El Banco Central logró revertir la tendencia vendedora y pudo comprar USD 53 millones, gracias a la emisión de deuda de Irsa y las mayores liquidaciones del agro, que anticipó LPO. También ayudó a descomprimir una menor demanda de los importadores.
Lo concreto es que las cerealeras cumplieron con su palabra. LPO reveló que el secretario de Finanzas Pablo Quirno, llamó a los gerentes de las empresas cereales a mediados de la semana pasada para pedirle por favor que liquiden los dólares de la cosecha. Según pudo reconstruir LPO, el complejo agroexportador liquidó USD 70 millones este martes.
Las reservas subieron USD 384 millones, después de una impresionante caída de USD 700 millones de este lunes, que se producen todos los fines de mes y obedece principalmente a los movimientos de los bancos comerciales. El primer día hábil de cada mes, se recuperan parte de las reservas que se perdieron en la jornada previa.
Sin embargo, en este caso en el camino se perdieron casi USD 300 millones. Como sea, la compra de dólares de este martes alivió al equipo que conduce Santiago Bausili que vendió USD 1.780 millones desde el 14 de marzo.
En el segmento de los dólares financieros no hubo novedades, lo que no es necesariamente bueno para el Gobierno. Porque lejos de ceder luego d ela fuerte suba de ayer, se clavaron en cotizaciones por encima de los $1330. El dólar MEP operó a $1.314, en tanto el CCL se ofreció a $1.307. La brecha con el dólar oficial se ubicó en 22,4%.
El dólar blue, un mercado pequeño, si cedió $10 y se ubicó en $1.315, luego de haber trepado $25 este lunes.
Los contratos del dólar futuro arrojaron importantes bajas en todos sus plazos. Para los próximos dos meses el mercado anticipa un aumento del oficial del 7,7%, cuando en la jornada previa la cifra era del 9,4%.
En la plaza bursatil local, el índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,8%, luego de caer un 2,3% el lunes.
“Esperaba una mejor reacción de los bonos argntinos luego de que la titular del FMI afirmara que era lógico el pedido de Argentina de un primer desembolso por 40% del acuerdo. Eso debería despejar cualquier duda sobre la capacidad de pago de los próximos meses”, consideró Cristian Buteler especialista en el sector financiero.
El problema, como reveló LPO, es que de esos USD 8.000 millones que el Fondo podría enviar, a Caputo sólo le quedarían de libre disponibilidad USD 5.500.
La organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país se manifestó fuertemente contra los cuestionamientos que desde el gobierno de Milei hicieron a la jueza Karina Andrade, que el miércoles pasado ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existía ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito.
Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantías de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados, que reprimieron de manera desbordada. La magistrada, de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.
Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pediría su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron políticamente al tratarla de “jueza de la Cámpora”, algo que algunos medios periodísticos recogieron y difundieron.
“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.
Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal.
Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial.
El jueves pasado Bullrich había escrito en su cuenta de X: “Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”.
“Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso”, dicen los representantes de todas las Cortes de la Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Es un pronunciamiento categórico de los jueces de mayor jerarquía contra el gobierno. Allí interpretan que la insinuación de un juicio político contra la magistrada porteña es un acto de amedrentamiento.
La cartera a cargo de Bullrich presentó este viernes un recurso para pedir la incompetencia de Andrade para intervenir en este caso y adelantó que está “evaluando la presentación de una denuncia penal penal por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos” ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también declaró al conocerse el fallo que se analizaría la actuación de la jueza ante el Consejo de la Magistratura “por posible incumplimiento de sus funciones”.
Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso.
El legislador porteño Yamil Santoro, de La Libertad Avanza, también presentó una denuncia contra Andrade, a la que acusó de desempeño inadecuado, maltrato sistemático a su personal y decisiones judiciales que comprometen la seguridad pública.
Los jueces superiores de la Argentina tuvieron en cuenta este contexto para pronunciarse. “La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales. Se enfatiza que en la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional”, plantearon.
La jueza contravencional porteña, Karina Andrade.
Este sábado Andrade defendió su criterio para desvincular a los detenidos. “Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó al hablar con Radio 10. Dijo también que nada impide que se pueda perseguir a esas personas si surgen elementos que así lo permitan, que ella, remarcó, no tuvo a disposición la noche del miércoles.
Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.
La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”.
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Karina Milei ordenó que Francisco Adorni, hermano de Manuel, empiece a levantar el perfil en La Plata para frenar el avance de Carolina Piparo, que está decidida a pelear para ser intendenta y podría encabezar una de las listas en las legislativas de este año.
LPO adelantó el nombramiento de Adorni como auditor de procedimientos internos en el ministerio de Defensa que conduce Luis Petri. Francisco vive en La Plata y desde que Javier Milei llegó a la Rosada se mueve en círculos sociales como candidato.
El hermano del vocero pasó de atender un bazar a acomodarse en Defensa. Primero fue nombrado asesor con un sueldo de 2,6 millones. Meses después fue ascendido al cargo de auditor y pasó a cobrar 4 millones de pesos.
A diferencia de su hermano, Francisco no escribe demasiado en su cuenta de Twitter. Se limita a reproducir posteos de Luis Petri (quizás una manera de justificar su sueldo), y también repostea a Karina y su hermano, Manuel.
En la capital provincial existen varias líneas libertarias. Por un lado, está el armado de hermana del Presidente y Sebastián Pareja. Al frente de ese armado están Juan Osaba y Matías De Urraza. Osaba es responsable de las relaciones con los municipios desde la vicejefatura de Gabinete y es el más cercano al poder de La Jefa. Sin embargo, tiene un nulo nivel de conocimiento. De Urraza tiene un perfil técnico y actualmente es el prosecretario de Participación Ciudadana en la Legislatura.
A fines de febrero ambos encabezaron un plenario en La Plata donde reunieron a unos 300 empresarios. Pareja fue el orador principal en ese acto al que se cursaron invitaciones a otros espacios libertarios, pero sorpresivamente, se olvidaron de Carolina Piparo.
Adorni es parte de ese espacio. Estuvo en el acto, pero en un segundo plano. Ahora podría ganar protagonismo. Por lo pronto, una lista con el apellido Adorni en primer lugar ilusiona a los libertarios en la capital provincial. “Para el electorado violeta un Adorni es mejor que una Piparo o un Osaba”, dicen en La Plata.
Carolina Piparo y José Luis Espert.
Adorni y Osaba son muy cercanos. Ambos son egresados del colegio San Luis, una de las instituciones privadas de mayor prestigio en la capital provincial. Curiosidades de la política, Silvia Pais -la madre de Manuel y Francisco- es peronista y trabajó durante años para el kirchnerismo en la Legislatura bonaerense.
La pulseada entre Karina y Santiago Caputo también tiene su correlato en La Plata. Caputo y Nahuel Sotelo impulsan la candidatura de Soledad Pedernera, parlamentaria del Mercosur por La Libertad Avanza.
Piparo, en tanto, tiene un armado importante. Es la posible candidata con mayor cargo en La Libertad Avanza. Tiene una cercanía a Karina, pero no integra el círculo de confianza. Tuvo fuertes cruces con la cúpula del gobierno durante la votación por la Ley Bases. Además, cuenta con una estructura legislativa importante: una diputada nacional, una senadora y una diputada en la Legislatura bonaerenses y un concejal.
En tanto, Patricia Bullrich tiene a Juan Pablo Allan como uno de sus principales referentes en La Plata. Allan es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y tiene una concejal. Todo ese sector sigue perteneciendo al PRO, pero hay otros actores que empezaron a dejar las filas del partido de Mauricio Macri, para afiliarse directamente a La Libertad Avanza. Uno de ellos es Julio Irurueta, ex concejal y actualmente funcionario de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
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