COVID-19: no habrá nuevas medidas de restricción

COVID-19: no habrá nuevas medidas de restricción

COVID-19: no habrá nuevas medidas de restricción

Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.

De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.

En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.

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    CIFRAS OFICIALES: Aumentan las muertes de personas mayores con Milei

     

    El dato surge de las estadísticas oficiales de mortalidad y muestra un salto de 21.276 fallecimientos entre 2023 y 2024 entre las personas de 65 años y más. El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando se compara la mortalidad observada con un nivel esperado construido sobre años no pandémicos: para 2024, el cálculo arroja unas 33.500 muertes por encima de ese valor de referencia. Las cifras no permiten atribuir cada fallecimiento a una política determinada, pero sí muestran un deterioro sanitario que merece ser investigado.

    Por Roque Pérez para NLI

    La discusión sobre las condiciones de vida de los jubilados argentinos acaba de adquirir una dimensión que ya no puede reducirse a la evolución del haber mínimo, al precio de los medicamentos o a las protestas frente a las oficinas del PAMI. Las estadísticas oficiales de mortalidad muestran que en 2024 murieron 284.798 personas de 65 años y más, frente a 263.522 en 2023: son 21.276 fallecimientos adicionales en apenas un año. El dato surge de los Anuarios de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación encargado de producir, analizar y difundir las estadísticas sanitarias oficiales del país.

    La magnitud del salto merece ser observada con cuidado. El aumento equivale a aproximadamente 8,1% en un solo año en el número absoluto de defunciones de personas de 65 años y más. Entre los mayores de 80 años, según la comparación de las estadísticas oficiales, el incremento fue todavía más pronunciado y alcanzó aproximadamente 9,46%. No se trata, por lo tanto, de una diferencia estadística marginal ni de una fluctuación de unas pocas centenas de casos: son decenas de miles de fallecimientos adicionales dentro de la población de mayor edad.

    Qué significa realmente hablar de exceso de mortalidad

    Para interpretar correctamente estos números hay que introducir un concepto fundamental de epidemiología: el exceso de mortalidad. No consiste simplemente en comparar un año contra el anterior, porque la cantidad de personas que mueren naturalmente puede variar por envejecimiento poblacional, estructura etaria, tamaño de la población y otros factores. La pregunta estadísticamente más interesante es otra: ¿cuántas muertes podían esperarse razonablemente en 2024 y cuántas ocurrieron efectivamente?

    Tomando como referencia los valores que venimos analizando para 2017, 2018, 2019 y 2023, es decir, años que permiten evitar el comportamiento extraordinario producido por la pandemia de COVID-19, el promedio de defunciones de personas de 65 años y más se ubica en torno de 251.255 muertes anuales. Frente a las 284.798 efectivamente registradas en 2024, la diferencia alcanza aproximadamente 33.543 fallecimientos.

    Ese cálculo debe ser presentado con precisión: 33.543 significa que la cantidad observada en 2024 estuvo aproximadamente 33.500 por encima del nivel obtenido mediante esa referencia estadística. Un salto de semejante magnitud entre la mortalidad esperada y la observada constituye una señal sanitaria que requiere explicación. Y la explicación no puede construirse solamente mirando las estadísticas de mortalidad: hay que cruzarlas con el acceso a medicamentos, consultas, tratamientos, vacunación, alimentación, ingresos previsionales, internaciones y utilización efectiva del sistema sanitario.

    El dato aparece en el primer año completo de Milei

    La dimensión política de la cifra surge de una circunstancia temporal imposible de ignorar: 2024 fue el primer año calendario completo de la presidencia de Javier Milei. El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre de 2023 y durante 2024 implementó una política económica caracterizada por una fuerte reducción del gasto público, contracción de distintas partidas sociales y modificaciones en los mecanismos de acceso a medicamentos para los afiliados del PAMI.

    La coincidencia temporal, por sí sola, no prueba que las políticas implementadas por el Gobierno hayan provocado las muertes. Pero sí establece un período concreto para investigar. La pregunta relevante deja de ser simplemente cuántos jubilados murieron y pasa a ser qué ocurrió con las causas de esas muertes y con las condiciones sanitarias y económicas de esa población durante el mismo período.

    La ausencia de datos oficiales de mortalidad correspondientes a 2025 constituye hoy una limitación importante. La DEIS ya tiene publicado el anuario de Estadísticas Vitales 2024, pero la serie oficial de 2025 todavía no está disponible.

    Medicamentos, ingresos y salud: la explicación que todavía debe investigarse

    La cuestión de los medicamentos ocupa un lugar central en el debate porque para una parte importante de la población mayor el tratamiento farmacológico no constituye un gasto prescindible sino una condición para mantener bajo control enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias y múltiples afecciones propias de edades avanzadas requieren tratamientos sostenidos y, en muchos casos, combinaciones de medicamentos.

    Por eso, una interrupción, reducción o postergación de tratamientos puede tener consecuencias sanitarias. La propia estadística sanitaria permite avanzar en esa dirección. Hay además un elemento demográfico que obliga a ser todavía más rigurosos: una población envejecida naturalmente registra más fallecimientos, aun cuando las condiciones sanitarias no empeoren. Por eso, comparar solamente 2023 contra 2024 puede sobreestimar o subestimar la dimensión real del fenómeno. El análisis de exceso de mortalidad intenta justamente corregir parcialmente esa dificultad mediante una referencia histórica.

    Lo que muestran los números disponibles es, en consecuencia, más serio que una simple consigna política. Argentina registró en 2024 un aumento excepcional de las muertes entre las personas de 65 años y más respecto de 2023, después de la salida de los años extraordinarios de la pandemia. Y cuando se utiliza una referencia estadística no pandémica, la mortalidad observada queda muy por encima del promedio utilizado como línea de comparación.

    Eso no permite mirar hacia otro lado frente a 33.543 muertes por encima de ese nivel de referencia y atribuirlas simplemente al azar demográfico. La discusión política, en definitiva, debería empezar por reconocer ese dato. La vida de las personas mayores no puede medirse solamente por cuánto aumenta nominalmente una jubilación o por cuánto dice el Gobierno que gasta en una obra social. También debe medirse por su capacidad efectiva de acceder a medicamentos, controles, tratamientos, alimentación y atención médica. Si en el primer año completo del gobierno de Milei la mortalidad de los mayores de 65 años saltó en más de 21.000 casos respecto del año anterior y alcanzó un nivel aproximadamente 33.500 fallecimientos superior a la referencia estadística utilizada en este análisis, el fenómeno exige una investigación sanitaria profunda.

    Y esa investigación tiene que continuar: cuánto de este exceso responde a la estructura demográfica, cuánto a las secuelas de la pandemia y cuánto podría estar asociado con el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias de los adultos mayores durante la nueva etapa económica.

    Por ahora, el dato oficial ya plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: en 2024 murieron 21.276 personas de 65 años y más que el año anterior. Y una democracia que pretende proteger a sus mayores debería considerar ese número no como una molestia estadística, sino como una señal que merece ser explicada con la máxima rigurosidad.

    Fuentes principales: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales – Año 2023 y Estadísticas Vitales – Año 2024; registros oficiales de mortalidad y análisis estadístico de exceso de mortalidad. La DEIS es el organismo nacional responsable de producir y analizar las estadísticas vinculadas con las condiciones de vida y los problemas de salud.

     

  • Se requerirá el Certificado de Libre de Deuda Alimentaria para tramitar licencia de conducir

    La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 43/2021, para la obtención y/o renovación de la licencia de conducir será necesario presentar el Certificado de Libre de Deuda Alimentaria emitido por el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) dependiente del…

  • El Gobierno cree que la crisis del Reino Unido favorece el reclamo por Malvinas

     

    La crisis en Reino Unido es una nueva oportunidad para potenciar el reclamo de las Islas Malvinas. El inédito anuncio de los gobierno de Gales, Escocia e Irlanda del Norte en el que anuncian el impulso a la independencia de Inglaterra y el expreso reclamo para retornar a la Unión Europea marcan una crisis sin precedente en Gran Bretaña. 

    En Cancillería la reacción fue de optimismo porque consideran que este proceso forma parte de la ventana que abrió Donald Trump con su idea de revisar la postura de Estados Unidos respecto de Malvinas como parte de su presión contra los británicos para que aumente su gasto en defensa. 

    Pero también hubo sorpresa, lo que expone que no hubo un trabajo diplomático de la embajada argentina en el Reino Unido respecto a la decisión de estos tres países respecto de Inglaterra. 

    Cabe destacar que la embajadora Mariana Plaza es una de las artífices del abandono de la narrativa de confrontación por Malvinas en defensa de una cooperación con los británicos. Desde la cadena nacional de Milei, esta postura perdió fuerza y Plaza quedó desdibujada.

    Escocia, Gales e Irlanda del Norte van por la independencia: «El Reino Unido está llegando a su fin»

    El declive de Gran Bretaña no es algo nuevo. En octubre de 2024, entregó las islas Mauricio tras una larga disputa en tribunales internacionales que entusiasmó al Gobierno  para el reclamo de las Malvinas.  

    En Cancillería la reacción fue de optimismo porque consideran que este proceso forma parte de la ventana que abrió Donald Trump con su idea de revisar la postura de Estados Unidos respecto de Malvinas como parte de su presión contra los británicos para que aumente su gasto en defensa.

    El acuerdo para transferir el archipiélago del Océano Índico a Mauricio incluye el atolón tropical de Diego García, una base de Estados Unidos que Reino Unido consideran crucial para la estabilidad de la región y que seguirá bajo dominio de Washington por 99 años.

    Andy Burhman, primer ministro de Reino Unido.

    Según distintas versiones, a esa base militar llevaban prisioneros a «agujeros negros» en diferentes partes del mundo como desaparecidos en la batalla contra Al Qaeda en la década del 2000. LPO publicó en enero de 2021 que el tribunal marítimo internacional especial de las Naciones Unidas en Hamburgo rechazó por completo el reclamo británico de soberanía. 

    Según informó The Guardian en ese momento, el fallo de la corte proporciona un gran dolor de cabeza ya que las islas representan el principal activo estratégico del Reino Unido en el Océano Índico, pero una negativa a cumplir con la sentencia dañará la reputación internacional de Gran Bretaña en cuanto al cumplimiento de la ley.

    El contexto es favorable para profundizar el reclamo y el gobierno quiere mantenerlo en agenda. Sin embargo, como adelantó LPO, el impacto del tema se desinfló en las redes sociales, donde las menciones cayeron un 78 por ciento.

    Así lo indica un informe de la consultora Ad Hoc, que se dedica a medir el pulso de las redes sociales y había destacado el salto que generó la iniciativa del gobierno en la conversación digital.

     

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