Concurso de precios N° 11/2021

 

 La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.

«Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».

La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.

El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.

Caputo festejó el dato de industria y construcción, pero los números del Indec muestran caídas

El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.

El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.

Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.

El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.

El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.

El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.

Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.

El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.

La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.

El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.

Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.

La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.

Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.

La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles. 

El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.

Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.

El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza. 

La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos. 

 

La Municipalidad de Villa Regina informa que durante los días 5 y 6 de noviembre se desarrollará el Segundo Torneo Deportivo de Inclusión del Comahue de Goalball, organizado por el Consejo Local para la Personas con Discapacidad. El mismo se disputará en el polideportivo Cumelen y la ciudad estará representada por el equipo ‘La Perla…

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a participar de las actividades que se realizarán en adhesión a ‘Vendimia Celebra 2021’ que surgen del sector privado con el objetivo de acompañar el impulso turístico-productivo que refleja la actividad vitivinícola. En este marco, ‘Explora tu mundo’ a cargo de Yanina Plos EVT…

 

La interna del peronismo bonaerense estalló en el Senado bonaerense, donde Mario Ishii y Sergio Berni salieron al cruce de Axel Kicillof y protagonizaron momentos de fuerte tensión con la vicegobernadora Verónica Magario.

En un contexto donde los cortocircuitos entre el kirchnerismo y el axelismo escalaron al cumplirse un año de la detención de Cristina Kirchner, la primera sesión del año en la Cámara Alta bonaerense fue la válvula de escape de esas tensiones.

Finalizado el temario, el intendente en uso de licencia de José C. Paz pidió la palabra para cuestionar que sus dos proyectos de emergencia -una alimentaria y la otra, sanitaria- no hayan contado con los dos tercios necesarios en Labor Parlamentaria para ser tratados sobre tablas.

«El gobernador no quiso que se trate sobre tablas», acusó directamente Ishii, que sostuvo que, con el giro a comisión de los expedientes, «esto se dilata» cuando «es un tema que no puede esperar».

Como contó LPO, Ishii extremó las tensiones con Kicillof semanas atrás, al dar a conocer esos dos proyectos de emergencia, en los que enumera una serie de fallas de la gestión provincial.

Ishii volvió a tensar su relación con Kicillof con fuertes críticas al sistema de salud

«Yo invité al gobernador a que camine un poco por el Conurbano, dos o tres veces, para que vea cómo están desbordados los hospitales y la falta de insumos que hay. No lo ha hecho», acusó Ishii.

Ahí, intervino Magario para informarle que se habían cumplido los cinco minutos establecidos para las exposiciones por temas que no fueron acordados en Labor Parlamentaria. «Sí, pero necesitaría hablar, son temas que nos competen a todos», dijo Ishii. «Se terminó el tiempo», insistió la titular del Senado.

«Esto es más importante que todos los proyectos que se han presentado», retrucó el paceño que había empezado a elevar el tono cuando Magario le cortó el micrófono.

En momentos que el gobernador desde su mirada de izquierda escribía artículos que tenían que ver con una oposición a las políticas económicas de Néstor Kirchner, Cristina le abrió la puerta 

Pero las cosas lejos estuvieron de calmarse ya que quien siguió en el uso de la palabra fue Sergio Berni. «Me gustaría que nuestro compañero, su compañero -remarcó en dirección a Magario- pueda terminar de expresar lo que estaba diciendo. No me parece correcto que en este recinto se le corte el micrófono a alguien».

El ex ministro de Seguridad hizo una moción para que siga hablando Ishii, pero no tuvo el apoyo de la mayoría.

«Venimos golpeados, igual es un día para festejar», dijo Berni al aludir con rictus irónico a la reapertura del palco de prensa. Fue un mensaje directo a Magario, que había cerrado ese acceso el año pasado, razón por la que los periodistas legislativos debieron que seguir el desarrollo de la sesión en el hall de ingreso por pantalla. Tras los reclamos de la prensa y del gremio Siprebo, finalmente se logró la reapertura.

Berni se atribuyó esa medida: «Les prometí -dijo el dirección al palco de prensa- que en la primera sesión ordinaria el palco iba a estar abierto. Esto es magia, está abierto».

Luego, el ex ministro se refirió a un proyecto que modifica el régimen previsional especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas. Pero poco después volvió a cuestionar el funcionamiento del Senado y que destacó que no se sesionó en seis meses donde «pasaron cosas importantes».

Ahí, puso en el centro el aniversario de la condena a Cristina Kirchner y cuestionó a los dirigentes del peronismo que no salieron con un fuerte repudio, recriminación sobre la que se centran las recientes críticas del kirchnerismo a Kicillof.

 Los senadores del axelismo evitaron salir al cruce en la sesión. Pero el clima de tensión se extrema en la interna del peronismo. «Se rompió todo», señalaron a LPO desde el entorno de Ishii.  

En ese momento, Magario le informó que se le había terminado el tiempo de intervención, algo que exasperó a Berni: «Es la misma persona que la hizo dos veces vicepresidenta -NdR: quiso decir vicegobernadora-, así que me parece que necesito un poquito más de tiempo», dijo.

Y agregó: «No solo la hizo dos veces vice, sino también, apelando a su grandeza, en momentos que el gobernador desde su mirada de izquierda escribía artículos que tenían que ver con una oposición a las políticas económicas de Néstor Kirchner, la presidenta le abrió la puerta, lo llevó como gerente de Aerolíneas, lo hizo viceministro de Economía, ministro de Economía, todos los compañeros trabajamos para que sea diputado nacional».

Ahí, Magario volvió a intervenir y le insistió que se había terminado su tiempo. «No, esto no se termina», retrucó Berni y fue al choque directo de la vice: «Qué lastima, porque usted sabe lo que son las proscripciones, usted viene de una familia que fue exiliada». Ante eso, Magario le cortó el micrófono y acusó una «falta de respeto» y le entregó la palabra al senador de Hechos, Marcelo Leguizamón.

Los senadores del axelismo evitaron salir al cruce en la sesión. Pero el clima de tensión se extrema en la interna del peronismo. «Se rompió todo», señalaron a LPO desde el entorno de Ishii. 

 

 

El llaryorismo decidió apuntar todos los dardos a la compleja situación que atraviesa Marcos Carasso, el radical que en el 2023 fue compañero de fórmula y candidato a vicegobernador de Luis Juez. En aquel momento, Carasso era, además, el presidente de la UCR cordobesa; situación por la que el senador aliado de Javier Milei lo eligió para completar el binomio y tratar de contar con la totalidad del respaldo radical. Algo que tampoco ocurrió.

Ahora, a casi tres años de aquellos comicios, el panorama para Carasso se complicó porque fue imputado en una causa en la que se investiga sobrefacturación en Pami. Motivo por el que fue allanado la semana pasada en su domicilio particular, en la localidad de General Cabrera, como así también en las oficinas que ocupa en la capital cordobesa en el Tribunal de Cuentas, el organismo que controla el juecismo. Y desde el que incomoda y presiona la gestión de Llaryora.

Por esto, en las últimas horas Carasso terminó imputado por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa. En una maniobra en la que se investiga asociación ilícita y defraudación al Estado por casi 1400 millones de pesos en la obra social nacional.

De acuerdo con lo que se desprende de la investigación, el radical, que es licenciado en Kinesiología podría estar vinculado a una empresa de servicios médicos en General Cabrera, localidad de la que también fue intendente, que proveía prestaciones a Pami. Y es ahí adonde apunta la investigación de la Justicia federal.

La situación es curiosa por distintos motivos. Entre ellos, porque hace algunas semanas, cuando los intendentes reclamaron a la Nación por el envío de los fondos adeudados de Pami, el libreto libertario, los socios de Juez, fue: «que se dejen auditar». Auditoría que, en el caso de Carasso, se vuelve en contra.

No sólo porque Carasso fue candidato a vice de Juez, sino porque el propio senador le dio trabajo dentro del Tribunal de Cuentas con un sueldo que roza los cuatro millones de pesos.

Por esta situación, cuando esta mañana Rodrigo de Loredo fue consultado en una entrevista con La Voz dijo: «por eso, pregúntenle a Juez». Y se despegó de inmediato de Carasso, con quien nunca tuvo una buena relación.

No obstante, en el llaryorismo fueron por un paso más. Presentaron un pedido de informes en la Unicameral que fue impulsado por el jefe del bloque del oficialismo y presidente del PJ, Facundo Torres. «Hace apenas unos días vimos a dirigentes de la oposición hacer carancheo político incluso en medio de una situación dolorosa que conmocionó a toda la provincia. No faltó nada: conferencias de prensa, declaraciones, videos para redes, fotos, pedidos de jury y una carrera por llegar primero al micrófono», dijo Torres.

Y agregó que «sin embargo, cuando la situación involucra al radical Marcos Carasso, ex diputado nacional, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez e integrante de la lista que nucleó en su momento a la absoluta mayoría de quienes hoy integran la oposición en la Legislatura, el silencio parece imponerse de golpe».

En el peronismo dicen que Carasso fue candidatos de la gran mayoría de la oposición -radicalismo, juecismo, un sector del PRO y también de un neolibertario-, con lo cual deberían responder por la situación del radical oriundo del sur provincial.

La causa en la que se investiga al radical tuvo su primer impacto hace unos días, pero puede ser mayor el golpe en los próximos días. Porque en el pedido de informes, el peronismo sumó el nombre de Claudio Suchecki, el cuñado de Juez y hombre que se desempeñó en distintos cargos dentro del Estado en los que el juecismo tuvo injerencia.