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La Justicia realizó 35 allanamientos simultáneos en la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes del fútbol argentino en el marco de la causa Sur Finanzas, en plena escalada política entre Milei y Chiqui Tapia. El trasfondo: el avance del Gobierno para forzar las sociedades anónimas deportivas y disciplinar al fútbol argentino.

Por Ignacio Elfratini para NLI

Un operativo descomunal en el momento político exacto

La mañana del martes amaneció con un despliegue judicial pocas veces visto: 35 allanamientos simultáneos en el edificio de la AFA, el predio de Ezeiza y las sedes de una larga lista de clubes—entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, Morón, Platense y Deportivo Armenio—ordenados por el juez Luis Armella en el marco de la causa que investiga maniobras financieras y presunto lavado de dinero vinculados a la firma Sur Finanzas.

Según detalló el periodista de C5N Diego Gabriele en Mañanas Argentinas, la investigación apunta al presunto lavado de $818 mil millones mediante empresas ficticias, parte de los cuales habrían llegado a las arcas de los clubes allanados y de la propia AFA. La fiscal Cecilia Incardona pidió además el levantamiento del secreto fiscal y bancario para reconstruir el circuito del dinero, que incluía créditos otorgados por Sur Finanzas y cobrados mediante derechos de televisación o contratos de marketing.

Mientras el dueño de la financiera, Ariel Vallejos, aparece como principal investigado, el avance judicial se produce en el punto más caliente de la pelea política entre Milei y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, justo cuando el Gobierno presiona para forzar la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.

Una Justicia alineada al poder y los viejos métodos de presión

La simultaneidad, el volumen del operativo y el momento elegido no pasaron inadvertidos. En medio de la ofensiva discursiva y política de Milei contra la AFA, este despliegue surge como una herramienta de disciplinamiento. Mientras el Gobierno repite que el fútbol debe “modernizarse” y abrirles la puerta a las SAD, el mensaje detrás de estos operativos parece claro: o aceptan el nuevo esquema de negocios, o se profundiza la persecución judicial.

La historia reciente muestra cómo la Justicia federal se ha convertido en un arma preferencial del poder político de turno. Lo vimos con la persecución al kirchnerismo durante el lawfare, y ahora reaparece la misma matriz aplicada sobre otra estructura que le resulta incómoda a Milei: el fútbol organizado.

El contraste es evidente. La misma Justicia que mira para otro lado frente a los desastres económicos del Gobierno, que se mueve con parsimonia ante los negociados de los funcionarios libertarios, actúa con velocidad quirúrgica cuando se trata de un conflicto central para la construcción de poder del Presidente.

Esta selectividad quedó expuesta también en las últimas semanas, mientras el Gobierno niega cualquier responsabilidad por la crisis sanitaria, los casos de fentanilo y la caída en los niveles de vacunación que derivó en el retorno de enfermedades que estaban erradicadas. Frente a esas emergencias, silencio. Frente a Tapia, allanamientos.

Las SAD detrás de la cortina y un fútbol que resiste

Desde que Milei reveló su intención de abrir la puerta a las Sociedades Anónimas Deportivas, la AFA y la mayoría de los clubes afirmaron públicamente que no permitirán la privatización del fútbol argentino. Tapia, convertido en enemigo público del oficialismo, es la cara visible de esa resistencia.

El eje real del conflicto aparece entonces con nitidez: la pelea no es por Sur Finanzas, sino por el control del negocio del fútbol. Y cuando la política quiere avanzar, la Justicia suele funcionar como su ariete.

En paralelo, los allanamientos alcanzaron a Sur Finanzas tanto en su sede de Adrogué como en las oficinas donde funcionaba la empresa rebautizada Neblockchain. Las medidas fueron impulsadas desde el juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello, para secuestrar información que permita reconstruir cómo se movieron los fondos que administra el grupo investigado.

Pero más allá de los aspectos técnicos de la causa, la lectura política es inevitable. Enfrentado a un Chiqui Tapia que no se le arrodilla, Milei vuelve a encontrar en los jueces de siempre un aliado para desgastar, presionar y condicionar. No es una novedad: es un método.

El Jefe de Gobierno se mostró intolerante con los vecinos.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

Una reunión barrial en Liniers terminó en escándalo cuando Jorge Macri perdió los estribos, maltrató a los vecinos y reaccionó con evidente incomodidad ante los reclamos por la inseguridad creciente. Testimonios coinciden: soberbia, destrato y una violencia simbólica que expone a un jefe de Gobierno que no tolera escuchar la verdad.

La imagen quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron allí: un salón vecinal lleno, preocupación por la ola de robos que no da tregua en la zona y, al frente, un jefe de Gobierno visiblemente alterado, más pendiente de defender su relato que de escuchar a quienes viven cada día con miedo.

Según relataron asistentes, el clima estaba tenso desde el inicio, pero la situación explotó cuando los vecinos insistieron en describir la falta de presencia policial en Liniers. Lejos de asumir la realidad, Jorge Macri eligió desestimar el problema, repitiendo que la inseguridad está “controlada” y que “no es para tanto”.

El comunicador Javier “Profe” Romero fue quien encendió la alarma pública al difundir el episodio. En su publicación describió a un Macri “maltratando a los vecinos”, burlándose de las mujeres presentes y reaccionando con violencia verbal ante cualquier planteo que lo incomodara. Su mensaje —que ya circula masivamente— dejó flotando incluso la posibilidad de que este destrato termine en una denuncia formal.

Un jefe de Gobierno que no escucha

Las escenas reconstruidas por vecinos y difundidas en redes sociales coinciden en algo: cada reclamo sobre robos, entraderas y ataques en la zona fue recibido por gestos de fastidio, interrupciones y respuestas altisonantes. Testigos afirman que Macri no solo negó la creciente inseguridad, sino que menospreció los testimonios, llegando a reírse o a minimizar los relatos de mujeres que contaban situaciones de peligro.

La actitud generó un quiebre inmediato. Lo que debía ser un encuentro institucional terminó siendo la demostración palpable de que el Gobierno porteño atraviesa una distancia cada vez mayor con los barrios más castigados por el delito.

Un salto cualitativo en el maltrato

En la Ciudad ya circulaban quejas por el destrato permanente hacia organizaciones y centros barriales. Pero lo ocurrido en Liniers subió la vara del conflicto: la máxima autoridad porteña reaccionó como un dirigente incapaz de recibir críticas, más preocupado por no manchar su propio marketing político que por garantizar respuestas en un distrito que sufre robos todos los días.

La violencia simbólica hacia las vecinas presentes fue especialmente señalada. “Boludeó a todas las mujeres”, dijo Romero en su posteo, sumándose a otros mensajes que describen la escena como “hostil, tensa y desagradable”.

Un mensaje político alarmante

En un contexto donde la inseguridad golpea a miles de familias porteñas, se espera de cualquier funcionario capacidad para escuchar, contener y trabajar. Sin embargo, el comportamiento de Macri dejó otro mensaje: si en una simple reunión barrial se pone agresivo, ¿qué puede ocurrir cuando los reclamos se multiplican?

El episodio de Liniers no es un caso aislado sino un síntoma. Muestra a un jefe de Gobierno encerrado en su narrativa, más reactivo que propositivo y, sobre todo, intolerante a la palabra incómoda.

Para quienes estuvieron en la reunión, la conclusión es evidente: no soporta que le digan la verdad.