COPA TREPAN: OTRA “COMPE” PARA DISFRUTAR EN EL RIO

 El desastre de las rutas del país, que ya se cobraron numerosas víctimas tiene un número: 1.165.491 millones. Una fortuna imposible de mensurar pero que alcanzaría cómoda para reparar todas las rutas que están detonadas y no sólo ponen en peligro vidas sino que afectan la competitividad de la Argentina por las dificultades para trasladar bienes y personas.

La cifra fue calculada por un grupo de veinte diputados peronistas que se tomaron el trabajo de analizar todos los fondos que retuvo ilegalmente el ministro Toto Caputo del Impuesto a los Combustibles (ver documento adjunto) que por ley del Congreso obliga a asignar el 28,58% de lo recaudado al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.

Otro dato que confirma que el superávit del que hacen alarde Milei y Caputo está construido sobre una serie de incumplimientos de obligaciones legales del Estado y el no pago de deudas como ocurre con los USD 1.000 millones que se debe a los proveedores del Pami. «Algún día alguien va a hacer la cuenta d ela deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit», afirmó a LPO uno de los diputados que participó del trabajo.

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La retención ilegal de esos fondos es especialmente significativa porque la recaudación del impuesto a los combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de Milei.

Del 2023 al 2024 lo recaudado por ese tributo creció un 378%, del total se debieron girar netos al sistema vial $354.835 millones. Al año siguiente la recaudación del Impuesto a los Combustibles creció un 92% y esta vez Caputo se quedó con 688.126 mil millones. Y en los dos primeros meses del 2026 el impuesto pegó otro salto y el ministro de Economía embolsó 122.530 millones que debió girar a las provincias por la ley 23.966. Se trata de un incumplimiento legal que tarde o temprano terminará en la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido muy permisiva con el gobierno de Milei. 

Intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia de reclamo coordinada frente a Nación por el estado catastrófico de las rutas. El malestar también escala a nivel provincial y quizá haya cumbre de gobernadores.

Uno de los firmantes, el diputado entrerriano Guillermo Michel, confirmó a LPO que la situación de las rutas  «no se sostiene más» y recordó que desde el Congreso ya impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas. Entre Ríos, es de hecho una de las provincias con las rutas en peor estado. «Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave», advirtió.

El diputado peronista Guillermo Michel.

En el interior, el impacto es directo y los intendentes de distintas provincias vienen alertando que las rutas nacionales están «detonadas» y que el reclamo de los vecinos recae sobre los municipios: «Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas», reconoció Michel.

De hecho, intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia común. El malestar también escala a nivel de las provincias y quizá haya cumbre de los gobernadores.

En las provincias no solo sufren el robo de la parte que les corresponde del impuesto al combustible sino también la caída de la coparticipación por el derrumbe de la recaudación nacional por la recesión. De hecho, la principal preocupación de los mandatarios por estas horas es la manera en que se va a repartir el adelanto de las partidas federales.

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El trabajo de los diputados revela que, en una constante de la gestión de Caputo, cientos de miles de millones de este fondo han sido desviados a colocaciones financieras.

Se confirma así que a pesar del flujo de fondos que Nación recauda, el estado de las rutas nacionales muestra un deterioro gravísimo, señales ilegibles y banquinas convertidas en pastizales inaccesibles, que ya se han cobrado numerosas vidas.

Toto Caputo mandó al Congreso el proyecto para reducir los subsidios por zona fría en las tarifas de gas, una ley impulsada por Máximo Kirchner en 2021, y choca con los gobernadores de provincias aliadas que perderían el beneficio.

La movida del gobierno incluyó también la regularización del Mercado Eléctrico Mayorista y, en su mensaje, el ministro de Economía expresó que persigue el sostenimiento de «la política económica de reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético, ordenamiento de las cuentas públicas y continuidad en las condiciones para el acceso y la utilización de fuentes de energías renovables».

Con el rediseño de Caputo, la cobertura de la ayuda estatal volvería al esquema histórico, que concentraba el alcance de la norma en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe de Mendoza y la Región de la Puna.

Esto implica que perderán el beneficio automático más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, varias zonas del sur de Córdoba y Santa Fe, y localidades de provincias gobernadas por aliados de la Casa Rosada: Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Catamarca y Tucumán. También localidades de La Pampa y La Rioja perderían el subsidio.

 Actualmente, rige la ley 27637 y de su articulado se desprende que el subsidio equivale a una tarifa diferencial que impacta al mismo tiempo sobre el precio del gas, el transporte y su distribución. Con la propuesta de Caputo, el subsidio solo se aplica al precio del gas, el pago se hace a los productores y se rompe la concordancia entre el porcentaje de la tarifa cubierto y la factura final.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que, además de achicar el alcance territorial, el proyecto del oficialismo establece que allí donde continúen los subsidios, «serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional con las modalidades que considere pertinentes».

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Además, los libertarios pretenden barrer la compatibilidad expresa del subsidio «con otros beneficios que pudieran corresponder a los usuarios».

Desde el bloque peronista comentaron que la iniciativa que ingresó este lunes a la Cámara de Diputados «vuelve a intentar lo del Presupuesto de 2026», cuando la oposición terminó abortando un capítulo entero de la ley de leyes. 

Al cierre de esta nota, los diputados de LLA y algunos de sus aliados carecían de «línea» para defender el proyecto, tal como admitió un importante legislador libertario.

Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.

De hecho, un opositor al gobierno graficó la situación con una paradoja: «los descuentos por Zona Fría en gas ya no son un tema que le importe a la enorme mayoría de las personas en Mar del Plata o Bahía Blanca porque, en octubre del año pasado, casi el 50% de los votantes marplatenses eligieron a diputados nacionales que promueven su eliminación, así como el 54,08% de los bahienses».

Aún así, advirtió que «es difícil que el gobierno tenga los votos para este tipo de leyes». «No creo que consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno», dijo.

No creo que (el gobierno) consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno.

La ex vicegobernadora Gisela Scaglia, actual diputada por Provincias Unidas, consideró de todas maneras que «no está mal que los subsidios los implementen a las personas y no directamente a las zonas, es interesante que el esquema sea por condición económica, no es justo que alguien con recursos sea subsidiado». 

La legisladora santafecina valoró que «a diferencia del régimen anterior, donde el subsidio era general para todos los residentes de estas zonas, el nuevo proyecto establece doble condición para recibir la bonificación adicional por Zona Fría». «Por un lado, el usuario debe residir en la localidades contempladas por el programa y estar registrado en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), y por otro, tiene que estar contemplado por criterio socioeconómico porque el beneficio ya no es puramente geográfico, sino que se destina a hogares con ingresos inferiores a 3 Canastas Básicas Totales o que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)», explicó. 

En cambio, el cordobés Carlos Gutiérrez, que responde a Llaryora y Schiaretti, dijo que el gobierno nacional «ya no sabe qué más sacarnos a los cordobeses». «Si Caputo quiere eliminar estos subsidios, que empiece por CABA», lo chicaneó.