Circular con precaución en 20 de Junio y Juan Cruz Varela
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Se desata una pelea por el lugar de los peronistas del Senado en la AGN
El peronismo entró en una intensa deliberación sobre el nombre del auditor que reclamarán gobernadores y senadores para ocupar el lugar que le corresponde en la Auditoría General de la Nación (AGN). Pese a que se descontaba que continuara en esa silla Javier Fernández, un histórico del organismo, en los últimos días ganó terreno el rumor de que lo desplace Ricardo Guerra, el exlegislador riojano que completó el mandato de Carlos Menem cuando el expresidente falleció.
Ese movimiento solo se podría lograr con el apoyo de la bancada oficialista y sus aliados, que suman 44 senadores, contra lo que pretendía hasta el momento el kirchnerismo. Por eso, se especulaba que la ruptura de los senadores Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada era más que oportuna para confluir en un acuerdo con LLA para una votación que le reste poder al interbloque liderado por José Mayans.
De consumarse, la jugada sería una estocada letal contra los senadores kirchneristas, que hasta la última conformación del colegio de auditores controlaban dos plazas por la Cámara Alta, contando también la de Graciela De la Rosa. Al cierre de esta nota, sin embargo, las negociaciones seguían abiertas y fuentes parlamentarias aseguraban que Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, al igual que los senadores que les responden, juntaban voluntades para Fernández.
Pero como informó LPO en noviembre pasado, el bloque de Convicción Federal, bajo la integración que también incluía al puntano Fernando Salino y Fernando Rejal, promovía la incorporación al organismo del riojano Guerra. Por aquellos días, Mayans defendía la revalidación de Fernández, auditor desde 2001, y proponía también a Carlos Raúl Gutiérrez Ortíz, un asesor de UP que se supo ganar la confianza del formoseño.
Mientras que Mayans apuraba a su par de la UCR, Eduardo Vischi, para completar la formación de la AGN, metiendo a dos peronistas y un radical cuando todavía lideraban bloques de 34 y 13 bancas respectivamente, Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala se negaban a discutir el tema antes del recambio parlamentario. Ahora, la Casa Rosada explora la posibilidad de acordar con los gobernadores Jaldo, Jalil y Sáenz la designación de un auditor para los de Vischi, otro para los libertarios y uno para el peronismo federal, que podría ser Guerra.
Jaldo, Jalil y Sáenz terminaron de partirle el bloque al kirchnerismo en el Senado
La jugada, que se charló este lunes en la reunión de Mesa Política en Balcarce 50, requiere extrema audacia. Tal como explicó LPO, Patricia Bullrich sabe que pudo hasta acá controlar la furia de Mayans reduciéndole lugares en las comisiones pero interpreta como un riesgo quitarle al peronismo cargos de representación entre las autoridades del Senado o los órganos de contralor.
Por eso, el lote de 44 senadores que se aglutinaron contra el kirchnerismo desde que asumió la exministra de Seguridad hizo este lunes una reunión por Zoom para coordinar los pasos a seguir. Una posibilidad que se conversaba era que, durante la sesión preparatoria, se mocionara la continuación de la jornada parlamentaria con otra en la que se votaran los integrantes de la AGN.
Patricia Bullrich.
Como ese movimiento parece reñido en términos reglamentarios, también se barajó la chance de elegir los miembros del colegio de auditores en la sesión del próximo jueves, cuyo temario incluía la ley de Glaciares, Régimen Penal Juvenil y el pliego de Fernando Iglesias como embajador. La extensión del debate podría facilitar un desenlace «más cubierto» en la madrugada para aquellos que se sientan expuestos.
La AGN cuenta en este momento con el peronista Juan Manuel Olmos como presidente del colegio y fueron designados en diciembre, a través un escandaloso acuerdo entre La Cámpora y los libertarios, Juan Ignacio Forlón por el kirchnerismo, Mónica Almada por el oficialismo y la exdiputada Pamela Calletti por los gobernadores.
Más allá de la pulseada entre Guerra y Fernández, los nombres en danza para ocupar los lugares en representación del Senado serían el de Luis Naidenoff o Víctor Zimmermann por la UCR y Santiago Viola o algún tapado por LLA. Si el nombramiento del riojano se concretara, Sáenz y los gobernadores terminarían con dos auditores, igual que los libertarios, mientras que el radicalismo y el kirchnerismo se repartirían uno para cada uno.
Un sector del peronismo dejaba abierta la puerta para que Fernández mantuviera su lugar, bajo la suposición de que «puede reunir consensos», aunque reconoció que se alentaba el ascenso de Guerra no solo por sus cualidades técnicas sino también como un pase de facturas a La Cámpora, por la derrota del PJ en las elecciones de este domingo en Mendoza.
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Crece la disputa por el control del Puerto Quequén y Kicillof no logra licitar la terminal de granos
Escala la disputa por el control del Puerto Quequén, la principal boca de salida de los cereales de la provincia. Con la partida al Congreso de la massista Jimena López en diciembre, los intereses cruzados por la sucesión recrudecieron al transcurrir ya casi tres meses de interinato del dirigente de Uatre, Marcelo Carrillo.
Dentro del consorcio portuario señalaron a LPO que Carrillo avanzó con fuertes cambios en el organigrama, barriendo con parte de los funcionarios designados por López. A la par, hizo nombramientos que agitaron la interna del puerto.
En ese contexto crece la incertidumbre sobre la licitación del elevador de granos que hace 34 años maneja Terminal Quequén, grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con la participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otras.
Hace cuatro años que ese grupo opera con concesiones prorrogadas. En 2024, el gobierno de Kicillof anunció su decisión de licitar esa terminal.
Sin embargo, aún no hay fecha para el llamado y fuentes del puerto sostienen que, cuando expire la prórroga vigente, se otorgará otra a Terminal Quequén. Eso, en medio de la controversia desatada por el derrumbe en enero de un silo de la terminal, hecho que desató acusaciones por falta de inversión.
Mientras tanto, la interna del puerto es un hervidero. En los últimos días, varios funcionarios designados por la massista López recibieron cartas documento en las que se les notificaba el cese de los contratos.
«Echar a compañeros no es una buena señal», dijo a LPO una fuente del arco peronista necochense, al tanto de estos movimientos en el puerto por parte de Carrillo, hombre alineado a José Voytenco en Uatre y esposo de la ex diputada Natalia Sánchez Jáuregui, del ala del Partido Fe que reporta a Kicillof.
Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción.
Fuerte ofensiva de exportadoras para evitar que Kicillof licite el puerto de Quequén
En ese punto, en Quequén ven jugando fuerte otra vez al intendente de Necochea, Arturo Rojas, que presidió el consorcio portuario durante la gestión de María Eugenia Vidal, en su etapa dentro de Cambiemos.
Ahora alineado a Axel Kicillof, Rojas aparece en el lote de interesados por tener injerencia en un puerto por donde, el mes pasado, salieron más de 1.200.000 toneladas de cereales.
El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio.
Curiosamente, Povilaitis es la voz cantante del municipio en su litigio judicial con las exportadoras del puerto por el cobro de la tasa portuaria que la gestión Rojas aplicó bajo bandera de usar esos recursos para el arreglo de las calles por donde transitan los camiones que van al puerto.
En diciembre último, la Justicia hizo lugar a una cautelar pedida por las terminales contra el cobro de esa tasa quee hoy permanece frenada. Sin embargo, cerca del municipio aseguran que está próximo a anunciarse un acuerdo por ese tema con las exportadoras.
En Quequén ven que ese acuerdo puede comprender fronteras más amplias y hablan de un consenso entre Rojas y Uatre, vía Carrillo.
Esta semana, ambos encabezaron el acto de aniversario del puerto y se mostraron en sintonía. Eso llamó la atención en quienes recuerdan cuestionamientos puertas adentro de Carrillo a Rojas, ambos con cantera en el armado político-gremial del ex líder de Uatre, Gerónimo «Momo» Venegas.
En Necochea ven que esa cercanía va a decantar en una estructura de manejo en Quequén, más allá del nombre de quien presida el consorcio. Algunos no descartan que Carrillo persista en ese lugar.
No obstante, es un lugar codiciado. «Está todo el mundo pidiendo el manejo del puerto», dijo a LPO una voz al tanto de la interna.
Es ahí donde el massismo no se resigna a la idea inicial de diciembre pasado de sostener esa plaza para el Frente Renovador. Pero en el entramado portuario dicen que ese espacio ya tuvo su cupo con Mónica Litza en Dock Sud.
En paralelo, LPO también contó de las versiones que posicionan en Quequén a Andrea Cáceres, necochense alineada al Cuervo Larroque que hoy está en Niñez y Adolescencia.
Es en ese panorama donde, antes de mitad de año, expira la última prórroga por 180 días que le dieron a Terminal Quequén y hay quienes no dudan de una nueva prórroga.
«No quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras, que rechazan el capítulo económico del pliego borrador que circula desde agosto pasado.
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La CGT presentó un amparo para frenar el traspaso del fuero laboral a la Ciudad
La CGT presentó este viernes un amparo para frenar el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, aprobado en la reforma laboral que sancionó el Congreso la semana pasada.
La presentación de la central obrera se hizo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico.
En la presentación, firmada por los triunviros Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo, la CGT reclamó «el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral y del acuerdo de Transferencia aprobado por el art. 90 en cuanto disponen el cierre de treinta (30) Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la CNAT y la progresiva eliminación y cierre de la Justicia nacional del Trabajo, así como de las transferencias cuestionadas en el presente pedido de amparo».
La central dijo que los artóculos de la reforma laboral constituyen «una afrenta al orden constitucional, a la división de poderes y al deber estatal de proceder de acuerdo al derecho vigente y, por sus efectos, conforman hechos de gravedad institucional».
El traspaso del fuero laboral a la Ciudad, empujado por la Rosada, recibió una inédita resistencia desde las propias filas del gobierno.
Como anticipó LPO, Patricia Bullrich hizo un intento desesperado por trabar el traspaso de los jueces nacionales a la órbita porteña porque sospechaba de un acuerdo entre Karina Milei y Daniel Angelici, que tiene una centralidad total en la justicia porteña. Bullrich creía que el acuerdo beneficiaría a Manuel Adorni, que llamaba a senadores para presionar con el traspaso.
El acuerdo de Karina con Angelici que temía Bullrich terminó confirmándose días después con la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.
