Circular con precaución en 20 de Junio y Juan Cruz Varela
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El gobierno apura los pliegos del juez que salvó la reforma laboral y del protegido de Lijo
El gobierno apura una sesión en el Senado antes del receso invernal para aprobar el pliego del juez que salvó la reforma laboral, con la amenaza de que si no lo hace antes de fin de mes deberá jubilarse.
Los jefes de bloque de la Cámara alta mantendrán este miércoles por la tarde una reunión de Labor Parlamentaria y todo indica que habrá una sesión el próximo jueves 16, antes de que el Congreso entre en receso informal.
En esa sesión se tratarían los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada y la ley hojarasca, además de 30 pliegos judiciales incluidos la prórroga del juez laboral Víctor Pesino y la designación de en el juzgado de Lomas de Zamora de Juan Tomás Rodríguez Ponte, el histórico secretario del juzgado de Ariel Lijo.
Ningún pliego ni los proyectos tienen tanta urgencia para el gobierno como el de Pesino, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que el 23 de abril pasado volteó una cautelar que había frenado más de 80 fallos contra la reforma laboral. Un día después Milei envió al Senado el pedido de prórroga de cinco años en el cargo, una vez que cumpla los 75 años.
Pesino soplará las 75 velitas el próximo 27 de julio y si el Senado no aprueba su pliego hasta un día antes, deberá jubilarse. Es decir que el gobierno perdería un aliado clave en un fuero generalmente adverso. Además de salvar la reforma laboral, Pesino también desplazó a la conducción de la UOM, uno de los gremios más combativos.
Como contó LPO, la audiencia por el pliego de Pesino dejó al desnudo los contactos del camaristas con el gobierno. Al magistrado no le quedó otra que admitir que se reunió con el ministro Juan Bautista Mahiques antes del fallo de la reforma laboral y de que manden su pliego.
La oposición denunció en la audiencia que el fallo de Pesino fue para conseguir el aval del gobierno a su continuidad como juez. El magistrado contestó que la información era «errónea» porque su solicitud de prórroga empezó a tramitarse en agosto del año pasado y que ya el 7 de abril Mahiques le había avisado que continuaría. «Fue simplemente coincidencia de fechas», argumentó.
Rodríguez Ponte
El oficialismo también buscará aprobar el pliego de Rodríguez Ponte, el pliego de Ariel Lijo el juez a cargo de la investigación por el enriquecimiento de Adorni.
Rodríguez Ponte fue propuesto para el juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, donde subroga actualmente Luis Armella y que lleva adelante la causa contra Martín Insaurralde. El gobierno está especialmente interesado en que se hable de esa investigación.
En sectores de la justicia creen que el pliego de Ponte fue parte de una negociación entre Mahiques y Lijo durante el viaje a París. Tras ese viaje, el gobierno logró que el juez Martínez De Giorgi, también cercano a Lijo, aparte a los querellantes de la causa Libra.
El gobierno aprobó el pago a los buitres y el Super RIGI con el apoyo de los gobernadores aliados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el pago de USD 171 millones a los holdouts Attestor y Brainbridge, los fondos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, y le dio media sanción al Super RIGI, una versión recargada del régimen de inversiones votado en la Ley Bases de 2024.
El oficialismo juntó una mayoría aplastante para el acuerdo con los buitres, superando a la oposición por 40 votos, con 138 por la afirmativa y 98 por la negativa. El respaldo provino del PRO, la UCR, el MID, los legisladores de Innovación Federal que responden a Gustavo Sáenz y Rubén Passalacqua, los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los cordobeses de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, el santacruceño José Garrido y la bonaerense Karina Banfi.
En contra, se agruparon los peronistas, la izquierda, Miguel Pichetto, Natalia De la Sota, Marcela Pagano y el catamarqueño Fernando Monguillot.
Durante el debate, se trenzaron con fervor los libertarios y los kirchneristas. Bertie Benegas Lynch, miembro informante del proyecto de acuerdo con los holdouts, tildó de «irresponsables y sinvergüenzas» a los que empujaron al país a la cesación de pagos, y admitió que «la urgencia» por aprobarlo se debía a que la prórroga se vence el próximo 30 de junio.
Menem tuvo que demorar la renuncia de Ravier para conseguir el quórum y tratar el súper RIGI
Según el diputado oficialista, «se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente, se nos exime de pagar honorarios legales y los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales». Antes de cerrar su discurso, descontó que los opositores darían «discursos corrosivos porque son los apóstoles del default».
El encargado de contestarle fue Itai Hagman, quien explicó que «hoy gobierna en Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó al país y lo llevó a sucesivas crisis». «El término holdouts suena mejor, parece más inofensivo, pero no tengan miedo de decir que lo que quieren es pagarle a los fondos buitre, como hace 10 años», planteó, y deslizó que el objetivo del gobierno es «bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina».
Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni.
Miguel Pichetto, por su parte, le contestó a Benegas Lynch que «esto es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios». Además, advirtió que la ley «carece de la asignación presupuestaria» que exige la Ley de Administración Financiera.
La peronista Graciela de la Rosa, ex auditora, señaló que el proyecto consistía en dos «acuerdos transaccionales con dos sociedades constituidas en las Islas Caimán y en Bahamas». Después de aclarar que «el peronismo no tuvo nada que ver con la crisis del 2001», la formoseña precisó que «así como el gobierno de Macri incrementó la deuda externa en más de USD 100 mil millones, el de Milei ya lo hizo antes de terminar y ha endeudado en más de USD 100 mil millones nuevamente a todos los argentinos».
Por otra parte, el Súper RIGI obtuvo media sanción con 130 votos a favor, 105 en contra y siete abstenciones. La iniciativa, según el gobierno, es atraer «grandes inversiones», que deberán ejecutarse en un 20% durante los primeros dos años desde la puesta en marcha del proyecto.
Las críticas de la oposición se centraron en los beneficios impositivos que van desde alícuotas especiales en contribuciones patronales hasta exenciones en los derechos de exportación. También apuntaron a las modificaciones introducidas durante el trabajo en comisiones, donde se incorporó el incentivo al «desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina».
El diputado Maximiliano Ferraro señaló que la ley sería «un régimen de excepción quizás nunca visto». «Claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica», consideró.
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