Coloridas vacaciones en el Museo

Una de las pocas causas por corrupción durante el gobierno de Javier Milei que avanza en la justicia tiene como escenario Tandanor, el estátegico astillero estatal. 

La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor. 

La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares. 

Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. 

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La causa nació de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas terminaron en una denuncia de la propia empresa y Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. 

El episodio atraviesa una empresa que LPO viene siguiendo desde el comienzo del gobierno libertario. Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. 

Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión. 

Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Hernández despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados y contrató a BDO para realizar una auditoría. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, precisamente el área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la compañía. 

La decisión generó una crisis interna. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y una de las integrantes del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo que había tomado la conducción. 

La gestión de Hernández ocurrió además mientras dentro de Tandanor crecían las sospechas de que el gobierno preparaba el terreno para rematar activos de la empresa. El astillero no solamente tiene capacidad industrial estratégica: ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires. 

El interés inmobiliario siempre sobrevoló la discusión. Frente a Tandanor se encuentra el gigantesco desarrollo Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar las tierras del astillero multiplicó las sospechas sobre qué había realmente detrás del interés libertario por desprenderse de la compañía. 

Hernández finalmente dejó el cargo y en su lugar desembarcó Mauricio González Botto, otro hombre directamente vinculado a Posse. Antes de llegar a Tandanor, González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de las privatizaciones del gobierno. 

Ahora, mientras el gobierno vuelve a mover las fichas alrededor del futuro del astillero, la Justicia reconstruye qué ocurrió puertas adentro durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo escrito a mano y los movimientos bancarios secuestrados dejaron de ser una auditoría administrativa para convertirse en una causa federal por cohecho.

La pérdida de los salarios frente a la inflación hizo que 1,7 millones de personas cayeran en la pobreza durante el primer semestre de 2026. La combinación de baja de ingresos y aumento de la canasta básica provocó un incremento de la cantidad de pobres.

Los salarios que más crecieron en el último año fueron los informales. En promedio, un asalariado informal gana la mitad de lo que gana un asalariado formal.

Si se toman en cuenta las cuatro ramas que son las mayores empleadoras del país, comercio, construcción, industria y alojamiento y servicios de comidas, representan al 40 y el 45% de los ocupados con sueldos entre 680 y 825 mil pesos por mes.

Ese monto cubre apenas entre 49% y 59% de la Canasta Básica Total de un hogar tipo, y equivale a entre 51% y 60% de lo que gana un asalariado formal en la misma rama, que cubre entre 83% y 111% de esa canasta.

Los asalariados formales del sector privado cayeron 2,9%, mientras que en el sector público perdieron 2,6%, según calcularon Mariana Sosa, Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente del Grupo de estudios sobre desigualdad y movilidad social de la UBA-IGG.

El sector privado no registrado, en cambio, los salarios subieron 19,5%, pero no alcanzaron para compensar el derrumbe públicos y formales.

La última medición del INDEC, del segundo semestre de 2025, había dado un 28,2% de pobres. El nuevo índice estaría entre el 31 y el 32%.

Según publicó Clarín, para Agustín Salvia, del Observatorio de la UCA, si actualizara la composición de las canastas en base a la Encuesta de Hogares 2017/18 (en lugar de la 2004/05 que se aplica actualmente), la pobreza treparía a 38 o 39%.