Concurso de vidrieras 42° Fiesta Provincial de la Vendimia

 

 Luis Alberto Arce Catacora fue detenido  el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el caso Fondo Indígena, uno de los procesos de corrupción más emblemáticos del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Según publica el medio boliviano El Deber, la Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que Arce es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en su condición de exministro de Economía y miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

El ex presidente fue aprehendido en la zona de Sopocachi y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde presta declaración ante una comisión de fiscales de la unidad anticorrupción.

 Según el Ministerio Público, la aprehensión responde a la existencia de suficientes indicios sobre su participación en decisiones que habrían generado un daño económico al Estado.

 Paz rompe con el vicepresidente y sufre su primera crisis en Bolivia 

De acuerdo con la orden de aprehensión, firmada por el fiscal Miguel Ángel Cardozo Ramírez, Arce habría promovido la ejecución de proyectos mediante transferencias público-privadas que no estaban autorizadas por la normativa vigente en ese momento, lo que configuraría una conducta antieconómica y el incumplimiento de sus deberes como autoridad.

La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que Arce es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en su condición de exministro de Economía y miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario

La investigación se centra, entre otros hechos, en la aprobación de un proyecto presentado por la entonces dirigente campesina y exdiputada Lidia Patty Mullisaca, quien recibió en 2010 recursos del estado  para la construcción de invernaderos en comunidades de la provincia Bautista Saavedra, en el departamento de La Paz. 

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.

Según la Fiscalía, el proyecto fue aprobado pese a contar con documentación incompleta, observaciones técnicas y deficiencias en los listados de beneficiarios.

El Ministerio Público también señala que, en una reunión del directorio del fondo realizada en noviembre de 2009 en la ciudad de Tarija, Arce habría manifestado que los proyectos no incluidos en la Ley Financial podrían ejecutarse posteriormente, instrucción que es considerada clave dentro de la investigación penal.

El denominado caso Fondo Indígena se destapó entre 2014 y 2015, tras informes de la Contraloría que revelaron el incumplimiento de más de un centenar de proyectos financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que habría ocasionado un millonario daño económico al Estado.

 

 

Carlos Rovira mandó a los cuatro diputados misioneros a romper el bloque Innovación Federal el jueves pasado, cuando el gobernador Hugo Passalacqua dijo en su provincia que no había sido invitado al encuentro con Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Rolando Figueroa en la Casa de Salta, pese a que sí habrían sido cursadas las coordenadas de la cita a los legisladores mesopotámicos. «Hubo un malentendido, también causó enojo en los misioneros que la reunión no se hiciera en un lugar neutral», dijo un diputado que participó de las conversaciones a LPO.

La confirmación de la ruptura se produjo en las últimas horas después que fracasaran los intentos de los salteños por recomponer el vínculo y conservar la unidad. Este miércoles deberán jurar los nuevos representantes a la Cámara Baja y, por lo pronto, los legisladores de esas dos provincias ya no integrarían el mismo espacio.

El diputado Alberto Arrúa cumplió la orden de Rovira al instante y el mismo jueves de la fallida tertulia en la Casa de Salta le envió a Martín Menem la nota con la inscripción de la bancada Innovación Federal, contemplando solo la membresía de los misioneros. Ante ese gesto, los salteños evalúan conformar su propio bloque de tres, con Pablo Outes, Yolanda Vega y el ingresante Bernardo Biella, quien resultó electo en los últimos comicios y ocupará la banca que deja Pamela Calletti, por mandato cumplido.

Desde el entorno de un diputado misionero dijeron a LPO: «El bloque Innovación Federal queda integrado por cuatro misioneros, no tenemos indicaciones de hacer interbloque por ahora». Las definiciones políticas bajan como decretazos desde Posadas a Buenos Aires, sea para las votaciones o para cualquier movimiento táctico de los representantes de Misiones en el Congreso. «Rovira es un tiburón que nada en la arena, no se mueve de Misiones y, si querés negociar algo, tenés que ir a verlo allá», se quejó un dirigente que ha sufrido esa asimetría en el trato.

Pagano, Sáenz, Rovira y Zago exploran un interbloque para erigirse como árbitros de la Cámara de Diputados

Como sea, un legislador salteño reconoció ante LPO que a los misioneros les cayó mal la cercanía de Sáenz con Oscar Zago, Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano. «Andan con megáfono puteando a Menem y ellos tienen buena relación con la Casa Rosada», deslizó en referencia a los altercados de la ex periodista con el riojano o el escándalo de las piñas entre Zago y el correntino Lisandro Almirón.

En rigor, el gobernador salteño trató de constituirse en un peronista catch all con aspiraciones de proyección nacional y, según admite hasta un colaborador cercano, «capaz que se pasó tres pueblos». «Se reunió con Zago y D’Alessandro, que no tienen nada que ver con el espíritu de Innovación Federal, porque quería armar un bloque de 20 diputados, con los de Jaldo y Jalil», comenta.

Sáenz se reunió con Zago y D’Alessandro, que no tienen nada que ver con el espíritu de Innovación Federal, porque quería armar un bloque de 20 diputados, con los de Jaldo y Jalil.

Fruto de ese ímpetu, Rovira habría empezado a desconfiar. Ahora peligra, incluso, la chance de que Calletti, la diputada que integró el gabinete de Sáenz, consiga el respaldo de la Cámara Baja para que la designen auditora en la AGN.

De la ansiedad por conformar un interbloque con misioneros, salteños, tucumanos, catamarqueños y hasta santiagueños, además de los del MID y Pagano, Sáenz pasa a contar solo una formación de tres. «Trataremos de recomponer, de acá al 10 de diciembre, con los misioneros pero tampoco vamos a andar rogando», dijo a LPO uno de los salteños afectados por el desplante misionero.

La bancada de Innovación Federal estuvo originalmente conformada por los tres de Sáenz, los cuatro de Rovira y el rionegrino Agustín Domingo. El neuquino Osvaldo Llancafilo, que respondía a Figueroa, articulaba como interbloque sin fusionarse pero Alberto Weretilneck no logró que un candidato suyo revalidara la banca para Juntos Somos Río Negro y, por el momento, Karina Maureira, la legisladora electa por el sello de La Neuquinidad, permanecería con un monobloque.

 

El Director de Coordinación, Ariel Oliveros, entregó la bicicleta mountain bike. El sorteo fue realizado el 12 de enero entre los contribuyentes que abonaron la boleta por tasas retributivas del mes de diciembre y también los que efectuaron el pago anual. La ganadora fue Emilia Fabcic, Contribuyente N° 1261, quien recibió su premio en las…

 

En el pasado las guerras se peleaban por religión, territorio y recursos naturales. Y se peleaban con soldados, ejércitos y tanques. Hoy en día algunas de esas viejas guerras sobreviven en países periféricos, pero en los más poderosos, los que disputan el poder global, se combate de otra manera. La conquista de tierras y recursos, así como la imposición de un credo religioso, han pasado a ser objetivos secundarios. Ahora las guerras globales son guerras de información.

Las armas de fuego y los soldados han quedado obsoletos. Ahora se combate con computadoras. Se ataca con drones y misiles teledirigidos, con virus cibernéticos, con satélites-espía, con armas biológicas. Se copian bases de datos, se encriptan secretos, se compite en un valetodo por el acceso a la información que permita llegar primero al nuevo desarrollo tecnológico. En la Era de la Información en que vivimos el acceso al conocimiento es el commodity más valioso. Si Juan tiene cinco pozos de petróleo y Pedro no tiene petróleo pero tiene acceso a las cuentas bancarias de Juan, Pedro tiene poder sobre Juan.

En estos tiempos de poder blando y ciberguerra global, las megafiltraciones son las bombas atómicas del siglo XXI. Sus ondas se expanden por todo el planeta y hacen temblar a gobiernos y empresas multinacionales. Las megafiltraciones nunca son geopolíticamente neutras. Las que perjudican a los Estados Unidos benefician por descarte a sus rivales Rusia y China, y viceversa.

En el caso del llamado Cablegate de WikiLeaks y de los documentos sobre la vigilancia masiva a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana filtrados por el exespía Edward Snowden, Estados Unidos salió debilitado y por lo tanto sus rivales resultaron fortalecidos. Por el contrario, la megafiltración de los denominados Panama Papers favoreció a los Estados Unidos porque sus revelaciones golpeaban al círculo íntimo del hombre fuerte de la política rusa, Vladimir Putin, y a varios familiares y amigos cercanos del jerarca chino Xi Jinping, pero no tocaban de cerca a ningún funcionario estadounidense importante.

Claro que estas megafiltraciones globales se disparan en mil direcciones y terminan produciendo un daño colateral considerable en terceros países, incluso en aliados importantes de las superpotencias que, a priori, emergen como las beneficiarias de la megafiltración. Pero no parece casual que así como altos funcionarios de los Estados Unidos denunciaron las filtraciones de WikiLeaks y Snowden como actos de terrorismo en la forma de operaciones de inteligencia vinculadas con Rusia, del mismo modo, Putin y Xi denunciaron que la filtración de los Panama Papers fue una maniobra de inteligencia de los Estados Unidos para perjudicar a sus países.

La mirada de los jefes de Estado acerca de las megafiltraciones tiende a ser demasiado lineal. Revelar secretos estratégicos vinculados a la corrupción o el abuso en un país tiene el doble efecto de debilitarlo en términos de defensa vis a vis sus rivales, pero a la vez de fortalecer su funcionamiento democrático al permitir la libre circulación de esa información.

Pero hay que decirlo: los gobiernos, especialmente los de Estados Unidos y Gran Bretaña, son los mayores filtradores de información de todo el mundo. Prácticamente a diario utilizan filtraciones o fuentes anónimas como herramientas de difusión de documentos o informaciones que no pueden revelar oficialmente por razones legales, políticas o lo que fuere, pero cuya publicación puede favorecer los intereses de los filtradores, por ejemplo dañando la imagen de sus adversarios. Llama la atención, porque son precisamente los países que han estado detrás de la criminalización de algunos de los filtradores más conocidos. Pero tiene su lógica. Los gobiernos ejercen un control de las filtraciones al defender las que los favorecen bajo la bandera de la libertad de expresión y perseguir las que los perjudica argumentando violaciones a la privacidad y a la seguridad nacional.

No solo eso. Los gobiernos financian filtraciones. Es más, Estados Unidos y Gran Bretaña son los principales financistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y del Proyecto de Reportajes de Crimen Organizado (OCCRP), las dos principales plataformas de filtraciones de la última década. No parece casual que estas plataformas, que han publicado decenas de filtraciones de impacto mundial, casi no se han ocupado de investigar a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y que mientras el ICIJ se ha especializado en filtraciones de China, OCCRP se ha destacado por sus filtraciones de Europa del este. Tampoco parece casual, en estos tiempos de guerra informativa pero también de motosierra, que mientras los gobiernos recortan gastos en medios y agencias informativas oficiales, el financiamiento de ciertas plataformas de filtraciones se mantiene, al igual que el de los servicios de inteligencia que muchas veces se encargan de producir las filtraciones que esas plataformas publican. Y tampoco parece casual que mientras algunas plataformas como WikiLeaks o The Intercept han sufrido el encarcelamiento de sus filtradores, OCCRP y ICIJ nunca han padecido la persecución de la justica estadounidense o británica.

Aun así, los Estados no controlan todas las filtraciones. En el caso de la plataforma WikiLeaks, tuvieron que meter preso a su editor Julian Assange para callarla. Pero cuando lo lograron el daño ya estaba hecho: millones de documentos secretos, incluyendo partes de guerra y cables diplomáticos, salieron a la luz revelando torturas, asesinatos, y diversas y masivas violaciones de derechos humanos y abusos de poder de Estados Unidos en todo el mundo. WikiLeaks también ha publicado información que ha enfurecido al gobierno chino, como las claves secretas de sus firewalls de censura online, y que hizo pasar vergüenza al gobierno ruso, como la correspondencia de altos funcionarios con su aliado y entonces dictador sirio Hafez Al Asad y la lista de spyware de las empresas de ese país. Y hasta ahora no se ha conocido prueba alguna que sugiera que WikiLeaks trabaja para algún gobierno.

El avance de la tecnología también conspira contra el control estatal de las filtraciones. En particular, la vida útil de las plataformas de filtraciones parece estar llegando a su fin.Ya no hace falta acudir a un intermediario para que publique documentos preservando el anonimato del filtrador. Cada vez más, la tecnología permite publicar de forma anónima en redes sociales, salones de chat, nubes y sitios varios. Además, cada vez más filtradores eligen prescindir del anonimato que ofrecen las plataformas especializadas y exponerse a las consecuencias jurídicas. Los Discordleaks de 2023, una de las últimas grandes filtraciones, referida a documentos militares estadounidenses, se publicaron en un sitio de chats y entretenimientos. El filtrador, Jack Texeira, no había hecho mucho por borrar sus huellas. Fue rápidamente detenido, encarcelado y condenado.

Desde la detención de Assange en 2019 y el juzgamiento  criminal de filtradores (whistleblowers, en inglés) como Chelsea Manning, Reality Winner, Herve Falciani, Katherine Gun, Rui Pinto, Daniel Hale o el mayordomo de Juan Pablo II ha disminuido el aporte de individuos como ellos que, por razones morales, económicas, psicológicas, o lo que sea, deciden filtrar información, valiéndose de sitios como WikiLeaks, The Intercept o el ICIJ. Las nuevas filtraciones por lo general provienen de grupos de hackeo vinculados a corporaciones estatales que filtran información por razones políticas. Así sucedió con los mails de Hillary Clinton en 2016, obtenidos por un grupo de hackers rusos vinculados al Kremlin, Gucifer 2.0.También con los Sonyleaks de 2014 filtrados por los Guardianes de Paz, un grupo de hackers vinculados al gobierno de Corea del Norte. Otras filtraciones de origen desconocido parecen contar con el guiño, la aprobación, o la protección legal de Estados o gobiernos. Por ejemplo, las sucesivas filtraciones sobre los campos de concentración chinos de la minoría Ughur en la provincia de Sinkiang, donde fuentes no reveladas operando en China proveían de documentos sensibles a periodistas norteamericanos. Algo similar sucedió con la filtración de las llamadas de soldados rusos interceptadas por inteligencia ucraniana que en septiembre de 2022 publicara el New York Times. También está el caso de filtraciones como los Panama Papers, los Paradise Papers, los Offshore leaks o los China leaks, que podrían formar parte de una campaña secreta de Estados Unidos para acabar con los paraísos fiscales fuera de ese país. ¿Por qué? Porque tras esas publicaciones, el supuesto robo de información a poderosos estudios de abogados de todo el mundo pasó prácticamente desapercibido y nadie parece haber investigado las fuentes del hackeo, cuando en otras filtraciones la fuente fue rápida y agresivamente rastreada, identificada y criminalizada. Y no deja de llamar la atención que el principal paraíso fiscal del mundo, el estado de Delaware, Estados Unidos, nunca fue objeto de una filtración, al menos hasta ahora.

No es fácil hacer periodismo en tiempos de guerra. Y al periodismo de filtraciones le caben las generales de la ley. La publicación de documentos originales lo protege de la mentira y que esos documentos hayan sido secretos reafirma su valor informativo. Pero ninguna filtración es virgen de operaciones políticas, intereses cruzados o manipulaciones mediáticas. Nadie revela un secreto sin intención. Por eso no es aconsejable convertirse en sommelier de filtraciones. La información puede venir de un funcionario poderoso, de un empresario estafado, de un empleado enojado, de un espía, un loco o un idealista. A los efectos de su publicación no importa. Si el documento es verdadero y de interés público, el deber del periodista es darlo a conocer.

Una cultura que rechaza al “buchón”

Argentina no es un país prolífico en filtraciones, más allá de la habitual publicación de documentos judiciales bajo secreto de sumario filtrados por abogados de las partes o funcionarios judiciales para influenciar la cobertura periodística de casos resonantes, como en la filtración de las imágenes que mostraban las lesiones sufridas por la ex primera dama Fabiola Yañez, extraídas del expediente en el que acusa de violencia doméstica al expresidente Alberto Fernández. Tampoco es inusual que en el mundo de la farándula algún amante despechado filtre un chat, o que en política pase lo mismo con algún expulsado del poder.

En cambio, las filtraciones más voluminosas tienden a ser escasas y las que existen parecen ser obra de los servicios de inteligencia o, al menos, han sido reveladas o promovidas por políticos y periodistas vinculados a ese mundo. Es el caso de la filtración conocida como Lago Escondido, de noviembre de 2022, que muestra un contubernio entre magistrados, funcionarios públicos, empresarios y espías que habría derivado en la comisión de los presuntos delitos de dádivas, tráfico de influencias y encubrimiento. También sería el caso en la filtración de fotos y videos de las reuniones secretas entre legisladores de La Libertad Avanza y reos convictos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza a principios de 2024.

Sin embargo, como sucede en el resto de Sudamérica, aquí escasean las filtraciones generadas por individuos que buscan promover la transparencia en los negocios y actos de gobierno, así como el libre acceso a la información. En eso estamos retrasados con respecto a los demás países de Occidente. La batalla cultural en nuestra región y en nuestro país recién empieza, demorada seguramente por nuestros sesgos corporativistas: el misterio católico, la omertá mafiosa, el fanatismo por la camiseta, la política aluvional. Nuestra tradición cultural nos invita a tener “códigos”, a no ser buchón. Pero ese folklore atenta contra la idea de mostrar y conocer lo que el poder oculta. Y lleva a confundir un acto de autodefensa democrática con una traición.

La prehistoria

La primera megafiltración de la historia fue conocida como los Papeles del Pentágono y fue posible gracias a la aparición de un desarrollo tecnológico que hoy quedó atrás pero que en su momento revolucionó el modo de compartir documentos: la fotocopiadora. Se trata de un estudio secreto encargado en 1967 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a la ONG especializada en temas militares RAND Corporation sobre la historia del involucramiento político y militar de los Estados Unidos en Vietnam entre 1945 y 1967.En total, 4000 páginas de documentos oficiales y 3000 de análisis histórico, dividido en 47 tomos, escrito y compilado por 36 analistas —mitad militares en actividad y mitad académicos y empleados estatales—, cuyo contenido principal publicaron los diarios The New York Times y The Washington Post en 1971.

El estudio reveló que sucesivos gobiernos mintieron a los estadounidenses acerca de lo que sabían sobre los riesgos y los costos de la guerra, presentándoles un panorama que subestimaba la gravedad de la situación mientras escalaban su involucramiento bélico. Por entonces la guerra se había empantanado en un cuadro que requería cada vez más apoyo militar estadounidense para sostener un conflicto en el que la victoria se hacía cada vez más inalcanzable. Mientras tanto, 58.000 soldados estadounidenses (y entre 800.000 y tres millones de vietnamitas) habían muerto en el campo de batalla, el país estaba sumido en un intenso debate sobre la guerra y el movimiento pacifista crecía en ciudades y universidades, impulsado por tendencias culturales como la filosofía hippie y la batalla cultural, política y social en favor de los derechos civiles.

Los papeles fueron filtrados por el analista militar Daniel Ellsberg, un exmarine nacido en Chicago y doctorado en economía en la universidad de Harvard. Llegó al Pentágono en 1964 a trabajar en la Oficina de Seguridad Internacional y tres años más tarde fue enviado Vietnam, donde estuvo dos años como observador del Departamento de Estado. Lo que vio y aprendió marcó su vida para siempre. Al regresar a Estados Unidos fue contratado por RAND y empezó a volcar sus experiencias y reflexiones sobre los Papeles del Pentágono.

El trabajo nunca llegó al despacho del presidente. El secretario de Defensa que lo encargó, Robert MacNamara, renunció en febrero de 1968 durante la presidencia de Lyndon Johnson, y su sucesor Clark Clifford recibió los papeles un año después, y cinco días antes de la asunción de Richard Nixon.Clifford luego admitiría que nunca los leyó. Ellsberg dejó Rand en 1969, se incorporó al Instituto de Estudios Internacionales de la universidad MIT en Boston y empezó a participar en manifestaciones pacifistas. Lo desesperaba saber que las 14 copias que se hicieron del estudio juntaban polvo en distintas oficinas del Departamento de Defensa y de RAND. Entonces fue a ver a cuatro senadores pero uno tras otro se negaron a incluir los papeles en el registro de actuaciones del Congreso. El último de ellos le sugirió a Ellsberg que le mostrara su trabajo a un periodista y así surgió la idea de la filtración.

A fines de 1969 Ellsberg y su colaborador Anthony Russo, también exempleado de RAND, se pasaron varias semanas sacando y devolviendo los papeles, tomo por tomo, de una de las dos copias del informe en poder de la ONG. Esa copia había sido archivada en la sede de RAND de Santa Mónica, un suburbio de Los Angeles, y por su trabajo previo ambos analistas tenían pases del gobierno que les permitían acceder al material clasificado.

Fotocopiar los papeles no fue una tarea fácil. Llevaban el sello de “top secret” y no era cosa de andar por la calle mostrándolos a cualquiera así nomás. Por eso el trabajo se hizo de noche en una fotocopiadora Xerox de una agencia de publicidad en la avenida Melrose de Los Angeles cuya dueña era una señora llamada Lynda Sinay, amiga de Russo. Fue un trabajo arduo que insumió noches enteras durante semanas, ya que había que hacerlo de forma manual página por página.

Las fotocopiadoras se habían empezado a comercializar en 1961 y aún no habían desarrollado capacidades para automatizar la reproducción continua. Al comienzo eran mamotretos que ocupaban un área de 107 centímetros de alto por 117 de ancho por 114 de fondo y pesaban 294 kilos. Costaban 30.000 dólares y la empresa Xerox tenía el monopolio, a tal punto que el verbo “fotocopiar” se traduce en inglés a la frase “to xerox”. Las primeras máquinas venían con un matafuegos porque solían recalentarse y eventualmente incendiarse. Aun así eran capaces de reproducir un documento cada siete segundos, casi un milagro para la época.

En la agencia de publicidad de la avenida Melrose la fotocopiadora no era distinta a las demás. Ante semejante volumen de material secreto y las largas horas de uso que insumía reproducirlo la máquina solía recalentarse y hubo que repararla varias veces, estirando los tiempos de los filtradores. Conscientes del riesgo, Ellberg y Russo usaban guantes para no dejar huellas digitales y no empezaban a fotocopiar hasta que estuvieran solos, con la agencia cerrada.

En marzo de 1971 Ellsberg visitó en su casa de Washington DC al periodista del New York Times Niel Sheehan, a quien conocía de Vietnam, para ofrecerle los papeles. Sheehan no dudó. Viajó a Boston, a la casa de Ellsberg, donde el analista tenía guardada su copia. Con su anuencia, fotocopió los papeles en distintas tiendas de fotocopiado de la ciudad, cuidándose de cambiar seguido de locación para no ser detectado.

Los Pentagon Papers empezaron a publicarse en el New York Times el 13 de junio de 1971.Posteriormente el Washington Post se sumó a las publicaciones. El gobierno de Nixon intentó frenarlas en la justicia pero la Corte Suprema falló a favor de los diarios. También denunció a Ellsberg y Russo bajo la Ley de Espionaje de 1917, una legislación creada poco después de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial con el objetivo de prohibir la “transmisión” de información relacionada con la defensa nacional con la intención de perjudicar a EE.UU.o beneficiar a una nación extranjera, la interferencia en operaciones militares, la promoción de la insubordinación en las fuerzas armadas y la retención, divulgación o el manejo incorrecto de documentos clasificados que puedan dañar la seguridad nacional. Acusados de robo, conspiración y divulgación de información clasificada, Ellsberg y su asistente enfrentaron cargos de hasta 113 años en prisión. Sin embargo, en un fallo histórico, el caso fue desestimado por el juez William Byrne Jr. debido a irregularidades graves por parte del gobierno de Nixon, como escuchas telefónicas ilegales, un allanamiento a la oficina del psiquiatra de Ellsberg y la oferta de un cargo en el FBI al juez para influir en el proceso. Tras el juicio, Ellsberg dedicó su vida al activismo pacifista, luchando contra la proliferación nuclear y defendiendo la libertad de expresión.

En 1971, para buena parte de la opinión pública, Ellsberg era un villano, un traidor a los jóvenes que habían dado sus vidas en Vietnam. Henry Kissinger, quizás el político más popular en ese momento, se refirió a Ellsberg como “el hombre más peligroso de América” y afirmó que “debía ser detenido a toda costa”. Pero con el paso de las décadas la figura pública del filtrador de los Papeles del Pentágono se transformó y de villano pasó a héroe. Publicó más documentos clasificados, incluyendo información sobre la estrategia nuclear de EE.UU.durante la Guerra Fría, que había copiado junto con los Papeles del Pentágono. Reveló en su libro The Doomsday Machine (2017) que los documentos más significativos que tuvo, relacionados con la planificación nuclear, nunca se publicaron y terminaron perdidos en un vertedero tras un huracán. Fue un crítico constante de las intervenciones militares de Estados Unidos, abogó por la transparencia gubernamental y fue cofundador de la Freedom of the Press Foundation.En 2006 recibió el Premio Right Livelihood por su valentía, y en 2018, el Premio Olof Palme por su humanismo y coraje moral.Murió en 2023 a los 92 años en su casa de Seattle, víctima de un cáncer de páncreas.

Ellsberg dedicó los últimos años de su vida a apoyar a otros filtradores como Chelsea Manning, Edward Snowden y Julian Assange; los consideraba héroes, por exponer abusos gubernamentales. Sin embargo, buena parte del periodismo ignoró estos apoyos e intentó usar el prestigio que había alcanzado Ellsberg para trazar un contraste entre filtradores supuestamente buenos como él y filtradores supuestamente malos como Assange, Manning y Snowden .Curiosamente, el mismo proceso de demonización se repetiría medio siglo después cuando Jack Texeira reveló documentos secretos del Pentágono en la llamada Discordleaks. Esta vez Texeira vendría a ser el filtrador irresponsable y desequilibrado mental, en comparación con filtradores supuestamente serios como Assange y compañía.

La publicación de los Papeles del Pentágono marcó el comienzo de la Edad de Oro del periodismo, cuyo hito más alto fue la investigación del caso Watergate, publicada por el Washington Post en 1973, que derivó en la renuncia de Nixon y consolidó la reputación del periodismo como un contrapoder independiente capaz de voltear presidentes y cambiar el rumbo político de un país. Esa Edad de Oro no sobrevivió el cambio de siglo .A medida que los procesos de concentración económica llevaron al surgimiento de los grandes conglomerados mediáticos con ramificaciones en distintos mercados infocomunicacionales, el periodismo tradicional fue perdiendo ese lugar de contrapoder contestatario para transformarse en la cara amable, supuestamente objetiva y profesional, de grandes corporaciones privadas y estatales.

Después del juicio a Ellsberg pasaron más de dos décadas para que el gobierno de Estados Unidos volviera a usar la Ley de Espionaje para enjuiciar a filtradores que le pasaron información a periodistas. El quiebre fue el atentado del 9-11.A partir de entonces, el fiscal general de George Bush hijo presentó cargos contra tres filtradores, cifra que el fiscal general de Obama llevó a nueve. La cifra de filtradores acusados de traición bajó a dos o tres casos durante la primera presidencia de Donald Trump, pero con el agravante de que su fiscal general logró penas y condiciones más duras que sus predecesores para los filtradores detenidos y además fue el primer gobierno en enjuiciar ya no a una fuente, sino a un periodista, Julian Assange, bajo la Ley de Espionaje. En su segundo mandato Trump aún no ha usado la Ley de Espionaje contra el periodismo o sus fuentes, pero su gobierno recién comienza y el mandatario ya impulsó medidas para castigar la filtración de información clasificada, amén de denostar y amenazar a varios periodistas. El gobierno de Biden tuvo la virtud de no perseguir a las fuentes de filtraciones con la Ley de Espionaje, salvo el caso de Texeira, recientemente condenado a 15 años de prisión. Pero durante todo su mandato mantuvo la injusta acusación de espionaje en contra de Assange hasta que pocos días antes de dejar el gobierno alcanzó un acuerdo judicial. El acuerdo consistió en dar por cumplida la pena de Assange por los seis años que había pasado en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en Gran Bretaña, aguardando la finalización de su juicio de extradición a Estados Unidos, a cambio de que el periodista se declarase culpable de un cargo de violar la Ley de Espionaje, acuerdo que le permitió recuperar su libertad y mudarse a su Australia natal con su esposa y dos hijas.

La entrada Geopolítica de las filtraciones se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

Mariano Llorens perdió este martes la votación por su reelección al frente de la Cámara Federal porteña para 2026 contra Lepoldo Bruglia.

La caída en desgracia del magistrado podría ser doble porque, según fuentes judiciales, el actual titular del cuerpo se había encargado de esparcir la versión acerca de que sería el candidato del gobierno para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. La derrota en su propio territorio podría alejarlo del objetivo.

Llorens es uno de los jueces que acreditaban visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Tal como informó a LPO, hace casi un año el juez quedó al frente de la cámara en una jugada sorpresiva, ante la preanunciada jubilación de Juan Carlos Maqueda en su despacho del Palacio de Tribunales, un espacio vacante que le abría camino a Llorens para sumarse en determinadas circunstancias como conjuez de la Corte.

La derrota de Llorens fue atribuida a una serie de medidas administrativas desafortunadas que tomó durante su permanencia al frente de la cámara. «Corrió personas, tomó decisiones erradas», comentaron a LPO.

Tras una sorpresiva maniobra, un juez muy cercano a Macri se suma como conjuez a la Corte Suprema

En efecto, la votación no estuvo exenta de rispidez, más allá de la supuesta sobriedad de los despachos judiciales. El camarista Martín Irurzun lo cruzó sin piedad antes de emitir su voto en contra de Llorens: «quebraste la unidad histórica de la cámara», le habría reprochado.

Los camaristas Irurzun y Bruglia

Si bien Bruglia y Eduardo Farah intentaron una moderada defensa de Llorens, sus argumentos no alcanzaron para salvarlo del hundimiento.

Además de Llorens, Bruglia, Irurzun y Farah, integran la cámara Roberto Boico y Pablo Bertuzzi.

Con asiento en Comodoro Py, la Cámara Federal porteña está dividida en dos salas. La sala 1 quedará encabezada por el propio Llorens, mientras que la sala 2 quedará a cargo de Boico. 

 

 

Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.

La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.

El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 

«Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.

El gobierno impulsa un fondo para financiar despidos con aportes que antes iban a las jubilaciones

El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación. 

Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.

El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y  Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.

El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.

El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.

La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.

Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.

El senador kirchnerista Mariano Recalde.

El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.

«La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.

La Corte frena la rebelión de los jueces nacionales y obliga a litigar ante el tribunal superior porteño

Para que se entienda: la administración de Jorge Macri apoya el traslado del fuero laboral, sólo cuestiona que la manera en que se redactó, parece ratificar la órbita nacional del fuero laboral hasta su traspaso, cuando desde la óptica de la autonomía porteña la situación actual es irregular.

El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.

En ese contexto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue uno de los que empujó desde abril pasado una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad, un ámbito del que participan actores de la justicia ordinaria nacional y también asociaciones involucradas. El objetivo, según fuentes del gabinete de Jorge Macri, «es avanzar en convenios de transferencias».

Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.

La iniciativa de Milei entusiasma a los empresarios, que ya se habían ilusionado con el fallo Levinas de la Corte Suprema. Ese caso, donde la familia del artista plástico León Ferrari litigaba contra Gabriel Levinas por haber vendido 11 dibujos sin autorización del autor, la Corte Suprema dictó un fallo de profundas implicancias jurídicas y políticas, y determinó que el tribunal de alzada para ese tipo de pleitos de la Justicia Nacional era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), es decir, la justicia porteña. Ubicó a la justicia «nacional» en la órbita de la justicia porteña.

Horacio Rosatti.

La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.

Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.

En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.

En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.

Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.

En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.

El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».

Andrés Basso.

Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.

A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.