La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina renueva la oferta de emprendedores gastronómicos que ofrecen panificación y pastelería artesanal los fines de semana de 14 a 18 horas.
Música, dulzura y un café calentito para disfrutar el Paseo del Arroyo y la postal única que brinda la barda norte.
En esta oportunidad, acompañarán en ‘Tardes Dulces’:
-El sábado 31 ‘Dulce Sabor’ de la mano de Marlen Arrieta con variedad de opciones dulces y saladas (tartitas, pasta frola, alfajores, torta de 80 golpes)
– El domingo 1 de agosto estará Mariela Landaeta con pastelería artesanal.
La Dirección de Turismo invita a los interesados en exponer sus productos a comunicarse al 2984 904350 para conocer los requisitos y a los vecinos a acompañar y probar las delicias reginenses.
La crisis del Pami se expande en las prestaciones odontológicas, que permanecen suspendidas desde lunes y hasta el miércoles a raíz de un paro de los profesionales del sector que denuncian una retribución insostenible y deudas que se arrastran de 2025.
«Las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado», señalaron en un comunicado desde la Asociación de Profesionales Appamia, que apuntaron directamente contra la conducción del organismo, a cargo de Esteban Leguizamo.
Los odontólogos denunciaron una interrupción en la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde febrero, además de demoras en la devolución de montos por prótesis brindadas a afiliados, sumas que habían sido adelantadas por los profesionales desde diciembre de 2025.
Otro factor determinante del paro es el monto irrisorio que éstos profesionales cobran por cápita. «Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención», dijo a Radio Provincia Fernanda Scoccia, secretaria de Appamia.
Frente a eso, advirtieron que el paro responde al «agotamiento y falta de respuesta coherente y viable» por parte de las autoridades de la obra social.
Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención
Desde el año pasado, la ausencia de prestaciones provocaron una avalancha de demandas en la Justicia por parte de afiliados del Pami. Pero, ahora, el agravamiento de la situación empieza a desatar presentaciones judiciales de sanatorios que denuncian que los convenios con Pami los están fundiendo.
Por caso, días atrás la clínica Cemeda de Olavarría, que atiende 2.118 afiliados del Pami, interpuso un amparo contra el Pami a fin de que se ordene la designación de un nuevo prestador que asuma la cápita actualmente correspondiente a Cemeda.
Según consta en la presentación a la que tuvo acceso LPO, en Cemeda ya habían presentado en febrero último una carta a las autoridades del Pami en la que denunciaron que «las condiciones económicas del contrato jamás resultaron favorables para Cemeda, que debió continuar la prestación de los servicios bajo un valor de cápita absolutamente depreciado».
En el sanatorio acusaron que el valor de la cápita «en modo alguno acompañó el proceso inflacionario generalizado», lo que comprometió «seriamente la vialidad económica de la clínica».
En la clínica Cemeda de Olavarría alertan que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».
Y agregaron: «Los montos que el instituto abona por la cápita asignada y por las prestaciones moduladas resultan insuficientes para cubrir los honorarios de los médicos especialistas, quienes se niegan sistemáticamente a prestar servicios a los valores vigentes».
Así, alertó que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».
La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.
Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».
Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.
Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.
Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».
Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.
Belén Agudiez.
Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.
Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.
De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.
No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.
La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.
La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.
Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».
Pagano reclama al juzgado que dicte una medida cautelar urgente para suspender el proceso de adjudicación de la licitación, que ordene el secuestro y resguardo del expediente administrativo completo de la licitación denunciada y que trabe las medidas cautelares patrimoniales que correspondan sobre los bienes de los eventuales imputados, en los términos del artículo 23 del Código Penal y normas procesales aplicables.
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Martín Menem y Gabriel Bornoroni admitían este viernes en voz baja que todavía no tienen los votos para sancionar el Tratado en Materia de Patentes de Medicamentos (PCT, por su sigla en inglés), pese a que el proyecto obtuvo dictamen de mayoría el pasado 12 de mayo, el mismo día que Santiago Caputo se encontraba en Estados Unidos escuchando los reclamos de Washington que siempre tiene este tema al tope de su agenda biilateral.
Dos diputados libertarios dijeron a LPO que uno de los factores que alimentó el Rufusgate, el escándalo en redes sociales con una cuenta de los asesores del riojano usada para criticar al joven consultor, Luis Caputo y Patricia Bullrich, fue precisamente la demora para convertir el tratado en ley. «Caputo fue a poner la cara en Washington pero Menem no avanza en Diputados, por eso explotó todo en las redes», explicaron.
En efecto, Santiago pudo percibir en Estados Unidos el fastidio de Washington por la reserva del capítulo 2 del PCT, un fragmento de la norma que habilita los patentamientos vía exámenes internacionales y que fue vetado por CILFA, comandada por el empresario Hugo Sigman.
No fue casual que durante el debate en comisiones, cinco legisladores del PRO firmaran el despacho de mayoría en disidencia y que el lilito Maximiliano Ferraro, hombre de Elisa Carrió en la Cámara Baja, tildara a Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y su jefe, Federico Sturzenegger, como «los desreguladores más locos del mundo». Ferraro corrió por derecha a los libertarios y presentó un dictamen de minoría sin la reserva del capítulo 2, habilitando el «examen de patentabilidad» a nivel internacional.
Los apoyos que el gobierno reunió esa tarde, mientras Caputo escuchaba los reproches de los estadounidenses, fueron de los miembros del oficialismo, la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los macristas Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri respaldaron pero se diferenciaron de la propuesta de Cacace.
La discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo.
Si en verdad los libertarios no juntan 129 voluntades, sería por las disidencias del PRO. La bancada de Cristian Ritondo cuenta con 12 integrantes.
Santiago Caputo.
LPO informó que la discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo en abril como carta de negociación con el gobierno de Donald Trump por el acuerdo de los aranceles que impugnó la Corte Suprema norteamericana.
Por lo demás, Cacace cedió a las presiones de los laboratorios locales y negoció con los legisladores aliados la reserva del capítulo 2, durante el simposio «Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre», organizado por la RAP (Red de Acción Política) con la Universidad de Harvard y el MIT entre el 12 y el 17 de abril. Cerca del ex diputado radical indican que «la Oficina de Patentes (OMPI) prefiere que no haya reserva porque ningún país, a excepción de Uruguay, la tiene pero hay una comprensión del proceso político también y de que eso era necesario para que el tratado pueda avanzar».
El gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia.
Sin embargo, un diputado libertario confesó ante LPO que «el gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia».
La referencia al presidente radical derrocado en 1966, entre otras cosas, por su pelea con la industria farmacéutica fue un tópico que incluso le recordó el peronista Agustón Rossi a Cacace, durante el debate en comisiones. El santafecino mencionó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, con el propósito de desmontar las regulaciones que había implementado Arturo Oñativia, ministro de Salud de Illia.
El desorden actual es tan profundo que un libertario comentó que el embajador Peter Lamelas se comunicó con Javier Milei para hablar de las patentes pero el presidente argentino ignoraba el tema. Como en otras áreas o iniciativas, el Jefe de Estado delegó el asunto en su hermana Karina.
Y como en tantos otros temas, mientras el asesor hablaba del tema en Washington, la secretaria general de la Presidencia dejó la suerte del proyecto en manos de Menem.
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