La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que continúan abiertas las inscripciones para participar de las clases de la escuela de canotaje que se dictan de lunes a viernes de 16 a 18 horas en la Isla 58.
Los interesados deberán dirigirse con fotocopia del DNI al polideportivo Cumelen (Colón 107) de lunes a viernes en el horario de 8 a 13. Para consultas pueden comunicarse al celular 2984-651398.
La participación en el Concurso es gratuita y podrán participar estudiantes regulares de instituciones educativas de nivel medio, tanto privadas como públicas, de la Argentina. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre. Link de inscripción en la siguiente nota.
Desde mañana (miércoles 2) se podrán inscribir en el sistema de vacunación todas las personas de entre 50 y 59 años de edad que no presenten factores de riesgo y deseen recibir una dosis contra el COVID-19. Así lo confirmó la Gobernadora, Arabela Carreras. El jueves 3 llegarán a la provincia 33.600 dosis de Astrazeneca,…
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
El fuerte incremento de la participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo soberano de la Anses, en las principales empresas argentinas abrió preguntas en el mercado, que se preguntan los motivos de este giro «estatizador» del gobierno libertario. Sobre todo porque ocurre en medio del rally financiero, la remonetización que impulsa Luis Caputo y la necesidad oficial de conseguir más crédito sin volver a emitir pesos.
Los datos surgieron de las presentaciones que las empresas hicieron ante la SEC en Estados Unidos y fueron revelados por la periodista Florencia Donovan en La Nación. Galicia informó que la participación estatal en el grupo pasó de 16,8% a 22,5%. En Loma Negra de Mindlin saltó de 5,33% a 9,2%. En TGS avanzó de 24% a 25,33%. En Banco Macro pasó de 28,8% a 29,75%. En Byma trepó de 3,34% a 8%. Y en YPF la tenencia de acciones subió de 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado.
Detrás de esos números aparece un dato relevante. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 el FGS realizó compras de acciones por el equivalente a USD 1.426 millones al contado con liquidación. Más de la mitad de esas adquisiciones se concentraron en YPF. Otro 27% fue a Galicia. El resto se repartió entre once compañías.
El cuadro que publicó la consultora 1816 muestra la magnitud de las tenencias. Galicia representa hoy USD 1.507 millones valorizados al CCL dentro del FGS. Banco Macro otros USD 1.415 millones. YPF USD 1.362 millones. TGS USD 1.206 millones y Pampa Energía USD 1.048 millones. El FGS concentra así una porción decisiva de su cartera accionaria en bancos y energía. Justamente los sectores que el mercado cree que podrían liderar el próximo ciclo exportador argentino.
El FGS concentra una porción decisiva de su cartera accionaria en bancos y energía. Sectores que el mercado cree que podrían liderar el próximo ciclo exportador argentino.
En algunas mesas lo leen como una señal alcista para las acciones argentinas. Interpretan que el FGS está aprovechando precios todavía bajos para acumular equity en sectores estratégicos. «Cuando un jugador de este tamaño compra, manda una señal», resumió un operador bursátil.
La movida se produce en medio de las tensiones entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el manejo de la Anses, que reveló LPO.
Pero al mismo tiempo apareció una inquietud política. Varias empresas buscan recomprar parte de esas tenencias porque temen que, ante una eventual derrota de Milei en el 2027 y el regreso del peronismo, el Estado vuelva a ganar influencia dentro de los directorios.
La explicación que circula afuera tiene otra profundidad. Fuentes financieras de Wall Street hablan directamente de un «arbitraje temporal». La lógica es que el equity argentino sigue barato medido en dólares, sobre todo en minería, energía y utilities. Entonces el FGS compra hoy activos castigados con una estrategia de salida prácticamente definida de antemano. «Si sabés quién te va a comprar mañana y a qué precio, reducís muchísimo el riesgo», explicó a LPO una fuente que sigue la operatoria desde Nueva York.
Ahí aparece el concepto de «exit strategy». Financieramente implica una acumulación contracíclica con salida predefinida para capturar renta en moneda extranjera. En otras palabras, afuera ya hablan de promesas o pactos futuros sobre determinados activos argentinos. Como si el Estado estuviera juntando fichas antes de abrir la puerta de salida.
Wall Street hablan directamente de un «arbitraje temporal». La lógica es que el equity argentino sigue barato medido en dólares. Entonces el FGS compra hoy activos castigados con una estrategia de salida. «Si sabés quién te va a comprar mañana y a qué precio, reducís muchísimo el riesgo», explicó a LPO una fuente que sigue la operatoria desde Nueva York.
En Buenos Aires la versión es distinta. «Es espalda financiera para sostener la remonetización y expandir préstamos», dijo a LPO una fuente con acceso a despachos oficiales. El Gobierno necesita más pesos circulando sin volver a disparar la emisión y el FGS aparece como una caja capaz de empujar crédito y liquidez desde abajo.
El propio informe estadístico del FGS muestra otro movimiento interesante. El fondo pasó de 106,1 billones de pesos en diciembre de 2025 a 112,6 billones en marzo de 2026. El incremento fue de 6,1% trimestral. Pero quedó por debajo de la inflación acumulada del período, que rondó 9,4%.
Aun así, medido en dólares el panorama cambia. Según el informe oficial, si el stock en pesos, que representa el 83% de la cartera, se convirtiera al tipo de cambio oficial, el FGS equivaldría a USD 76.356 millones. Eso implicaría una suba de 9,7% en moneda dura. El fenómeno explica parte del entusiasmo oficial con la valorización financiera de la cartera.
La composición también se movió. Los títulos públicos nacionales siguen representando cerca del 77% del total del fondo, pero en acciones el FGS aumentó peso en energéticas y redujo participación relativa en servicios financieros respecto de 2024. Las principales posiciones incluyen Ternium, Banco Macro, Transener, Pampa, Galicia e YPF.
La consultora Delphos Investment calculó que el FGS ya representa cerca del 13% del mercado accionario argentino. Tiene participaciones en más de 40 compañías y posiciones especialmente fuertes en bancos, energía y utilities. También señaló que el 75,6% de los activos sigue invertido en títulos públicos del Tesoro y que la valorización reciente estuvo impulsada por el rally de bonos soberanos.
En paralelo, en las mesas financieras circula otra hipótesis: que el FGS use parte de la valorización de acciones para rotar hacia ON corporativas hard dollar. Ahí aparece otro arbitraje posible. Vender equity caro para comprar deuda privada con rendimientos del 7% al 9% en dólares y riesgo percibido menor al soberano argentino.
Van a usar el FGS para darle bid al mercado.
El comentario que más se escucha ni siquiera es técnico. «Van a usar el FGS para darle bid al mercado», dijo otro de los operadores consultados. Otros hablan de convertirlo en un comprador estructural de obligaciones negociables. La jugada ayudaría a financiar empresas, profundizar el mercado de capitales y evitar emisión monetaria directa.
La lista de compañías donde ese esquema podría apoyarse coincide casi perfectamente con las empresas donde la Anses ya tiene presencia relevante: Galicia, Supervielle, BBVA, Pampa, TGS, Edenor, Transener y otras firmas energéticas. El propio FGS ya tiene antecedentes de inversión en ON, fideicomisos, deuda privada y fondos corporativos.
Lo concreto es que Milei, que se construyó cuestionando la intervención estatal y el uso político de los fondos públicos; busca dólares, crédito y liquidez, parece utilizar al FGS como una pieza central de ese armado. Un actor que compra, sostiene precios y aumenta su participación en las empresas mientras el mercado mira la pantalla esperando descubrir cuál es, en realidad, el plan de salida.
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