El área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina firmó con la Universidad Nacional del Comahue el convenio marco que va a posibilitar la capacitación para los empleados municipales de la implementación de la Ley Micaela (Ley Nº 27.499).
Objetivo de la capacitación:
Trabajar específicamente en la incorporación de la transversalidad de género en las políticas públicas locales en pos de la reducción de las desigualdades entre mujeres diversas y hombres. En este sentido, se establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres de todas las personas que se desempeñan en la función pública.
Otro de los propósitos es desarrollar trabajos conjuntos de interés para ambas instituciones, para la comunidad y para entidades con o sin fines de lucro y en común acuerdo con todas las partes y con la participación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Hay algo que Rodrigo de Loredo no le dijo a Lule Menem en el encuentro que mantuvieron hace un par de semanas a solas en Casa Rosada. Lo que el radical le ocultó al armador de Javier Milei es que piensa que la imagen del presidente en Córdoba seguirá cayendo y que el libertario estará obligado a negociar con él la candidatura del rival del peronista Martín Llaryora.
Esto sí se lo comentó en un café mano a mano a Luis Juez, en un reencuentro entre ambos después de varios meses de frío.
No obstante, lo curioso fue lo que vino después. «Rodrigo le dijo a Juez que Milei no llegará bien para imponer la candidatura de Bornoroni y que estará obligado a negociar con el radicalismo y con él. Ahí Juez le dijo lo que todo el mundo sabe: si Milei no llega, ese acuerdo lo va a hacer con el peronismo, no con Rodrigo», dijo una fuente al tanto de la charla.
Sin embargo, lo más jugoso fue lo que vino después. Porque frente a ese escenario, De Loredo intentó salir por la tangente y ratificar su candidatura a intendente para suceder a Daniel Passerini y la respuesta de Juez fue contundente: «no, ahí el candidato voy a ser yo».
Lo que siguió fueron rumores de invitación a un asado que se concretó -una vez más- entre el juecismo y Bornoroni, pero al que De Loredo dicen que no fue invitado. Mientras que, del lado del radical, sostienen que no asistió por una cuestión de viaje y agenda.
Rodrigo le dijo a Juez que Milei no llegará bien para imponer la candidatura de Bornoroni y que estará obligado a negociar con el radicalismo y con él.
De manera tal que el armado opositor con el que se ilusionan algunos todavía no maceró. Le falta. Incluso lo reconocen funcionarios con despacho en Casa Rosada como Lule Menem o Diego Santilli, que reciben a todos, tantean las cartas y tienen en carpeta el otro ofrecimiento del PJ cordobesista: la candidatura de un peronista que salga de un acuerdo entre los gobernadores y quiebre el voto de Axel Kicillof.
Los libertarios cercanos a Karina en Buenos Aires reconocen que van a esperar hasta el verano y allí definirán si van por el plan A que es con Bornoroni encabezando la fórmula provincial o si cuidan al diputado cordobés para la segunda mitad del 2027. Porque, se sabe, en Córdoba la elección a gobernador se definirá en el primer cuatrimestre del año próximo.
Lule Menem le dijo a De Loredo que están abiertos a alguna conversación para que se sume, pero que no van a resignar la candidatura de Bornoroni. Situación que incomoda al radical porque el vínculo entre él y el libertario se rige por la desconfianza.
Lule Menem le dijo a De Loredo que están abiertos a alguna conversación para que se sume, pero que no van a resignar la candidatura de Bornoroni.
Más aún cuando algunos le avisaron al jefe del bloque oficialista en la Cámara baja que, después de la reunión de De Loredo con Lule, hace pocos días el radical volvió a hablar con el macrismo puro. Entre ellos, con el funcionario porteño, Valentín Díaz Gilligan, cercano al macrista Fernando de Andreis.
La noticia del reencuentro entre De Loredo y Juez disparó sensaciones divididas entre los que creen probable el gran acuerdo opositor para derrotar a Llaryora en el 2027; y los que aún se muestran escépticos de la unidad en el frente. Pero, sobre todo, dejó en evidencia que la sucesión de Passerini, parece apetecible para el arco opositor.
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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme este jueves el cálculo de $685.000 millones para la ejecución del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad.
El proceso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Aunque todavía no se precisaron con exactitud cuáles serían esas propiedades, se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
Sin embargo, dirigentes del kirchnerismo cuestionaron el fallo de la Corte Suprema. «Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de la DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa», dijo una legisladora cercana a Cristina.
En ese sentido, desde el entorno de la ex presidenta explicaron a LPO que «el decomiso debe probar que la cosa es producto del delito pero acá no hay prueba y además fue sobreseída por el tema bienes». En el kirchnerismo hablan de una «venganza» de la Corte a la que buscaron hacerle juicio político durante el gobierno de Alberto Fernández.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que tanto Cristina como su hijo, el diputado Máximo Kirchner, intentaron sin éxito que la Corte Suprema no rechazara el recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, basándose en el artículo 280 del Código Procesal, la misma jugada a la que apelaron los supremos cuando dejaron firme su condena a prisión.
Allegados a la ex presidenta dijeron a LPO que «en la primera causa donde se analizó el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se investigaron las declaraciones juradas del matrimonio entre 1994 y 2003 pero el juez federal Julián Ercolini sobreseyó al entonces presidente y a su esposa y el fiscal Eduardo Taiano no apeló la sentencia».
«La segunda oportunidad estuvo a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la denuncia la realizó el presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, a raíz de investigaciones periodísticas que señalaban irregularidades en las declaraciones juradas de los Kirchner entre 2005 y 2007 pero, en 2008, el magistrado desestimó la denuncia por inexistencia de delito», agregaron.
Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.
Luego de eso, el fiscal Manuel Garrido apeló la resolución de Canicoba Corral por considerarlo un acto «infundado y prematuro» y porque halló «inconsistencias e incongruencias» en las presentaciones. «La Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación, la causa dejó de mostrar avances y casi cuatro años más tarde, después de la muerte del ex presidente Kirchner, Canicoba Corral sobreseyó a Cristina, que ya había iniciado su segundo mandato», recordaron.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, presidido por Rodrigo Giménez Uriburu, había estipulado el decomiso por perjuicio al Estado en $84.835 millones pero habilitó la posibilidad de que el monto fuese ajustado cuando la sentencia quedara firme.
Para calcular la suma de dinero, intervinieron peritos de la Corte, las defensas y el Ministerio Público. La cifra final es resultado de la actualización por el IPC del Indec, entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Los abogados de Cristina trataron de desactivar esta resolución y rechazaron esa metodología pero no pudieron torcer la voluntad de la Corte.
El decomiso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
El fallo fue suscripto por los tres magistrados pero Rosatti y Rosenkrantz hicieron suyos los argumentos del voto de Lorenzetti. «El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)», dice en los considerandos del pronunciamiento, y agrega: «se desestima la presentación directa».
El rafaelino incluyó en su voto una cita a una resolución tomada por él mismo, Rosatti y los ex jueces Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, en un fallo anterior. «Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida», argumentó.
Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de las DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa.
Un camarista deslizó ante LPO que ahora se abre un período indeterminado para la concreción del decomiso de bienes, que supone el pasaje hacia «la ejecución integral» contra Cristina. La imposibilidad de fijar un plazo con precisión también se debe, según la fuente, a la intervención de la UIF en tanto la investigación buscó determinar la existencia de lavado.
Acaso por decoro, dirigentes del kirchnerismo no precisaban al cierre de esta nota cuáles eran los bienes que la Justicia le decomisaba a Cristina.
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