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Con Zule Vega y en El Social, arranca GastroArte

El Social Café Resto Bar es el primero en sumarse a la propuesta GastroArte, iniciativa de las Direcciones de Cultura y de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina. La cita será este sábado 3 a las 22 horas para disfrutar de la voz y el encanto de nuestra artista Zule Vega acompañando como propuesta gastronómica jamón de cerdo con salsa de manzana y vegetales asados.

Cabe aclarar que durante el desarrollo de la propuesta se aplicarán los protocolos correspondientes a los comercios gastronómicos, respetando el horario de circulación.

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    La escalada que registraron el oro y la plata en los mercados internacionales durante el último año comenzó a reflejarse con fuerza en las cuentas externas argentinas. Si bien ambos metales corrigieron desde los máximos alcanzados entre enero y marzo, continúan cotizando en niveles históricamente elevados respecto del año pasado, lo que disparó el valor de las exportaciones mineras aun cuando la producción y los volúmenes embarcados no crecieron al mismo ritmo.

    El efecto ya se observa en la balanza comercial minera. Durante el primer semestre, los principales proyectos del sector acumularon un superávit de USD 4.265 millones, un 84,8% más que en el mismo período de 2025 y una cifra que prácticamente equivale al saldo positivo obtenido durante todo el año pasado. Se trata del mejor desempeño para un primer semestre en décadas y consolida a la minería como una fuente cada vez más importante de ingreso de divisas.

    El buen resultado responde principalmente a la mejora de los precios internacionales. El oro llegó a superar los USD 5.300 por onza durante marzo y, aunque actualmente ronda los USD 4.000, continúa muy por encima del promedio registrado durante 2025 que fue de USD 2.801. La plata recorrió un camino similar: tras alcanzar valores cercanos a los USD 115 por onza, hoy cotiza alrededor de USD 60, lejos de los máximos pero todavía en niveles elevados en términos históricos.

    Ese comportamiento explica por qué las exportaciones crecieron incluso sin un aumento de las cantidades comercializadas. De acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, las ventas externas de oro alcanzaron USD 2.905 millones durante el primer semestre, un incremento interanual del 51,2%. Sin embargo, los volúmenes exportados cayeron 25,5% en el mismo período. En otras palabras, Argentina vendió menos oro al exterior, pero obtuvo muchos más dólares gracias al fuerte aumento de la cotización internacional.

    En el caso de la plata, el fenómeno fue similar. Las exportaciones semestrales ascendieron a USD 562 millones, con un crecimiento interanual del 87,9%. Allí la mejora respondió tanto al nuevo escenario de precios como a una mayor estabilidad de los volúmenes exportados, aunque el factor determinante siguió siendo la valorización del metal.

    Los datos de junio muestran además la elevada capacidad del sector para generar divisas netas. Los principales proyectos mineros exportaron USD 713 millones e importaron apenas USD 65 millones. Esto significa que por cada cien dólares vendidos al exterior sólo fueron necesarios nueve dólares en importaciones de insumos y equipos, una relación muy superior a la que presentan otros complejos exportadores.

    El contexto resulta especialmente favorable para el Gobierno porque coincide con el período en que comienza a disminuir el ingreso de divisas provenientes del complejo agroexportador. Finalizada la cosecha gruesa, la oferta de dólares del campo pierde intensidad durante el segundo semestre. En ese escenario, el mayor aporte de la minería ayuda a sostener el superávit comercial y contribuye a aliviar una de las principales restricciones de la economía argentina: la disponibilidad de divisas.

    El fenómeno no es homogéneo dentro de la minería. Un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) señala que mientras el litio combina un aumento de la producción con una recuperación de los precios internacionales, en el caso del oro y la plata ocurre lo contrario: el menor volumen producido viene siendo compensado por el fuerte incremento de las cotizaciones. De esa manera, el crecimiento de las exportaciones de los metales preciosos responde principalmente al efecto precio y no a una expansión de las cantidades exportadas.

    Esa dinámica explica por qué la minería gana cada vez más peso en el comercio exterior argentino. Según las proyecciones de CAEM, las exportaciones del sector podrían superar los USD 9.000 millones en 2026, con un crecimiento superior al 50% respecto del año anterior. De cumplirse ese escenario, la minería pasaría de representar alrededor del 7% a más del 10% de las exportaciones nacionales, consolidándose como un componente cada vez más relevante de la balanza comercial.

    Para Amílcar Collante, de Profit Consultores, el actual contexto internacional se convirtió en un aliado para la estrategia cambiaria del Gobierno. Explicó que las tres principales exportaciones mineras de la Argentina -oro, plata y litio- registraron fuertes aumentos de precios en el último año, del 26%, 38% y 160%, respectivamente, un escenario que fortalece el ingreso de divisas y favorece la política oficial de acumulación de reservas.

    El economista recordó que a comienzos de año las proyecciones del sector apuntaban a superar los USD 10.000 millones en exportaciones mineras durante 2026. Sin embargo, la corrección que experimentaron las cotizaciones del oro y la plata en los últimos meses llevó a revisar esas estimaciones y hoy el escenario más probable ubica las ventas externas cerca de los USD 9.000 millones. «El resultado final dependerá de cómo evolucionen los precios de acá a fin de año», sostuvo.

    En ese sentido, Collante explicó que la evolución de las cotizaciones estará estrechamente vinculada con la política monetaria de Estados Unidos y el comportamiento de los bancos centrales. Según señaló, cada vez que aumenta la incertidumbre en los mercados, los inversores suelen refugiarse en el oro, mientras que la demanda también se mantiene sostenida por las compras que realizan China y otros países para fortalecer sus reservas internacionales al mismo tiempo que reducen su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense.

     

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    Paro docente: la Nación busca entrar a las escuelas provinciales y Buenos Aires denuncia una intromisión en sus competencias

     

    El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.

    Por Redacción de NLI

    El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.

    La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.

    Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.

    El conflicto educativo detrás del operativo nacional

    El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.

    La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.

    La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.

    Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales

    La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.

    La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.

    El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.

    Una pelea que excede al paro docente

    El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.

    En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.

    La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.

     

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