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COVID-19: Medidas vigentes en Villa Regina

El Intendente Marcelo Orazi encabezó esta mañana la conferencia de prensa del Comité de Crisis de Villa Regina en la que se dieron a conocer las nuevas medidas sanitarias extraordinarias vigentes a partir de este lunes y hasta el 21 de mayo en la ciudad.

Las nuevas disposiciones se rigen por lo establecido en el DNU 287/21 y la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro N° 2997.

De esta manera, la circulación estará habilitada sólo entre las 6 y las 24. Quedan exceptuadas de la medida de restricción a la circulación nocturna las personas incluidas en el Artículo 20º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 287/21.

En este sentido establece que la infracción a esta norma será multada con la retención del vehículo por 48 horas y una multa de 2 SAM más 1 SAM por acarreo del rodado. Los vehículos se entregarán a su propietario de lunes a viernes en el horario de 8 a 13.

Actividades suspendidas

– Reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.

– Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas.

– Práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados. Queda autorizada la realización de las competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales en lugares cerrados, siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados.

– Actividades de casinos, bingos, y discotecas.

Actividades permitidas

– Los locales gastronómicos podrán funcionar y atender clientes en sus salones diariamente hasta las 24, con una ocupación máxima del 30% de su capacidad. Los propietarios, empleados y clientes que se encuentren a la hora de cierre tendrán 60 minutos adicionales para retirarse del lugar y llegar a sus domicilios.

– Cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines con una ocupación máxima del 30% de su capacidad, y cumpliendo los protocolos aprobados.

– Eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados con una ocupación máxima del 30% de su capacidad y con el límite máximo de personas definido por los protocolos aprobados.

Orazi: “Cuidemos las actividades que hoy tenemos”

“De acuerdo a la situación epidemiológica, el Departamento de General Roca está clasificado como de alto riesgo. Luego de conocer el DNU de Nación y la Resolución provincial nos reunimos en el marco del Comité, con Salud tanto pública como privada, Policía y el Municipio para definir las medidas a tomar”, manifestó el Intendente Orazi.

Agregó que “si bien en Villa Regina los datos oficiales indican que los casos no llegan a 40 (al domingo), la ecuación que establece Nación en proporción a la población nos da en alto riesgo”.

“Estamos en una oportunidad de lograr, si nos cuidamos, que la segunda ola no llegue de la forma en que llegó a otros puntos del país.  Estamos a tiempo de concientizarnos, a volver a prestar atención al distanciamiento en los comercios, en las filas de los bancos, en las calles, en el uso obligatorio del tapabocas”, señaló.

Indicó que “vamos a mantener la actividad económica porque es el motor de las familias y las ferias que tenemos porque mueven una economía informal en Regina pero vamos a hacer hincapié en la aplicación de los protocolos para que no tengamos que cerrar”.

“Cuidemos las actividades que hoy tenemos. Entendemos que el deporte es fundamental, el arte es fundamental, la cultura también lo es, la actividad económica es fundamental”, sostuvo Orazi.

Durante la conferencia el Intendente estuvo acompañado por el Director de Tránsito municipal Mario Figueroa, el director del hospital Osvaldo Ruiz Díaz y el doctor Juan Següino de Clínica Central.

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  • Manzano se queda con Metrogas y se consolida como un actor clave en energía

     

    YPF aceptó la oferta de Edenor por Metrogas y cerró una de las operaciones más importantes del sector energético. La distribuidora eléctrica controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti ofreció USD 780 millones por el paquete de la petrolera estatal y se impuso en el proceso organizado por Citigroup.

    La operación tiene una sorpresa. Edenor no compra solamente el 70% de Metrogas. YPF también le vende su 5% directo en MetroENERGÍA, la comercializadora de gas controlada por la propia Metrogas. El hecho relevante enviado este lunes a la CNV confirma que YPF se desprende de la totalidad de sus participaciones en ambas sociedades.

    La propuesta fue aprobada por el directorio de YPF este lunes y todavía debe superar las autorizaciones regulatorias. Entre ellas, la del descabezado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) en concurso de autoridades. Es un detalle importante porque la operación vuelve a colocar en el centro una vieja discusión sobre concentración e integración vertical en el mercado energético.

    Manzano llegaba con ventaja a la definición. Ya tenía el 9,23% de Metrogas a través de Integra Gas Distribution y en el sector energético se sabía que Edenor había presentado la oferta económica más agresiva. Finalmente fueron USD 780 millones. Una cifra considerable para quedarse con el control de una empresa cuya capitalización bursátil completa se ubicaba alrededor de los USD 800 millones.

    YPF no se está sacando de encima un problema. Metrogas es la mayor distribuidora de gas del país, tiene alrededor de 2,5 millones de clientes y concentra cerca del 28% del mercado. Además, es superavitaria. La recomposición tarifaria mejoró fuerte sus resultados, redujo el endeudamiento y permitió que volviera a distribuir dividendos después de más de dos décadas.

    Los últimos datos publicados por la propia compañía muestran ventas netas por USD 836,6 millones en 2025, un EBITDA de USD 176,4 millones y una utilidad neta de USD 91 millones. 

    La explicación oficial de Horacio Marín es otra. YPF afirmó que la venta forma parte de la estrategia de «optimizar su portafolio de activos» y concentrar inversiones en Vaca Muerta, con el objetivo de convertirse en una compañía shale de escala global. En el comunicado que anunció la operación, la petrolera no presentó la venta como consecuencia de una obligación legal de desprenderse de Metrogas.

    Ese silencio no es menor. Como contó LPO, alrededor de Metrogas existe desde hace años un laberinto regulatorio. La Ley 24.076 limita la integración vertical entre productores y distribuidores de gas y ese criterio fue utilizado para cuestionar que YPF controlara Metrogas. Pero la historia tiene una vuelta bastante incómoda: en 2013, cuando YPF ya estaba nuevamente bajo control estatal, el propio Enargas autorizó la operación mediante la cual la petrolera pasó a controlar indirectamente el 70% de la distribuidora.

    Años después, el regulador cambió el criterio y exigió a YPF adecuar su participación accionaria. La petrolera discutió esa interpretación y sostuvo que había adquirido Metrogas con las autorizaciones correspondientes. Por eso, presentar la venta como el simple cumplimiento de una obligación legal es, como mínimo, incompleto. Hay normas y decisiones regulatorias cruzadas y una autorización específica de 2013 que complica bastante esa lectura.

    El punto adquiere otra dimensión porque YPF está entregando una empresa rentable. No es una privatización para tapar un agujero. Metrogas genera caja, domina el mayor mercado residencial de gas del país y tiene por delante la posibilidad de extender durante otros veinte años una licencia que vence en diciembre de 2027. El Enargas ya recomendó esa prórroga.

    Pero la verdadera novedad del paquete está en MetroENERGÍA. La sociedad fue creada para operar en el mercado desregulado y comercializa gas a grandes usuarios. El 95% pertenece a Metrogas y el 5% restante estaba directamente en manos de YPF. Con la operación anunciada este lunes, Edenor compra también ese 5%. Es decir, no se lleva solamente los caños que distribuyen el gas: entra también en el negocio de comercializarlo.

    Ahí aparece una curiosidad regulatoria difícil de pasar por alto. La integración vertical que durante años se le cuestionó a YPF y que funcionó como argumento para que se desprendiera de una compañía superavitaria no parece despertar el mismo celo cuando la cadena queda en manos privadas.

    Manzano ya controla Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Ahora suma el control de Metrogas y, a través de ella, de MetroENERGÍA. El grupo queda así parado sobre distintos escalones del negocio energético: comercialización de gas, distribución de gas y distribución de electricidad. El gas, además, es uno de los principales combustibles utilizados para generar la electricidad que después circula por las redes de Edenor.

    El mapa puede extenderse todavía más, aunque allí conviene distinguir propiedad de asociación empresaria. Manzano mantiene estrecha relación con Mercuria a través de Phoenix Global Resources. El trader suizo avanzó sobre los activos de Raízen en Argentina, que incluyen la red de estaciones Shell, la refinería de Dock Sud y terminales de combustibles. 

    Y las estaciones tienen un valor que ya no termina en el surtidor. Son uno de los lugares naturales para desplegar cargadores rápidos de vehículos eléctricos. La electromovilidad abre así una nueva frontera donde pueden volver a encontrarse las redes eléctricas, los grandes comercializadores de energía y las estaciones de servicio.

    La operación de Metrogas deja entonces una pregunta para el regulador. Si la integración vertical era un problema suficientemente serio como para reclamar durante años que YPF abandonara el control de una empresa superavitaria, deberá explicar dónde coloca ahora la línea roja cuando el comprador ya controla Edenor y suma Metrogas y su comercializadora de gas.

    YPF, mientras tanto, se queda con los USD 780 millones y concentra sus fichas en Vaca Muerta. Manzano se queda con una compañía rentable, 2,5 millones de clientes y otra pieza de un tablero energético que ya abarca buena parte del AMBA. .

     

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  • Un like de una jueza de la Corte cordobesa desató una crisis con el procurador general de Llaryora

     

    Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, no habló a través de un fallo, sino de un like. La destacada penalista le puso un corazón a una publicación que advertía sobre la eventual salida de la Fiscalía General de Carlos Lezcano, impulsado por Martín Llaryora hace pocos meses.

    La cuenta en Instagram de Búnker advirtió en un posteo: «Las razones que dejarían a Lezcano afuera de la Fiscalía General antes de fin de año». Y describió la situación así: «Lezcano, ¿out de la Fiscalía General? Las razones políticas de una salida récord». A los pocos minutos de su publicación, apareció el corazón de Tarditti. Y le siguieron otros varios funcionarios judiciales, entre ellos, Martín Bertone, un fiscal de Cámara con peso propio en el esquema del Ministerio Público Fiscal.

    El trasfondo es la colonización del Ministerio Público Fiscal dispuesta por Llaryora en los últimos meses. Lezcano fue la pieza clave que movió el gobernador para ese armado afín al Gobierno: Lezcano tuvo una larga militancia en el peronismo de la ciudad de Córdoba hasta que en 2003 fue designado juez de Control, cargo que ejerció hasta que asumió como fiscal General. También fue socio de Luis Juez y mantiene vasos comunicantes con él. De hecho, el juecismo en la Legislatura no rechazó el pliego.

    En paralelo, Lezcano viene tropezando en sus declaraciones públicas. Primero dijo qu e

    «la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras». Luego empeoró todo durante la crisis por el femicidio de Agostina Vega: ese fin de semana estaba en el caribe; y cuando regresó dijo que no conocía detalles de la causa.

    La jueza Aída Tarditti

    En Tribunales, el like de Tarditti tuvo una sola lectura: el descontento con con Llaryora por el esquema de abogados amigos que sembró en la Justicia. A esta situación política se agrega que desde hace varias semanas la Justicia provincial funciona a media máquina por protestas salariales y quejas de los magistrados por el desacople (en los hechos) de los salarios provinciales con los que fija la Corte Suprema para jueces federales.

     

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  • Pese a la presión del embajador Lamelas, Caputo otorgó RIGI a mineras chinas de litio

     

    La presión de Donald Trump para reducir la dependencia de China en minerales críticos choca en Argentina con una realidad difícil de modificar: las empresas chinas siguen ganando posiciones en la minería y aparecen detrás de algunos de los proyectos más importantes que buscan aprovechar los beneficios del RIGI.

    El fenómeno es particularmente fuerte en el litio. Si se suman los proyectos ya aprobados y aquellos que todavía esperan la luz verde del Gobierno, cerca del 70% de la capacidad productiva anunciada corresponde a desarrollos con participación directa de capital chino. No significa que China sea propietaria de ese porcentaje de la producción, pero muestra el peso que alcanzaron sus compañías en la expansión del sector.

    «China tiene una ventaja difícil de revertir porque no solamente aporta capital, sino que controla buena parte de la cadena industrial del litio. Para Argentina es muy difícil pensar una expansión acelerada de la producción sin financiamiento o participación de empresas chinas», explicó a LPO un analista del sector minero.

    La avanzada ya se observa dentro del RIGI. En junio, el Gobierno aprobó la ampliación de Cauchari-Olaroz, en Jujuy, operado por Minera Exar y con participación de la china Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y la estatal jujeña JEMSE. La segunda etapa contempla una inversión estimada de entre US$1.166 millones y US$1.241 millones y permitirá llevar la capacidad hasta unas 85.000 toneladas anuales.

    Bronca con Quirno por su silencio ante las presiones de Lamelas a empresas argentinas

    Un mes después fue aprobado Tres Quebradas, en Catamarca. El proyecto pertenece a Liex, controlada por Zijin Mining, que prevé desembolsar alrededor de US$709 millones para sumar una segunda etapa con capacidad para producir otras 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Zijin controla el 100% del emprendimiento.

    Entre los dos proyectos, las compañías chinas ya tienen participación directa en desarrollos aprobados por el RIGI que proyectan una capacidad conjunta cercana a las 125.000 toneladas anuales. Pero el número podría crecer con fuerza si Economía habilita algunos de los expedientes que todavía están bajo análisis.

    China tiene una ventaja difícil de revertir porque no solamente aporta capital, sino que controla buena parte de la cadena industrial del litio. Para Argentina es muy difícil pensar una expansión acelerada de la producción sin financiamiento o participación de empresas chinas.

    La apuesta más importante es Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), en Salta. Ganfeng desarrolla el proyecto junto con Lithium Argentina y proyecta una inversión de US$3.000 millones. El plan contempla alcanzar hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, distribuidas en tres etapas. Una vez consolidada la sociedad, Ganfeng tendrá el 67% y Lithium Argentina el 33%.

    «Si PPG finalmente entra al RIGI, el peso de Ganfeng en el mapa argentino cambia de escala. Es un proyecto que por sí solo puede alcanzar una capacidad superior a la de varias operaciones que actualmente están en producción», señaló la fuente consultada por LPO.

    Ganfeng y Zijin tampoco están solas. CNGR Advanced Material presentó un proyecto para el Salar de Jama, en Jujuy, que contempla una inversión de US$1.151 millones y una capacidad de aproximadamente 22.000 toneladas anuales. A eso se suma Litio Ángeles, vinculado a Tibet Summit/Xizang Zhufeng, con una inversión estimada en US$726 millones para producir unas 50.000 toneladas.

    La presencia china se extiende además fuera del litio. Uno de los casos más importantes es Veladero, la mina de oro y plata de San Juan controlada en partes iguales por Barrick y Shandong Gold. El Gobierno aprobó este año el ingreso al RIGI de la ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación, lo que incorporó a otra de las grandes mineras chinas al régimen.

    El avance se produce mientras Milei profundiza su alineamiento político con Trump. Estados Unidos convirtió el acceso a minerales críticos en un asunto de seguridad nacional y busca reducir especialmente la dependencia de los suministros procesados en China. En febrero, Buenos Aires y Washington firmaron un acuerdo sobre minerales críticos, aunque el canciller Pablo Quirno aclaró que eso no implicaba excluir inversiones provenientes del gigante asiático.

    «Washington puede intentar limitar la dependencia china en sus propias cadenas de suministro, pero es mucho más difícil pedirle a Argentina que rechace inversiones por miles de millones de dólares. El RIGI fue diseñado para atraer capital y no establece una diferenciación geopolítica sobre su origen», explicó el operador consultado.

    Washington puede intentar limitar la dependencia china en sus propias cadenas de suministro, pero es mucho más difícil pedirle a Argentina que rechace inversiones por miles de millones de dólares. El RIGI fue diseñado para atraer capital y no establece una diferenciación geopolítica sobre su origen.

    Ese punto expone una de las contradicciones de la estrategia de Milei. Mientras el Gobierno construyó una relación política privilegiada con Washington, la economía argentina mantiene vínculos difíciles de reemplazar con Beijing. China continúa siendo uno de los principales compradores de productos argentinos, tiene una presencia creciente en la minería y además mantiene un rol relevante en las reservas internacionales del Banco Central a través del swap de monedas.

    La dimensión económica ayuda a explicar esa convivencia. Las exportaciones mineras alcanzaron US$4.742 millones durante el primer semestre, un salto del 74,4% frente al mismo período de 2025. En ese contexto, China compró el 20% de las ventas mineras argentinas, frente al 9% que tuvo como destino Estados Unidos.

    El RIGI, mientras tanto, se convirtió en una pieza central de esa expansión. El régimen ya acumula 21 proyectos aprobados por una inversión total de US$46.708 millones y la minería es el sector con mayor presencia, con 12 iniciativas. Además, permanecen bajo estudio otros 23 proyectos por US$152.271 millones, siete de ellos mineros.

    La paradoja es que mientras Trump intenta alejar a China de las cadenas occidentales de minerales críticos, el principal instrumento de Milei para atraer grandes inversiones puede terminar consolidando la posición de Beijing sobre algunos de los recursos más estratégicos de Argentina.

     

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