Coloridas vacaciones en el Museo

Javier Milei se subió a la causa Malvinas a casi tres años de llegar a la Rosada en los que permitió que dos empresas extranjeras avanzaran en los proyectos para explotar petróleo en la cuenca norte de las islas.

El presidente sacó pecho en la cadena nacional del jueves para anunciar que endurecería las sanciones para ese tipo de empresas que ya están previstas en una ley sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan por hasta 20 años.

De hecho, en 2022, el gobierno de Alberto Fernández aplicó esa ley contra la empresa israelí Navitas, inhabilitándola por veinte años. «La sanción, máxima prevista en la Ley 26.659, declaró clandestinas las actividades de la firma israelí, que opera el proyecto Sea Lion junto a Rockhopper. El proceso se inició en 2021 junto a Harbour Energy, que se retiró tras las intimaciones», dijo Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad del gobierno de Alberto.

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«Otras compañías habían sido alcanzadas por la misma normativa en años anteriores. Las herramientas legales que se presentan hoy como anuncio ya existían y se utilizaron», dijo Aníbal.

Milei, por el contrario, no sólo no sancionó a las empresas sino que permitió que avanzaran como nunca en décadas en sus proyectos de explotación. El pasado 10 de diciembre, es decir, apenas 10 meses atrás, la mismísima Navitas cerró la Final Inversion Decision (FID), la etapa más compleja del proyecto de inversión, que les permitió anunciar que a partir de marzo de 2028 ya estarían extrayendo petróleo de la Cuenca Norte de Malvinas.

El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas. Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención.

En marzo, sus directivos incluso festejaron que Milei los dejó avanzar sin interferencias. «El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas», dijo Amit Kornhauser, directivo de Navitas, hace sólo 5 meses.

«Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención», dijo entonces Kornhauser, refiriéndose a una de las veces que Milei avaló la «autodeterminación» de los kelpers. 

«El hecho mismo de que los socios lograran asegurar la financiación del proyecto, obtener un seguro contra riesgos políticos (PRI) de bajo costo y firmar acuerdos con contratistas principales de primer nivel demuestra que la cuestión geopolítica no está obstaculizando el avance del proyecto», dijo el directivo de Navitas .

 Los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio le hicieron un gesto al círculo rojo y acordaron una medida conjunta para amortiguar el impacto del tarifazo energético sobre las industrias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

El tema del costo energético fue uno de los reclamos de la Unión Industrial Argentina en el acto por el Día de la Industria a la que el gobierno libertario vació y no mandó a ningún funcionario. La tirantez dejó a la entidad al borde de la ruptura.

Tras el choque, las tres provincias anunciaro que financiarán en ocho cuotas los cargos retroactivos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista que deben afrontar los Grandes Usuarios de la Distribuidora, conocidos como GUDI. El beneficio será voluntario y alcanzará a las empresas que adhieran al mecanismo.

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«Esto es posible porque ninguna de las tres provincias privatizó la energía», explicó un alto funcionario santafesino a LPO. En efecto, el mecanismo se instrumentará a través de la EPE de Santa Fe, EPEC de Córdoba y Enersa de Entre Ríos, las distribuidoras que permanecen bajo control provincial.

Las empresas eléctricas emitirán una nota de crédito por la totalidad del cargo que debería pagar cada industria al vencimiento original. A partir del mes siguiente, incorporarán en las facturas las notas de débito correspondientes a cada una de las ocho cuotas.

Por ejemplo, en septiembre vencen cargos correspondientes al consumo de junio. La distribuidora dejará sin efecto ese pago mediante una nota de crédito y comenzará a cobrarlo en ocho cuotas mensuales desde octubre, explicaron desde Economía de Santa Fe.

Pullaro en el acto por el Día de la Industria

A su vez, el costo financiero quedará a cargo de las provincias. Como las distribuidoras deben pagarle de contado a Cammesa por la energía consumida, los tesoros provinciales cubrirán el descalce mediante una asistencia financiera reembolsable a sus respectivas empresas eléctricas.

La decisión marca una diferencia básica con el gobierno de Milei: Pullaro, Llaryora y Frigerio utilizarán recursos propios para sostener a las industrias y el tejido productivo de sus provincias, en esta oportunidad, para afrontar el fuerte incrementode tarifas eléctrica dispuesta por Cammesa.

  «Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias alcanzadas puedan pagar en cuotas los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista», anunció Pullaro. El gobernador sostuvo que la medida busca dar previsibilidad al ecosistema productivo.  

 Esto es posible porque ninguna de las tres provincias privatizó la energía. Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias alcanzadas puedan pagar en cuotas los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista

Los gobernadores de la Región Centro venían reclamándole al gobierno nacional una solución para los grandes consumidores industriales. Ante la falta de una respuesta de la Casa Rosada, resolvieron avanzar con un esquema propio para aliviar la situación financiera de las fábricas y contener el impacto del tarifazo sobre la producción y el empleo.

En paralelo, Pullaro aprovechó el acto por el Día de la Industria en la Unión Industrial de Santa Fe para profundizar sus diferencias con Milei: «para este Gobierno, la industria es el principal aliado, porque genera valor agregado y empleo», afirmó el gobernador, que advirtió que una fábrica que cierra no puede reemplazarse porque detrás existen años de inversión, conocimiento acumulado y puestos de trabajo.

El santafesino cuestionó tanto al populismo como a las posiciones que proponen «liberalizarlo todo y dejar que el mercado regule». «No creo en ninguno de los dos», sostuvo Pullaro, que reclamó un modelo de desarrollo basado en mejores rutas, infraestructura energética, financiamiento y políticas públicas que acompañen al sector privado.

El gesto contrastó con la decisión de Milei de vaciar el acto de la Unión Industrial Argentina, donde no participó ningún funcionario nacional de primera línea. Mientras la Casa Rosada profundiza la apertura económica y el ajuste sobre la producción, Pullaro buscó mostrarse junto a los empresarios y reivindicó una identidad productivista: «Para generar igualdad, no hay que distribuir plata; hay que generar desarrollo productivo».