La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita niños y niñas de entre 8 y 12 años a participar del ‘Coloreando mi ciudad’ que tendrá lugar en el barrio Villa Alberdi.
La actividad se realizará hoy jueves a partir de las 17,30 horas con punto de encuentro en la Plaza de los Dinosaurios, desde donde se realizará una caminata para terminar la jornada pintando lo aprendido.
Se les recuerda a los asistentes llevar barbijo y su propia botellita de agua. Esta propuesta se organiza junto al Departamento de Juntas Vecinales.
Para más información o consultas comunicarse con el Presidente de la Junta Vecinal de Villa Alberdi o al teléfono 2984-904350.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah anularon este jueves una serie de allanamientos y embargos dispuestos por el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre, socio de Martín Menem, para la prestación de servicios a la intervención de Osprera, la obra social de los peones rurales.
Aguirre, comparte el paquete accionario de TR Nutrition, dedicada a la venta complementos nutricionales, con el presidente de la Cámara de Diputados, pero también es dueño de la firma de consultoría informática HTECH Innovation. En efecto, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan indagan la empresa de tecnología por dos facturas que rondan los 260 millones de pesos.
Tal como informó LPO, el socio de Menem fue citado a indagatoria junto a los interventores que designó el gobierno, Virginia Montero y Marcelo Petroni, un abogado ligado a Lule Menem.
Las defensas de los imputados apelaron y la causa llegó a la Sala II de la Cámara Federal porteña, donde se desempeñan Roberto Boico y Farah. Como Martín Irurzun cumplió 75 años el pasado 18 de julio sin que Javier Milei mandara su pliego de prórroga al Senado, los camaristas tuvieron que sortear un tercer juez entre los tres integrantes de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Yadarola y Bertuzzi, nombrados en sus cargos después de una traumática votación para el kirchnerismo en la Cámara Alta.
Por azar en el sorteo, Bertuzzi terminó siendo el magistrado que desempató a favor de los interventores y Aguirre, todos cercanos a los primos Menem.
Bertuzzi anudó con este fallo, una seguidilla de cuatro definiciones a favor del gobierno a una semana de que el decreto de su nombramiento se publicara por Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.
Eduardo Farah.
Primero confirmaron el apartamiento de las querellas en la causa LIBRA, dejando el caso al borde del archivo porque el fiscal Eduardo Taiano mantiene la investigación planchada. Luego, votó junto a Llorens para enterrar la pesqiusa por el endeudamiento perpetrado por Mauricio Macri y Luis Toto Caputo en 2018, con un dictamen contundente del fiscal Franco Picardi. Y el lunes pasado votó también el archivo de la causa por el espionaje que se instrumentó desde la AFI y que descubrió la ex interventora Cristina Camaño en los discos rígidos de las computadoras de la central de inteligencia.
En Comodoro Py, señalan que Bertuzzi «se está apurando a pagar al contado su designación», en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei y su antiguo promotor, el ex presidente Mauricio Macri.
Bertuzzi se está apurando a pagar al contado su designación, dicen en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei.
Más extraño es el caso de Farah, que ingresó a la cámara por impulso del peronismo, responde al auditor Javier Fernández y viene desmarcándose de los compromisos que el kirchnerismo le reclamaría. Auditor de la Nación desde 2001, Fernández solía decir que su conducción era Cristina Kirchner y que ejercía ascendencia sobre Farah.
El voto del camarista es otro elemento más en el desconcierto de los peronistas. «Hay un vínculo entre Javier Fernández y Cristina pero juega para él mismo y Farah está ahí gracias a nosotros, que lo repusimos, pero en la mayoría de los casos jugó para el orto», resumió una fuente del Congreso.
El único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas.
Con todo, el único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía «a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas en el marco del legajo de investigación N° 1, y de lo obrado en su consecuencia, porque la actividad procesal que las integra, fundamenta y ejecuta se llevó a cabo con exclusión de la intervención de las defensas, sin que existiera una justificación legal para ello».
Bertuzzi, por su parte, consideró los procedimientos dispuestos por Casanello como «inadmisibles». «Aun si este accionar fue efectuado con el objetivo de perseguir un delito o de aportar pruebas que den cuentan de su comisión, resulta inadmisible el resultado de un procedimiento ilegal o contrario a derecho», planteó.
El 30 de agosto de 2025 LPO había revelado la escandalosa vinculación del socio de Martín Menem con la intervención de la obra social de los peones rurales. «Petroni es el que firmaba los acuerdos pero quien manejaba atrás era Sergio Aguirre, que es socio de Martín Menem», afirmó en ese momento un abogado al tanto de la situación de Osprera.
Este medio también reveló que Marijuan había accedido a mensajes de Whatsapp entre Petroni y Aguirre. En uno de ellos, el interventor escribió: «Eso lo tienen que saber Martín y Lule», y en otro fue más directo: «Nosotros somos Lule y Karina».
En un fallo que sorprendió incluso a los deloredistas, el juez Hugo Vaca Narvaja rechazó la apelación que había hecho el mestrismo por lo resuelto de la Junta Electoral de la UCR y de esta manera quedó proclamado como presidente del radicalismo cordobés Matías Gvozdenovich. Un hombre que responde de manera directa a Rodrigo de Loredo y que, además, conduce el bloque del radicalismo en la Legislatura cordobesa.
Lo resuelto por la Justicia le allana el camino a De Loredo de cara al 2027 porque le da el control total del partido con la conducción del Comité Provincia, se queda con los delegados nacionales, pero, además, tendrá mayoría en el congreso partidario. El órgano del radicalismo que define las alianzas y que, incluso, le permite en el caso de que quisieran modificar la carta orgánica.
De esta manera, el fallo de Vaca Narvaja se vuelve una pésima noticia para el llaryorismo y para el senador Luis Juez; porque deja a De Loredo más cerca de cerrar una alianza con el libertario Gabriel Bornoroni de cara al año próximo en un frente opositor al cordobesismo.
Además, condiciona de manera muy compleja el futuro del exintendente Ramón Mestre en el marco de la mala praxis que tuvo la oposición a De Loredo dentro de la interna. Y con los serios inconvenientes que tuvieron para armar candidaturas en algunos circuitos. Por caso, en el departamento Río Cuarto.
En tanto, los problemas para el peronista Martín Llaryora radican en la chance de un contacto que pueda existir entre los libertarios cordobeses y el radicalismo conducido por De Loredo. De hecho, hace unos meses el propio ex diputado estuvo en Casa Rosada conversando con Lule Menem sobre la posibilidad de este escenario de acuerdo y hay contactos entre algunos alfiles del deloredismo y Bornoroni.
Acercamiento que preocupa ahora a Juez en el marco de socio exclusivo de los libertarios en Córdoba y frente a la chance de perder protagonismo en la alianza, en caso de un ingreso del radical al acuerdo.
Precisamente, la primera reacción en redes de De Loredo dejó un mensaje entre líneas sobre la territorialidad y el peso de la UCR: «Los intentos del gobierno por intervenir de forma directa en la vida de nuestra organización política encontró aliados, pero también encontró una realidad: la abrumadora mayoría de dirigentes, intendentes, legisladores y concejales que trabajan en cada rincón de Córdoba para que lideremos una propuesta de gobierno el año que viene».
En tanto, aquellos que en la tarde de este viernes hablaron con Marcos Ferrer, el deloredista que deja el cargo de presidente, cuentan que se agarró de una metáfora que usó el juecismo en su momento. «Juez decía que nosotros teníamos el auto sin el 08. Ahora tenemos el auto y el 08 para empezar a hablar», lanzó el intendente de Río Tercero.
Esta porción del radicalismo cordobés también reconoce que en el marco de un frente opositor son los que tienen mayor plasticidad: «si cae la imagen de Milei, a Bornoroni le va a pasar lo mismo. Y Juez quedó pegado hace rato en ese esquema, con lo cual le va a resultar difícil querer tomar distancia. En términos de imagen y territorio, hoy para Bornoroni es un socio más rentable el radicalismo que el juecismo».
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Pulitzer Center. Octubre de 2022, Andalucía. Piloto de aguas turbias El empresario Fernando Álvarez Castellano —flaco, el pelo canoso revuelto, lentes espejados— sostiene el mate y le habla a la cámara. Atrás suyo, bajo un gazebo improvisado como estacionamiento, hay un auto de rally. Su auto de…
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El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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