Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.
De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.
En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.
En el marco del Día Internacional del Turismo, que se conmemoró el pasado lunes 27, continúan desarrollándose las actividades organizadas por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina. El fin de semana se llevó a cabo una de las caminatas recreativas ‘Atardeceres Reginenses’. A pesar de que el sábado 23 no pudo…
Con el ingreso del empresario Marcelo Figoli, se produjo un cambio de alto impacto en el esquema societario que controla el estadio mundialista José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata tras ocho meses de ausencia de obras y escándalos que golpearon de cerca a la contratista Minella Stadium.
En Mar del Plata sostienen que el desembarco del dueño de Fénix Entertainment Group viene a oxigenar financieramente a un proyecto que muchos veían encaminado hacia el naufragio de no llegar un socio de peso.
Como contó LPO, a poco de otorgarse la concesión por 30 años a Minella Stadium, su principal accionista, la brasileña Revee, se vio sacudida por lo que fue catalogado como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil y que tiene entre sus principales investigados al Grupo REAG, controlante de Revee.
Desde entonces, la oposición presentó múltiples pedidos de informes para conocer la sustentabilidad financiera para avanzar en una inversión superior a los USD 40 millones. Mientras, el deterioro del Minella se profundizó y solo se pusieron algunos metros de alambrado.
Ahora, la llegada de Figoli es vista con expectativas en fuentes cercanas al municipio que destacan que Fenix ya cuenta con experiencia en la administración de grandes escenarios, como el Aconcagua Arena de Mendoza.
Incluso, este viernes, el intendente interino Agustín Neme apoyó el cambio y sostuvo la concesión. «Es una eventualidad de una situación. A veces puede pasar, son imponderables», dijo a Radio Brisas.
Pero en la oposición ven la transferencia de acciones de Minella Stadium como «una confesión de insolvencia».
«Lo que ha estado haciendo el Municipio desde el momento cero es improvisar groseramente uno de los patrimonios mas importantes de la ciudad», dijo el concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone.
El dirigente pultista culpó a la gestión PRO por adjudicar la licitación a un grupo empresarial «que no tenía con qué afrontar inversiones reales».
De ninguna manera vamos a bajar esto. Yo confío mucho en la decisión que tomamos
Por eso, reclamó «un nuevo llamado a licitación verdaderamente transparente con un pliego solido que documente con claridad los objetivos de la concesión, el monto de las inversiones, los plazos de las obras y las sanciones por eventuales incumplimientos».
Sin embargo, Neme ratificó la concesión: «De ninguna manera vamos a bajar esto. Yo confío mucho en la decisión que tomamos».
Y agregó: «Es inviable que el Municipio sostenga con calidad de infraestructura y eventos el Minella y el Polideportivo. Lejos de dar de baja esto, trabajo para que haya nuevas oportunidades».
En Mar del Plata esperan que durante la próxima semana se definan los detalles del ingreso de Figoli en la concesión del Minella.
El piloto reginense Facundo Aldrighetti volvió a sumar este fin de semana y se posicionó en el 4to puesto del campeonato del Top Race 2021. El objetivo del piloto y la escudería JLS Motorsports – Corsi Sports de competir en los puestos de vanguardia se mantiene y para esta segunda mitad de año quieren estar…
Eduardo Casal habría decidido dar la pelea para conservar su sillón en la Procuración General de la Nación, pese a que lo ocupa como interino desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó por las presiones del gobierno de Mauricio Macri.
Ante los insistentes rumores sobre las intenciones de quedarse con ese cargo que tiene el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, al igual que el juez Ariel Lijo, el jefe de los fiscales agitaba este lunes un borrador de decreto para que los funcionarios del Ministerio Público puedan intervenir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la Ciudad, algo que empezó a producirse de facto por el fallo de la Corte en el caso Levinas, a fines de 2024.
En medio de esa pulseada, Casal asistirá este martes a la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público en el Congreso para presentar el proyecto de DNU que debería sacar el Poder Ejecutivo para subsanar que el tribunal de alzada de los juzgados nacionales en territorio porteño termine siendo el TSJ de Capital Federal, sin una ley orgánica que regule la situación.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que la iniciativa ya fue notificada a Mahiques, por la procuradora ante la Corte, Laura Monto. «Es un pedido para que el gobierno le habilite la competencia para presentarse ante al TSJ de CABA en todas las causas relacionadas a las Cámaras Nacionales, porque la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal no le da legitimación para intervenir ante el máximo tribunal porteño», explicaron.
El proyecto revela el malestar de los fiscales por el limbo donde quedaron tras el fallo firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, un día antes de jubilarse. El caso Levinas era el que atendía a la demanda de la familia del artista León Ferrari, que acusaba al periodista Gabriel Levinas de haber vendido 11 dibujos suyos sin permiso del hombre fallecido ni sus herederos.
Los Ferrari llevaron la demanda hasta el máximo tribunal en plena pandemia del Covid pero el 29 de diciembre de 2024 los cortesanos dispusieron que la decisión final, como tribunal de alzada ante trámites de la justicia nacional en jurisdicción porteña, correspondía al TSJ. Ese fallo fue celebrado por Mauricio Macri, que pretendía el mismo destino en la causa Correo.
Ahora, la tensión llega a los defensores del Ministerio Público. Según dos legisladores consultados por LPO, desde la Procuración «mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución».
Sebastián Galmarini.
El presidente de la Bicameral es el diputado peronista Sebastián Galmarini. En la citación formal de la Cámara Baja se detalla que, además de Casal, estarán presentes el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y su par de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.
Un camarista deslizó que Olima «es el nexo clave del organismo con otros poderes», y adelantó que abordaría «cómo articular una solución legislativa frente a las trabas operativas que dejó el fallo Levinas».
Desde la Procuración mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución.
El desembarco de los funcionarios de la Procuración parece un desafío a los planes del gobierno para designar un nuevo procurador, a raíz del entusiasmo que habría generado en Mahiques y diversos actores del Poder Judicial la holgura con la que se aprobó la prórroga del pliego del padre del ministro, Carlos «Coco» Mahiques, como camarista de la Casación y el avance a paso firme de más de 70 pliegos desde marzo pasado.
Casal habría apelado a esta maniobra justo cuando en el Senado empiezan a circular proyectos parlamentarios para modificar la duración del procurador en su cargo. La peronista jujeña Carolina Moisés elaboró una iniciativa para establecer en 5 años el mandato del jefe de los fiscales, con posibilidad de una reelección consecutiva y el impedimento de postularse en años de elecciones presidenciales.
Ya en 2020, un grupo de senadores de la por entonces alianza Juntos por el Cambio había presentado también una propuesta para modificar la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, algo que podría reflotarse en los próximos meses. Entre los legisladores que firmaron aquel expediente se encontraban desde los radicales Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Pamela Verasay hasta los macristas Alfredo De Angeli y Humberto Schiavonni, pasando por los ex senadores Juan Carlos Romero y Guadalupe Tagliaferri.
Más allá de la puja por la Procuración, Casal remitió esta semana al Congreso el informe de gestión 2025 del Ministerio Público Fiscal, un texto de más de 700 páginas.
Los artistas de la ciudad y la región se reencontraron con el escenario en la primera noche de la Maratón Cultural que tuvo lugar este viernes en el Cine Teatro Círculo Italiano. El Intendente Marcelo Orazi participó de la actividad que, además, fue el marco para comenzar con la entrega de los certificados a los…
Que no engañe el nombre de personaje de historieta. El Súper RIGI no es un héroe musculoso y de capa roja, pero en él tienen cifradas sus esperanzas el gobierno mileísta y sus asociados: la ley para atraer inversiones en “nuevas industrias”, aquellas que desarrollan infraestructura digital y tecnológica, empieza a discutirse en el Congreso y augura cambios fuertes para el futuro inmediato. El proyecto promete integrar a la Argentina en las cadenas globales de valor de la inteligencia artificial y la biotecnología. Viene con más dudas que claridades. Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció el año pasado una inversión de veinticinco mil millones de dólares para instalar un data center en la Patagonia, que aún no se concretó. Ahora Elon Musk acaba de anunciar el desembarco de Tesla y un megacentro de datos en Argentina. ¿Finalmente van a venir los dólares? ¿Con qué condiciones y a riesgo de qué?
La preocupación por la IA siempre estuvo en el discurso oficial, pero empezó a traducirse en inciciativas concretas y en una dirección muy clara cuando Peter Thiel pasó por Casa Rosada y se instaló en Buenos Aires. Y empezaron los avances. Primero, con el Gemelo Social Digital. Después, con el proyecto de Federico Sturzenegger para reformar la Ley de Sociedades que crea la figura jurídica de “sociedades no humanas”, empresas que funcionan exclusivamente con algoritmos. Y ahora llegó el turno del Súper RIGI, que otorga reducciones impositivas, incentivos cambiarios y garantías en tribunales extranjeros a los capitales tecnológicos. Para los héroes de la civilización occidental, una ley con beneficios superpoderosos. Aún más que los del primer RIGI.
El Súper RIGI se sitúa en una encrucijada decisiva. La IA involucra dos viejos problemas que marchan juntos en el capitalismo: el reparto imperialista del mundo y la división internacional del trabajo. Este proyecto de ley coloca a la Argentina en una posición dependiente en ambos tableros.
La Argentina que pretende el capital tecnológico
El 4 de junio pasado, Javier Milei y el ministro Sturzenegger firmaron una nota en Financial Times que promueve a Buenos Aires como la capital de la IA en el siglo XXI. Para que los inversores confíen, se mencionan la estabilidad geopolítica de la región, los beneficios fiscales y los presuntos logros del RIGI original: un flujo sostenido de inversiones hacia recursos energéticos y mineros.
¿La apuesta del gobierno por la IA será una mera operación publicitaria? La coyuntura ofrece indicios para pensar que se trata de algo más serio. Así lo indica el comunicado de YPF sobre la asociación estratégica con Tesla, que llegó este martes 16 de junio, justo un día antes del debate del Súper RIGI en comisiones en el Congreso. El proyecto ya tiene un nombre y apellido: Elon Musk.
El gobierno libertario construye un proyecto de país subordinado a Estados Unidos y con una matriz productiva que se orienta a la provisión de energía y materias primas. El Súper RIGI amplía este modelo hacia el sector digital a partir de un doble diagnóstico: el carácter estratégico de la IA en términos geopolíticos y la necesidad de que Argentina se suba a la nueva “revolución industrial” con base en las tecnologías digitales.
El proyecto de ley ofrece 30 años de estabilidad normativa para los proyectos de inversión. Casi ocho mandatos presidenciales. Milei le abre la puerta a los centros de datos, a la maquinaria bruta, en un gesto de pleitesía: brinda tierras, energía, protección jurídica y ahorro fiscal a las empresas tecnológicas del norte. A cambio, recibirá las inversiones y otras contribuciones para mantener el sueño de la reelección presidencial. Pero este es el elemento pintoresco de una transformación en la estructura productiva que responde a los intereses del capital tecnológico, esa fracción de la clase dominante con pretensiones de conducir los destinos del capitalismo y de las democracias.
Milei pasa, los data centers quedan: de esa infraestructura crítica depende el sostenimiento de un nuevo espacio que complejiza el funcionamiento histórico del imperialismo en todo el globo.
El nuevo espacio imperial
Como explica el filósofo Éttiene Balibar, las fronteras de los imperios se desplazan con el fin de crear espacio para el comercio, la legislación y la cultura. El imperialismo estadounidense se basa en las inversiones y el endeudamiento, además de la amenaza latente de una intervención directa. Su interés consiste en apropiarse de recursos estratégicos para controlar los territorios como mercados en lugar de como colonias, salvo excepciones. El Súper RIGI se inscribe en esta trayectoria: ofrece el territorio nacional para que los capitales tecnológicos se enclaven sin ninguna contraprestación. El RIGI original realiza este mismo movimiento con el petróleo y la minería.
Las geometrías del imperialismo se complejizan en el siglo XXI. El reparto del mundo se dirime también en la lucha por otro tipo de espacios, ya no terrestres, sino virtuales. El territorio digital se consolidó en las últimas dos décadas, pero muy pronto encontró sus conquistadores. Ganaron las plataformas, con Google, Amazon, Meta y Microsoft a la cabeza, y ahora la disputa se traslada a la IA: Palantir, Anthropic, OpenAI y Deepseek son algunos de los nuevos combatientes. Las relaciones de dependencia centro-periferia entre Estados se superponen con la competencia capitalista entre los “imperios de la comunicación” —así los bautiza Balibar— que se disputan las poblaciones de usuarios en las que se asienta su poderío.
El registro de los datos de la ciudadanía y su análisis algorítmico es un botín de mercado con valor geopolítico. Quién posee los datos, dónde se alojan y bajo qué legislación son preguntas determinantes en el reparto imperialista del territorio digital. Trump y Xi Jinping lo saben. El presidente de Estados Unidos obligó a TikTok a vender la filial yanqui, que quedó en manos de un consorcio comandado por Oracle. China, por su parte, lidera el Índice de Soberanía Digital del Foro Tecnológico BRICS+: es decir que controla el hardware -infraestructura de comunicaciones, redes 5G, data centers-, cuenta con sus propias empresas de plataformas -HuaweiCloud, Tencent, WeChat, entre otras-, impulsa estrategias nacionales de IA a largo plazo y dispone de capacidad regulatoria para controlar los flujos de datos.
En Occidente, el poder de las corporaciones informáticas es transversal. El espacio digital que les pertenece funciona como una intermediación necesaria para la mayoría de las actividades económicas y sociales. El Súper RIGI implica una cesión de soberanía en favor de estas corporaciones, que requieren energía y tierras frías para sostener el almacenamiento de datos y la capacidad de cómputo. La competencia capitalista y el desarrollo de IA con fines militares no hará más que incrementar la demanda de las infraestructuras digitales.
Durante el gobierno de Macri, el regreso del FMI marcó un hito en el refuerzo de la dependencia argentina. Ahora, el Súper RIGI coloca la imaginación jurídica del Estado al servicio del imperialismo digital. Las plataformas y la IA, de modo análogo al poder financiero global, operan como una instancia de soberanía no estatal. En vez de disputar el territorio digital, se favorece a los empresarios más ricos del planeta, que se arrogan el privilegio de indicarles a los Estados la dirección que debe tomar el mundo. Así lo hizo Palantir, la empresa de Thiel, con el manifiesto que defiende los valores occidentales y advierte que no hay vuelta atrás en la carrera armamentística: “La cuestión no es si se fabricarán armas basadas en la IA, sino quién las fabricará y con qué fin”.
Desde el furgón de cola, Milei viaja contento. Se suma a una batalla que lo excede y funde el destino de la Argentina con el de los dueños de los fierros digitales.
¿La IA nos hará ricos?
El Súper RIGI debe analizarse junto a la reforma de la Ley de Sociedades. Las “Sociedades Automatizadas” son sistemas algorítmicos autónomos que funcionan legalmente como empresas, pero sin requerir recursos humanos para su operatoria. En la Expo EFI de fines de abril, Sturzenegger promovió esta figura con el argumento de que “en los próximos diez años, el 90% del PBI mundial lo van a producir agentes de IA”. Invitó, también, a imaginarse un país con 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de IA que producen para todo el mundo. El gobierno se subordina a Silicon Valley con la esperanza de que la revolución tecnológica se derrame como crecimiento en la Argentina.
La grandilocuencia de Sturzenegger abre una discusión sobre la influencia de las fuerzas productivas algorítmicas en la acumulación capitalista. Está claro que el despliegue de estas tecnologías es la condición de posibilidad del imperialismo digital. ¿Pero cómo hicieron las corporaciones digitales para concentrar una porción cada vez mayor de la riqueza global? ¿Los algoritmos producen valor? ¿Nos haremos millonarios con los agentes de IA que vengan a territorio argentino?
El ministro de Desregulación sugiere que sí. Pero Marx indica que solo el trabajo humano, en tanto tiempo de trabajo abstracto, puede crear el valor que sostiene la acumulación de capital. La distinción no es menor. Las plataformas y la IA se asientan en procesos de automatización sin precedentes. Estas nuevas industrias explotan relativamente pocos trabajadores. ¿Cómo hacen, entonces, para quedarse con ganancias? Se inmiscuyen en los procesos de producción y circulación de las demás industrias y de ese modo se apropian de la plusvalía producida por ellas. Sus ganancias dependen de que otros asuman la explotación de la fuerza de trabajo.
Los monopolios informáticos y la plusvalía transferida
George Caffentzis, en su libro En letras de sangre y fuego, denomina plusvalía transferida a este mecanismo de apropiación. McDonald’s, por ejemplo, produce hamburguesas. Para hacerlo, explota cocineros, cajeros, etcétera. Puede vender sus mercancías en el local, pero también lo hace a través de la infraestructura digital de Rappi y PedidosYa. Cada vez que una de estas plataformas concreta una venta para McDonald’s, se queda con una comisión. A través de ese precio, Rappi y PedidosYa se apropian del valor que produjeron los trabajadores de McDonalds, que son explotados dos veces: por el dueño de la franquicia y, de forma indirecta, por estas plataformas.
Rappi y PedidosYa explotan a los repartidores. Pero el grueso de su ganancia proviene de la intermediación que les permite succionar el valor producido por otros. Si se amplía el esquema a las plataformas publicitarias -Google, Facebook, TikTok- y las de comercio electrónico -MercadoLibre-, se vislumbra una tendencia a la monopolización de la publicidad, la logística y el comercio. El costo del clic en Google, el espacio publicitario de Meta y la comisión de Galperín se sustentan en operaciones automáticas con una intervención mínima de trabajo humano. Las plataformas picotean las ganancias de otras industrias cuando cobran estos precios, pero también de los cuentapropistas que dependen de ellas.
El esquema de la plusvalía transferida aplica para la IA, aunque todavía se desconoce cómo se sostendrá la rentabilidad, por ejemplo, de una empresa como OpenAI, que proyecta pérdidas por 115 mil millones de dólares hasta 2029. No parece alcanzar con las suscripciones de los usuarios ni con el cobro por el uso de tokens -los componentes básicos de texto que procesan los modelos- a los clientes más intensivos. A modo de prueba, ChatGPT empezó a mostrar publicidad en Estados Unidos y contrató a un ex Meta para liderar este desarrollo incipiente. ¿La IA generativa competirá con las plataformas publicitarias para sobrevivir?
Las corporaciones informáticas persiguen el mismo objetivo que cualquier otra: ganancias. Aunque el mecanismo de la plusvalía transferida resulte abstracto, sus efectos se sienten en el bolsillo. Las ganancias que se apropian las plataformas son ingresos que les faltan a los trabajadores y a otros sectores del capital. La apuesta de Milei por la IA localiza una problemática de alcance global en torno al futuro del trabajo por la generalización de las tecnologías digitales.
Scrollear no es trabajar, pero te van a explotar más
Las plataformas y la IA cargan con una contradicción: en tanto arrojan ganancias, conducen a una crisis sistémica. La maquinaria algorítmica expande la automatización del trabajo administrativo y disminuye la necesidad de trabajo humano. Como resultado, se produce menos valor.
Cuando esto ocurre, según Caffentzis, la explotación aumenta en la base del sistema: disminuyen los salarios, los trabajos se vuelven más precarios y se agudizan formas arcaicas de explotación, sobre todo en las periferias. La caída en la tasa de ganancia debe ser contrarrestada para que el capitalismo sobreviva. Los algoritmos, a diferencia de lo que sostiene Sturzenegger, no producen valor. Desatan, por el contrario, un recrudecimiento generalizado de la explotación. El salto tecnológico se monta sobre las espaldas de los trabajadores, que verán empeoradas sus condiciones materiales de existencia, aún más en una economía periférica como la argentina.
Esto no significa que la fuerza de trabajo sea explotada directamente por TikTok, OpenAI o MercadoLibre. En Teoría de la dependencia digital, Cecilia Rikap desliza la hipótesis de que los usuarios producen datos con valor económico cuando interactúan en las redes. Pero si así fuera, el capitalismo seguiría su curso: no habría límites para el trabajo, los usuarios producirían datos todo el tiempo que quisieran y las plataformas podrían pagarles. Los usuarios consumen, dialogan, suben fotos, etcétera, pero no trabajan. Quien sí lo hace es la maquinaria algorítmica que necesita esa actividad social para producir datos.
Las teorías del “tecnofeudalismo” tampoco aciertan. Las empresas digitales no son dueñas de recursos naturales escasos, como el suelo, ni parasitan a otros sectores a través de diezmos ni rentas. Poseen una maquinaria que produce un espacio social y mercantil que se ha vuelto indispensable para el resto. En ese espacio se generan datos de forma ilimitada mientras haya cantidades crecientes de energía y de agua para sostener esa producción. Esto es lo que el Súper RIGI le ofrece a los capitales tecnológicos a cambio de nada para la Argentina.
¿Tech New Deal?
La disputa por el futuro está abierta y la élite de Silicon Valley lo sabe. Las corporaciones se arrogan una cualidad propia de la política: la construcción del tiempo por venir, incluso para anticiparse a los escenarios de desempleo que produciría la automatización en ciernes y el advenimiento de la Inteligencia Artificial General. Es el caso de Elon Musk, partidario de un ingreso básico universal financiado por el Estado, y de OpenAI, que propone la creación de un Fondo de Riqueza Pública para distribuir entre la ciudadanía los beneficios generados por la IA.
Juan Grabois, que sostuvo una reunión de tres horas con Peter Thiel en su flamante casa de Barrio Parque, identifica en estas iniciativas el llamado a un nuevo pacto social, un Tech New Deal entre las clases dominantes y las subalternas. Pero esta paritaria compra demasiado pronto el futuro que proyectan las corporaciones: un horizonte de abundancia por el incremento de la productividad y el comando digital del conjunto de la economía. Una idea con la que concuerda Sturzenegger.
¿La acumulación de riqueza con la que sueñan los capitales tecnológicos será de tal magnitud como para que al resto de la humanidad no le quede otra alternativa que conformarse con las migajas? ¿Desde cuándo los millonarios son tan generosos con las clases dominadas? La competencia entre las corporaciones, la crisis del trabajo y el desarrollo bélico de la IA desmienten los escenarios optimistas.
Hay que sentarse con el enemigo. Pero la política consiste, ante todo, en la posibilidad de patear el tablero y empezar la discusión bajo otras condiciones. El campo popular necesita entender qué capitalismo es este para construir una alternativa política a la altura de este tiempo histórico.
Hacia dónde vamos
El Súper RIGI, que empieza a discutirse en el Congreso, es el camino a una rendición total, ¿pero existen otros caminos? Quizás. Brasil sancionó el régimen Redata, que otorga beneficios fiscales para la instalación de data centers, pero exige a cambio la utilización de energías renovables, controles de eficiencia hídrica, inversiones en I+D y que un mínimo del 10% de la capacidad de almacenamiento se destine al mercado interno.
El desarrollo de infraestructura digital en el propio territorio constituye una oportunidad para incidir en la industria y ejercer soberanía sobre los flujos de datos. La confrontación con las corporaciones debe partir de una postura política clara en relación con las nuevas dinámicas del imperialismo y los mecanismos de apropiación de la riqueza. Argentina favoreció, por ejemplo, el crecimiento de MercadoLibre, un imperio regional que se ha expandido por el continente americano. La riqueza de Galperín no proviene de los algoritmos, sino de los beneficios que le dio el Estado y del trabajo argentino. Su plataforma es un monopolio que le permite transferirse el valor que producen otros.
Milei celebra a Galperín y viceversa. Mientras tanto, ambos admiran a los nenes con superpoderes del norte. Musk, Thiel y compañía hacen política para luego extinguirla: ese es el sueño húmedo de los tecnócratas, un mundo en el que los fierros digitales pesan más que la voluntad de las mayorías. Argentina, en la imaginación libertaria y de Silicon Valley, se condena a la especialidad de la periferia: la economía extractiva y la exportación de materias primas situadas en el extremo inferior de la cadena de valor. La maquinaria, el conocimiento producido a partir de los datos y los desarrollos de software se quedan en el norte.
Para construir un proyecto emancipatorio, tal vez haya que juntar todas las contradicciones. Un hilo no tan delgado une la valoración bursátil de las corporaciones tecnológicas con cierto malestar en la cultura, que se expresa, por ejemplo, en los debates sobre los efectos de las redes en las nuevas generaciones. De fondo está el tiempo que se vive en el espacio digital. La disputa por quién pone las reglas para ese tiempo y ese espacio que estalla en conflictos cotidianos, pero que también incide en que las mayorías trabajen cada vez más para ganar cada vez menos.
No hay razón para demorar: las derechas y las élites tecnológicas deciden sobre el mundo mientras lo construyen. El Súper RIGI brinda el armazón normativo para que Thiel y Musk sean más libres que los argentinos y las argentinas de a pie.
