El Social Café Resto Bar es el primero en sumarse a la propuesta GastroArte, iniciativa de las Direcciones de Cultura y de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina. La cita será este sábado 3 a las 22 horas para disfrutar de la voz y el encanto de nuestra artista Zule Vega acompañando como propuesta gastronómica jamón de cerdo con salsa de manzana y vegetales asados.
Cabe aclarar que durante el desarrollo de la propuesta se aplicarán los protocolos correspondientes a los comercios gastronómicos, respetando el horario de circulación.
La interna libertaria estalló en vivo y dejó al descubierto una denuncia explosiva: la ex aliada del oficialismo, Marcela Pagano, apuntó directamente contra Manuel Adorni y lo vinculó con movimientos millonarios en criptomonedas en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito.
Por Roque Pérez para NLI
El escándalo alrededor de Manuel Adorni sumó un capítulo de alto voltaje político tras las declaraciones de Marcela Pagano, quien aseguró que el funcionario “tiene 3 millones de dólares en una billetera virtual”. La denuncia no surge en el vacío: aparece en pleno avance judicial sobre su patrimonio y en un contexto de creciente acumulación de sospechas.
La intervención de Pagano se dio en televisión, donde no solo puso cifra concreta al presunto circuito de dinero sino que además sugirió que hay elementos suficientes para seguir la trazabilidad de esos fondos. Según planteó, el foco no debe limitarse a las criptomonedas sino también a las billeteras virtuales, donde —según afirmó— existirían registros de movimientos que permitirían reconstruir el origen del dinero.
Una denuncia que apunta a la “ruta del dinero”
El dato más explosivo no fue solo el monto, sino el encuadre político que le dio la propia Pagano. La diputada habló directamente de la necesidad de investigar lo que denominó la “ruta del dinero” vinculada al entorno de Milei, insinuando conexiones que podrían escalar más allá del propio Adorni.
En ese sentido, sostuvo que el funcionario tendría cuentas en más de una billetera digital —mencionando incluso plataformas específicas— y que con “el dato de una sola wallet” sería posible acceder a la trazabilidad completa de las operaciones, incluyendo quién depositó y hacia dónde se movieron los fondos.
La gravedad institucional del planteo es evidente: no se trata solo de una acusación mediática, sino de una línea de investigación potencial que podría derivar en medidas judiciales concretas si se aportan pruebas.
Enriquecimiento bajo la lupa y señales que se acumulan
La denuncia de Pagano se suma a un cuadro ya comprometido para Adorni. El funcionario viene siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se detectara un crecimiento patrimonial difícil de explicar en relación con sus ingresos declarados.
En paralelo, trascendieron gastos millonarios, compras de propiedades, viajes al exterior y operaciones en dólares que alimentaron las sospechas. Todo esto configura un escenario donde la aparición de fondos en billeteras virtuales no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio.
La propia Pagano fue aún más allá al vincular el caso con el escándalo de $LIBRA y deslizar que existiría una estructura de manejo de dinero dentro del oficialismo, con roles asignados para canalizar fondos.
Un frente interno que se vuelve peligroso
Lo que convierte esta denuncia en particularmente delicada es su origen: no proviene de la oposición tradicional, sino de una ex integrante del espacio libertario. Eso le otorga un peso político distinto y deja al descubierto fisuras internas que hasta ahora el gobierno intentaba disimular.
Mientras Milei sostiene públicamente a su funcionario, el cerco político y judicial parece cerrarse. La combinación de denuncias cruzadas, investigaciones en curso y filtraciones constantes instala un clima de crisis permanente dentro del oficialismo.
En ese contexto, la frase de Pagano —“3 millones de dólares en una wallet”— deja de ser solo un titular impactante y se convierte en un dato que podría marcar un punto de inflexión si logra ser probado en sede judicial.
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Donald Trump anunció como «terminadas las hostilidades con Irán» en una carta enviada al Congreso que le permitió evitar el plazo legal que lo obligaba a buscar autorización legislativa para continuar el conflicto iniciado el 28 de febrero.
El mensaje fue dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, justo cuando se cumplían los 60 días desde la notificación formal del inicio de las operaciones militares, el límite fijado por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.
Esa normativa establece que el presidente debe cesar el uso de las Fuerzas Armadas pasado ese plazo, salvo que el Congreso autorice la intervención o habilite una prórroga para la retirada de tropas.
Sin embargo, ninguna de esas opciones se concretó: el Senado volvió a rechazar un nuevo intento de los demócratas para frenar el conflicto y los legisladores se retiraron de Washington por una semana.
De todas formas, la Casa Blanca sostuvo que el plazo no corresponde porque las hostilidades ya habían cesado con el cese al fuego alcanzado a comienzos de abril. «No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado», afirmó Trump en la carta.
No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa postura al señalar que el cese al fuego implica que el «reloj de 60 días se pausa o se detiene».
Chuck Grassley, preisdente protempore del Senado de EEUU.
Desde la oposición, el senador demócrata Tim Kaine advirtió que el estatuto no respalda esa lectura, mientras que su colega Richard Blumenthal sostuvo que «no hay botón de pausa en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra».
No obstante, mas allá de declarar el fin de las hostilidades, la propia carta reconoce que la amenaza iraní «sigue siendo significativa» y que las operaciones buscan «asegurar una paz duradera».
En paralelo, la Armada de Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Teherán conserva el control del estratégico estrecho de Ormuz.
Antes de viajar a Florida, Trump descartó pedir autorización al Congreso y reprochó que «ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?». Además, volvió a calificar la norma como «totalmente inconstitucional», una postura que ya habían sostenido mandatarios como Bill Clinton y Barack Obama.
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