Luego de las reuniones mantenidas por el gobierno provincial, las cámaras empresariales y los jefes comunales de Río Negro, entre ellos el Intendente Marcelo Orazi, se conoció el decreto de la Gobernadora Arabela Carreras que establece que no habrá variaciones en las medidas de control de circulación y actividades en la provincia.
De esta manera, en Villa Regina está en vigencia el Decreto 49/21 firmado por el jefe comunal la semana pasada.
En la medida provincial, la Gobernadora dio facultad al Ministerio de Salud para tomar en forma coordinada con Intendentes e Intendentas, las medidas que se consideren necesarias en caso que se produzcan cambios en los parámetros sanitarios de alguna ciudad o Departamento.
La medición de pobreza que festejó el gobierno recibe cada vez mayores cuestionamientos. Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, considero que hay «cierta ficción» en las cifras del Indec y que el número de pobres podría ser hasta 10 puntos mayor de lo anunciado por el gobierno.
Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y hasta Manuel Adorni festejaron la caída de la pobreza, que pasó del 52,9% en el primer semestre de 2024 a 28,2% en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, las cifras abren una controversia.
Hay dos cuestiones que ayudan a mejorar los índices que destacan los libertarios: una es la mejor captación del ingreso de hogares. El aumento de la captación de los ingresos en los hogares explica cerca de cinco puntos de caída en la tasa de pobreza y también vuelve inútil la comparación con años anteriores que tenían una peor captación del ingreso.
El segundo problema es la falta de actualización de la estructura de los gastos de los hogares, donde desde 2024 la mayor parte del ingreso se destina al pago de servicios y cae lo destinado al consumo. Se calcula que entre esas dos cuestiones el índice bajó 10 puntos.
Si se toma como ejemplo el segundo semestre de 2025, la pobreza no sería de 28,2% como midió el Indec sino de 32% con el mismo sistema de medición de 2023 y de 39-40% con una estructura de gastos actualizada.
Para determinar si una familia vive bajo la línea de pobreza se comparan los ingresos del grupo con la canasta básica para la línea de pobreza y la canasta básica de indigencia.
La liberación de los precios de servicios públicos y del precio del transporte desde la asunción de Milei provocó que la mayor parte del presupuesto familiar se destinara a servicios y no al consumo. Por otro lado, el Indec mejoró el sistema de captación de ingresos en los hogares y por eso mide un mayor ingreso por hogar.
«Estás considerando un valor de canasta básica total con parámetros y estructuras de 2004-2005. Para un hogar de clase media los servicios no alimentarios representan el 60% de sus ingresos y los alimentos el 40%. Hace 20 años la proporción era distinta, 60% de alimentos y 40% de otros bienes y servicios. La estructura de consumo es totalmente irreal», explicó Salvia en Radio Splendid.
«A partir de los cambios que produjeron la liberación de las tarifas y los ajustes más recientes, el índice de pobreza no es realista y pierde fidelidad la comparación hacia atrás», dijo el sociólogo e investigador del Conicet.
En medio del escándalo por sus viajes y su nivel de vida, la declaración jurada de Manuel Adorni dejó un dato clave que pasó casi desapercibido: una parte sustancial de sus deudas está contraída con su propia madre. El dato no es menor y abre preguntas sobre el origen, la trazabilidad y la consistencia del patrimonio declarado.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Tras la ausencia de explicaciones en la fallida conferencia de prensa brindada por el Jefe de Gabinete, preciso es volver a releer la última Declaración jurada presentada por Manuel Adorni correspondiente a fines de 2024, la que nos muestra que declaró apenas un patrimonio de $107,9 millones, lo que si bien representa un crecimiento del 76% respecto de 2023, no es nada en relación a su raid inmobiliario.
Pero ese no solo habían aumentado sus activos. También crecieron —y mucho— sus pasivos: declaró deudas por $95,4 millones, es decir, un incremento del 178% en un año. Este punto es central: el crecimiento patrimonial está acompañado por un endeudamiento acelerado, algo que en sí mismo no es irregular, pero sí exige, dado su rol de funcionario, explicaciones claras sobre su origen.
La madre como acreedora: un dato clave
Dentro de ese esquema de deudas aparece un nombre que dispara las alertas: su madre, Silvia Pais, figura como una de las acreedoras. Según la información publicada, Adorni declaró que incorporó a su patrimonio 42.500 dólares en concepto de crédito. Los cotizó en 34.231.625 pesos.
El 3 de enero, Javier Milei nombró a Adorni en el cargo de Subsecretario de Vocería Presidencial de la Secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia de la Nación “a partir del 14 de diciembre de 2023”. De acuerdo a la DDJJ anual, esa suma de dólares fue prestada por Silvia Pais, su mamá, y una añeja jubilada llamada Norma Zuccolo. Pais le prestó 16.109.000 pesos y Zuccolo, de 95 años, 18.122.625 pesos. Sumados, los préstamos equivalen al valor en pesos que el funcionario otorgó a los 42.500 dólares.
Esto significa que parte de su financiamiento personal proviene del ámbito familiar directo, un «acomodo» bastante turbio y burdo para alinear algunos números.
Quién es Silvia Pais
Pese a su aversión por el Estado, Adorni literalmente bebió de su teta. No solo le sirvió para comrar su primer departamentito con su esposa Bettina Angeletti, tal cual dimos la primicia desde NLI en 2021, sino que su progenitora trabajó años en el mismo. Según Realpolik estuvo hasta 2021 prestando servicios en la Cámara de Diputados bonaerense. También se desempeñó en el municipio de La Plata, cuando Julio Garro en 2018 la contrató en la Secretaría de Salud para llevar a cabo las tareas de planificación, evaluación y revaluación del programa SUMAR.
Por qué importa: el problema de las deudas familiares
En términos formales, no hay ninguna ilegalidad en contraer deudas con familiares. Sin embargo, en el caso de funcionarios públicos, este tipo de vínculos financieros suele ser objeto de escrutinio por varias razones:
Dificulta la verificación independiente: a diferencia de un banco, no hay registros públicos claros sobre condiciones, tasas o plazos.
Puede funcionar como mecanismo de justificación patrimonial: ingresos o gastos pueden explicarse a través de “préstamos familiares”.
Reduce la transparencia real del patrimonio: aunque esté declarado, su trazabilidad es más difusa.
En este caso, además, el dato cobra relevancia porque el volumen de deuda es muy elevado en relación con los ingresos declarados del funcionario.
El contexto: gastos que no cierran con los números
La aparición de estas deudas no se da en el vacío. Ocurre en medio de cuestionamientos por:
Viajes al exterior, incluido el uso del avión presidencial con su esposa.
Un vuelo privado a Punta del Este cuyo financiamiento no quedó del todo claro.
Sospechas sobre propiedades no del todo explicitadas en la declaración pública.
En ese marco, el hecho de que parte del financiamiento provenga de su madre suma una capa adicional de dudas sobre cómo se sostienen esos niveles de gasto.
Lo que dijo Adorni (y lo que no explicó)
El propio Adorni defendió su situación afirmando que su patrimonio fue construido en el sector privado y que “todo está declarado”.
Sin embargo, evitó dar detalles finos alegando la existencia de causas judiciales en curso, lo que dejó sin responder preguntas clave:
¿Cuándo se contrajeron esas deudas familiares?
¿En qué condiciones?
¿Para financiar qué operaciones concretas?
Una pieza más en un rompecabezas mayor
El dato de la madre como acreedora no es un detalle menor ni anecdótico: es una pieza estructural dentro del esquema patrimonial declarado.
En un contexto donde el propio funcionario enfrenta cuestionamientos por inconsistencias entre ingresos, bienes y gastos, las deudas familiares aparecen como un punto crítico que requiere mayor transparencia.
Porque en política —y más aún en la función pública— no alcanza con declarar: también hay que poder explicar.
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Axel Kicillof encabezó este jueves una reunión con intendentes donde trazó un durísimo diagnóstico sobre la situación económica de la provincia de Buenos Aires y el impacto de esa crisis en los municipios. «Abrió el paraguas», fue la conclusión de uno de los presentes.
En dos extensos documentos elaborados por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se analiza el impacto de las políticas de Milei a nivel país y en la provincia. En esos trabajos se destaca que la capacidad instalada industrial, a nivel nacional, llegó a 53,6% en enero, el peor registro de la década. Con 270.000 puestos de trabajo perdidos a nivel nacional desde diciembre del 2023, en los que la provincia se lleva la peor parte con 164.000 desocupados nuevos y una tasa de desempleo que trepa al 9,4%.
Los estudios presentados confirman que cerraron 22.000 empresas en la provincia desde noviembre del 2023, a un escalofriante ritmo de 7 por día. Y confirma que ante los siete meses consecutivos de baja en la recaudación nacional, la provincia perdió 100.000 millones de coparticipación solo en febrero.
Para hacer frente a este desastre, Kicillof anunció el estado de las demandas ante la Corte Suprema contra Nación por distintos fondos que se cortaron y dijo que si recupera algo de lo que Javier Milei le debe a la provincia, lo coparticipará con los intendentes.
La actividad fue anunciada como una jornada que llevó como título: «Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios». El gobernador y su ministro de Economía, Pablo López fueron los oradores ante un auditorio conformado por intendentes.
Kicillof reveló que cerraron 22.000 empresas en la provincia desde noviembre del 2023, a un escalofriante ritmo de 7 por día. Y ante los siete meses consecutivos de baja en la recaudación nacional, la provincia perdió 100.000 millones de coparticipación solo en febrero.
Se esperaba una asistencia masiva, pero sólo llegaron a La Plata 62 de los 135 intendentes bonaerenses. En su mayoría era parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la línea interna de Kicillof dentro del peronismo. «Si nos convocan a conversar sobre los problemas no dudaríamos en ir, pero de ninguna manera vamos a participar de un acto para escuchar un diagnóstico que ya conocemos», dijo a LPO un intendente del PRO.
Kicillof recordó que la provincia mantiene siete denuncias en la Corte Suprema por fondos que el gobierno libertario dejó de enviar a la provincia. En el presupuesto que se aprobó en diciembre se incluyó un Fondo de Recupero de Deudas, un espacio contable donde apuntar el dinero que eventualmente llegue a las arcas bonaerenses en caso que el máximo tribunal falle en favor de la provincia.
Hoy ese fondo está en cero, pero Kicillof prometió coparticiparlo con los municipios, una promesa que cuesta visualizarla a corto plazo y que asoma muy lejos en el horizonte de cara a las emergencias que los intendentes enfrentan en estos días. Por lo pronto, el gobernador dijo además que los municipios deberán adherir a un convenio, algo que seguramente los obligará a desfilar por Casa de Gobierno y sacarse una foto con Kicillof.
Kicillof fue un poco confuso al hablar del pago de la primera cuota del Fondo de obras para Municipios (FEFIM), uno de los temas que meas interesaba a los intendentes. Se trata de un fondo para los municipios que se incluyó en el presupuesto y que está conformado por el 8% de la deuda que tome la provincia. En la ley se incluyó un un piso de financiamiento por 250 mil millones cuya primera cuota se vence el último día de abril. «Vamos a hacer el mayor esfuerzo para pagar en tiempo», dijo Kicillof sin dejar en claro si lo pagará o no.
La provincia perdió recursos equivalentes al 50% de su presupuesto anual bonaerense. La situación es cada vez más crítica. No hay posibilidades de cambiar esta coyuntura, si no se modifica el plan económico.
La jornada arrancó con una exposición técnica del ministro de Economía respecto de la situación de la provincia. Dijo que las políticas económicas del gobierno libertario tuvieron un severo impacto en el territorio bonaerense y que ese es el motivo por el cual los intendentes sufren la caída de recursos de coparticipación.
López dijo que la provincia sufrió dos años consecutivos (2024-2025) de la caída de la actividad económica. Habló de una caída generalizada en todos los sectores con un promedio del 8,2%.
También destacó que la industria funciona con apenas el 50% de la capacidad industrial instalada. «Ni en la pandemia llegamos a semejante caída», dijo. En tanto, dijo que la industria textil y la industria automotor sufren una caída que llega al 25%.
Román Bouvier, Lisandro Hourcade y Martín Randazzo.
También dijo que la deuda del Gobierno nacional con la provincia alcanza los $15 billones y, si se suma la pérdida de recaudación, llega a más de $22 billones acumulado en estos dos años
«Ésta cifra muestra que la provincia perdió recursos equivalentes al 50% de su presupuesto anual bonaerense», dijo el ministro y agregó que «lejos de solucionarse, la situación es cada vez más crítica. No hay posibilidades de cambiar esta coyuntura, si no se modifica el plan económico».
Faltaron muchos intendentes de distritos importantes del conurbano. Entre ellos el Grupo AFA: Federico Otermin (Lomas), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Tampoco estuvieron Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) y Leonardo Nardini (Malvinas). Los tres cercanos a Cristina Kirchner.
Hubo algunos camporistas como Julián Álvarez (Lanús), Juan Ignacio Ustárroz (Mercedes) y Leonardo Botto (Luján). Éstos dos últimos alineados con Wado De Pedro. También fueron cinco radicales que tienen puentes fluidos con Kicillof: Nahuel Mittelbach (Ameghino), Lisandro Hourcade (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Martín Randazzo (General La Madrid) y Javier Andrés (Alsina).
Juan Manuel Cerezo, Alberto Gelené y Sebastián Walker.
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