PorMunicipalidad Villa Regina
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La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.
La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.
El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.
La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.
La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.
La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.
Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.
El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.
Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.
La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.
Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.
En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.
Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.
La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.
Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.
Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.
Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.
Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.
En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.
En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.
La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.
Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.
En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.
La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.
Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.
Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.
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El jefe de la Fiscalía Regional de Rosario remitió a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe un pedido de sumario administrativo contra la fiscal Raquel Almada, que el 29 de junio pasado decidió liberar sin formar causa penal al hijo del presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso, que había sido interceptado por la policía en un vehículo en el que estaban otras tres personas con un arma de fuego, en un procedimiento requerido por amenazas.
El hecho de que Almada haya dejado desvinculado a Matías Belloso y otros dos detenidos sin iniciarles un proceso para imputación causó un cimbronazo interno dentro del MPA, el órgano que rige a los fiscales santafesinos, porque existe una instrucción general de la superioridad para iniciar causa penal a todo aquel que sea encontrado con un arma, aún en los casos que la tenencia sea compartida.
Al único de los cuatro ocupantes del auto que se le inició un legajo en la fiscalía es a Fausto Carbajo, de 25 años, quien dos meses antes había sido denunciado por extorsión. Esto como refirió LPO la semana pasada lo hizo el futbolista Jonatan Gómez, surgido en Central y actual jugador de Sarmiento de Junín, quien refirió que Carbajo pasó por su casa para intimidarlo por una deuda que acumuló en una plataforma de juego online. Que precisamente explotan personas ligadas a la conducción de barra brava de Rosario Central.
El incidente que dejó a Almada en la mira ocurrió hace nueve días cuando una mujer llamó al 911 porque la estaban amenazando en la vía pública, frente a su casa, por una deuda que ella asegura haber cancelado. Cuando dos móviles de la policía llegaron a la esquina requerida en Granadero Baigorria, municipio lindante a Rosario, dos personas se metieron en la un Peugeot 308. Los policías lo cruzaron y requisaron el vehículo. Encontraron un revólver calibre 22 largo debajo de la alfombra en el asiento del acompañante. Ahí iba Carbajo.
La fiscal Almada decidió imputar a Carbajo pero desligar a los otros tres acompañantes entre los que estaba Matías Belloso, de 26 años, hijo del titular de Rosario Central, que actuó como dirigente en Conmebol antes de ser electo en la entidad auriazul en 2022, y es íntimo de Claudio Chiqui Tapia. Quien el año pasado decidió otorgar de hecho, y de manera inusual, un campeonato a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntaje había reunido.
La discordia interna, que también molestó al gobierno de Maximiliano Pullaro, es porque la fiscal decidió restituir los teléfonos a los ocupantes desvinculados, algo que es propio cuando no se forma causa penal.
El malestar es porque existe una instrucción en el MPA desde 2019, a raíz de la alta violencia con disparos que puso a Rosario como uno de los puntos del país con más casos de homicidios, de perseguir todos los casos de tenencia de armas de fuego. Lo que implicó que no se deslindara de entrada a las personas detenidas con un arma y que se pidiera prisión preventiva inicial. Esto incluso ha implicado condenas por tenencia compartida.
La discordia interna, que también molestó al gobierno de Maximiliano Pullaro, es porque la fiscal decidió restituir los teléfonos a los ocupantes desvinculados, algo que es propio cuando no se forma causa penal
El hecho de no retener los teléfonos para la pericia forense del contenido fue considerado una omisión severa por los investigadores, dado que allí podrían surgir pistas penales o evidencia del accionar de una organización ligada a Rosario Central que explota el juego online ilegal, que tiene una capacidad de generar ingresos multimillonarios, y que está diseminado por muchos barrios de la ciudad. Esto produce endeudamiento en muchos usuarios, algunos de los cuales toman crédito a niveles usurarios, que según causas penales instruidas en Rosario se cobran bajo chantaje, amenazas o ejercicio concreto de violencia.
La causa por la amenaza inicial que implicó al hijo de Belloso fue asignada al fiscal Fernando Dalmau, quien al momento analiza si al solo hecho de la amenaza contra Carbajo y la tenencia del arma ilegal le adiciona otros delitos, como los conectados con las extorsiones del juego clandestino. Algo por lo cual Jonatan Gómez, el volante de Sarmiento de Junin, lo denunció de manera concreta en abril pasado en la Fiscalía de San Lorenzo, ciudad ubicada a 20 kilómetros de Rosario.
Algo más que llenó de suspicacias el caso es que la mujer que denunció el hecho atribuyó el apriete a dos personas con las que tomó una deuda que dijo haber pagado. Pero despegó a los cuatro del auto entre los que estaban dos en la calle donde ella había señalado al llegar la policía. Los investigadores murmuran que es típico en caso de aprietes que la víctima, coaccionada, desvincule a quienes la amenazan.
El auditor general de gestión del MPA, Leandro Mai, confirmó escuetamente a este medio de que le habían remitido el caso de la intervención de la fiscal Almada para formar un sumario disciplinario que establezca si surgen o no de su desempeño responsabilidades administrativas que merezcan sanción.
En casos como éste, en general los fiscales de Flagrancia frente a llamados con distintas personas detenidas en posesión de un arma suelen dejar preliminarmente privados de libertad a los imputados, se toman huellas dactiloscópicas para el prontuario policial, se comunica lo actuado al Ministerio Público de la Defensa para asignar defensores y a la oficina que organiza las audiencias públicas para imputar. También se inician pericias del arma y de los teléfonos secuestrados.
El caso pegó fuerte dentro de la Fiscalía Regional de Rosario. Su titular, Matías Merlo, emitió la circular interna 17/2026 donde da pautas para reforzar los inicios de investigaciones a personas detenidas con armas.
Lo que hay de trasfondo es algo referido por este medio reiteradamente. Y son los hechos de violencia y negocio criminal ligados a la barra brava de Rosario Central que insinúan un cambio de escala desde el asesinato en noviembre de 2024 de Andrés Pillín Bracamonte, líder de la hinchada auriazul durante más de veinte años.
