La bandera-sábana de Malvinas y la torpeza del gobierno para abordar la cuestión pegaron fuerte en los jóvenes y hay un brote de sentimientos nacionalistas. Referentes como Emilia Mernes, Dillom y Malena Pichot y Martín Cirio salieron a manifestarse contra la Ley de Tierras que impulsa el gobierno.
La discusión por la Ley de Tierras salió del Congreso y llegó a las redes de músicos, actores e influencers. Pichot fue de las primeras en intervenir y con un video de dos minutos generó una amplia conversación en redes.
Dillom mostró una bandera con la leyenda «la Patria no se vende, 6/8» durante un recital de Milo J y Trueno en el Central Park de Nueva York. Incluso Emilia Mernes, que suele eludir las definiciones políticas, subió a su Instagram un video de Amnistía Internacional convocando a la marcha.
«El 6 de agosto que se va a debatir la ley de tierras, que están buscando vender todo Argentina, los recursos naturales que todos los países protegen, ahí hay que ser argentinos. Va a haber una marcha en el Congreso, nos vemos ahí», invitó Martín Cirio, creador de La Faraona, en su streaming.
Para Shila Vilker, directora de Trespuntozero, la Copa del Mundo volvió a poner sobre la mesa el concepto de soberanía: «Hay un capítulo que se abrió en el Mundial con la bandera de Malvinas. Esa bandera-sábana hizo que se vuelva a hablar de soberanía», le dijo a LPO. Vilker cree que el debate sobre la Ley de Tierras es una secuela del episodio ocurrido tras el triunfo de Argentina contra Inglaterra.
Hay un capítulo que se abrió en el Mundial con la bandera de Malvinas. Esa bandera-sábana hizo que se vuelva a hablar de soberanía.
«Tiene que ver con un contexto de nacionalismo democrático. La torpeza de la ministra Monteoliva hablando de la prohibición de ingresar con el ‘mapita de Malvinas’ a la cancha, la subestimación de Milei a los ‘jugadores termo’ generaron un clima de opinión que es una complicación para el gobierno», analizó Gustavo Córdoba, directo de Zuban-Córdoba.
Para el politólogo y consultor, el gobierno «desmalvinizó la agenda y se encontró de pronto con un clima de opinión muy masivo, muy trasversal, muy potente, muy popular. Y no lo interpretó».
«Nosotros lo medimos: el 77% de los argentinos está de acuerdo de ponerle un límite a la venta de tierras a los extranjeros y eso refleja el clima de opinión», agregó Córdoba.
La torpeza de la ministra Monteoliva hablando de la prohibición de ingresar con el ‘mapita de Malvinas’ a la cancha, la subestimación de Milei a los ‘jugadores termo’ generaron un clima de opinión que es una complicación para el gobierno.
Vilker cree que el debate traspasó el micromundo de la política y llegó a sectores de la sociedad que suele estar ajeno a esas cuestiones.
«La discusión está tocando una fibra sensible que se abrió en el Mundial. Está ley venía desde hace algún tiempo con problemas en el Congreso, pero no es lo mismo desde que apareció la bandera. Ahora la discusión de la ley atraviesa a la opinión pública y ves a jóvenes tomando postura sobre el tema», señaló.
La presencia de Fátima Florez en Lima durante la asunción de Keiko Fujimori reavivó las versiones sobre una reconciliación con Javier Milei. Desde el Gobierno negaron que integrara la comitiva oficial, aunque las imágenes alimentaron las especulaciones.
Por Lola Santacreta para NLI
La presencia de Fátima Florez en Lima durante la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú volvió a colocar en el centro de la escena la relación de la actriz con Milei, apenas unos meses después de que ambos anunciaran públicamente el final de su vínculo. Aunque desde la Casa Rosada se apresuraron a aclarar que la humorista no formó parte de la delegación oficial argentina, las imágenes compartidas por ella misma desde el acto protocolar bastaron para reactivar los rumores de una posible reconciliación.
La situación adquiere además una dimensión política por el contexto en el que ocurrió. Milei viajó a Perú para participar de la ceremonia que marcó el regreso del fujimorismo al poder, en una asunción que reunió a varios referentes de la derecha latinoamericana y europea, consolidando un nuevo mapa de alianzas políticas en la región. La coincidencia entre el Presidente argentino y su expareja en un evento de semejante relevancia diplomática llamó inevitablemente la atención.
Una selfie que disparó las versiones
Las especulaciones comenzaron cuando Fátima Florez publicó una fotografía desde el recinto donde se desarrollaba la ceremonia de investidura. La imagen confirmaba que se encontraba en el mismo lugar que el Presidente, aunque sin aparecer junto a él.
Desde el Gobierno buscaron rápidamente despejar las dudas y aseguraron que la actriz viajó por invitación propia y no integró la comitiva presidencial, por lo que no participó de las actividades oficiales organizadas por la Cancillería argentina. Según trascendió, asistió como invitada personal al acto de asunción y su presencia no estuvo vinculada institucionalmente con la agenda del mandatario.
Sin embargo, la aclaración oficial no alcanzó para detener las interpretaciones. La coincidencia temporal y geográfica entre ambos volvió a instalar la posibilidad de un acercamiento sentimental, especialmente porque desde la separación nunca dejaron de circular versiones sobre contactos esporádicos entre ambos.
Un acto cargado de simbolismo político
Más allá de la cuestión personal, la ceremonia tuvo un fuerte contenido político. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, regresó al poder luego de imponerse en unas elecciones extremadamente ajustadas y prometió un gobierno centrado en la seguridad, el combate al crimen organizado y una agenda económica liberal.
La presencia de Milei no pasó inadvertida porque refuerza el alineamiento internacional del Gobierno argentino con dirigentes y administraciones ubicadas en la derecha y la ultraderecha del continente. La investidura reunió, además del mandatario argentino, a otros referentes conservadores y fue interpretada como una muestra del reordenamiento político que atraviesa América Latina.
En ese marco, la aparición de Fátima Florez terminó mezclando la agenda diplomática con la política doméstica y el espectáculo, un fenómeno que ha acompañado a Milei desde el comienzo de su carrera presidencial.
Entre la vida privada y la exposición pública
La relación entre Milei y Fátima Florez fue desde el inicio un tema de enorme exposición mediática. Incluso después de anunciar su separación, ambos continuaron siendo objeto de permanentes versiones sobre posibles reencuentros.
La aparición de la actriz en un acto internacional encabezado por el Presidente volvió a colocar el foco sobre esa historia personal, aunque hasta el momento ninguno de los dos confirmó una reconciliación. La única explicación oficial sostiene que se trató de un viaje independiente y sin vínculo con la delegación presidencial.
Lo cierto es que el episodio vuelve a mostrar cómo, en la gestión de Milei, la frontera entre la agenda institucional y la vida privada suele convertirse rápidamente en un tema de discusión pública. Una simple fotografía alcanzó para desplazar parte de la atención de una ceremonia presidencial que tenía implicancias geopolíticas hacia un interrogante que continúa sin respuesta: si la historia entre el Presidente argentino y Fátima Florez realmente quedó atrás o si, por el contrario, atraviesa un nuevo capítulo.
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El Gobierno de Milei admite que utiliza fondos destinados a las rutas para sostener el equilibrio fiscal, mientras más de un billón de pesos permanece sin ejecutar en obras viales.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente expuesto ante una contradicción central de su programa económico: mientras presenta el ajuste y el “déficit cero” como una cuestión casi moral, existen recursos públicos recaudados con un destino específico que no llegan a las obras para las que fueron creados. Una investigación de LA NACION reveló que el fondo vial recibió más de $1,5 billones durante los dos años y medio de gestión libertaria, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras, mientras que más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo. Días después, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.
El dato adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se lo cruza con el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la creciente necesidad del Gobierno de construir acuerdos parlamentarios con gobernadores que no necesariamente comparten su programa. La denuncia publicada por Prensa Obrera sostiene precisamente que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no solo están siendo retenidos para fortalecer las cuentas fiscales, sino que la administración de esos fondos permitiría manejar discrecionalmente recursos hacia las provincias en momentos políticamente sensibles. La acusación es grave y debe ser diferenciada de los hechos comprobados: está documentada la subejecución y la utilización financiera de los recursos; la hipótesis de que determinados desembolsos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas requiere probar cada caso concreto.
Un impuesto que se cobra para las rutas y termina financiando otra cosa
El corazón del problema está en el Impuesto a los Combustibles y en el Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado para garantizar que una parte de esos recursos tenga un destino determinado: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la investigación de LA NACION, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solo fueron ejecutados $394.406 millones en obras. Es decir, quedaron sin aplicar más de un billón de pesos, de los cuales $1.038.779 millones estaban colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente al cierre del período analizado.
No se trata, entonces, simplemente de que el Estado “no tenga plata” para arreglar las rutas. El problema es bastante más incómodo: hay recursos recaudados y asignados específicamente al sistema vial que no se están transformando en infraestructura vial. El propio Gobierno confirmó la existencia del mecanismo. Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es dispuesta por Economía como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. La declaración modifica sustancialmente la discusión, porque ya no estamos solamente ante una denuncia de la oposición o de organizaciones gremiales: existe un reconocimiento oficial de que esos recursos están siendo utilizados dentro de la estrategia fiscal del Ejecutivo.
La dimensión del desvío también permite comprender por qué el deterioro de las rutas dejó de ser una cuestión secundaria. De acuerdo con los datos difundidos por LA NACION, la subejecución del SisVial alcanzó el 73,8% durante el período analizado. En 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%. El contraste entre la recaudación y la ejecución resulta particularmente fuerte porque se produce mientras miles de kilómetros de rutas nacionales requieren mantenimiento, rehabilitación y obras de seguridad.
El déficit cero como prioridad por encima de la infraestructura
La cuestión de fondo es qué entiende el Gobierno por “ordenar las cuentas públicas”. El discurso oficial presenta cada peso no gastado como una victoria frente al supuesto despilfarro estatal. Pero no todo gasto público es equivalente. Una cosa es eliminar un gasto superfluo y otra muy distinta es dejar de mantener una infraestructura estratégica que utilizan diariamente trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, turistas, ambulancias y comunidades enteras.
Las rutas no son un lujo ni una concesión ideológica del Estado. Son parte de la infraestructura básica que permite que la producción circule. Un camión que tarda más, rompe neumáticos o suspensiones, consume más combustible o enfrenta una ruta deteriorada termina incorporando esos costos al precio final de los productos. Una ruta sin mantenimiento tampoco es solamente un problema de comodidad: puede convertirse en un factor de riesgo vial. El propio sindicato de trabajadores viales advirtió que el ajuste sobre Vialidad implica frenar obras, reducir inversión y trasladar el costo del deterioro hacia quienes circulan por las rutas.
Por eso resulta difícil sostener que el ajuste en infraestructura es neutral. La reducción de la inversión pública puede mejorar una planilla fiscal en el corto plazo, pero también deteriora activos públicos, aumenta costos logísticos y obliga a afrontar reparaciones más caras en el futuro. Es la vieja discusión sobre el mantenimiento de una casa: ahorrar en el techo puede mejorar las cuentas del mes, pero cuando finalmente entra el agua la reparación cuesta mucho más.
Y existe una segunda dimensión: el trabajo. La obra pública moviliza directamente a trabajadores de la construcción, pero también genera actividad en empresas proveedoras, transporte, producción de materiales y servicios. La paralización de rutas no solamente deja pozos y obras inconclusas; también destruye cadenas económicas en localidades del interior que dependen de esos proyectos.
Cuando el ajuste se convierte en una herramienta política
La denuncia política más delicada aparece cuando se analiza qué ocurre con los fondos que no se distribuyen regularmente. Los desembolsos para obras viales se concentraron en determinados períodos vinculados con sesiones legislativas en las que el oficialismo necesitaba votos y que algunas provincias recibieron recursos en momentos políticamente sensibles. Esa interpretación debe ser presentada como una acusación, no como un hecho judicialmente probado. Pero incluso dejando de lado esa hipótesis, existe un problema institucional evidente cuando un Gobierno concentra recursos que tienen un destino específico y luego administra discrecionalmente cuándo y cómo los libera.
El Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con gobernadores para conseguir respaldo legislativo. La experiencia de los últimos meses mostró que la relación entre la Casa Rosada y las provincias está atravesada por reclamos de fondos, obras, coparticipación y transferencias. En ese contexto, cualquier recurso nacional cuya distribución pueda acelerarse, demorarse o condicionarse adquiere inevitablemente una dimensión política.
Y aquí aparece una paradoja particularmente fuerte para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la llamada “casta”. La discrecionalidad estatal no desaparece cuando se reduce el gasto: puede cambiar de forma. Si el Estado deja de financiar masivamente obras pero conserva recursos determinados para administrarlos según sus necesidades fiscales y políticas, el problema no desaparece. Simplemente cambia el mecanismo de distribución del poder.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a si el Gobierno “gasta mucho” o “gasta poco”. La pregunta verdaderamente importante es qué hace con los recursos que recauda, qué destino legal tienen y quién decide cuándo se utilizan. Porque un Estado puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, estar descapitalizando su infraestructura, deteriorando sus rutas y acumulando problemas que tarde o temprano deberán ser pagados por la sociedad.
El caso del SisVial desnuda esa tensión con una claridad difícil de ocultar. Mientras el Gobierno exhibe el déficit cero como la prueba de su éxito económico, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecían fuera del asfalto. Y mientras las rutas esperan mantenimiento, el dinero puede permanecer colocado en instrumentos financieros o ser utilizado dentro de la estrategia general de administración fiscal.
El interrogante político que queda planteado es, entonces, mucho más profundo que una disputa presupuestaria: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para mostrar una determinada cifra fiscal, incluso cuando para conseguirla posterga obras que tienen un destino específico y una función económica y social concreta? El “déficit cero” puede ser presentado como una bandera de austeridad, pero si el precio de esa bandera es una ruta destruida, una obra paralizada, un trabajador despedido o una infraestructura que pierde valor, habrá que preguntarse qué tipo de equilibrio se está construyendo y, sobre todo, quién termina pagando su costo.
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El intendente Marcelo Orazi participó de la reunión junto a integrantes de la Fundación de Estudios Patagónicos. El objetivo fue interiorizarse del convenio de asistencia técnica en el que se incluye al municipio de Villa Regina en “Puente Circular” un programa integral de desarrollo territorial en la cual se lleva adelante un plan de asistencia…
