Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.
De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.
En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.
Si de algo podemos fiarnos es de la solidaridad con la que orgullosamente podemos contar cuando la necesidad se vuelve «primer plano». Está claro que no todo se resuelve con movilizaciones solidarias, pero cada vez que alguien se propone a colaborar por una causa en común, el pueblo se hace presente. Hace dos años atrás…
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Por fuera de los movimientos que hace el cordobesismo con los intendentes para despegarlos del Gobierno de Milei con argumentos como la crisis de Pami o la salida de Córdoba del mapa de zonas frías, el último hit del PJ mediterráneo para confrontar con Casa Rosada, la oposición local tiene su propia disputa.
Porque hay una guerra subterránea entre los libertarios y el radicalismo de Rodrigo de Loredo para que los alcaldes de la UCR no terminen en la canasta violeta en las elecciones provinciales del 2027.
Hay una guerra subterránea entre los libertarios y el radicalismo de Rodrigo de Loredo para que los alcaldes de la UCR no terminen en la canasta violeta en las elecciones provinciales del 2027
Cierto es que con más promesas que certezas, y subidos a la ola violeta que en Córdoba sostiene su tendencia de moda, algunos hablan directo con el karinista Gabriel Bornoroni y están los que llegan a través de la exdiputada de la UCR, Soledad Carrizo. Hoy, los dos rivales directos que tiene De Loredo en su operativo contención de alcaldes que son opositores al PJ.
Pero, a esta se suma la presión que hace el llaryorismo con fondos y fotos. Mucho más sobre los intendentes del radicalismo y el PRO que se sumaron el año pasado al esquema de Provincias Unidas y luego terminaron marginados por la peronización que Llaryora decidió imprimirle a la gestión en la primera parte de este 2026.
Peronización que se plasma en el reseteo del gabinete y en lo marginado que se sienten los alcaldes que acompañaron el año pasado y hoy hacen la fila detrás de los del PJ para llegar a la Casa de Gobierno.
Al tanto de esto, De Loredo armó una cena en la que les bajó a los intendentes radicales la opción de fortalecer la tercera vía para salir de la grieta que en Córdoba protagonizan el cordobesismo y los libertarios; y así apostar por un armado que a nivel nacional liderará Mauricio Macri.
De Loredo armó una cena en la que les bajó a los intendentes radicales la opción de fortalecer la tercera vía para salir de la grieta que en Córdoba protagonizan el cordobesismo y los libertarios; y así apostar por un armado que a nivel nacional liderará Mauricio Macri.
Varios intendentes salieron de la comida sin verse seducidos por la opción del esquema de alianza con los amarillos para reconstruir Juntos por el Cambio y les preocupa quedar encorsetados entre el peronismo de Llaryora y la pata libertaria que conduce Bornoroni. Mucho más porque un distanciamiento con el primero condiciona la llegada de fondos para la última parte de la gestión en cada pueblo; y porque, un enfriamiento en el vínculo con los libertarios tiene como consecuencia la amenaza de Bornoroni y Juez de salir a plantar un candidato en cada localidad gobernada por un radical que ose ignorar una alianza violeta.
Toda esta incertidumbre del radicalismo cordobés tiene un ingrediente más que, probablemente, sea la que menos preocupa a los intendentes en sus localidades: la interna partidaria. El mandato de Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero y aliado de De Loredo en la conducción de la UCR cordobesa, vence en septiembre.
Y el plazo para convocar a elecciones vence ahora en junio. Por lo que ya se habla de una prórroga que tendrá, casi con seguridad, la furia de los sectores opositores a De Loredo porque admiten que la extensión del mandato sería por un año. De manera tal que esa extensión hasta septiembre del 2027 tendrá el año electoral con un radicalismo conducido por los mismos jugadores que no presentaron listas en las Legislativas del 2025. Principal motivo de rechazo entre los detractores de De Loredo y Ferrer.
El gobierno de Axel Kicillof acelera la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Pública, proyecto que, en la última apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador adelantó que presentará para modificar la normativa que data de los 90.
Para eso, profundizó esta semana la ronda de negociaciones que abrió el mes pasado en Escobar, cuando el Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso reunió a intendentes del Conurbano en Escobar.
Como contó LPO, en aquella oportunidad también hubo un principio de acuerdo para empezar a dar forma a un proyecto de ley que vuelva a crear la Policía Municipal en los distritos de la provincia.
Como sea, la descentralización y la necesidad de mayores recursos son aspectos que cruzan la discusión de políticas de seguridad en todos los municipios.
En ese encuentro de Escobar, la Provincia reunió mayoritariamente a intendentes del peronismo, con la única excepción de Ramón Lanús que, a pesar de su extracción PRO, mantiene un diálogo fluído con la cartera de Seguridad provincial.
El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante el encuentro de este viernes entre intendentes de la Cuarta y funcionarios de Seguridad.
Ahora, el gobierno de Kicillof expandió en debate a intendentes de otros espacios. Esta semana, realizó encuentros en tres secciones electorales (Cuarta, Quinta y Séptima), convocando a cerca de una treintena de jefes comunales, algunos de ellos radicales, vecinalistas y del PRO.
El último de estos encuentros para debatir la reforma de la ley de seguridad pública se hizo en Chivilcoy, municipio gobernado por el vecinalista Guillermo Britos, de buena relación con el gobierno provincial y que esta semana se mostró en La Plata con Julio Alak, uno de los intendentes del peronismo que piensa en la Gobernación.
En el gobierno de Kicillof señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía bonaerense dentro de una estructura de conducción provincial.
En la Provincia sostienen que la actual ley no contempla gran parte de las herramientas que los municipios desarrollaron en las últimas décadas, como Centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas e iniciativas de seguridad rural.
En esos dispositivos y otros es que, sostienen, buscan darle un marco legal específico que las regule e integre dentro del sistema de seguridad provincial.
En esa línea, señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de una estructura de conducción provincial.
En los encuentros realizados esta semana en secciones electorales del interior bonaerense, los intendentes coincidieron en la necesidad de diferenciar las problemáticas que atraviesan municipios del interior con respecto a los del conurbano y que eso sea contemplado en la ley.
«Pero los pedidos son los de siempre: falta de móviles, de personal, más recursos. Cada vez que se hacen reuniones con Seguridad, llueven los pedidos de ese tipo», dijo a LPO uno de los intendentes que participó de estos encuentros.
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