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El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti advirtió que existe un «entramado muy complejo» en el ámbito de Rosario que no se agota con el delincuente que está en la cárcel. Adujo que se debe apuntar hacia quienes le brindaron protección. En ese sentido, envió un claro mensaje a los integrantes de la Justicia que «honran» su cargo y afirmó que «los que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo».

El titular del máximo tribunal dijo esto en un contexto muy significativo que no solo incluye a los sectores que omitieron o suavizaron la persecución a los factores de la violencia. Con sus palabras también posó la mirada en el sector empresarial que en los últimos años sacó todo tipo de ventajas con el blanqueo de dinero de origen delictivo. Lo que no solo conecta con el narcotráfico.

Justamente esta semana cinco fiscales federales avanzaron con detenciones que dejan al desnudo una formidable y sistemática maquinaria de blanqueo de dinero que tuvo eje en el puerto concesionado de Rosario. Y que muestra cómo empresarios y profesionales del establishment rosarino sacaron provecho con el traspaso de acciones hacia sociedades fantasma para lavar activos trasnacionales, promovidos por los adjudicatarios de la concesión de Terminal Puerto Rosario (TPR), la empresa Puerto de Tarragona. Su titular, Jordi Pujol i Ferrusola, tiene librado por esto un pedido de captura.

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«Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino», dijo Rosatti.

El presidente del máximo tribunal argentino hizo este discurso en la Cámara Federal de Rosario, donde le tomaron juramento al flamante camarista federal Florentino Malaponte, un ex fiscal y juez provincial rosarino que se suma desde este viernes a ese órgano. Rosatti declaró no conocer previamente a Malaponte. «Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la humildad y honestidad porque se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año», lo aconsejó.

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Antes de Rosatti, el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda resaltó la actividad de autodepuración ya que «hay dos jueces con prisión preventiva», en alusión a Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido, y Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de resoluciones, quien afrrontará un juicio político desde el próximo 6 de octubre.

Pineda justamente acaba de disponer, en un fallo controvertido que fue muy criticado por los fiscales federales, la suspensión del proceso que llevaba al juicio oral y público a Bailaque, por tres hechos de corrupción. El magistrado señala que no puede avanzar hasta que la Corte Suprema no defina si esos hechos se juzgan con el vigente código procesal federal que dispone oralidad en todas las etapas o con el anterior sistema escrito de tipo inquisitivo. Los fiscales le replicaron que decidió al menos erróneamente y que dispuso actos que nadie le había pedido.

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Rosatti recordó un encuentro de la Justicia Federal en Rosario durante 2022 para enviar un mensaje en la lucha contra el narcotráfico, y señaló que esa tarea enfrenta «un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel», porque ese sistema organizado «se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero y, como también se dijo muy bien aquí, con actitudes que probablemente no sean de colaboración, pero sí son de mirar para otro lado».

Justamente esto es lo que está encontrando novedades recientes con los procesos que incluyeron detenciones contra el empresario Leandro «Lelo» Pérez y especialmente con los hechos del Puerto de Rosario que sucedieron entre 2009 y 2020 sin que la Justicia Federal actuara, y que hoy están en revisión por un equipo de fiscales federales que actúan desde hace poco tiempo en la jurisdicción de Rosario.

En referencia al comercio urbano de drogas y la violencia, el titular de la Corte dijo: «Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado. Pero yo creo que falta mucho».

Rosatti declaró reconocimiento a los fiscales provinciales, a los jueces provinciales, a los fiscales federales y a los jueces federales de distinto grado que habían honrado el cargo. También indicó que agradecía a las autoridades políticas, a la corte local y al intendente, porque en el momento de máxima violencia en Rosario habían percibido que sin una respuesta institucional conjunta era muy difícil revertir la situación.

Pero el ministro dijo que también se debe enfocar el aspecto sombrío, «porque en ese evento de hace cuatro años dijimos «vamos a poner el reflector» y, cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro. Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso».

A Patricia Bullrich le voltearon la sesión que pretendía convocar para este jueves, entre el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, los senadores de la UCR y sus pares libertarios Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, unidos en la resistencia al proyecto de ley de Biocombustibles que se dictaminó la semana pasada.

Fuentes del Poder Ejecutivo comentaron a LPO que el gobierno rechaza las modificaciones negociadas por la jefa de la bancada de LLA en el Senado con los legisladores aliados. A la cabeza del bloqueo figura González, un funcionario dependiente del ministro Luis «Toto» Caputo.

También se agruparon en el rechazo los radicales de la provincia de La Pampa y Santa Fe, Daniel Kroneberger, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, pero se terminaron plegando el resto de sus colegas de bloque. «La UCR asumió una postura unificada hasta no arreglar por el tema de biodiésel», precisó una legisladora.

Y además, Patricia se encontró con la declaración de rebeldía de dos senadores de LLA. Los puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta se plantaron contra el proyecto porque la nueva regulación supone un perjuicio para las pymes del sector emplazadas en San Luis. «Es un gran daño para nuestra provincia», contestaron cerca de Arrascaeta.

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Con la falta de apoyo de los radicales, que son 10 en total, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto. Pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.

Por eso, Bullrich tuvo que optar por bajar la reunión de labor parlamentaria que pretendía para este miércoles, pese a que había tanteado a los aliados en una reunión que mantuvo con ellos el martes por la tarde y había salido confiada a comunicar que habría sesión esta semana.

Sin los radicales, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.

Fuentes del Congreso dijeron a LPO que González «no estuvo de acuerdo sobre cómo quedó el dictamen firmado en la Comisión de Minería y Energía por presión del sector del mercado del biodiesel, a pesar de haber sido acordado y trabajado durante muchos meses». Pero, además del lobby del biodiésel, habría llegado un pedido expreso desde la cartera de Caputo para que se baje el tratamiento.

Las empresas medianas vinculadas a la producción de aceite para el biodiesel se oponen a la iniciativa porque avizoran una pérdida de 10 mil puestos de empleo directos e indirectos para el sector.

Las senadoras Alejandra Vigo, Beatriz Avila, Flavia Royón y Carolina Moisés, comprometidas con el impulso del bioetanol por los intereses de sus provincias, intentaron hasta último momento rescatar la chance de llegar al recinto, pero tampoco pudieron lograrlo. Bullrich bajó la convocatoria hasta que se consensúen las modificaciones al dictamen, que había sido firmado en la comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por la salteña Royón, el último jueves.