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Se perdieron 300.000 empleos formales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La promesa libertaria de una supuesta “modernización” del mercado laboral empieza a mostrar sus verdaderos efectos sociales. Un informe elaborado por el área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires expuso un escenario alarmante: caída sostenida del empleo formal, destrucción del salario real y crecimiento de la informalidad laboral en toda la Argentina.
El trabajo, coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria, analiza datos oficiales del SIPA, la EPH y el INDEC y desarma uno de los principales relatos del gobierno libertario: que el “ajuste” generaría inversiones y empleo privado. Por el contrario, los números muestran un deterioro persistente del mercado laboral desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
Según el informe, el empleo asalariado formal acumuló una pérdida cercana a los 300 mil puestos respecto de noviembre de 2023. El fenómeno afecta tanto al sector privado como al público y refleja una economía paralizada, con consumo deprimido y cierre constante de pequeñas y medianas empresas.
Los datos muestran además que las remuneraciones continúan perdiendo frente a la inflación. El salario mínimo, vital y móvil sufrió un derrumbe histórico de poder adquisitivo durante la gestión libertaria. El propio informe sostiene que el deterioro ya ubica al salario mínimo por debajo de los niveles previos a la crisis de 2001.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el salario mínimo perdió cerca de un 38% de capacidad de compra. En paralelo, el salario promedio registrado también retrocedió en términos reales, especialmente en el sector público.
El discurso oficial insiste en mostrar desaceleración inflacionaria como sinónimo de recuperación económica. Sin embargo, el informe de la UBA deja en evidencia que gran parte de esa desaceleración se explica por el desplome del consumo popular, producto directo de salarios pulverizados y destrucción del empleo.
Otro de los puntos más graves del trabajo académico es el crecimiento de la informalidad laboral. El estudio determinó que el 43% de los trabajadores argentinos se desempeña en condiciones informales, es decir, sin cobertura previsional, derechos laborales ni protección social.
Eso implica que más de cuatro de cada diez personas trabajan “en negro” en un contexto donde además aumentan la pobreza y la vulnerabilidad social. El informe remarca que el 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres.
La situación golpea especialmente a los jóvenes. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, la informalidad alcanza niveles extremos: alrededor de siete de cada diez trabajadores jóvenes están fuera del sistema formal.
Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los investigadores advierten que el deterioro atraviesa a casi todas las provincias y ramas de actividad. Comercio, industria y servicios aparecen entre los sectores más afectados por la pérdida de puestos registrados.
Mientras Milei insiste con una narrativa de recuperación macroeconómica, los indicadores laborales muestran otra realidad: menos empleo, peores salarios y mayor precarización. La lógica del ajuste permanente y la licuación de ingresos funcionan como mecanismo de transferencia de recursos hacia los sectores concentrados, pero destruyen el mercado interno y profundizan la desigualdad.
El informe de la UBA también desmiente otra de las promesas libertarias: que la flexibilización laboral mejoraría el empleo. Hasta ahora, lo que se observa es exactamente lo contrario. La pérdida de derechos y el debilitamiento del salario no generaron crecimiento económico ni inversión productiva sostenida. Lo que sí avanzó fue la informalidad y la fragilidad social.
En términos políticos, el deterioro del empleo empieza a convertirse en uno de los principales puntos débiles del gobierno. La caída del poder adquisitivo ya no afecta solamente a trabajadores informales o sectores vulnerables: también impacta sobre asalariados registrados y capas medias que durante 2024 y parte de 2025 acompañaron electoralmente a Milei esperando una mejora económica que nunca llegó.
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El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, impuso el lobby de la tabacalera Massalin Particulares y
logró el gobierno nacional habilite el vapeo.
Tras seis meses como funcionario, el exempleado y lobista de Philip Morris logró destrabar un viejo reclamo de sus antiguos empleadores y consiguió que se derogue la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011.
LPO informó hace meses que el objetivo de
Devitt era destrabar el multimillonario negocio del vapeo, una medida que las tabacaleras habían querido colar en la ley Bases. Massalin ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando a pocos días de que se le venciera el mandato como diputado, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el negocio.
Massalin le copó a Adorni el vínculo del Congreso para sacar el vapeo
Además del vínculo con el Congreso -que es formalmente una de sus tareas-, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la avanzada de Philip Morris a favor del vapeo y hasta se metió en la mesa política del gobierno. Pero finalmente no necesitó de una ley del Congreso y Milei le facilitó el trámite con una resolución simple del Ministerio de Salud.
La norma publicada este lunes con la firma de Mario Lugones establece los requisitos para el registro, la comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.
El argumento oficial es que se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal. «La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos», deslizaron desde Salud.
Justamente esa habilitación es la que necesitaban las tabacaleras para meterse en un negocio millonario. La única limitante que les puso el gobierno de Milei es que no podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.
Una pelea por definir es el impuesto que se cobrará a los cigarrillos electrónicos. Durante el debate por la ley Bases, el proyecto de las tabacaleras incluía un impuesto del 20 por ciento a estos productos, una cifra muy por debajo de lo que tributan las empresas productoras de cigarrillos comunes, el 73 por ciento.
