La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina renueva la oferta de emprendedores gastronómicos que ofrecen panificación y pastelería artesanal los fines de semana de 14 a 18 horas.
Música, dulzura y un café calentito para disfrutar el Paseo del Arroyo y la postal única que brinda la barda norte.
En esta oportunidad, acompañarán en ‘Tardes Dulces’:
-El sábado 31 ‘Dulce Sabor’ de la mano de Marlen Arrieta con variedad de opciones dulces y saladas (tartitas, pasta frola, alfajores, torta de 80 golpes)
– El domingo 1 de agosto estará Mariela Landaeta con pastelería artesanal.
La Dirección de Turismo invita a los interesados en exponer sus productos a comunicarse al 2984 904350 para conocer los requisitos y a los vecinos a acompañar y probar las delicias reginenses.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que obtuvo media sanción en Diputados esconde entre los artículos destinados a garantizar su supuesta independencia, una modificación de enorme alcance: habilita expresamente al BCRA a poner las reservas como garantía para conseguir financiamiento en el exterior.
La nueva norma abre la puerta a respaldar préstamos, repos y otras operaciones financieras con oro, divisas y activos líquidos que forman parte de las reservas. El cambio está contenido en el artículo que sustituye el actual artículo 33 de la Carta Orgánica. «Metieron el artículo, entre otras cosas, para blanquear la operación con el oro que nunca aclararon», afirmó a LPO un experimentado operador del mercado.
Hasta ahora, la ley establecía que el Central puede mantener parte de sus activos externos en depósitos, operaciones a interés en bancos del exterior o papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o moneda extranjera. La reforma amplía de manera considerable ese menú y, sobre todo, agrega una facultad decisiva: esos activos podrán utilizarse como garantía en operaciones propias de banca central.
La modificación abarca un universo amplio. Incluye oro, divisas y activos financieros líquidos. Al mismo tiempo, incorpora dentro de la Carta Orgánica la inembargabilidad de los bienes que integran las reservas, una protección que hasta ahora estaba contemplada en el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad.
Es decir, las reservas quedan protegidas frente a embargos de terceros, pero el propio Central queda habilitado para ofrecerlas voluntariamente como garantía de sus operaciones financieras.
Metieron el artículo, entre otras cosas, para blanquear la operación con el oro que nunca aclararon.
La reforma no se agota ahí. Otro artículo busca ampliar las fuentes de financiamiento a las que puede recurrir el BCRA e incorporar a bancos internacionales privados entre las contrapartes de las que puede tomar préstamos. Y también busca sacar del camino restricciones legales para los contratos financieros internacionales, de manera de permitir acuerdos bajo las condiciones habituales del mercado internacional.
El paquete encaja como las piezas de un rompecabezas: el Central puede endeudarse con más actores, puede firmar contratos bajo estándares internacionales de banca privada y puede garantizar esas operaciones con activos de sus reservas, sin requerir autorización del poder legislativo. Ese es el punto clave.
El punto tiene una derivación especialmente sensible. Una parte de las reservas brutas del Banco Central tiene como contrapartida los encajes correspondientes a depósitos en dólares del sistema financiero.Dentro de las reservas aparecen divisas originadas en los requisitos de efectivo mínimo que los bancos integran en el BCRA sobre depósitos de sus clientes.
El libertario Santiago Pauli.
La reforma no distingue en esa autorización entre reserva . En los hechos, habilita una arquitectura donde activos que respaldan obligaciones del BCRA pueden quedar afectados a operaciones de financiamiento externo.
La nueva norma también parece escrita a la medida de una operación que ya generó una fuerte controversia: el traslado del oro de las reservas al exterior. La historia del oro es una de las operaciones más opacas del Banco Central. Como reveló LPO, los lingotes comenzaron a salir del país en vuelos comerciales y en plena madrugada, en operativos que no fueron informados oficialmente.
La Bancaria detectó envíos realizados a través de la transportadora Loomis y British Airways. El Gobierno primero negó la maniobra y recién después Luis Caputo reconoció que el oro había sido trasladado al exterior para obtener un rendimiento.
Pero ni Caputo ni Santiago Bausili explicaron oficialmente cuánto oro salió, dónde quedó depositado, bajo qué contratos ni qué operación financiera respaldaba.
La historia del oro es una de las operaciones más opacas del Banco Central. Los lingotes salieron del país en plena madrugada, en operativos que no fueron informados. La Bancaria detectó envíos a través de Loomis y British Airways. El Gobierno primero negó la maniobra y después Luis Caputo reconoció que el oro había sido trasladado al exterior, pero nunca explicaron cuánto oro salió, dónde quedó depositado y bajo qué contratos.
Otra cuestión para nada menor, que se desprende del artículo 13, es que el Banco Central puede realizar operaciones de endeudamiento externo sin necesidad de pasar por el Congreso.
El artículo 13 de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue el que encendió la discusión en Diputados. La tensión explotó durante la votación en particular. El oficialista Santiago Pauli pidió votar el proyecto por títulos y no artículo por artículo. Germán Martínez reclamó que los puntos más sensibles se pudieran votarse de manera separada y chocó directamente con Martín Menem.
«No tenés palabra», le lanzó el jefe del bloque peronista al presidente de la Cámara. Menem respondió: «Conmigo no». Martínez redobló: «Bajá el dedito que no te da». La discusión escaló a los gritos. Tuvo que intervenir Cristian Ritondo para destrabar el conflicto.
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
El reginense Miguel Corsi, competirá en el panamericano de judo para veteranos durante el 18 y 19 de agosto en el mismísimo Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard) y no sólo nos representará a nosotros, los oriundos de Villa Regina, sino también a Río Negro, la Patagonia y toda la Argentina. El judoca de Villa…
En el Reino Unido le restaron importancia al discurso de Javier Milei sobre las Islas Malvinas y lo atribuyeron a los problemas de la economía argentina.
En una declaración de rigor, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que las Malvinas «son británicas» porque los habitantes de los habitantes de las islas «eligen ser británicos». Es el argumento histórico de Londres para mantener la ocupación, aunque se trata de una población implantada.
Pero Streeting también lanzó una frase más ácida y sugirió que Milei busca tapar los problemas de la gestión subiéndose a la causa Malvinas. «La declaración de Milei nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas», planteó.
Mucho más directo y picante fue el parlamentario laborista James MacCleary, que habló del «fracaso» del gobierno libertario. «Debemos permanecer unidos para rechazar estas amenazas imprudentes y peligrosas de Milei. No es más que un tigre de papel que intenta desviar la atención de sus propios fracasos internos y no nos asusta», sostuvo el parlamentario.
Por su parte, el canciller británico, Ed Miliband, mantuvo la diplomacia y dijo que «la posición del Reino Unido sobre las Malvinas es inquebrantable». «Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños», señaló.
Como explicó LPO, el giro total de Milei con el tema Malvinas, luego de cansarse de criticar la política kirchnerista de bloqueo de las actividades petroleras que ahora prometió profundizar, es difícil de escindir de los problemas del plan económico que no logra mejorar la situación de buena parte de los argentinos.
Hay palabras que se retraen, que se niegan, porque tienen demasiado significado para nuestros oídos cansados de palabras. José Saramago ¿Cuánto vale una palabra? El valor de una letra que se atreve a unirse a otra… Quizás se forme una palabra con dos letras, y entonces aparece un ah. Sí, el asombro…
La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de general roca anunció la conformación del espacio productores cannábicos del valle, una subcomisión centrada en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial El contexto nacional con la media sanción en senadores al proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción,…
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