Convenio marco con la Universidad Nacional del Comahue

Tras la caída de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump ya no considera como un grupo real al denominado «Cartel de los Soles» que supuestamente lideraba el expresidente y manejaba el narcotráfico en Venezuela. La decisión deja en ridícula a Patricia Bullrich que los declaró «organización terrorista».

El diario The New York Times reveló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se retractó de la calificación sobre el llamado Cartel de los Soles, una de las excusas que utilizó Trump para atacar Venezuela y capturar a Maduro. El Departamento de Estado, que conduce Marco Rubio, lo había declarado el año pasado como una organización terrorista.

Tras la detención de Maduro, Justicia publicó una acusación en la que deja de lado sus postulados anteriores sobre el Cartel de los Soles y ya no habla de una organización narcocriminal si no de un «sistema clientelar» y una «cultura de corrupción» alimentada por el dinero del narcotráfico.

El medio destaca que en su anterior acusación Justicia se refiere 32 veces al Cartel de los Soles y describe a Maduro como su líder, pero ahora sólo lo menciona dos veces. Expertos en seguridad consultados por NYT dicen que Cartel de los Soles es un término coloquial inventado por los medios venezolanos.

El giro de la negociación de Trump con el chavismo dejó en offside a Milei 

Una experta en seguridad explicó al medio que el cambio en los términos utilizados por el Departamento de Justicia obedece a que la acusación no podría corroborarse en los tribunales, lo que no implica que puedan existir pruebas que vinculen a Maduro con el narcotráfico. Pero el Cartel de los Soles ni siquiera figuraba en los informes anuales de la DEA ni la ONU.

Semanas atrás, el NYT ya había dado cuenta de la debilidad que tenían las referencias al Cartel de los Soles. «No es una organización en sentido literal», decían expertos en narcotráfico. «La organización no existe como tal», afirmaba un analista, y el medio agregaba que era una forma «peyorativa» y «burlona» de referirse a los militares venezolanos corrompidos por el narco y la corrupción.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se retractó de la calificación sobre el llamado Cartel de los Soles, una de las excusas que utilizó Trump para atacar Venezuela y capturar a Maduro

El giro de Trump deja en ridículo al gobierno argentino que el año pasado se había apurado en declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles, «a partir de un trabajo conjunto de los ministerios de Seguridad, Justicia y la Cancillería». La medida fue recordada el sábado por Patricia Bullrich, que destacó que Argentina se plegó a Estados Unidos.

Lo que revela este episodio es la fragilidad de una política exterior basada en el seguidismo ciego de Trump, que tiene como una de sus principales características la imprevisibilidad. Milei ya había quedado en offside el fin de semana cuando salió a pedir que Venezuela quede en manos de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, pero a los pocos minutos Trump los ninguneó por completo.

Milei ya había sufrido un revés similar cuando viajó a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado y Trump no fue, molesto porque quería el galardón para él. El argentino ni siquiera sabía de eso. Tampoco la venezolana llegó a tiempo para la foto, por lo que el libertario tuvo que volverse de apuro a la Argentina, después de despilfarrar tiempo y dólares en un viaje en vano.

 A fondo. Así está siendo la última semana del año en la gestión del cordobés Martín Llaryora con cuatro cambios en su gabinete en poco más de 48 horas, la chance de otra modificación más en el comienzo del 2026 y una reestructuración que tendrá un fuerte impacto en la gestión capitalina del intendente Daniel Passerini. Particularmente, en la sucesión del actual alcalde en el 2027; y en la estrategia electoral que Llaryora empezará a puntear una vez que culmine el Mundial.

Entre el sábado y el arranque de esta semana, Llaryora cerró dos ministerios que convirtió en secretarías, contuvo a quienes encabezaban esas carteras y las reacomodó dentro de Salud y Educación. Ése será el destino, respectivamente, de la saliente ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero; y de quien encabezaba Ambiente, Victoria Flores. Pero, además, este lunes se produjo el pedido de licencia de la legisladora Nadia Fernández para que desembarque dentro del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico y bajo la órbita del ministerio de Justicia; y el cambio al frente de la jefatura de Policía con el ingreso de Marcelo Marín en reemplazo de Leonardo Gutiérrez.

Todas modificaciones que tienen como nítido objetivo demostrar volumen y territorio de la gestión en la capital cordobesa, además de sumar vocerías dentro de la administración llaryorista.

El gobernador cordobés confía en su gestión, cuando habla de esta en confianza cree que lo que le falta son portavoces, pero que la gente lo respalda. Por eso la decisión de acelerar el proceso de capilaridad en la capital cordobesa sin que esto se parezca una intervención en la administración de Passerini, aunque con la claridad suficiente como para que el mensaje le llegue a la dirigencia del peronismo cordobesista: Llaryora no va a negociar la sucesión de Passerini con ningún sector de la oposición.

Daniel Passerini

Rumor que después de las Legislativas trataron de instalar incluso algunos dentro del peronismo, pero que el llaryorismo puro desactiva por completo. «Decir eso es no conocer a Martín. No va a negociar, ni resignar nada de lo que ya tiene», lanzó a LPO un funcionario de primera línea.

Es más, todos los protagonistas de los cambios de estas horas tienen base en la capital cordobesa y van a tallar, en menor o mayor medida, en la sucesión de Passerini en dos años. Montero tiene partido propio, fue funcionaria en la Ciudad con Llaryora y es aliada directa del gobernador; Flores, también tuvo su paso por el Ejecutivo municipal y suma un dato relevante: será la punta de lanza para limar a Natalia de la Sota cuando la ocasión lo amerite. Fernández, en tanto, tiene respaldo viguista y también su territorio.

Además, los cambios en la Policía, de ser efectivos, van a posicionar aún más al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el traspaso de un puro como Marcelo Rodio, desde Transporte a Cultura, significa también anotar otro jugador en los casilleros de los binomios peronistas por la Ciudad.

«Llenamos y llegamos al territorio, todos anotados con peso para la sucesión de Daniel (Passerini) que indefectiblemente es un pato rengo porque no tiene reelección. Entonces en el menú tenemos, sin dudas, más opciones que la oposición», señaló un llaryorista a LPO.

Llenamos y llegamos al territorio, todos anotados con peso para la sucesión de Daniel que indefectiblemente es un pato rengo porque no tiene reelección. Entonces en el menú tenemos, sin dudas, más opciones que la oposición

En simultáneo a los cambios de nombres, asoma también una narrativa sobre la que tallará el llaryorismo de hablar de «dos años de gestión» y un inicio en 2023. Algo que ya se viene haciendo de manera más solapada, pero que tuvo su pico hace unos días cuando el propio Llaryora se refirió públicamente y de forma muy crítica por la administración de la Caja de Jubilaciones y responsabilizó «a todos los partidos».

Llaryora ganó simultáneas, empujó la derrota de Milei en Diputados y aprobó su reforma previsional en Córdoba

Y, por último, en la frialdad de los números la mesa chica de Llaryora entiende que cierra el año con la prudente distancia del presidente Javier Milei, sin la necesidad financiera o económica de otros (algunos no dan nombres, pero deslizan las complicaciones de Frigerio en Entre Ríos) y reconocen que el nexo operativo y de gestión con Casa Rosada sigue siendo ‘Toto’ Caputo. «Es el que tiene la firma para acceder al mercado internacional y con el que podemos llegar a tener una mejora a partir de abril por los fondos de la Caja», razonaron un par de ministros durante el fin de semana.

Por las dudas, en Córdoba el ajuste arrancó y el verano estará marcado por los recibos de sueldo con el impacto en los estatales y los cedulones con la rebaja impositiva que defienden desde El Panal. 

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