El área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina firmó con la Universidad Nacional del Comahue el convenio marco que va a posibilitar la capacitación para los empleados municipales de la implementación de la Ley Micaela (Ley Nº 27.499).
Objetivo de la capacitación:
Trabajar específicamente en la incorporación de la transversalidad de género en las políticas públicas locales en pos de la reducción de las desigualdades entre mujeres diversas y hombres. En este sentido, se establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres de todas las personas que se desempeñan en la función pública.
Otro de los propósitos es desarrollar trabajos conjuntos de interés para ambas instituciones, para la comunidad y para entidades con o sin fines de lucro y en común acuerdo con todas las partes y con la participación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
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El ministro de Agricultura bonaerense, Javier Rodríguez, planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de retenciones segmentadas para pequeños y medianos productores, el viejo esquema que proponía la Federación Agraria en 2008 durante el conflicto con el campo.
En su paso por Rosario, el funcionario de Axel Kicillof consideró que las políticas para el campo deben analizarse de forma integral y no únicamente a partir de los derechos de exportación y planteó que los productores de menor escala deberían afrontar una carga tributaria más baja que los grandes establecimientos.
«Las retenciones tiene que estar bien diferenciadas, segmentadas. Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande», señaló el ministro como mecanismo para evitar equiparar la carga impositiva a todo el sector.
Las retenciones tiene que estar bien diferenciadas, segmentadas. Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande
En ese sentido, Rodríguez explicó que la rentabilidad agropecuaria depende de múltiples variables y cuestionó que el debate público se concentre exclusivamente en las retenciones. Entre los factores que inciden en la ecuación económica mencionó los precios internacionales de los granos, el costo de los insumos, el tipo de cambio, las tasas de interés, el combustible y la estructura tributaria.
Como ejemplo, sostuvo que mientras el gobierno nacional redujo dos puntos los derechos de exportación para el trigo, el combustible aumentó más de un 25 por ciento. «Si sólo se mira el porcentaje de retenciones se corre el riesgo de quedar entrampados», afirmó.
El ministro recordó que la sequía de 2023 provocó pérdidas estimadas en más de 20 mil millones de dólares, mientras que la mejora de las condiciones climáticas durante 2024 y 2025 permitió una fuerte recuperación de los rindes y de los volúmenes de producción.
En ese contexto, Rodríguez rechazó que el sector agropecuario tenga una mirada homogénea: existen realidades muy diferentes según la región, la actividad y la escala de cada productor. «Cuando uno habla del campo hay distintos productores, distintas escalas, distintas producciones y distintas regiones», dijo y destacó que las políticas públicas también deben contemplar esas diferencias.
El funcionario participó esta semana en Rosario de la asamblea anual de Agricultores Federados Argentinos, donde expuso sobre cooperativismo y desarrollo agrario. Allí defendió el rol de las cooperativas para impulsar la producción, generar empleo y fortalecer el arraigo en las localidades del interior.
En cuanto a la relación turbulenta entre el peronismo y el empresariado, Rodríguez sostuvo que en los últimos años el gobierno bonaerense logró reducir parte de la desconfianza que existía entre algunos productores a partir de medidas concretas vinculadas a la producción y la sanidad animal.
«Muchos productores pueden tener diferencias políticas, pero valoran determinadas políticas de gestión orientadas al desarrollo productivo», señaló.
En cuanto a la eliminación de las retenciones como proponen los gobernadores de la Región Centro, cerca de Kicillof aclararon a LPO que el gobernador bonaerense no es candidato, «ahora estamos construyendo un proyecto», dijeron.
Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
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