La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que continúan abiertas las inscripciones para participar de las clases de la escuela de canotaje que se dictan de lunes a viernes de 16 a 18 horas en la Isla 58.
Los interesados deberán dirigirse con fotocopia del DNI al polideportivo Cumelen (Colón 107) de lunes a viernes en el horario de 8 a 13. Para consultas pueden comunicarse al celular 2984-651398.
Al igual que en otras 24 ciudades, Villa Regina fue, el pasado sábado, sede de la Noche de los Testeos, servicio de pruebas gratuitas, voluntarias y confidenciales de VIH. En comparación al 2019 la participación ascendió en un 50%. La campaña es organizada por AHF Argentina, ATTS (Asociación de Trans y Trabajdorxs Sexuales) en conjunto…
El Intendente Marcelo Orazi recorrió junto al Ministro de Salud de Río Negro Fabian Zgaib el vacunatorio que funciona en la Universidad Nacional de Río Negro. En el encuentro dialogaron sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 que se lleva adelante en Río Negro y especialmente en la ciudad y resaltaron la necesidad de…
La Justicia empezó a investigar la muerte del socio de Martín Menem como un homicidio y ordenó detener este lunes a una mujer sospechada de actuar como una «viuda negra».
LPO explicó que en el gobierno entraron en alerta tras la muerte del venezolano Daniel Osorio Peñaloza, gerente de la empresa de complementos dietarios GenTech, de Martín Menem.
La primera versión del fallecimiento, difundida por los propios colaboradores del riojano, era que el socio de Menem había muerto de un edema pulmonar. También habían revelado que el propio presidente de la Cámara de Diputados acudió al domicilio en Almagro donde estaba muerto Osorio aún antes de que llegaran el SAME y la Policía. Su celeridad, habían agregado en su entorno, se había debido a que manejó una moto.
Como esa versión despertó suspicacias, el propio Menem se encargó de aclarar en reiteradas ocasiones, al día siguiente de que se revelaron los sucesos, que él había llegado después que la Policía.
Pero la versión del edema pulmonar y la muerte en soledad del venezolano gerente no fue determinante para la Justicia, que de movida empezó a investigar un posible caso de homicidio.
Ahora, según reveló Clarín, en un operativo ordenado con suma reserva por la jueza Paula González y el fiscal Eduardo Cubría, la Policía de la Ciudad arrestó a Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, en José C. Paz.
La investigación criminal surgió ante testimonios surgidos del edificio y el contraste de imágenes de ingresos captadas por cámaras de seguridad.
Los videos de vigilancia, según Clarín, habrían ubicado a Olmedo en el edificio de Almagro, entre la madrugada del sábado 5 y el domingo 6. Y eso llevó a la orden de detención y a que el caso sea recategorizado de una «muerte dudosa» a la averiguación de un homicidio.
La mujer detenida había sido sobreseída en 2023 en una causa en la que la acusaban de un intento de asesinato con un arma.
La merluza es uno de los recursos principales de la economía regional por excelencia del Golfo San Matías y constituye para el pueblo argentino el producto de mar de mayor consumo. La gobernadora Arabela Carreras declaró la Emergencia Pesquera en el Golfo de San Matías por el término de un año, con el objetivo de…
El Instituto Crecer, hace años cuenta con un gran equipo de trabajo, que a cargo de su directora, Miriam Troncozo, apuesta a brindar herramientas para el acceso al mercado del trabajo. Dichas capacitaciones, están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y son de vital importancia para quienes quieran y necesiten insertarse en el mundo…
El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Una excepción que amenaza con convertirse en regla
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
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