Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.
De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.
En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.
La promesa libertaria de una supuesta “modernización” del mercado laboral empieza a mostrar sus verdaderos efectos sociales. Un informe elaborado por el área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires expuso un escenario alarmante: caída sostenida del empleo formal, destrucción del salario real y crecimiento de la informalidad laboral en toda la Argentina.
El trabajo, coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria, analiza datos oficiales del SIPA, la EPH y el INDEC y desarma uno de los principales relatos del gobierno libertario: que el “ajuste” generaría inversiones y empleo privado. Por el contrario, los números muestran un deterioro persistente del mercado laboral desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
Caída del empleo y salarios cada vez más bajos
Según el informe, el empleo asalariado formal acumuló una pérdida cercana a los 300 mil puestos respecto de noviembre de 2023. El fenómeno afecta tanto al sector privado como al público y refleja una economía paralizada, con consumo deprimido y cierre constante de pequeñas y medianas empresas.
Los datos muestran además que las remuneraciones continúan perdiendo frente a la inflación. El salario mínimo, vital y móvil sufrió un derrumbe histórico de poder adquisitivo durante la gestión libertaria. El propio informe sostiene que el deterioro ya ubica al salario mínimo por debajo de los niveles previos a la crisis de 2001.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el salario mínimo perdió cerca de un 38% de capacidad de compra. En paralelo, el salario promedio registrado también retrocedió en términos reales, especialmente en el sector público.
El discurso oficial insiste en mostrar desaceleración inflacionaria como sinónimo de recuperación económica. Sin embargo, el informe de la UBA deja en evidencia que gran parte de esa desaceleración se explica por el desplome del consumo popular, producto directo de salarios pulverizados y destrucción del empleo.
La Argentina de Milei: cuatro de cada diez trabajadores en la informalidad
Otro de los puntos más graves del trabajo académico es el crecimiento de la informalidad laboral. El estudio determinó que el 43% de los trabajadores argentinos se desempeña en condiciones informales, es decir, sin cobertura previsional, derechos laborales ni protección social.
Eso implica que más de cuatro de cada diez personas trabajan “en negro” en un contexto donde además aumentan la pobreza y la vulnerabilidad social. El informe remarca que el 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres.
La situación golpea especialmente a los jóvenes. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, la informalidad alcanza niveles extremos: alrededor de siete de cada diez trabajadores jóvenes están fuera del sistema formal.
Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los investigadores advierten que el deterioro atraviesa a casi todas las provincias y ramas de actividad. Comercio, industria y servicios aparecen entre los sectores más afectados por la pérdida de puestos registrados.
El fracaso del “derrame” libertario
Mientras Milei insiste con una narrativa de recuperación macroeconómica, los indicadores laborales muestran otra realidad: menos empleo, peores salarios y mayor precarización. La lógica del ajuste permanente y la licuación de ingresos funcionan como mecanismo de transferencia de recursos hacia los sectores concentrados, pero destruyen el mercado interno y profundizan la desigualdad.
El informe de la UBA también desmiente otra de las promesas libertarias: que la flexibilización laboral mejoraría el empleo. Hasta ahora, lo que se observa es exactamente lo contrario. La pérdida de derechos y el debilitamiento del salario no generaron crecimiento económico ni inversión productiva sostenida. Lo que sí avanzó fue la informalidad y la fragilidad social.
En términos políticos, el deterioro del empleo empieza a convertirse en uno de los principales puntos débiles del gobierno. La caída del poder adquisitivo ya no afecta solamente a trabajadores informales o sectores vulnerables: también impacta sobre asalariados registrados y capas medias que durante 2024 y parte de 2025 acompañaron electoralmente a Milei esperando una mejora económica que nunca llegó.
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
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