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MEJOR COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA, PRIORIDADES DE LA NUEVA GESTIÓN EN EL COPLADE

El arquitecto Pedro Molina es el nuevo director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE) en Villa Regina, luego de un llamado a concurso que tuvo a concejales como evaluadores y se caracterizó por la participación de profesionales locales con un alto grado de conocimiento y compromiso, el mencionado profesional logró ser elegido en el mes de agosto como el nuevo director del consejo consultor.

Con él nos comunicamos para interiorizarnos sobre cuáles van a ser los ejes  y objetivos a seguir en este nuevo proceso de gestión. Su presentación del plan de gestión para el COPLADE se basó en la verdadera función que este organismo debe cumplir como ente de asesoramiento y presentación de proyectos.

Algo fundamental en lo que el arquitecto hace hincapié y que se debe tener muy en cuenta es la verdadera participación y acción de la sociedad a través de las instituciones y organizaciones intermedias que nos representan a la sociedad en general”. Son organismo claves para hacer de nexo entre lo que es la verdadera función del COPLADE en lo que respecta a aportes de proyectos y la conexión con el Concejo Deliberante.

También agregó Molina “hay una frase que me ha acompañado y yo digo, que Regina debe ser  un centro regional de turismo y servicio reconocida como ciudad cultural y polo de innovación con desarrollo productivo que promueve el crecimiento inclusivo y sostenible con posición de ser la ciudad con acceso al gran portal urbano del alto vale este. En esas pautas se encamina el plan de gestión y a lo cual nosotros debemos estar aspirando como ciudad y como región o micro región”.

A su vez marca tres puntos primordiales a trabajar:

  • Una parte territorial ambiental , donde existe en las acciones un pacto conla naturaleza.
  • El marco económico productivo de desarrollo económico, no visto desde lo local sino desde la micro región del Alto Valle Este (MAVE) en el aspecto socio cultural en la parte de inclusión y derecho a la ciudad.
  • Modernización municipal.

Además aclara que una de las fallas que ha tenido el COPLADE hasta ahora tiene que ver con el plano comunicativo desde el ente hacia la sociedad, asumiendo que el desconocimiento del consejo o de sus funciones por parte de la comunidad es una falla del ente mismo.

Considera Molina que se han hecho cosas desde el COPLADE pero no articuladas no se ha avanzado de una forma lineal ni estratégica, en ese aspecto debemos estar actuando y  trabajando consolidadamente con las instituciones”.

“Es un organismo que en cierta forma no es vinculante o sea las decisiones pasan a ser del CD, pero cuando la participación de la sociedad es fluida creo que hay un mayor aval de esos proyectos en la cual el mismo cd o ejecutivo tienen mayores factores o bases para que los proyectos se lleven a cabo independientemente de o se pueden generar los recurso”, finalizó el flamante director del COLADE.

El desarrollo sustentable
es aquel tipo de “desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” y que está “integrado por tres elementos fundamentales: el ambiental, el económico y el social, requiriendo un perfecto equilibrio entre esos tres elementos constitutivos, sin que ninguno de ellos adquiera mayor relevancia que los demás, lo que permite un verdadero desarrollo integral del ser humano – desarrollo económico, social, cultural y político- puesto que el hombre es el centro de las preocupaciones”. Martínez y López Alfonsín (2008)

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  • El caso Vicuña destapó el lado oscuro del RIGI: beneficios fiscales para subsidiar importaciones

     

     El RIGI fue presentado como la gran autopista de las inversiones. El Súper RIGI, como su carril rápido. Pero en las primeras escenas aparece otra postal: caños de la India, módulos de China, grúas, excavadoras y equipos importados con beneficios fiscales. La industria mira la lista de compras y pregunta cuánto de esa fiesta queda en el país.

    La discusión ya no es abstracta. El régimen tiene proyectos aprobados, otros en evaluación y una promesa de escala que seduce al Gobierno. Pero también dejó expuesta una grieta económica más profunda. Las grandes inversiones pueden traer divisas y empleo. Pero también pueden funcionar como campamentos cerrados, con proveedores externos, baja demanda industrial local y beneficios tributarios que paga el Estado.

    El caso más ruidoso apareció en San Juan. El proyecto cuprífero Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, prevé una inversión de unos 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para poner en marcha el yacimiento Josemaría y luego avanzar hacia Filo del Sol. El objetivo es producir unas 400.000 toneladas anuales de cobre durante 25 años.

    Pero la primera gran compra encendió las alarmas. El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Por la rotación minera, podría albergar entre 3.500 y 5.000 trabajadores. Con el avance del proyecto, la demanda podría escalar hasta 12.000 personas y requerir 6.000 plazas.

    La agonía de la industria o cómo destruir un sector

    La industria local puso el grito en el cielo. La Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostiene que la obra implica 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero que llegarían listas para ensamblar. Según los números que manejan los proveedores nacionales, fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos. Con el esquema importado, quedarían unos 50 puestos vinculados al montaje y la logística.

    El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Fabricarlo en la Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos, ensamblarlo apenas unos 50 puestos.

    El ahorro tampoco parece mover la aguja del megaproyecto. La oferta china rondó los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. La diferencia es de 18 millones. En una inversión total de 18.000 millones, representa apenas 0,1%. «Si la minería no sirve para desarrollar la economía local, la verdad es que no tiene mucho sentido», dijo Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular. 

    Render del campamento Batidero que Vicuña importará completo de China.

    La pelea no queda en la minería. El puerto de Timbúes en Santa Fe sumó otra señal. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación autorizó, por Resolución 37/2026, una modificación del esquema de importaciones del proyecto portuario aprobado bajo el RIGI en noviembre de 2025. La empresa podrá ampliar y actualizar el listado de bienes importados con beneficios tributarios y aduaneros.

    En la lista aparecen grampas para grúas, cucharas de almejas, excavadoras y autoelevadores. El proyecto apunta a construir una terminal multimodal sobre la Vía Navegable Troncal, en una zona clave del complejo agroexportador. 

    «La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera», comentó a LPO el directivo de una importante constructora.  

    Por eso, la UIA salió a pedir cambios en el Súper RIGI. La entidad que conduce Martín Rappallini reclamó que el 20% de contenido local no sea una consigna decorativa. Quiere que se aplique a bienes con valor agregado nacional y no se diluya en servicios, movimiento de suelos, obras civiles o contrataciones que igual se harían en el mercado interno.

    La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera.

    El texto que logó media sanción en diputados no conformó a los industriales. La redacción habla de bienes, servicios y obras. También habilita la contratación local siempre que la oferta esté disponible y reúna condiciones de mercado en precio y calidad. En una economía con crédito caro y competencia importada subsidiada, esa cláusula parece papel mojado. 

    El reclamo industrial tiene un dato político adicional. Las provincias mineras vienen pidiendo bastante más que la Nación. El RIGI exige un piso nacional del 20% para compras locales. En varias jurisdicciones, las exigencias van del 50% al 90% entre compre y empleo local. Santa Cruz tiene una regla 90/10 para mano de obra en industrias estratégicas y un piso del 50% para proveedores. Salta, Jujuy y Catamarca tienen umbrales cercanos al 70%. San Juan impulsó metas del 80% para trabajadores locales y 60% para compras a proveedores provinciales.

    El mapa muestra una contradicción. La Nación arma un régimen amplio para atraer dólares. Las provincias buscan que esos dólares no pasen como un tren nocturno por el territorio. Las mineras y energéticas, en cambio, piden armonización. 

    Mientras tanto, la dinámica de los proyectos RIGI tiene dos movimientos. Traen dólares y también los sacan. En la fase inicial ingresa capital, deuda o aportes para cumplir el plan de inversión. Pero al mismo tiempo salen divisas para importar maquinaria, módulos, caños, equipos y tecnología. El saldo de corto plazo puede ser menos virtuoso de lo que aparece en las planillas oficiales.

     

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