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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar de la propuesta del Museo Felipe Bonoli ‘Coloridas vacaciones’ que se realiza de lunes a viernes de 13 a 18 horas.
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El Poder Judicial de Río Negro rechazó la apertura del camino Tacuifí, el trayecto corto y accesible al Lago Escondido, y ordenó que el único ingreso posible sea a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas con tramos de bosque…
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.
Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.
La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.
Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.
El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.
En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.
La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.
Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.
Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.
Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.
Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.
No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.
El caso de la nutria cruelmente asesinada en Bahía Blanca derivó en un escándalo en el Concejo Deliberante cuando varios concejales recibieron amenazas de muerte y agresiones por negarse a declarar personas no gratas a los dos jóvenes que mataron al animal en el Barrio Universitario mientras se filmaban.
Fue la presidenta del cuerpo, Gisela Caputo (PRO), quien presentó un proyecto para declarar personas no gratas a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los dos estudiantes universitarios oriundos de Coronel Suárez.
El proyecto de Caputo generó revuelo de inmediato y pareció exagerado. Quienes se negaba a acompañarlo recordaron que la última persona que fue declarada como no grata en Bahía Blanca fue el represor Alfredo Astiz en 1998.
De modo que la decisión de equiparar, en términos simbólicos e institucionales, el caso Astiz con el accionar de los jóvenes que mataron el animal abrió una polémica que generó una grieta en la ciudad del sur bonaerense.
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Los concejales consideraron un exceso el proyecto de la concejal del PRO y pidieron avanzar con una disposición similar a la que utilizó la Universidad Nacional del Sur, que repudió el accionar de los jóvenes, pero no tomó medidas al respecto.
Sin embargo, Caputo insistió e impuso el proyecto en la última sesión. La iniciativa estuvo lejos de conseguir las adhesiones necesarias (necesitaba 16 votos, y sólo consiguió 10). Sin embargo, generó una serie de repudios, agresiones y amenazas de muerte contra los concejales que votaron en contra.
El clima de tensión y de escarnio público que se generó a partir del proyecto reavivó la polémica sobre el rol de Caputo al frente del Concejo. Ella llegó al organismo como cuarta integrante de la lista de La Libertad Avanza en 2025, pero a comienzos de este año generó una fractura entre los sectores del PRO y los libertarios a nivel local al desplazar de la presidencia del cuerpo a su compañero de lista, Mauro Reyes.
Según sostuvieron en aquel entonces desde el bloque libertario, la jugada de Caputo fue «una doble traición a los votantes de La Libertad Avanza que la votaron y también a Reyes, por haberse quedado ella con la presidencia del cuerpo tras un acuerdo con el peronismo, a pesar de que estaba él había sido designado para ocupar ese cargo».
El caso de la nutria conmovió a Bahía Blanca justo en un momento en el que la opinión pública estaba centrada en la investigación por la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso en un gimnasio de la ciudad tras caer al vacío por una pared falsa.
Se trata de un caso delicado para el gobierno de Federico Susbielles por las versiones sobre posibles fallas en las inspecciones realizadas por el área de Planeamiento Urbano, Habilitaciones y Fiscalización.
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