Continúa ‘Tardes Dulces’ en la Oficina de Turismo

Continúa ‘Tardes Dulces’ en la Oficina de Turismo

Continúa ‘Tardes Dulces’ en la Oficina de Turismo

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina renueva la oferta de emprendedores gastronómicos que ofrecen panificación y pastelería artesanal los fines de semana de 14 a 18 horas.

Música, dulzura y un café calentito para disfrutar el Paseo del Arroyo y la postal única que brinda la barda norte.

En esta oportunidad, acompañarán en ‘Tardes Dulces’:

-El sábado 31 ‘Dulce Sabor’ de la mano de Marlen Arrieta con variedad de opciones dulces y saladas (tartitas, pasta frola, alfajores, torta de 80 golpes)

– El domingo 1 de agosto estará Mariela Landaeta con pastelería artesanal.

La Dirección de Turismo invita a los interesados en exponer sus productos a comunicarse al 2984 904350 para conocer los requisitos y a los vecinos a acompañar y probar las delicias reginenses.

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  • Se desacelera un poco la inflación en Córdoba, pero se derrumba el consumo

     

     La inflación se desacelera al 1,8%, pero el consumo minorista se derrumbó 22% interanual en Córdoba y la rentabilidad de los comercios cayó 26%. Apenas el 10% de los comerciantes cumplió sus expectativas y ya hay 458 mil cordobeses en mora. El 88,7% de los hogares tuvo que financiar alimentos.

    Los comercios venden menos, ganan menos, los consumidores compran menos y una porción cada vez mayor de los hogares necesita recurrir al crédito, al fiado o al préstamo para sostener los gastos cotidianos. 

    Esos son los datos de la economía doméstica de Córdoba, una foto que incomoda a los libertarios en su bastión. Los números de agosto de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) son contundentes. Las ventas minoristas medidas en unidades cayeron 22% interanual, mientras que la rentabilidad se desplomó 26% respecto de agosto de 2025. 

    No hay recuperación a la vista: el deterioro se aceleró incluso dentro del propio año. En comparación con julio, las ventas bajaron otro 11% y la rentabilidad se hundió 19%.La secuencia es significativa. En julio, la caída interanual había sido del 14% en unidades y del 12% en rentabilidad. En agosto, ambas variables prácticamente duplicaron su retroceso.

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    El dato más elocuente sobre el ánimo empresario es que sólo el 10% de los comerciantes consultados logró cumplir las expectativas que tenía para el mes.El ticket promedio, mientras tanto, subió de $135.120 en julio a $173.200 en agosto. 

    Pero el aumento del monto gastado por operación no representa una recuperación del consumo. Por el contrario, convive con una fuerte caída en la cantidad de unidades vendidas y refleja, en buena medida, el efecto de los precios sobre una canasta de compras cada vez más restringida.

    El escenario resulta particularmente llamativo porque la inflación no está acelerándose. El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), del Centro de Almaceneros de Córdoba, registró una inflación del 1,8% en agosto, por debajo del 2,1% de julio. En los primeros ocho meses del año acumuló 21,4% y la inflación interanual llegó al 33,3%. Para todo 2026, el instituto mantiene una proyección del 31,5%.

    No hay recuperación a la vista: el deterioro se aceleró incluso dentro del propio año. En comparación con julio, las ventas bajaron otro 11% y la rentabilidad se hundió 19%.La secuencia es significativa. En julio, la caída interanual había sido del 14% en unidades y del 12% en rentabilidad. En agosto, ambas variables prácticamente duplicaron su retroceso.

    Los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros de mayor peso en el consumo familiar, aumentaron 1,6% durante agosto. Pero la desaceleración de los precios todavía no alcanza para recomponer el bolsillo. 

    La Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 22,6% en ocho meses y del 36,4% interanual.Una familia tipo necesitó en agosto $2.034.194 para no caer por debajo de la línea de pobreza y $1.108.074 para cubrir los alimentos básicos y superar la línea de indigencia.

    Es allí donde aparece el segundo problema: cuando el ingreso no alcanza, el consumo no desaparece. Se financia. De hecho, los últimos datos de la Central de Deudores del Banco Central procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) muestran que 458.148 cordobeses se encuentran actualmente en mora con bancos y otras entidades. La cifra equivale al 16% de la población adulta de la provincia y viene creciendo de manera sostenida desde abril. En ese mes había 435.427 personas en mora. 

    Los últimos datos de la Central de Deudores del Banco Central procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) muestran que 458.148 cordobeses se encuentran actualmente en mora con bancos y otras entidades. La cifra equivale al 16% de la población adulta de la provincia y viene creciendo de manera sostenida desde abril. En ese mes había 435.427 personas en mora

    En mayo fueron 441.145, en junio 450.431 y en julio llegaron a 458.148. Más de 22.700 deudores adicionales en apenas cuatro meses.La deuda promedio en mora alcanza los $590.000 por persona, mientras que el pasivo total supera los $42.839 millones.Dentro de ese universo hay 71.871 personas cuyas deudas fueron derivadas al denominado mercado secundario: créditos con atrasos superiores al año que las entidades originales consideran incobrables y venden a estudios jurídicos, empresas de cobranzas o fideicomisos para intentar recuperar parte del dinero. 

    El fenómeno no es exclusivamente cordobés. A nivel nacional, la mora de los créditos destinados a los hogares pasó del 12,77% al 12,94% entre junio y julio.La explicación tiene además una segunda pata: el crédito dejó de expandirse este año. Es decir, mientras crece la cantidad de personas con dificultades para pagar sus obligaciones, también se achica el financiamiento disponible.Los datos sociales del Centro de Almaceneros terminan de cerrar el círculo. 

    Durante agosto, el 88,7% de los hogares declaró haber tenido que financiar alimentos. El 38,7% recurrió al fiado en comercios cercanos y el 37,3% utilizó tarjeta de crédito. Otro 12,7% tuvo que comprar alimentos con dinero prestado. Sólo el 9,3% de los hogares dijo no haber necesitado financiar su alimentación.

    La consecuencia es que el endeudamiento dejó de ser una herramienta asociada exclusivamente a la compra de bienes durables. La deuda empieza a funcionar como sustituto del ingreso. El 28% de los hogares pidió dinero prestado durante agosto para afrontar gastos básicos. 

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    El principal destino fue la compra de alimentos.Y la fragilidad financiera es todavía más evidente frente a un imprevisto: el 51% de los hogares no podría afrontar un gasto extraordinario de $150.000. Otro 40% tendría que pedir dinero prestado. El 61% asegura, además, que si perdiera repentinamente sus ingresos podría sostener sus gastos durante menos de una semana. 

    La foto de la economía cordobesa empieza así a componerse de varios indicadores que apuntan en la misma dirección: 22% menos de unidades vendidas, 26% menos de rentabilidad, 19% menos de rentabilidad en apenas un mes, apenas 10% de comerciantes cumpliendo sus expectativas, 458 mil personas en mora y casi nueve de cada diez hogares financiando la comida. La inflación baja, pero el consumo no despega. El crédito no se expande, pero la deuda crece. Los tickets aumentan, pero se venden menos unidades.

     

  • Se complica la situación del vice de Juez en la causa por estafa al Pami Río Cuarto

     

    A pesar de los intentos de Luis Juez y Gabriel Bornoroni por correrlo del centro de las sospechas, cada vez más comprometida es la situación judicial de Marcos Carasso en la causa que investiga una sobrefacturación por hasta 1.400 millones en perjuicio del Pami Río Cuarto.

    Imputado por tráfico de influencias, el ex compañero de fórmula de Juez es investigado a partir de llamados que pueden llegar a sugerir un rol de intermediario entre la empresa prestadora de servicios que infló los números y un tercer actor en el Estado aún no identificado.

    Según detalló el portal Jornada Política, registros de comunicaciones telefónicas demostrarían que Carasso atendió y canalizó pedidos de los empresarios procesados en la causa, Pablo Adzich y Gonzalo Lima.

    Juez dijo que su testimonial sería «absolutamente esclarecedora». Sin embargo, en la Justicia relativizaron su incidencia y ven a Carasso cada vez más complicado

    Concretamente, la causa investiga sobrefacturaciones de la firma Ethical Salud, prestadora de servicios de rehabilitación, desde mediados de 2024 a septiembre de 2025.

    Lo curioso es que, mientras la Justicia Federal avanza con la investigación, la delegación de Pami Río Cuarto que controla el hombre de Karina Milei en Córdoba, el diputado nacional Gabriel Bornoroni, no se presentó como querellante, a pesar de ser damnificada directa.

    El Pami Río Cuarto que controla Bornoroni no se presentó como querellante a pesar de ser la principal damnificada.

    En paralelo, días atrás Luis Juez se presentó como testigo en la causa buscando correrlo de escena a su ex compañero de fórmula. «Carasso es un tipo honorable, decente», sostuvo el senador nacional, que dijo que su testimonial sería «absolutamente esclarecedora».

    Sin embargo, en los pasillos judiciales minimizaron al extremo la incidencia de la declaración de Juez sobre el futuro de la causa en la que están imputados por asociación ilícita y defraudación al Estado Pablo Adzich, presidente de la Cámara de Internación Domiciliaria de Córdoba; Gonzalo Lima, gerente de Ethical Salud y Lucas Kurilkowich, responsable de rehabilitación de Ethical en Río Cuarto.

    Imputan al vice de Juez por sobrefacturar 1400 millones en el Pami 

    Fuentes judiciales señalaron que, a futuro, la investigación buscará dilucidar el rol que tuvo Carasso y si tuvo una participación activa en el fraude. En ese punto, hay quienes no descartan que aparezcan nuevos elementos en su contra.

     

  • Feria especial ‘Mujeres líderes’

    La Dirección de Turismo y el Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina invitan a visitar el próximo domingo 7 la Feria especial ‘Mujeres líderes’  con participación exclusiva de mujeres emprendedoras de la ciudad. La misma, como es habitual, se desarrollará en las casitas de los artesanos, en la Plaza Primeros Pobladores,…

  • Procesan a las funcionarias de la causa fantanilo y complican la situación de Lugones

     

    El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga unas 90 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo.

    El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.

    Para la investigación penal, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales».

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    «A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.

    En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.

    Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».

    Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».

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    Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.

    Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.

    En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.

    En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.

    Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».

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    Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.

    En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.

    A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».

    Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.

    El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».

    El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.

    No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.

     

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