El Social Café Resto Bar es el primero en sumarse a la propuesta GastroArte, iniciativa de las Direcciones de Cultura y de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina. La cita será este sábado 3 a las 22 horas para disfrutar de la voz y el encanto de nuestra artista Zule Vega acompañando como propuesta gastronómica jamón de cerdo con salsa de manzana y vegetales asados.
Cabe aclarar que durante el desarrollo de la propuesta se aplicarán los protocolos correspondientes a los comercios gastronómicos, respetando el horario de circulación.
La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.
La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno
El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.
Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”
La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.
Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.
Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.
La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.
Comunicación, soberanía y mercado
El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.
La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.
Ahí reside el núcleo político del asunto.
Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante la apertura de seis calles que estaban proyectadas en el loteo Barazzutti. Una vez finalizado el trabajo se comienza con las tareas de desmalezamiento y así poder continuar con el amojonamiento de parcelas y demarcación de terrenos. Difunde esta nota
La minera Livent S.A volcó ácido clorhídrico en Catamarca y todavía se desconoce si hubo sanciones para la empresa, o las consecuencias a largo plazo de la contaminación. Tras el derrame en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento Antofagasta de la Sierra, Catamarca/12 accedió a un informe que detalla que se derramaron 1032…
La autopsia del cuerpo de Agostina Vega confirmó que el cuerpo de la adolescente fue desmembrado, confiaron fuentes policiales. El escabroso detalle conmocionó aún más a la sociedad cordobesa impactada por el caso.
El descubrimiento del cuerpo en menos de 72 horas fue celebrado por la gestión provincial, pero el éxito de la investigación quedó opacado por las desafortunadas declaraciones del fiscal Raúl Garzón, que pidió «una medalla» para el perro que lo encontro.
En el gobierno de Martín Llaryora de todas maneras destacan que el fiscal y el ministro Quinteros lograron en un tiempo récord rastrillar con éxito un predio de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. El cuerpo de Agostina se encontró en una zona de bosque ubicada dentro del mismo predio.
Llaryora recibió esta domingo a los abuelos de Agostina que le agradecieron la celeridad del operativo y luego se reunió con el padre de la chica, un ex policía a quien se mantuvo permanentemente al tanto de la investigación.
Durante la fallida conferencia de prensa de este sábado, el fiscal Garzón reveló que el crimen ocurrió entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la mañana del domingo 24.
El único sospechoso sigue siendo el puntero Gabriel Barrelier, ex novio de la madre de Agostina, que está detenido y este domingo habría intentado quitarse la vida.
Garzón confirmó que hay varias líneas de investigación que incluyen el entorno de Agostina y confirmó que se encontraron elementos probatorios relevantes durante la investigación.
La empresa estatal rionegrina firmó un contrato para construir dos radares de uso civil que serán exportados a Nigeria y emplazados en el principal aeropuerto de ese país. La construcción de dos radares de uso civil por el Instituto de Investigaciones Aplicadas (Invap), que serán exportados a Nigeria y emplazados en el principal aeropuerto de…
Mientras crecen las denuncias, los pedidos de renuncia y las iniciativas parlamentarias contra Manuel Adorni, una pregunta empieza a recorrer los pasillos del Congreso: ¿conviene impulsar su destitución o es el propio Gobierno el que necesita que alguien le resuelva un problema que no sabe cómo enfrentar? La paradoja es que una victoria opositora podría terminar siendo un salvavidas para Milei.
Por Roque Pérez para NLI
El oficialismo quedó atrapado en una contradicción de difícil salida. Durante meses construyó un discurso basado en la superioridad moral y en la supuesta diferencia ética respecto de la «casta». Sin embargo, las revelaciones sobre el patrimonio, las declaraciones contradictorias y la admisión de fondos no declarados por parte de Manuel Adorni convirtieron a quien debía ser uno de los principales defensores del Gobierno en su mayor dolor de cabeza.
Milei decidió sostenerlo públicamente, incluso cuando el costo político comenzó a crecer dentro y fuera del Congreso. La estrategia parece clara: mostrar fortaleza, denunciar una persecución política y evitar que una renuncia sea leída como una admisión de culpa. Pero esa misma decisión lo deja atado a un funcionario cuya permanencia desgasta todos los días un poco más el discurso anticorrupción libertario.
Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política
Una salida que el Gobierno no puede ejecutar
En política muchas veces el problema no es saber qué hacer sino quién paga el costo.
Si Milei le pide la renuncia a Adorni, reconocerá implícitamente que la oposición tenía razón al denunciar irregularidades y que el relato de la transparencia absoluta era mucho más frágil de lo que prometía. Además, quedaría expuesto frente a su propia base electoral, después de haber defendido al funcionario en reiteradas oportunidades.
Pero existe otro escenario mucho más conveniente para la Casa Rosada: que sea el Congreso el que resuelva el problema.
Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política, denunciar un supuesto intento de desestabilización y, al mismo tiempo, desprenderse de un funcionario cuya continuidad complica cada negociación legislativa y cada aparición pública.
Paradójicamente, aquello que hoy aparece como una derrota institucional podría convertirse en una oportunidad para relanzar la gestión con un nuevo jefe de Gabinete y sin asumir el costo directo de haber desplazado a uno de sus hombres de confianza.
El riesgo de una victoria táctica
No sería la primera vez que una oposición consigue un triunfo parlamentario que termina fortaleciendo al oficialismo.
Si la salida de Adorni se produce por presión del Congreso, Milei podría reconstruir el relato afirmando que respetó las instituciones mientras denuncia que los sectores tradicionales impidieron que su funcionario continuara en funciones. La discusión dejaría de concentrarse en las inconsistencias patrimoniales y pasaría a girar alrededor de una presunta persecución política.
El foco se desplazaría del escándalo hacia el conflicto institucional, un terreno donde el oficialismo ha demostrado capacidad para movilizar a su electorado.
Por eso algunos sectores opositores empiezan a preguntarse si una destitución inmediata es la mejor estrategia o si resulta más conveniente mantener abierto el caso, impulsar investigaciones, exigir explicaciones y dejar que el desgaste siga acumulándose sobre el Gobierno.
El dilema de la oposición
La discusión ya no pasa solamente por la responsabilidad política de Adorni sino por las consecuencias de cada movimiento.
Destituirlo significaría obtener una victoria simbólica importante contra un funcionario cuestionado, pero también podría liberar a Milei de una carga que hoy consume buena parte de su capital político.
Mantenerlo en el cargo, en cambio, obliga al Presidente a seguir justificando contradicciones, responder nuevas denuncias y sostener un discurso anticorrupción cada vez más difícil de defender.
En ese contexto, la oposición enfrenta una decisión compleja: castigar a un funcionario o dejar que el propio Gobierno continúe pagando el costo de sostenerlo. Porque a veces, en política, el golpe más efectivo no es derribar una pieza sino obligar al adversario a seguir cargándola.
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