PorMunicipalidad Villa Regina
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A una semana del traspaso, las rutas privatizadas por Luis Caputo ya registran aumentos en las tarifas de peaje cercanas al 20%. Eso, luego de los despidos masivos que el Gobierno aplicó en los corredores días antes de entregarlos a las empresas.
Corresur, el consorcio integrado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que se quedó con el control de las rutas 3, 205, 226 y la autopista Ricchieri, anunció un incremento del 19,14% en los peajes de la 226 que se suma al aumento del 16% que la estatal Corredores Viales había aplicado meses atrás.
En paralelo, el consorcio privado que tendrá el control de estas rutas durante los próximos 20 años planteó obras menores y de mantenimiento para el corto plazo, confirmando las alertas que entidades de usuarios viales habían lanzado sobre la ausencia de inversiones de magnitud en los pliegos de concesión.
Concretamente, se especificaron tareas como reparación de banquinas, sellado de fisuras y el reemplazo de elementos de seguridad vial dañados, además de trabajos puntuales sobre tramos de las rutas 3 y 226.
Caputo privatizó otra tanda de rutas pero denuncian que no hay obras de magnitud previstas
Como contó LPO, el Gobierno avanzó en despidos masivos de trabajadores de peajes de esa ruta, días antes de hacer el traspaso a Corresur, que ya anunció que las estaciones operarán sin pago en efectivo y, por ende, el cobro será por medios electrónicos y automáticos.
Además de los 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría, la estatal Corredores Viales echó a 45 empleados del peaje El Dorado, entre Balcarce y Mar del Plata y a otros 35 del peaje La Vasconia entre Tandil y Balcarce.
El Gobierno avanza con despidos masivos en los peajes antes de entregarle las rutas a los privados
Mientras, Caputo acelera con la concesión de otro paquete de rutas nacionales. Esta semana se realizó la apertura del segundo sobre de ofertas económicas de la licitación de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones.
Esa etapa incluye más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. En esta instancia se presentaron 13 oferentes y 31 ofertas.
Denuncian que las concesiones viales de Milei triplican los peajes
«Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados», señalaron en Economía, donde autorizaron que Corresur aplique un aumento del 19% en peajes a seis días de tomar el control.
En el Gobierno definen a la Red Federal de Concesiones como un nuevo modelo que «se desarrollará sin subsidios del sector público». No obstante, ya en su primer tramo concesionado, Nación lanzó créditos multimillonarios del BICE, el banco que controla Economía, para que las empresas que ganen las concesiones financien las obras.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina sigue trabajando junto con las instituciones educativas en excursiones guiadas, en ésta oportunidad el pasado miércoles 5 del corriente se llevó adelante una nueva salida hacia Barda Sur cruzando el río Negro con la histórica balsa. Nuevamente el CEM 145 fue el destinatario de dicha…
El Gobierno quiere que las tasas bajen para que el crédito vuelva a mover la rueda de la economía. Pero los bancos no parecen dispuestos a acompañar esa hoja de ruta al ritmo que espera el equipo económico. La explicación que dan en las entidades es simple: nadie puede garantizar que el año que viene vuelva la volatilidad por las elecciones y el Ministerio de Economía suba abruptamente las tasas, dejándolos descalzados.
El factor político es el que más ruido mete, en voz baja. «Entre contener el dólar, la inflación y las tasas, van a priorizar las dos primeras variables. Y yo no puedo prestar a 36 meses con la tasa de hoy, sabiendo que después se mandan una como el desarme de las Lefis y te disparan la tasa al 150%. Te funden», dijo a LPO una fuente de una importante entidad bancaria.
La frase resume el cortocircuito. Caputo necesita que los bancos bajen la tasa para que el plan muestre actividad. Los bancos necesitan que el Gobierno les garantice que no habrá otro volantazo monetario. En el medio quedan las familias endeudadas y los ahorristas con tasas negativas.
El problema no es menor para Luis Caputo. Si las tasas no aflojan, el consumo queda corto de nafta. También se frena el crédito personal, se enfría la venta de bienes durables y se achica el margen para mostrar recuperación en la calle. El Gobierno necesita que el sistema financiero funcione como motor. Pero los bancos van con pie de plomo.
El dato duro muestra la brecha. La tasa promedio para préstamos personales se ubica en 71,27% nominal anual, según el promedio que publica el Banco Central. Pero ese número es apenas la puerta de entrada. El costo final depende del perfil crediticio, de si el cliente cobra el sueldo en la entidad y de los cargos asociados. Por eso el número que realmente importa es el Costo Financiero Total, que suma impuestos, comisiones, seguros y gastos administrativos.
En el Banco Nación, por ejemplo, los préstamos personales para quienes adhieren al paquete de servicios tienen una tasa fija del 74% nominal anual y un CFT efectivo anual de 171,76%. Para la cartera general, sin paquete o sin relación salarial más favorable, la tasa sube al 91% nominal anual.
En Banco Provincia, las líneas para empleados de la administración pública rondan el 79% nominal anual, con un CFT efectivo anual de 114,92%.
En los privados, la foto es más áspera: líneas tradicionales de consumo de BBVA o Galicia para clientes preaprobados online pueden ubicarse en torno al 129% nominal anual, con un costo efectivo anual de 240,51%.
Entre contener el dólar, la inflación y las tasas, van a priorizar las dos primeras variables. Y yo no puedo prestar a 36 meses con la tasa de hoy, sabiendo que después se mandan una como el desarme de las Lefis y te disparan la tasa al 150%. Te funden.
La diferencia entre tasa y costo total no es un detalle técnico. Es el corazón del asunto. La TNA marca el interés puro que cobra el banco. La TEA muestra cuánto pesa ese interés cuando se capitaliza durante el año. El CFT es el número completo: incluye IVA sobre intereses, gastos, comisiones y seguros. Es decir, lo que sale del bolsillo. La letra chica, en este caso, no es tan chica.
Del otro lado del mostrador, los bancos pagan bastante menos por quedarse con los pesos de los ahorristas. Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia ofrece 19,5% nominal anual para plazos fijos; Nación, 19%; BBVA, 18,75%; Macro, 18%; ICBC y Credicoop, 17,5%; Ciudad, 17%; Galicia, 16,25%; Patagonia, 16%; y Santander, 15%. La distancia entre lo que pagan por captar fondos y lo que cobran por prestarlos ronda los 50 puntos porcentuales en términos nominales.
Esa brecha luce desproporcionada frente a una inflación que el mercado proyecta en 30,5% interanual para diciembre, según el REM del Banco Central. Los plazos fijos pagan tasas reales negativas si se los compara con una inflación mensual que se mueve en torno al 2% o 2,3%. Los préstamos personales, en cambio, viajan varios pisos por encima de los precios esperados.
En las entidades aseguran que el principal componente de esa diferencia es el riesgo de incobrabilidad. El argumento es que cuando aumenta la mora, el banco cubre la posible pérdida encareciendo la tasa para quienes sí cumplen. Esta en el ADN del sistema financiero: socializa el riesgo dentro de la propia cartera y lo transforma en precio.
El último Informe sobre Bancos del BCRA confirma que el problema viene creciendo. En marzo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado ascendió al 7% para el conjunto de entidades. Fue 0,3 puntos más que en febrero y 5 puntos más que un año atrás. Pero el promedio general disimula la fractura: la mora de las familias llegó al 11,5%, mientras que la de las empresas alcanzó el 3,1%.
La diferencia es clave. Las empresas todavía muestran un comportamiento de pago mucho más sólido. Los hogares, en cambio, aparecen como el eslabón débil de la cadena. El deterioro de los ingresos, el uso del crédito para llegar a fin de mes y el arrastre de cuotas caras hicieron subir la irregularidad familiar al nivel más alto en dos décadas. El BCRA marcó que la suba en hogares estuvo impulsada sobre todo por préstamos personales.
Cuando la mora se mide en personas y no sólo en pesos, el cuadro se vuelve más incómodo. Un relevamiento de Analytica, elaborado sobre datos oficiales del BCRA y del INDEC, estimó que 5,3 millones de personas se encuentran en mora tardía dentro del sistema financiero ampliado. Eso equivale al 26,9% de quienes tienen algún tipo de financiamiento activo. Uno de cada cuatro deudores no logra pagar a tiempo.
Desde los bancos remarcan que la morosidad no está bajando. Al contrario, dicen que acumula más de 16 meses consecutivos de suba. En las mesas de riesgo hay una frase que se repite: no se puede prestar a largo plazo con tasas de corto plazo si la macro todavía no despejó la niebla.
Un relevamiento de Analytica, elaborado sobre datos oficiales del BCRA y del INDEC, estimó que 5,3 millones de personas se encuentran en mora tardía dentro del sistema financiero ampliado. Eso equivale al 26,9% de quienes tienen algún tipo de financiamiento activo. Uno de cada cuatro deudores no logra pagar a tiempo.
Pero la mora no explica todo. Las entidades también apuntan a las regulaciones y a los encajes del Banco Central. Los bancos no pueden prestar todo el dinero que reciben de los depositantes. Deben mantener una parte inmovilizada como garantía de liquidez. Ese dinero queda congelado y no genera ganancias comerciales directas. Según la lectura bancaria, ese costo se compensa en los créditos que sí salen a la calle.
A eso se suma la falta de escala. El mercado de crédito formal argentino es chico en relación con el PBI. Hay pocos tomadores de largo plazo, poca profundidad financiera y una historia de crisis que dejó cicatrices. En ese ecosistema, cada préstamo carga con más costos operativos, más estructura y más margen unitario.
También pesan los impuestos y el costo de fondeo. Los bancos mencionan salarios indexados, gastos administrativos, Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos y cargos asociados a cada operación. Además, el bajo atractivo de los plazos fijos tradicionales obliga a cuidar la liquidez con cuentas a la vista. Esa dinámica encarece el fondeo y vuelve más difícil trasladar al crédito una baja fuerte de tasas.
La ciudad de Villa Regina está entrando en la recta final para delinear candidatos de cara a las elecciones municipales de octubre. En cuanto a intenciones el escenario se palpa más concurrido que en los últimos comicios, y en consecuencia, menos claro. Por eso nos preguntamos, ante tan larga lista de posibles pre-candidatos, ¿cuál será…
La Corte Suprema de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses por el delito de coacción en el curso del proceso, en una causa vinculada a las gestiones realizadas en Estados Unidos para presionar a las autoridades brasileñas que juzgaban a su padre, Jair Bolsonaro.
Durante la sesión de la Primera Sala del STF, Alexander de Moraes fue uno de los jueces que sostuvo que existían pruebas suficientes para concluir que Eduardo Bolsonaro «actuó con el objetivo de influir en el desarrollo de los procesos judiciales relacionados con la denominada «trama golpista».
Según el magistrado, el propio exdiputado reconoció que se instaló en Estados Unidos para buscar apoyo político y promover sanciones contra jueces, fiscales y autoridades brasileñas involucradas en las investigaciones.
En su voto, Moraes afirmó que las amenazas denunciadas terminaron materializándose mediante sanciones internacionales dirigidas contra miembros del STF, la Procuraduría General de la República y el propio Estado brasileño. También exhibió videos y declaraciones públicas en las que Eduardo Bolsonaro describía sus gestiones en Washington para impulsar medidas de presión contra Brasil.
Antes de analizar el fondo del caso, el magistrado rechazó los pedidos de nulidad presentados por la Defensoría Pública de la Unión. La defensa había argumentado que Moraes debía apartarse del expediente por ser una de las supuestas víctimas de las acciones investigadas y cuestionó además la forma en que se notificó al acusado mientras residía en Estados Unidos.
Moraes afirmó que las amenazas denunciadas terminaron materializándose mediante sanciones internacionales dirigidas contra miembros del STF, la Procuraduría General de la República y el propio Estado brasileño. También exhibió videos y declaraciones públicas en las que Eduardo Bolsonaro describía sus gestiones en Washington para impulsar medidas de presión contra Brasil.
Por su parte, el defensor público Esdras dos Santos Carvalho sostuvo que Eduardo Bolsonaro únicamente realizó actividades de «interlocución política» con autoridades estadounidenses y que no tenía capacidad de decisión sobre la política exterior de Washington. Asimismo, argumentó que el delito de coacción exige violencia o amenazas graves, elementos que -según la defensa- no están presentes en el caso.
Alexander de Morales y Carmen Lucia.
La decisión aún no está firme. Tras el voto de Moraes, los demás integrantes de la Primera Sala -Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino- deberán emitir sus posiciones para definir si el exdiputado es condenado. El delito investigado contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión.
Eduardo Bolsonaro se instaló en Washington en la previa de los aranceles impuestos por Donald Trump a la economía brasileña en agosto del año pasado. Desde entonces, se encargó de hacer lobby para que Trump profundice la ofensiva contra Lula pero se encontró con una buena relación entre ambos mandatarios que alivió la situación.
Ahora, fue uno de los cerebros de la estrategia que hizo celebrar a Flavio Bolsonaro los nuevos aranceles que generó una crisis de imagen en las encuestas e hizo caer a su hermano y candidato a presidente cerca de 7 puntos. Inclusive, Eduardo sugirió que Brasil tiene que abandonar el sistema de transferencia bancaria estatal para adoptar el de Estados Unidos, tal como lo reclama Washington.
