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A fines del siglo XIX, cuando el Estado argentino todavía no había consolidado plenamente su dominio sobre el sur, potencias extranjeras, aventureros y proyectos independentistas imaginaron una Patagonia separada de Buenos Aires. Aunque hoy parezca una fantasía, existieron planes concretos que pudieron haber cambiado para siempre el mapa de Sudamérica.
Por Redacción de NLI
Cuando se observa un mapa de la Argentina, resulta fácil pensar que el enorme territorio patagónico siempre formó parte del país tal como hoy lo conocemos. Sin embargo, esa imagen proyecta hacia el pasado una realidad que recién comenzó a consolidarse en las últimas décadas del siglo XIX. Hasta entonces, inmensas extensiones al sur del río Negro escapaban al control efectivo del Estado nacional. Eran tierras habitadas por diversos pueblos originarios, recorridas por comerciantes, exploradores y militares, y observadas con creciente interés por las grandes potencias marítimas de la época. En ese contexto surgieron proyectos tan extravagantes como inquietantes: crear un país independiente en la Patagonia, establecer protectorados extranjeros o incluso convertir parte del territorio austral en una colonia europea.
Un territorio inmenso donde la soberanía todavía estaba en disputa
Durante buena parte del siglo XIX, la Patagonia era más una aspiración cartográfica que una realidad política. La Constitución de 1853 proclamaba la integridad territorial de la Confederación Argentina, pero el control efectivo sobre el extremo sur era muy limitado. Las ciudades eran escasas, las comunicaciones con Buenos Aires resultaban extremadamente lentas y el Estado apenas podía sostener algunos destacamentos militares en la frontera.
Esa situación era observada con atención por el Imperio Británico, por Chile y por distintas potencias europeas que comenzaban a mirar el Atlántico Sur como una región estratégica para el comercio mundial. Décadas antes de la apertura del Canal de Panamá, los barcos que unían los océanos Atlántico y Pacífico debían rodear el continente por el estrecho de Magallanes o el cabo de Hornos, convirtiendo a la Patagonia en una pieza geopolítica de enorme valor.
La debilidad institucional argentina alimentó numerosas especulaciones. Viajeros europeos describían aquellas tierras como un espacio «vacío», ignorando deliberadamente la presencia de comunidades indígenas que habitaban la región desde hacía siglos. Esa idea del «territorio desocupado» sirvió de argumento para justificar proyectos de colonización impulsados desde el exterior.
El extravagante «Reino de la Araucanía y la Patagonia»
Quizás el episodio más llamativo ocurrió en 1860, cuando el abogado francés Orélie Antoine de Tounens desembarcó en Sudamérica convencido de que podía fundar un nuevo reino. Tras establecer vínculos con algunos caciques mapuches del lado chileno de la cordillera, se proclamó «Rey de la Araucanía y la Patagonia», redactó una constitución, diseñó una bandera, creó símbolos nacionales y envió cartas a gobiernos europeos buscando reconocimiento diplomático.
Su proyecto combinaba ambición personal, oportunismo político y una lectura muy particular del contexto sudamericano. De Tounens sostenía que las naciones recién independizadas carecían de capacidad para administrar aquellos territorios y que una monarquía respaldada por Francia podría garantizar estabilidad y desarrollo. Aunque la iniciativa nunca obtuvo apoyo oficial de Napoleón III ni de ninguna potencia europea, despertó preocupación tanto en Argentina como en Chile porque evidenciaba hasta qué punto el vacío de poder podía ser aprovechado por actores externos.
Las autoridades chilenas terminaron deteniéndolo y declarándolo insano, pero el episodio dejó una enseñanza que trascendió al personaje. La Patagonia aparecía, desde la mirada europea, como un espacio susceptible de reorganización política. No era simplemente una aventura individual: reflejaba una época en la que las potencias coloniales redefinían fronteras en África, Asia y Oceanía, mientras América del Sur tampoco escapaba a esas disputas.
La consolidación del Estado argentino y una discusión que llega hasta el presente
Durante las décadas siguientes, la dirigencia argentina aceleró el proceso de ocupación efectiva del sur. La denominada Conquista del Desierto, encabezada por Julio Argentino Roca entre 1878 y 1885, permitió extender el control estatal sobre enormes territorios, aunque lo hizo mediante una campaña militar que provocó el desplazamiento forzado, la muerte y el sometimiento de miles de integrantes de pueblos originarios. Durante mucho tiempo ese proceso fue presentado exclusivamente como una gesta civilizadora; hoy la historiografía incorpora también las profundas consecuencias humanas, culturales y territoriales que tuvo para las comunidades indígenas.
Al mismo tiempo, comenzaron a fundarse nuevas localidades, se expandieron las líneas telegráficas, se impulsó la llegada de inmigrantes y se establecieron administraciones permanentes que fortalecieron la presencia estatal. El conflicto limítrofe con Chile continuó durante años y recién encontró una solución relativamente estable mediante acuerdos diplomáticos y arbitrajes internacionales, lo que terminó de consolidar la frontera austral.
Sin embargo, la historia demuestra que la soberanía nunca depende únicamente de un mapa. Requiere población, infraestructura, instituciones, inversión pública y una presencia constante del Estado. Esa enseñanza conserva plena vigencia en el siglo XXI. La Patagonia sigue siendo una de las regiones estratégicas más importantes del planeta por sus recursos hídricos, energéticos y minerales, por su cercanía con la Antártida y por el valor geopolítico del Atlántico Sur. En un contexto internacional donde las grandes potencias vuelven a disputar recursos críticos y corredores estratégicos, recordar aquellos proyectos que imaginaron una Patagonia separada de la Argentina deja de ser una simple curiosidad histórica para transformarse en una reflexión sobre el modo en que se construye y se sostiene la soberanía nacional.
La Patagonia nunca estuvo realmente destinada a convertirse en otro país, pero sí atravesó un período en el que esa posibilidad fue imaginada, discutida e incluso alentada por intereses externos. Conocer esa historia permite comprender que las fronteras no son hechos naturales e inmutables, sino el resultado de procesos políticos, conflictos, decisiones diplomáticas y proyectos de nación que se disputan a lo largo del tiempo. Es una lección que sigue interpelando a la Argentina cada vez que el debate sobre el desarrollo, la integración territorial o el control de sus recursos estratégicos vuelve al centro de la escena pública.
Patricia Bullrich está a punto de enfrentarse a una tormenta perfecta frente al posible rechazo de la ley de tierras en el Senado, por cumplir con los deseos de Karina Milei y chocar con la resistencia de Victoria Villarruel y los aliados. Fiel a su estilo, la jefa del bloque libertario convocó a una conferencia de prensa para este martes a las 16, con el objetivo de anunciar que el oficialismo accedió a ponerle un tope del 25 por ciento a la extranjerización de la tierra, un caramelo de madera para endulzar las resistencias aliadas.
Esa cifra fue solicitada por los aliados del gobierno en la última reunión por zoom que Patricia mantuvo con ellos, el viernes pasado, tal como informó LPO. Sin embargo, ambientalistas y opositores alertan sobre la trampa que escondería esa maniobra, que pretende camuflar como concesión el aumento del 15 al 25 por ciento del territorio enajenable después de haber espantado a la opinión pública con el texto original de la ley, que demolía casi todos los límites para la entrega del territorio nacional.
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, explicó que la ley vigente regula ese porcentaje para las jurisdicciones nacional, provincial y departamental, que es la realmente determinante en cuanto a la explotación de recursos; mientras que la nueva propuesta libertaria lo reduce a nivel nacional. «El departamental es el que importa porque ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva», dijo la funcionaria, y agregó que «sin ese límite, alcanza con controlar unos pocos departamentos para extranjerizar los recursos estratégicos sin alcanzar nunca el tope del 25 por ciento provincial».
Para ejemplificarlo, mencionó los casos de Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso, que constituyen «apenas el 4,5 por ciento de la superficie provincial de Neuquén, pero el departamento de Los Lagos casi entero». «Con el 25 por ciento provincial, esa zona se podría extranjerizar de forma totalmente legal», advirtió.
Esos argumentos permean las filas de los bloques que suelen acompañar a los libertarios en las votaciones. Así, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, complicó al jefe de la bancada radical en el Senado, Eduardo Vischi, en el equilibrio que aspiraba a sostener para que la resistencia de un sector de su bloque pase desapercibida.
A través de un comunicado del Comité Nacional, el intendente de Venado Tuerto le marcó la cancha al bloque radical, que amaga con partirse a la hora de la votación que podría darse este jueves en el Senado. «La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra», dice el texto de la UCR, y advierte que el proyecto «compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país».
El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, pidió votar contra la ley de tierras y le complicó al jefe de la bancada radical en el Senado, Eduardo Vischi, el equilibrio que aspiraba a sostener para que la resistencia de un sector de su bloque pase desapercibida. Chiarella cuenta con el respaldo del gobernador Maxi Pullaro de Santa Fe.
Chiarella cuenta con el apoyo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien hasta posó en una selfie con el jefe municipal de Venado Tuerto el sábado, un día antes que estallara el escándalo por la orden del Ministerio de Seguridad provincial para que la hinchada de Newell’s Old Boys de Rosario retire una bandera contra la ley de tierras. «Las tierras no se venden, las tierras se defienden», decía la consigna colgada en la tribuna de «los leprosos».
El gobernador Pullaro y el presidente de la UCR, Lionel Chiarella.
El acto de censura dejó mal parado a Pullaro, que ya venía incómodo con la discusión y padece la rivalidad de Carolina Losada y Carlos Galaretto, los dos senadores radicales que no le responden y parecen inclinarse por el voto positivo. La legisladora ya se manifestó a favor de la iniciativa y su colega todavía guarda reserva sobre su postura.
Los tres integrantes del bloque de la UCR que estaban en contra del proyecto hasta la última sesión eran Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Al cierre de esta nota, la Casa Rosada aspiraba que al menos uno de ellos estuviera ausente, con parte de enfermo.
Un legislador que se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en los últimos días le dijo a LPO que los tres admitían que no es momento para votar la extranjerización de la tierra.
Con todo, la cosecha de respaldos se presenta poco auspiciosa para el gobierno. Un legislador que se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en los últimos días le dijo a LPO que los tres admitían que «no es momento» para votar la extranjerización de la tierra.
Sáenz cuenta con la presencia de Flavia Royón en el recinto, quien dio quórum en la última sesión pero se resistía a votar con el oficialismo un día después de la semifinal que Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial de Fútbol.
Los senadores Vischy, Royon y Bullrich.
Por su parte, Jaldo aporta la voluntad de Sandra Mendoza en el bloque de Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés y Guillermo Andrada, y se escuda en que ese trío tiene un dictamen de rechazo a la ley. No piensa mandar a su senadora a votar a favor, dijeron a LPO. La misma excusa tendría Jalil, quien tiene ascendencia sobre Moisés y Andrada.
La presión podría recaer sobre la tucumana Beatriz Ávila, que rebautizó su monobloque como Independencia recientemente, pero el gobernador de su provincia se habría tentado con la posibilidad de dejarla en libertad de acción.
A la incomodidad de los radicales, Jaldo, Jalil y Sáenz, habría que sumar la negativa de Andrea Cristina, senadora por el PRO, y Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut. Ambas responden al gobernador Ignacio Torres y se resisten a votar el capítulo de tierras.
Lo curioso es que el proyecto ya acredita 16 versiones distintas, corregidas por fuera del debate en comisiones sobre un dictamen original que ya nadie recuerda. Para colmo, según confió una fuente del Congreso, los senadores que se prestaron al zoom con Patricia se conectaron, sobre el final de sus vacaciones, comentando entre sí que ponían la cara frente a la pantalla pero dudaban que estuvieran los votos.
A la incomodidad de los radicales, Jaldo, Jalil y Sáenz, habría que sumar la negativa de Andrea Cristina, senadora por el PRO, y Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut. Ambas responden al gobernador Ignacio Torres y se resisten a votar el capítulo de tierras.
La senadora chubutense Edith Terenzi.
En la misma sintonía se encuentran los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, tal como informó LPO. Rojas Decut habría quedado del lado de Hugo Passalaqcua en la pelea del gobernador de su provincia con Carlos Rovira, mientras que Arce mantiene su lealtad al jefe territorial pero no recibió indicaciones suyas para votar a favor.
Un caso aparte sería el de Julieta Corroza, senadora por Neuquén cuyos votos traducen las instrucciones de Rolando Figueroa, uno de los gobernadores más pegados a Javier Milei. Este lunes, el neuquino comunicó que la Legislatura de su provincia sancionaría un proyecto para evitar que las tierras de su pago terminen en manos extranjeras, lo contrario a lo que promueve la ley de Federico Sturzenegger.
A esta altura, Bullrich apuesta todo a convencer a los aliados con la conferencia de prensa, pese a que la jugada parece una especie de fuga hacia adelante bajo la exigencia de Karina Milei para asumir un encargo de muy difícil concreción. «Karina la manda a Patricia a inmolarse y Villarruel prende velas para que la votación termine 35 a 35 y que sea ella quien tenga que desempatar contra el gobierno», dijo una fuente que intentó persuadir a Bullrich para que sacara el capítulo de la discordia.
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