Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.
De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.
En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.
El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al presidente del IPROSS Alejandro Marenco. En la oportunidad abordaron diferentes temas, entre ellos cómo está funcionando la Delegación local de la obra social y los aspectos generales del plan de digitalización que se lleva adelante. Tras el encuentro con el jefe comunal, Marenco manifestó que “parte de…
La Represa El Chocón, ubicada en la provincia de Neuquén, es una de las construcciones hidroeléctricas más importantes de Argentina. Desde su inauguración en 1973, ha sido una fuente clave de energía para el país. Sin embargo, su contrato de concesión está próximo a vencer y esto ha generado preocupación acerca de lo que sucederá…
Ayer se aprobó la ordenanza que prevee la colocación de semáforos sonoros en 5 esquinas semaforizadas de la ciudad. La ordenanza, iniciativa del Consejo Local de Discapacidad, fue aprobada por unanimidad. De la sesión participó la Arquitecta Rosana Cisint coordinadora del COPLADE y expuso el informe que trabajaron a pedido de la comisión de planificación….
Más de 220.000 turistas disfrutaron los encantos de Río Negro durante enero con una ocupación del 98% en los destinos más elegidos, posicionándose entre las provincias preferidas por el turismo nacional Según datos recabados por el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo y Deporte, la región Cordillera (Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi) alcanzó el 98%…
Gustavo Sáenz apoyó a Hugo Passalacqua en su pelea con Carlos Rovira y destrozó al histórico jefe político de Misiones, al que trató de «capanga» y «fantasma».
El gobernador de Salta participó en Posadas de la reunión de los mandatarios del Norte Grande y encendió el encuentro al tomar posición sobre la interna política que se desató en Misiones.
El salteño lanzó una frase que se convirtió en protagonista de la reunión: «Se terminaron los capangas».
Esas palabras tuvieron como claro destinatario a Rovira, ex mandatario misionero y actual conductor político del Frente Renovador de la Concordia. «No puede gobernar un fantasma, un señor ingeniero que no lo conoce nadie, o por lo menos no lo conozco yo», manifestó Sáenz y sin titubear, agregó: «Rovira creo que se llama».
La cuestión no terminó ahí. Sáenz afirmó que ciertos dirigentes con los que comparte espacios legislativos suelen decirle que «hay que hablar con el ingeniero» y contó que en una oportunidad le envió un mensaje a Rovira, pero nunca le contestó.
«Lo que sé es que por teléfono digita y dice qué es lo que hay que hacer o no hacer para los misioneros», dijo el salteño. «Yo acompaño a los gobernadores, acompaño a la gente que ha sido elegida por la gente y está bueno que se democratice de una vez por todas Misiones», agregó.
Al ser consultado sobre una eventual reelección de Passalacqua, Sáenz apoyó sin dudar a su par provincial: «Yo lo voy a acompañar seguramente si él decide ser candidato, pero más que nada acompaño la decisión de gobernar. El gobernador es él, lo eligió la gente a él».
La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?
Por Roque Pérez para NLI
La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.
Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos
El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.
Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.
En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.
Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas
La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.
Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.
Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.
Mucho más que una obra pública
La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.
En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.
La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.
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