PorMunicipalidad Villa Regina
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Hoy miércoles 24 se da inicio a las muestras de los talleres que se dictan en la Escuela Municipal de Arte.
Las mismas comenzarán con el Taller de Batería a cargo de Rubén Fuentes. Será a las 20 horas en el Galpón de las Artes.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a la comunidad a participar de la actividad.
Córdoba es la primer provincia grande que canta el drama de la caída de la recaudación en toda su extensión. Con la actividad por el piso, los ingresos en términos interanuales se redujeron un impresionante 11%. También cayó fuerte la compraventa de inmuebles.
La caída viene acompañada por luces de alerta por el desplome de la actividad económica puesto que los impuestos vinculados directamente al consumo -IVA, Ingresos Brutos y Sellos- cayeron 6% en términos reales. El desplome se dio tanto en los impuestos patrimoniales provinciales, que cayeron 15%, y en los fondos nacionales, que bajaron 8%.
Por todas las ventanillas, la Córdoba recaudó 845.902 millones de pesos durante febrero, una cifra que pone en alerta al Gobierno de Martin Llaryora.
El resultado marca además la primera caída de la recaudación propia desde noviembre de 2024, cuando había registrado un retroceso real del 1%. Después de pagar un alto costo político por la suba de impuestos en 2025, este año Llaryora anunció una rebaja impositiva. Dijo que estaba atada al repunte de la actividad económica. No está ocurriendo.
Crisis de recaudación: Caputo ahora no les paga los reintegros de IVA a los exportadores
En el detalle, el IVA (neto de devoluciones) cayó 12% real; mientras que Ingresos Brutos y Sellos bajaron 3% cada uno. Sobre la caída de este último, no pasa inadvertido el parate del mercado inmobiliario cordobés: en un año cayó 20% la compra-venta de viviendas para uso familiar.
En enero, IVA, Ingresos Brutos y Sellos habían registrado una caída real del 3% interanual. En febrero el desplome fue de 6%. Lo mismo que la coparticipación: en enero la baja fue de 13% interanual; en febrero, 23%.
Agravó la situación la reducción de la coparticipación federal, que retrocedió un 23% real interanual. Pero también los impuestos patrimoniales tuvieron una fuerte caída, del 28% interanual. Lideró la baja el inmobiliario rural, que se desplomó 55%.
La situación no es particular de Córdoba y se repite en casi todas las provincias. Un informe reservado de la Comisión Federal de Impuestos proyecta que en marzo la recaudación a nivel país volvería a caer en torno al 10%, como ocurrió en febrero y causó a las provincias una merma de ingresos por 500 mil millones, sólo en ese mes.
El impacto en las finazas nacionales es tan fuerte que el ministro Toto Caputo, evalúa pagar a los contratistas de obra pública con un bono y bajo a cero el pago de reintegros a los exportadores, en un verdadero default comercial, como anticipó en exclusiva LPO.
Llaryora dio a conocer los números de la caída de recaudación en Córdoba cuando comienza a recalentarse el frente sindical por las paritarias. Es una forma de abrir el paraguas para el segundo semestre.
En lo que va del primer bimestre de 2026, Córdoba dispone de un 6% menos de recursos en comparación con el mismo periodo del 2025. La retracción presupuestaria ya llegó a los ministerios: «No hay plata», repiten los funcionarios de las áreas de administración.
Pero las alertas están encendidas por la velocidad de la crisis. En enero, IVA, Ingresos Brutos y Sellos habían registrado una caída real del 3% interanual. En febrero el desplome fue de 6%. Lo mismo que la coparticipación: en enero la baja fue de 13% interanual; en febrero, 23%.
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El fallo reciente que ordena al municipio de Daireaux a devolver a un grupo de productores el dinero que les cobró en concepto de tasa vial motiva por estas horas a varias rurales a avanzar con demandas contra ese tributo en sus municipios.
La sentencia dictada por Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, no está firme y será recurrida ante instancias superiores por la gestión municipal a cargo de María Serra, que reemplaza a Esteban Acerbo, que asumió en diciembre en la Cámara baja provincial.
Más allá de eso, en el campo ven que se refuerza la jurisprudencia sentada en 2023, cuando la tambera y referente de lechería de Carbap, Andrea Passerini, le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, que tuvo que pagarle el equivalente a tres años de tasa por no demostrar contraprestación.
Con el precedente de aquel fallo, varios grupos de productores iniciaron el proceso de judicialización de la tasa vial. Al momento, la mayoría de las presentaciones se hicieron en municipios administrados por el peronismo.
Ya se hicieron planteos judiciales en Baradero, Henderson, Necochea, General Alvarado y Azul, donde los ruralistas demandaron la anulación de «sobretasas» aplicadas en el tributo por mantenimiento de caminos.
Con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.
Esta semana, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo de productores azuleños y ordenó a la gestión local de Nelson Sombra a que entregue información «completa, veraz y adecuada» sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.
El de Azul es un conflicto que se arrastra del año pasado y con el que salió al cruce de intendentes el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino: «Pagar una tasa implica recibir un servicio y eso no está pasando. En algunos casos, la tasa vial que se paga al municipio incide más que el impuesto inmobiliario», dijo.
Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables
Ahora, con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.
«Con la Mesa de Enlace local estamos teniendo reuniones para hacer algo parecido a lo que están haciendo en otros distritos porque los caminos rurales están destruidos. Estamos en tratativas con abogados para avanzar», dijo a LPO el titular de la Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego.
Y agregó que el objetivo es «pedirle explicaciones a la Municipalidad, qué han hecho con lo que han cobrado de la tasa vial, que no se ve reflejado en los caminos».
El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales
En esa línea, el dirigente de la Rural de San Pedro, Raúl Victores, adelantó a LPO que en la entidad tienen definido «ir a la instancia judicial» contra el municipio por esa tasa.
El tema preocupa en varios municipios donde, frente al derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas en general, advierten un panorama de emergencia financiera que se agravaría sensiblemente de agregarse erogaciones por juicios perdidos por este tema.
«Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables», dijo a LPO el ex titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda.
El productor juninense analizó que empieza a haber «una tendencia en la Justicia de entender que las tasas tienen que tener contraprestación de servicio y que no son impuestos».
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«El problema de los caminos rurales es del 90% de los distritos, con lo cual es importante que el productor vuelva a tener el coraje de reclamar lo que en su momento hizo y la justicia no le daba lugar y que los intendentes entiendan que las tasas tienen que volver en servicios», sentenció Esponda.
En el caso de Daireaux, la demanda fue los ejercicios 2022 y 2023, cuando Acerbo estaba al frente de la comuna. El juez sentenció que en 2023 el 17% del presupuesto de la tasa se destinó a mantener la red vial y que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a caminos rurales.
Al momento, la mayoría de las presentaciones de los ruralistas se hicieron en municipios administrados por el peronismo.
«El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo», cruzó el municipio de Daireaux, que apelará el fallo.
Al señalar que presta un servicio «razonable», la gestión municipal sostuvo que el mantenimiento de la red vial rural «no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito».
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