El Intendente Marcelo Orazi obtuvo la aprobación de la construcción de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) perteneciente al programa Red de Infraestructura del Cuidado que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En este sentido el Gobierno Nacional evaluó el nivel de factibilidad de lotes y servicios que provee el Municipio y financiará la construcción de los espacios con una superficie de 220 metros cuadrados que podrán albergar a casi 50 niños y niñas para asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.
El municipio será el responsable de solventar y garantizar la sostenibilidad con presupuesto propio y contar con los recursos humanos necesarios para su operatividad y mantenimiento.
Recordemos que en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante el Intendente Orazi había adelantado que en Villa Regina se iba a construir uno de los 300 CDI anunciados por el Gobierno Nacional, con una inversión estimada de $33 millones.
Este sábado a partir de las 21 horas llega al Galpón de las Artes ‘La Corredora’, una comedia dramática, unipersonal, protagonizada por Ana Muzzin, basada en un texto de Fabián Díaz, dirigida por Nicolás Caminti, con producción de Escena Urgente. La obra es en el marco del ciclo ‘Desde el Galpón’ de la Dirección de…
La primera jornada de festejos por el 97° aniversario de Villa Regina fue un éxito: el anfiteatro Cono Randazzo estuvo a pleno con la Peña aniversario y también fueron convocantes otros espacios, como el paseo gastronómico y el predio ferial. El Intendente Marcelo Orazi participó de la degustación de productos de mar organizado por la…
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A través del Decreto 173/21, la Municipalidad de Villa Regina otorga plazo hasta el 29 de diciembre de este año a los familiares de los fallecidos que figuran en el listado que se adjunta en la publicación a fin de que den a los restos un destino diferente en los términos del artículo 211 de…
Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.
Un decreto para vaciar una ley
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.
Salarios licuados y derechos vulnerados
El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.
En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.
El falso argumento del “ahorro fiscal”
La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.
En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.
Un límite judicial al ajuste
Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.
La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.
La muerte de la enfermera Mariela Romero del Hospital de Villa Regina comenzará a ser investigada, tal como lo pidieron los gremios ATE y Upcn, para determinar responsabilidades en la atención que recibió. Al momento de escribir este artículo el ministro de salud Fabián Zgaib no brindó precisiones del caso encontrándose a la espera del informe oficial del Hospital…
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