El gobierno de José Antonio Kast sigue sumando problemas. A la crisis que empieza a crecer por el vinculo con el estratega digital Fernando Cerimedo se la suma números de gestión que no acompañan.
En ese marco, la economía chilena se ubicó entre las de menor crecimiento de la OCDE durante el segundo trimestre de 2026. El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una variación de 0% respecto de los primeros tres meses del año, según el reporte publicado este lunes por el organismo internacional.
El resultado dejó a Chile en el último lugar entre los 30 países miembros para los cuales existían datos disponibles, posición que compartió con Austria y Bélgica. Los otros 27 países incluidos en el informe mostraron expansiones y ninguno registró una contracción durante el período.
La caída de Chile se produce mientras el resto de los países de la OCDE creció 0,5% entre abril y junio, por encima del 0,4% registrado durante el primer trimestre. En términos interanuales, el PIB del bloque aumentó 2,3%, frente al 1,7% del período anterior.
Entre los países que mas avanzaron aparecen Irlanda con un crecimiento trimestral de 3,9% e Israel con un 3,6%.
La caída de Chile se produce mientras el resto de los países de la OCDE creció 0,5% entre abril y junio, por encima del 0,4% registrado durante el primer trimestre. En términos interanuales, el PIB del bloque aumentó 2,3%, frente al 1,7% del período anterior.
En paralelo, José Antonio Kast no logra recuperar su imagen. Desde que llegó al Palacio de la Moneda, el líder chileno cayó en el nivel de aprobación afectado por la suba de precios en el combustible.
Ahora, la consultora Cadem registró en la última medición realizada en la tercera semana de agosto, un respaldo de 39% y una desaprobación de 56.
El pedido de diputados opositores para que el Congreso chileno investigue los nexos de Fernando Cerimedo con Kast amenazan con alterar la dinámica política en un contexto en donde el oficialismo no consigue las mayorías para aprobar sus reformas.
El debate de este jueves en el Senado acerca de la propiedad privada y la posibilidad de que extranjeros compren tierras sin límites en nuestro país comenzó a jugarse este fin de semana en Córdoba. Primero, el viernes con la decisión de la senadora Alejandra Vigo de anticipar su rechazo a la iniciativa que tiene juntando los votos a Patricia Bullrich; en una decisión, la de la mujer del exgobernador Juan Schiaretti que mete un ruido en el acuerdo que explora Llaryora con Milei para el 2027.
Sin embargo, el segundo capítulo de esa previa se vivió este sábado porque, al igual que en otros momentos, aparecieron banderas en la sede del Frente Cívico, la fuerza provincial que lidera el senador Luis Juez; y en un shopping de barrio Alberdi que es propiedad de la familia de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero.
Como en su momento con la reforma laboral y en esos mismos lugares, ahora la consigna fue la ley de propiedad privada y las consignas fueron contundentes. «Juez te vendiste a todos, no vendas la Argentina», le colocaron al senador. Mientras que a la bullrichista le pusieron en el centro comercial: «senadora Carmen vendé tu shopping, no la Argentina».
Al igual que en otras ocasiones, y a pesar del guiño que hace una buena porción del electorado cordobés al libertario en contraposición con el kirchnerismo, la discusión acerca de la posibilidad de que extranjeros puedan comprar tierras sin límites interpela a la clase media y asoma un rechazo.
Sin embargo, en ambos casos, tanto Juez como Álvarez Rivero no tienen ninguna posibilidad de apartarse de la orden de Casa Rosada y deberán acompañar. El senador, porque intenta complacer a Karina para tener un lugar expectante en las listas del 2027 y fortalecerse como un aliado confiable del libertario Gabriel Bornoroni; y la empresaria devenida en senadora, porque se le vence el mandato el año próximo y busca reciclarse en la lista de diputados nacionales.
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Municipal; la creación de la “Agrupación Valkirias Rosas”, que desarrolla la actividad náutica “Remo por la Vida”, con el objetivo de promover la actividad del remo, como tratamiento post quirúrgico oncológico de mama. Este proyecto fue elevado por los ediles de la Comisión de Asuntos…
El Gobierno nacional inició la distribución de 482.400 dosis de la vacuna Sputnik V en las 24 jurisdicciones del país, de las cuales 400.200 son del componente 2 y 80.200 del 1. Para este fin de semana «se habrán repartido casi 19 millones de vacunas en todo el país desde que comenzó el operativo de…
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
La iniciativa busca crear un registro obligatorio y un sistema de licencias para las agencias de cobranzas extrajudiciales. También plantea sanciones para quienes incumplan las normas y cuestiona una práctica cada vez más habitual: llamar a familiares del deudor para presionarlo.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
Hay una escena que se volvió demasiado frecuente: el teléfono que no deja de sonar, mensajes durante todo el día, amenazas de iniciar acciones judiciales, advertencias sobre el Veraz y llamados a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Del otro lado hay una persona que tiene una deuda y que, muchas veces, no puede pagarla porque sus ingresos ya no alcanzan. El problema deja entonces de ser solamente financiero. Se convierte en una forma de hostigamiento cotidiano.
Sobre esa realidad puso el foco el legislador porteño Leandro Santoro, quien presentó un proyecto para regular la actividad de las agencias de cobranzas extrajudiciales y establecer herramientas concretas para sancionar los abusos. La iniciativa parte de una premisa sencilla: tener una deuda no significa perder derechos.
La propuesta llega, además, en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento familiar. En mayo de 2026, la morosidad de las familias dentro del sistema bancario había alcanzado el 12,3%, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024, según datos difundidos por organizaciones sindicales y sociales.
En la Ciudad de Buenos Aires, el panorama tampoco resulta alentador. Según el Mapa de Deudores citado por C5N, en junio había 255.805 personas en mora sobre un universo de 1,88 millones de deudores. La tasa general de mora porteña llegó al 11,71%, con barrios del sur de la Ciudad entre los más afectados.
Una deuda No Puede Convertirse En Una Persecución
El proyecto de Santoro apunta directamente a un vacío que permite que determinadas prácticas de cobranza continúen desarrollándose con escaso control. El legislador sostuvo que, aunque existen normas que prohíben el hostigamiento, faltan herramientas efectivas para identificar, controlar y sancionar a quienes realizan cobranzas extrajudiciales abusivas.
La iniciativa plantea crear un registro oficial de agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales, acompañado por un sistema de licencias. La lógica es cambiar las reglas de juego: quien quiera dedicarse profesionalmente a cobrar deudas deberá estar identificado y cumplir determinadas condiciones para poder operar.
La licencia no sería un simple trámite administrativo. De acuerdo con la propuesta, aquellas agencias que incumplan las normas podrían ser inhabilitadas, impidiéndoles continuar desarrollando la actividad en la Ciudad. El objetivo es que las sanciones dejen de ser una declaración abstracta y tengan consecuencias concretas sobre quienes recurren a métodos prohibidos.
Y allí aparece una cuestión central. Cobrar una deuda es legítimo. Hostigar a una persona para que pague no lo es. La diferencia parece elemental, pero adquiere otra dimensión cuando el endeudamiento se transforma en una herramienta de presión permanente.
El Llamado Al Familiar Y La Presión Sobre El Deudor
Uno de los puntos que Santoro puso especialmente sobre la mesa es el contacto con personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre la deuda.
El legislador cuestionó que las empresas puedan llamar a familiares del deudor para ejercer presión indirecta. El mecanismo es conocido: si la persona endeudada no responde, aparece el llamado a un padre, una madre, un hermano, una pareja o incluso otro contacto para advertirle sobre la situación y pedirle que intervenga.
El problema no termina allí. En muchos casos, la amenaza de aparecer en registros crediticios se utiliza como argumento para multiplicar la presión. Santoro calificó de inadmisible que se contacte a un familiar para pedirle que interceda y evitar que el deudor ingrese al Veraz.
La discusión que propone el proyecto excede, por eso, la cuestión estrictamente comercial. ¿Hasta dónde puede llegar una empresa para recuperar su dinero? ¿Puede llamar decenas de veces? ¿Puede contactar a terceros? ¿Puede utilizar información destinada a intimidar? ¿Puede convertir una deuda privada en una exposición pública?
Para Santoro, la respuesta debe ser clara: no.
El legislador describió situaciones en las que las personas reciben comunicaciones durante las 24 horas y terminan perdiendo tranquilidad y estabilidad emocional. El reclamo no es que desaparezca la obligación de pagar. Es que el cumplimiento de una obligación financiera no habilite a convertir la vida cotidiana del deudor en un permanente campo de presión.
El Endeudamiento Como Síntoma De Una Economía Que Aprieta
La propuesta también permite mirar un problema mayor. Cuando cada vez más familias recurren al crédito para sostener gastos cotidianos, la morosidad deja de ser un fenómeno individual y comienza a funcionar como un indicador social.
Organizaciones sindicales y sociales se movilizaron este jueves precisamente para visibilizar el crecimiento del endeudamiento familiar. Los datos difundidos por C5N muestran que millones de personas tienen obligaciones financieras pendientes y que una parte creciente de los hogares enfrenta dificultades para cumplirlas.
En ese escenario, la cobranza extrajudicial puede convertirse en un negocio particularmente agresivo. Cuanto mayor es la cantidad de personas endeudadas, mayor es también el universo sobre el cual pueden operar las agencias especializadas.
Por eso el debate planteado por Santoro no debería reducirse a una discusión sobre llamadas telefónicas molestas. En el fondo aparece una pregunta política mucho más profunda: qué derechos conserva una persona cuando queda atrapada en una deuda.
La respuesta propuesta es que conserva todos los derechos que no haya perdido por una sentencia o por una norma específica. Y que una empresa no puede reemplazar a la Justicia ni utilizar la intimidación como mecanismo de cobro.
Santoro, además, decidió incorporar a quienes atravesaron estas situaciones a la construcción del proyecto. Convocó a personas que hayan sufrido hostigamiento para que acerquen sus testimonios a la Legislatura porteña. La intención es que las experiencias concretas sirvan para identificar las prácticas abusivas y construir una regulación que responda a problemas reales.
En tiempos en los que el endeudamiento se convirtió para muchas familias en una forma de llegar a fin de mes, poner límites a la cobranza abusiva también es discutir qué modelo de sociedad se quiere construir. Porque una cosa es reclamar que una deuda sea pagada. Otra, muy distinta, es transformar esa deuda en una licencia para perseguir.
Y esa es precisamente la frontera que el proyecto busca establecer.
La bandera-sábana de Malvinas y la torpeza del gobierno para abordar la cuestión pegaron fuerte en los jóvenes y hay un brote de sentimientos nacionalistas. Referentes como Emilia Mernes, Dillom y Malena Pichot y Martín Cirio salieron a manifestarse contra la Ley de Tierras que impulsa el gobierno.
La discusión por la Ley de Tierras salió del Congreso y llegó a las redes de músicos, actores e influencers. Pichot fue de las primeras en intervenir y con un video de dos minutos generó una amplia conversación en redes.
Dillom mostró una bandera con la leyenda «la Patria no se vende, 6/8» durante un recital de Milo J y Trueno en el Central Park de Nueva York. Incluso Emilia Mernes, que suele eludir las definiciones políticas, subió a su Instagram un video de Amnistía Internacional convocando a la marcha.
«El 6 de agosto que se va a debatir la ley de tierras, que están buscando vender todo Argentina, los recursos naturales que todos los países protegen, ahí hay que ser argentinos. Va a haber una marcha en el Congreso, nos vemos ahí», invitó Martín Cirio, creador de La Faraona, en su streaming.
Para Shila Vilker, directora de Trespuntozero, la Copa del Mundo volvió a poner sobre la mesa el concepto de soberanía: «Hay un capítulo que se abrió en el Mundial con la bandera de Malvinas. Esa bandera-sábana hizo que se vuelva a hablar de soberanía», le dijo a LPO. Vilker cree que el debate sobre la Ley de Tierras es una secuela del episodio ocurrido tras el triunfo de Argentina contra Inglaterra.
Hay un capítulo que se abrió en el Mundial con la bandera de Malvinas. Esa bandera-sábana hizo que se vuelva a hablar de soberanía.
«Tiene que ver con un contexto de nacionalismo democrático. La torpeza de la ministra Monteoliva hablando de la prohibición de ingresar con el ‘mapita de Malvinas’ a la cancha, la subestimación de Milei a los ‘jugadores termo’ generaron un clima de opinión que es una complicación para el gobierno», analizó Gustavo Córdoba, directo de Zuban-Córdoba.
Para el politólogo y consultor, el gobierno «desmalvinizó la agenda y se encontró de pronto con un clima de opinión muy masivo, muy trasversal, muy potente, muy popular. Y no lo interpretó».
«Nosotros lo medimos: el 77% de los argentinos está de acuerdo de ponerle un límite a la venta de tierras a los extranjeros y eso refleja el clima de opinión», agregó Córdoba.
La torpeza de la ministra Monteoliva hablando de la prohibición de ingresar con el ‘mapita de Malvinas’ a la cancha, la subestimación de Milei a los ‘jugadores termo’ generaron un clima de opinión que es una complicación para el gobierno.
Vilker cree que el debate traspasó el micromundo de la política y llegó a sectores de la sociedad que suele estar ajeno a esas cuestiones.
«La discusión está tocando una fibra sensible que se abrió en el Mundial. Está ley venía desde hace algún tiempo con problemas en el Congreso, pero no es lo mismo desde que apareció la bandera. Ahora la discusión de la ley atraviesa a la opinión pública y ves a jóvenes tomando postura sobre el tema», señaló.
