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‘Coloreando mi ciudad’ en Villa Alberdi

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita niños y niñas de entre 8 y 12 años a participar del ‘Coloreando mi ciudad’ que tendrá lugar en el barrio Villa Alberdi.

La actividad se realizará hoy jueves a partir de las 17,30 horas con punto de encuentro en la Plaza de los Dinosaurios, desde donde se realizará una caminata para terminar la jornada pintando lo aprendido.

Se les recuerda a los asistentes llevar barbijo y su propia botellita de agua. Esta propuesta se organiza junto al Departamento de Juntas Vecinales.

Para más información o consultas comunicarse con el Presidente de la Junta Vecinal de Villa Alberdi o al teléfono 2984-904350.

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  • La minera Glencore premió con un viaje a Estados Unidos a los que votaron la Ley de Glaciares

     

    La poderosa empresa Glencore, con intereses en diversas esferas de la producción a nivel mundial, organizó un viaje a Estados Unidos para la semana próxima con un grupo de senadores y diputados argentinos que apoyan la modificación de la Ley de Glaciares.

    El tour legislativo alcanza a representantes de distintos bloques y la convocatoria se habría cursado a través de la Red de Acción Política (RAP), una asociación civil que cultiva el «pluralismo ideológico» y propicia «la generación de amistad cívica entre políticos de distintos partidos, regiones y niveles de responsabilidad».

    Entre sus misiones y visión, la RAP menciona los «vínculos de confianza y generar espacios de diálogo e interacción entre líderes y referentes de diversos sectores de la sociedad», como así también «la generación de consensos buscando reducir la volatilidad y pendularidad de las políticas públicas».

    Fuentes parlamentarias revelaron a LPO que, en esta ocasión, fueron invitadas la senadora santacruceña Natalia Gadano, que se opuso a los cambios, y sus colegas Victoria Huala por el PRO y Mariana Juri por la UCR. Ambas votaron por la afirmativa en febrero, cuando se trató la ley en el Senado.

    Adorni se salvó de la interpelación por el bloqueo de los libertarios y el PRO pero quedó cerca de la moción de censura

    En representación de la Cámara Baja, se subirían al avión la catamarqueña Fernanda Ávila, que emigró de la bancada de UP al bloque de Raúl Jalil, y su par bonaerense Nicolás Massot, que permanece junto a Miguel Pichetto. También formarían parte de la comitiva la sanjuanina Nancy Picón Martínez, la misionera Yamila Ruiz, que integra Innovación Federal, la cordobesa Carolina Basualdo y el jujeño Guillermo Snopek, todavía alineado con Germán Martínez.

    De todos ellos, los únicos que anunciaron su voto en rechazo a los cambios de la ley vigente fueron Basualdo, diputada por el espacio de Martín Llaryora en el interbloque Unidos, y Snopek. «Votar esta ley sería entregarle a Gerardo Morales los proyectos mineros en detrimento de nuestra provincia», dijo el legislador jujeño este miércoles en plena sesión, y sostuvo que la iniciativa «es muy peligrosa para la calidad institucional de Jujuy».

    Nancy Picón Martínez.

    Entre los legisladores opositores, crecía la bronca por una excursión que, a todas luces, parece un premio que podría ser considerado una dádiva en sede judicial. De ahí el énfasis que puso este martes el propio Martínez, durante el debate en el plenario de comisiones, cuando preguntaba de forma insistente «¿Qué pasó?» para dilucidar por qué diputados y gobernadores que hasta ahora no habían manifestado la necesidad de cambiar la ley promovían ahora esta iniciativa.

    La única respuesta que esbozó el jefe del bloque peronista fue una pregunta retórica: «¿Qué pasó en el medio? ¿Estados Unidos? ¿Qué es? ¿El Fondo Monetario Internacional?».

     

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    ESCÁNDALO ADORNI: Lemoine salió a defenderlo y terminó confirmando la casa no declarada

     

    Lejos de apagar el incendio político, la diputada libertaria Lilia Lemoine terminó echando más nafta al fuego: al responderle al periodista Pablo Duggan, confirmó que la propiedad denunciada de Manuel Adorni existe. El intento de minimizar el tema dejó al descubierto lo que el oficialismo venía evitando reconocer.

    Por Roque Pérez para NLI

    El escándalo por la casa en un country no declarada por Manuel Adorni sumó en las últimas horas un elemento clave: la confirmación desde el propio espacio libertario. Y no fue menor el dato, porque llegó de boca de una de las dirigentes más cercanas al núcleo duro del oficialismo.

    Todo ocurrió cuando Lemoine salió a responderle a Duggan en redes sociales, en medio de la creciente polémica. En ese intercambio, la diputada intentó relativizar la gravedad del asunto, pero terminó admitiendo lo central: la vivienda existe. Su frase fue tan explícita como reveladora: sostuvo que se trata de “una casa reformada… en un country de clase media”, intentando contrastarla con una “mansión”.

    El problema es que, en ese intento de “bajarle el precio” político al tema, terminó validando el punto de partida de la denuncia: la propiedad señalada efectivamente está.

    De la negación al reconocimiento implícito

    Hasta ahora, el oficialismo había evitado dar precisiones claras sobre la denuncia que tomó estado público y que incluso ya había sido recogida por NLI, donde se detalló el carácter no declarado del inmueble.

    Sin embargo, el giro discursivo de Lemoine marca un punto de inflexión. Ya no se trata de discutir si la casa existe o no, sino de por qué no figura en las declaraciones correspondientes.

    El propio Duggan venía insistiendo en distintas irregularidades vinculadas al patrimonio y los gastos de Adorni, señalando inconsistencias entre ingresos declarados y consumos registrados, lo que abrió un frente de sospechas que ahora suma este nuevo capítulo ().

    En ese contexto, la confirmación indirecta de Lemoine no hace más que profundizar el escándalo: si la casa está, la pregunta es por qué no fue informada.

    El intento de minimizar que agravó la situación

    El argumento elegido por la diputada libertaria tampoco pasó desapercibido. En lugar de negar los hechos, optó por una estrategia clásica: relativizar el valor de la propiedad.

    Pero ese enfoque generó el efecto contrario. Porque en términos políticos y legales, el problema no es si la casa es lujosa o de “clase media”, sino su eventual omisión en los registros patrimoniales.

    En otras palabras, el eje no está en cuánto vale la propiedad, sino en si fue declarada o no.

    Y ahí es donde el oficialismo queda expuesto: la defensa no desmiente la acusación, la confirma.

    Un escándalo que escala

    El caso ya venía creciendo en los últimos días con denuncias mediáticas, cuestionamientos por gastos y el foco puesto sobre el patrimonio del funcionario. Ahora, con la intervención de Lemoine, el tema entra en una nueva etapa.

    Porque cuando la propia tropa oficialista admite el dato central, el margen para eludir explicaciones se reduce drásticamente.

    Así, lo que comenzó como una denuncia periodística empieza a transformarse en un problema político concreto para el entorno de Milei, que vuelve a quedar bajo sospecha por inconsistencias entre discurso y prácticas.

    Y esta vez, no hizo falta una investigación judicial ni una filtración: bastó un tuit para confirmar lo que intentaban negar.

     

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  • «Kicillof tenía razón»

     

    Sebastián Soler condujo el equipo legal que inicialmente intervino en Nueva York para defender la legalidad de la expropiación de YPF como subprocurador del Tesoro en el gobierno de Alberto Fernández. Rosarino por adopción, graduado en Derecho en la UNR tiene una maestría en Harvard y durante mucho tiempo litigó en Wall Street. Sobre el fallo que dio la razón a la posición argentina sobre la recuperación de YPF tiene mucho que decir, y lo hace. 

    De elegir dos conclusiones la primera sería, afirma, que se expropió correctamente. La segunda es que hoy deberíamos celebrar todos. «Incluso los que festejan per diciendo que se actuó mal deberían leer el fallo. La Cámara de Nueva York dice que Argentina actuó de acuerdo a su derecho».

    -¿Cuál le parece el punto central por la que la posición argentina se impuso en el fallo conocido hoy?

    -Son en realidad los argumentos de defensa que se promovieron durante la gestión del gobierno anterior y que afortunadamente fueron reiterados por la gestión del gobierno actual. Ha habido una continuidad y eso rindió sus frutos hoy. En resumidas cuentas, la Cámara de Nueva York lo que dice primero es que quizás este juicio debió realizarse en la Argentina, pero reconoce que la jueza Preska tiene amplia discreción para decidir sobre su competencia y, por lo tanto, más allá de un parecer distinto, no revierte la decisión de la jueza, no la revoca, de haberse quedado con el juicio y haber resuelto en primera instancia como resolvió. Paso seguido, la Cámara dice que, por lo tanto, como el juicio está en Nueva York, hay que revisar la decisión de Preska, de novo, que es la expresión en latín que quiere decir como si viéramos estos temas como primera vez. Y lo que dice es que todas las cuestiones en discusión, en este caso, son de derecho argentino, no son de derecho estadounidense, y por lo tanto tenemos que interpretarlas desde ese punto de vista. 

    El paso siguiente es afirmar que es cierto que el Estatuto de YPF decía que Argentina, si adquiría el 49% más de las acciones de YPF en algún momento, por ejemplo, mediante expropiación, debía ofrecerle comprar sus acciones a los demás accionistas minoritarios, y es cierto también que no lo hizo. Pero, dice la Cámara, bajo el derecho argentino, que es el derecho aplicable, deben considerarse dos cosas. El Estatuto de una Sociedad privada no es un contrato bilateral, y, por lo tanto, bajo el derecho argentino, uno de los accionistas no puede demandar por daños a otro de los accionistas –el otro accionista en este caso sería la República Argentina– por el supuesto incumplimiento de una obligación del Estado, y en eso Preska se equivocó. 

    Y segundo, dice la Cámara, bajo el derecho argentino, no la ley específica de la expropiación de YPF, sino la ley general de expropiaciones, no puede una acción de un privado, en este caso la demanda que intenta imponerle a la Argentina la obligación de indemnizar por no haber hecho la oferta de compra, no puede una acción de un privado restringir la potestad expropiatoria amplia que tiene la República Argentina. Recordemos que la facultad expropiatoria es una facultad reconocida por la Constitución Nacional, que sólo impone tres requisitos: que se apruebe por ley, que se declare por utilidad pública, y que se indemniza al dueño efectivamente expropiado, cosa que en este caso se hizo. Por tanto, la Cámara dice: revocamos el fallo de Preska, Argentina tiene razón, ganamos el juicio.

    -Hay un ánimo celebratorio en todos lados, pero argumentos diferentes. Por ejemplo, el expresidente Macri habla de que en YPF hubo una expropiación ilegal

    -Es lo contrario a lo que dice la Cámara, es lo contrario a lo que dicen los escritos de defensa presentados por el Gobierno actual y es lo contrario a los presentados por nuestra gestión durante el Gobierno de Alberto Fernández. Falso. Literalmente es tratar una vez alguien de inmiscuirse y ganar un crédito por algo en lo que no tiene nada que ver. El Gobierno actual puede correctamente decir parte del mérito es nuestro porque efectivamente ellos tomaron tres decisiones atinadas, más allá de las declaraciones desagradables e inoportunas del presidente de la nación de hoy. Las decisiones técnicas que tomó su gobierno fueron atinadas y fueron tres. La primera es que no bien llegaron, ratificaron la designación de Sullivan&Cromwell, el estudio internacional que habíamos elegido nosotros en diciembre de 2019 para que nos defendiera del caso. O sea, el mismo estudio que trabajó en la defensa entre 2019 y 2013, es el que trabajó en la apelación. 

    Segundo, confirmaron al frente de la Dirección de Internacionales de la Procuración del Tesoro a las dos funcionarias de carrera brillantes académicas de Derecho Internacional Público, la doctora Mariana Loza, la doctora Alejandra Echegorri, para que continuaran prestando ese servicio como funcionarias de carrera en la apelación. Ellas así se desempeñaron y son las mismas que nosotros habíamos designado en esos cargos en nuestra gestión. Y la tercera y más importante es que eligieron continuar los argumentos de defensa planteados por la gestión anterior. Esos son los argumentos de defensa que la Cámara acogió y que nos permitieron ganar el juicio.

    -¿Por qué en gobiernos muy diferentes se mantuvo la misma estrategia legal?

    -Primero hay un hay un requisito del derecho procesal estadounidense que no le permite al apelante, en este caso, la República Argentina ya bajo la gestión del gobierno de Milei, plantear argumentos nuevos que no haya planteado en su defensa en la primera instancia, o sea, que había una un impedimento legal. Y segundo, me imagino, porque hablaron con Sullivan&Cromwell, hablaron con las funcionarias de carrera que habían llevado la defensa durante los cuatro años anteriores, y confío que tras una conversación sensata concluyeron correctamente que debían seguir por el mismo camino.

    Axel Kicillof

    -¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tuvo coincidencias con la posición argentina?

    -Hay que entender que Estados Unidos no estuvo en contra del fallo de fondo de la jueza Preska. Efectivamente sí el gobierno de Estados Unidos presentó dos escritos muy importantes, apoyando la postura de la defensa argentina. Uno bajo el gobierno de Biden y otro bajo el gobierno de Trump. Fue en dos cuestiones puntuales. 

    La primera, oponiéndose a la pretensión de Burford, acogida por una orden de Preska, de tratar de forzar el pago de esa sentencia ordenándole a la Argentina entregar acciones de YPF. Y la segunda, apoyando la petición de la defensa argentina de suspender el proceso de Discovery, es decir, de adecuación de información, hasta tanto se resolviera el fondo del asunto, que es lo que sucedió hoy. Es decir, el gobierno estadounidense apoyó la defensa argentina, pero en cuestiones colaterales al tema de fondo.

    -¿Y por qué interpreta que hizo eso?

    -Quiero creer que porque está de acuerdo con la postura de la defensa técnica de la defensa argentina, porque cree, en el caso de la orden de entregar las acciones de YPF, que excede las potestades de los jueces de Nueva York, que fija la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, que dice que los bienes de un estado extranjero solamente son embargables si están dentro del territorio de Estados Unidos, y las acciones de YPF, que están registradas en el registro que lleva la Comisión Nacional de Valores de Argentina, no están en el territorio de Estados Unidos. Y en el del caso de Discovery, porque el Discovery había llegado a límites francamente indefendibles en cuanto a cuánto se entrometían en cuestiones internas de la Argentina, la clase de información que pretendían. Pero, sobre todo, porque parecía un despropósito pretender que la Argentina, en el primer caso, pagara la sentencia y, en el segundo, siguiera entregando información cuando el fallo todavía no estaba firme.

    -Alguien sin formación legal ve que Burford adquirió el derecho de ir a juicio por unos 15 millones de euros y que una jueza con eso le aseguró un resarcimiento de más de 16 mil millones ¿Son principios jurídicos los que permiten eso?

    -Burford compra en 15 millones de euros más el compromiso de entregarle a la quiebra de las empresas Peterson en España el 30% de lo que lograra cobrar y se hace cargo de todos los gastos del juicio, incluyendo honorarios de abogados. Efectivamente el 70 por ciento se lo quedaba. La razón por la que Preska decide concederle a Burford 16.000 millones de indemnización más los intereses de 2012 es porque concluye, equivocadamente, ahora lo sabemos por la decisión de la Cámara, que Argentina debió ofrecer comprar las acciones de, en este caso, las empresas Peterson de la familia Esquenazi cuando expropió a Repsol. Y el precio que debió pagar por esas acciones, de acuerdo a la fórmula que establece el estatuto de YPF adoptado por la Argentina en la década del 90 cuando se privatizó, era un precio, según Preska y según Burford, no el que se le pagó a Repsol, no el precio de mercado de las acciones en ese momento, sino el precio más alto que surgía de una fórmula que había puesto Menem, el gobierno de Menem, en el estatuto de YPF, justamente para ser virtualmente imposible expropiar YPF. Esto queda hoy sin efecto. Terminado acá a favor de la Argentina. No hay más condena.

    -¿Cuáles son sus conclusiones sobre lo que dice y lo que formula el fallo conocido hoy?

    -Lo primero, que se expropió YPF correctamente. Para decirlo en términos políticos, Axel tenía razón. Es decir, el gobierno hizo lo correcto en aquel entonces cuando se formuló esta pregunta: ¿Me alcanza con expropiar el 51 por ciento, porque quiero asegurarme que recupero el control estratégico de las políticas de YPF, pero, al mismo tiempo, mantengo su capital abierto cotizando en bolsa y nombro un gerenciamiento profesional? Se acuerda que vino Miguel Galluccio por aquel entonces. Eso se concibió de modo de que la empresa esté al servicio del posible interés Argentina, por ejemplo, reinvirtiendo sus utilidades, haciendo crecer Vaca Muerta. Pero, al mismo tiempo, sin que nadie dude de que el gerenciamiento era profesional, que tiene en cuenta el interés de la empresa también. Esa decisión fue correcta, y la manera de hacer eso era no ofrecer comprar el resto de las acciones, porque, si no, nos quedábamos con el cien y pagábamos una fortuna. Esa es la primera lección del fallo de Cámara de hoy, que dice, que la Argentina actuó de acuerdo a su derecho

    Y la segunda lección, que me parece importante, pero que no se entiende del todo, es que en días como hoy deberíamos celebrar todos. Y nadie debería tratar de hacer de esto una ganancia política. El gobierno actual en vez de derivarse en otras

    cosas

    en una cadena nacional podría decir: «Ganamos porque esto fue una política de Estado que todos suscribimos». Yo desafío a cualquiera que lea los escritos que presentó este Gobierno en la apelación y no va a encontrar una sola frase que diga que Argentina expropió mal.

    -Es arbitrario o torcido decir que porque Argentina expropió hoy tenemos Vaca Muerta?

    -No lo es. Me parece que nadie duda a esta altura que ha sido beneficioso para el país recuperar YPF. Ya ni siquiera pueden decir que se expropió mal. Al menos desde el punto de vista del derecho argentino.

     

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