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COVID-19: no habrá nuevas medidas de restricción

Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.

De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.

En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.

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    Natalia de la Sota ya no disimula su malestar con Martín Llaryora. La posibilidad de confrontarlo abiertamente empieza a tomar forma, movilizada por el acuerdo cada vez más evidente entre el gobernador cordobés y la Casa Rosada. Más ahora que el jefe de Gabinete es Diego Santilli, con una larga amistad desde hace más de un cuarto de siglo, cuando los dos se formaban en el «orteguismo», el efímero plan de Ramón Ortega para ser presidente.   

    En el Frente Renovador también empieza a instalarse una idea similar a la que leuda en el campamento delasotista: marcarle la cancha a Llaryora, sobre todo para dejarlo expuesto cuando el gobernador mediterráneo «sea útil» con la intención del Gobierno nacional de suspender/eliminar las Paso. Una jugada de Llaryora en contra del peronismo nacional sería el punto de no retorno. 

    En este sentido, Tania Kishakevich, la jefa del Frente Renovador en Córdoba, señaló: «El gobernador debe decidir si quiere priorizar los intereses de Córdoba por encima de cualquier alineamiento automático con la Nación y de cualquier especulación electoral». En el delasotismo, el análisis es similar: «Llaryora es el que se alejó del peronismo». 

    Una encuesta de Carlos Sichhar durante el mes de junio, de 1070 casos, encargada por el propio Gobierno, dice que Llaryora no logró acumular más allá de su núcleo duro: 34,5%, es decir 8% menos que en junio de 2023. Los números demuestran que una ruptura del peronismo podría complicar al gobernador. 

    Llaryora confía en que la oposición no logrará ponerse de acuerdo el año que viene. Algo similar sospecha Luis Juez. Aunque el jefe del Frente Cívico sostiene su acuerdo con La Libertad Avanza, también recuerda que el PRO de Mauricio Macri nunca quiso destronar al peronismo cordobés. La pertenencia de Santilli al PRO y la amistad con Llaryora potencian la hipótesis de una oposición nuevamente fragmentada en 2027

    «Presiento que la oposición va a ir dividida en tres; y en ese punto, a los tres les va a convenir que la única reelección posible la gane Lleryora», dice un ministro, ya en plena guerra psicológica a dos bandas: con la oposición y con el polo De la Sota-Massa. Siembra que en ese escenario hipotético, el sello del PJ que tendrá Llaryora será suficiente para retener el núcleo duro y, con él, lograr la reelección.   

    La llegada de Santilli al poder le da a Llaryora otra expectativa respecto de la llegada de fondos nacionales y de la autorización para la toma de préstamos, dos puntales para remontar una gestión que viene atravesada por la crisis de las cuentas de la Municipalidad, una situación en la que LLaryora tiene su cuota parte de responsabilidad por haber pateado el pago de la deuda en dólares que tomó el radical Ramón Mestre. El pago de esa deuda externa acorrala a Daniel Passerni. 

    «La política es importante, pero la gestión será la clave: si la gestión está aprobada, el votante pendular acompañará», es la estrategia de El Panal con estas encuestas sobre la mesa: una diferencia mínima y condicionada a la división opositora.   

    Respecto de qué hará Llaryora al momento de que se debate la eliminación de las Paso, históricamente el peronismo de Córdoba rechazó ese mecanismo de selección de candidatos. Sería una explicación lógica, aunque probablemente inaceptable para el peronismo bonaerense. 

     

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    Milei y el caso $LIBRA: una causa paralizada que suma otro escándalo judicial y alimenta el riesgo de impunidad

     

    A casi un año y medio del estallido del caso $LIBRA, la investigación judicial atraviesa uno de sus momentos más críticos. Sin testigos citados, sin indagatorias, con la fiscalía admitiendo que carece de recursos técnicos y ahora con los querellantes apartados del expediente, la causa que salpica a Milei parece ingresar en un preocupante callejón sin salida.

    Por Roque Pérez para NLI

    Lo que comenzó como una investigación sobre la presunta estafa vinculada al lanzamiento y derrumbe del memecoin $LIBRA, promocionado por Milei, hoy exhibe un escenario que preocupa incluso a especialistas en derecho penal económico. Después de casi dieciocho meses de trámite, el expediente pasó por varios magistrados y fiscales, pero todavía no hubo declaraciones testimoniales relevantes, ni llamados a indagatoria para los principales involucrados, mientras continúan acumulándose cuestionamientos sobre el ritmo de la investigación.

    Una resolución que cambió el escenario

    La situación se agravó con la reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió excluir de la causa a todos los querellantes particulares al considerar que no acreditaron suficientemente haber sido damnificados por el colapso de $LIBRA.

    La resolución generó fuertes críticas porque, según distintos especialistas, el magistrado habría avanzado sobre cuestiones de fondo que todavía deberían investigarse, al sostener que las pérdidas sufridas por los inversores podrían responder simplemente a la volatilidad propia del mercado de los llamados «memecoins» y no necesariamente a una maniobra fraudulenta.

    Esa interpretación también llamó la atención porque el propio expediente reconoce que todavía no pudo reconstruirse completamente el recorrido del dinero ni identificarse a todos los titulares de las billeteras virtuales involucradas, una tarea indispensable para determinar si existió o no una operatoria fraudulenta.

    Sin recursos, sin avances y con advertencias de impunidad

    Otro dato que agrava el panorama es el reconocimiento formulado por el propio Ministerio Público Fiscal respecto de las dificultades para investigar operaciones complejas con criptomonedas.

    Según consta en el expediente, la fiscalía admitió que no dispone del presupuesto, del software especializado ni de las licencias tecnológicas necesarias para reconstruir adecuadamente las transacciones realizadas mediante blockchain, una limitación que viene demorando medidas consideradas centrales para esclarecer los hechos.

    Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que participa como amicus curiae, advirtieron que la combinación entre la exclusión de los querellantes y la demora en impulsar medidas clave incrementa seriamente el riesgo de impunidad.

    Su director ejecutivo, Pedro Biscay, sostuvo que las demoras en ordenar indagatorias y avanzar sobre las máximas responsabilidades debilitan el proceso penal y comprometió que la organización continuará impulsando medidas para intentar esclarecer completamente lo ocurrido.

    Una causa cada vez más cuestionada

    La decisión de apartar a quienes se presentan como presuntas víctimas tampoco parece alinearse plenamente con criterios adoptados anteriormente por la Cámara Federal, que había permitido su participación mientras avanzaban diversas pericias técnicas sobre blockchain y trazabilidad de fondos.

    Ahora, esos damnificados anticiparon que apelarán la resolución, mientras crecen las dudas sobre el futuro de una investigación que continúa sin definir responsabilidades pese a la enorme repercusión política e institucional que tuvo el caso desde febrero de 2025.

    Con el expediente prácticamente estancado, sin avances sustanciales sobre los principales imputados y con limitaciones reconocidas por los propios investigadores, el caso $LIBRA se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que enfrenta la Justicia argentina para investigar presuntos delitos económicos cometidos mediante activos digitales, al tiempo que continúa proyectando una sombra política sobre Milei y su entorno.

     

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