Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.
De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.
En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.
El diputado Rodolfo Tailhade aseguró que el vínculo entre Javier Milei y Fernando Cerimedo «está intacto», a raíz de la vigencia del contrato que el Presidente cerró con Latin America Advisory Group (LAAG) «para hacer lobby con periodistas y grupos de influencia en Estados Unidos». «Por LAAG firmó Damian Merlo, el Cerimedo de Bukele. Por Milei firmó Fernando Cerimedo, el Cerimedo de Milei», ironizó el legislador kirchnerista en X.
Ese entendimiento implicaba que el hombre investigado por haber mandado a matar a su pareja en Bolivia articulaba con los think tanks estadounidenses para que Milei se hiciera conocido en esos ámbitos. El plan original estipulaba que el contrato vencía en diciembre de 2023, hasta que Milei alcanzara la Presidencia, pero el acuerdo continuó.
De hecho, Tailhade sostiene que «sigue vigente». «Uno de los think tank mencionados en el contrato es The Heritage Foundation», precisó, y mencionó como ejemplo que, en marzo de 2025, el titular de esa ONG, Kevin Robertis, visitó al Jefe de Estado en Casa Rosada y se tomaron una foto.
Eso explicaría el llamativo respaldo de Milei a Cerimedo, pese a que en el bloque de diputados libertarios esperaban que la Casa Rosada guardara silencio para despegarse. Tailhade también recordó que, en abril pasado, se presentó un nuevo informe de Heritage, en este caso, sobre el presunto índice de libertad económica en los países, y se publicó la información en La Derecha Diario, el portal de Cerimedo.
Sin embargo, el rol del asesor de Milei se habría desdibujado con el paso del tiempo. En el Congreso, señalan que fue perdiendo terreno frente al ascenso de Santiago Caputo, a lo largo de 2024.
En efecto, el Presidente estuvo en Miami y Texas (Austin) entre el 10 y el 14 de abril, en una minigira que tuvo por objetivo que lo honraran con el premio de «Embajador de la luz», junto a su hermana, Karina Milei. En la segunda parada de su travesía, se reunió con Elon Musk.
CERIMEDO ES MILEIEn septiembre de 2023 Javier Milei contrató a Latin America Advisory Group (LAAG) para hacer lobby con periodistas y grupos de influencia en Estados Unidos. Por LAAG firmó Damian Merlo, el Cerimedo de Bukele. Por Milei firmó Fernando Cerimedo, el Cerimedo de… pic.twitter.com/V4PHI8h8bD
— Rodolfo Tailhade %u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F (@rodotailhade) August 21, 2026
Fuentes al tanto de ese viaje, indican que Milei habría conocido entonces a Leonardo Scaturice, el misterioso empresario al frente de Tactic Global, trabó contratos con la SIDE de Caputo y manejó Flybondi. La presentación habría sido una gentileza de un importante empresario argentino con residencia en Estados Unidos.
Ese momento habría marcado un desplazamiento de Cerimedo, algo que entre los opositores a Milei consideran como «un posible móvil» si se corrobora la hipótesis de que fue el activista digital quien filtró los audios de Diego Spagnuolo. «Por eso, el servicio de lobby habría pasado a las manos de Scaturice», comentaron.
Como sea, Tailhade recuerda que «otro de los contratados por Cerimedo a través de Merlo fue el Atlantic Council». «En septiembre le armaron una fiestita en Nueva York, en abril Milei les prestó el Palacio Libertad para un evento donde habló el Toto Caputo y días después, ‘publinota’ del American Council en Bloomberg», remarcó.
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El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
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