerismo al proyecto de eliminar las PASO o la aparición de peronistas que piden definir el candidato en una interna o apoyan que no sean obligatorias. «No hay todavía debate interno en el bloque, no hay posición unificada», dijo a LPO un senador peronista, que agregó que todavía ni en el partido ni en las bancadas del Congreso se resolvió nada.
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La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.
La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.
Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.
El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.
Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.
Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.
El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.
Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.
La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.
La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.
Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.
Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.
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