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Charlas sobre el cuidado del ambiente

El Intendente Marcelo Orazi junto al Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina Hugo Curzel participaron esta mañana de charlas sobre el cuidado del ambiente en el Instituto María Auxiliadora y en la Escuela 235.

En ambos casos, el Intendente hizo referencia a las acciones comunitarias que contribuyen a cuidar la ‘casa común’ para que la continúen disfrutando las futuras generaciones y, además, hizo hincapié en el rol de agentes multiplicadores que tienen niños y niñas para transmitir estas conductas.

En ambas instituciones se hizo entrega de material para profundizar esta tarea en las aulas, además de elementos que fueron realizados con material reciclable en una muestra de la importancia que tiene la clasificación de los residuos.

También se entregaron árboles para ser plantados en los patios de las escuelas.

Tanto Orazi como Curzel agradecieron el recibimiento de ambas comunidades educativas.

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    La nueva conducción política de Newell’s Old Boys puso al frente de la seguridad del club a dos comisarios retirados con experiencia en la calle y conocimiento del mundo criminal de Rosario. Uno es Aníbal «Popi» Rodríguez, un ex jefe de distintas unidades regionales. El otro es Ernesto «Perro» Andreozzi, un histórico ex integrante de la polémica Dirección de Drogas Peligrosas, que luego tuvo cargos de conducción hasta dejar el servicio.

    El Club Atlético Newell’s Old Boys fue durante los últimos 15 años, que distinguieron al estallido de violencia en Rosario, una preocupación fundamental para la seguridad pública de la ciudad, un complicado desafío para el flamante presidente Ignacio Boero, que alcanzó la conducción el 15 de diciembre pasado. Frente al estadio se produjeron asesinatos de tremenda expresividad. Hace tiempo que la institución rojinegra tiene entre su personal a personas que pertenecen a las facciones violentas de la barra. Las que durante años explotaron negocios económicos a expensas del club.

    Los dos oficiales nombrados jefes de seguridad de Newell’s concluyeron sus carreras en San Lorenzo, la ciudad pegada a Rosario del influyente senador Armando Traferri, que ahora afronta un proceso penal como organizador de una asociación ilícita. Andreozzi, conocido como «El perro», tiene lazos muy estrechos con el legislador y se retiró como jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo.

    En 2021 Andreozzi fue imputado en una causa en la que se investigaba el uso de recursos policiales en 2017 para la vigilancia electoral de Traferri, del que antes había sido chofer, caso por el que irá a juicio. La hija del oficial, que es abogada, impulsó denuncias contra los fiscales que investigaron a su padre, que no progresaron.

    Condenaron al ex jefe de fiscales de Rosario por sobornos y se complica la situación de Traferri 

    Rodríguez también se retiró como jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo en 2013. Estuvo antes en la Brigada de Investigaciones de Rosario, que se ocupaba de los delitos de las bandas, y también fue jefe de Orden Público, la repartición que estaba a cargo de todas las comisarías de la ciudad. Al retirarse fue jefe de Seguridad Comunitaria de Granadero Baigorria, municipio pegado a Rosario. Y en la gestión de Omar Perotti fue funcionario del ex ministro de Seguridad Rubén Rimoldi, como subsecretario de Control Urbano.

    Ignacio Boero (en el medio) junto a los vices de Newell’s, Juan Manuel Medina y Hernán Botta

    El reto que impone Newell’s en cuanto al orden público en Rosario es mayúsculo. La tribuna fue sostenidamente un nido ampliado de organizaciones criminales no solamente por resonantes crímenes sino por lo que se ventiló en audiencias judiciales sobre suculentos negocios económicos. En estas últimas fiscales describieron cómo el problema es esencialmente interno. Personas que cobran sueldo del club como empleados y también socios participan de circuitos extorsivos en espacios de la institución y aledaños. También directivos atacados a balazos como manifestación de esos conflictos. 

    El año pasado hubo una condena a un hombre que concretaba extorsiones sistemáticas contra los mayores productores de espectáculos públicos en la ciudad que traían eventos al estadio cerrado de Newell’s y que les exigían dinero y entradas. Estas investigaciones se expusieron con nitidez a partir de la bandera de un grupo criminal desplegada en ocasión del partido de despedida de Maxi Rodríguez. Que mostraba una alusión al jefe de Los Monos, Ariel Guille Cantero, y a sus socios Damián Toro Escobar y Leandro Pollo Vinardi, todos condenados por comercio de drogas y líderes de la barra leprosa.

    El sistema de extorsión de los Monos que sufrieron desde el Cirque du Soleil hasta Fito Páez

    En estas audiencias diferentes fiscales de Rosario expusieron en sus alegatos detalles sobre cómo gente ligada a la vida interna del club controlaban los viajes en micro de la Copa Argentina, que es el único torneo que admite público visitante. Hasta la presidencia del saliente Ignacio Astore la barra explotaba el estadio cubierto hasta que dejó de alquilarse, los parrilleros, participaba en representación de jugadores, merchandising, estacionamiento de vehículos, lo que representa ingresos millonarios.

    El reto que impone Newell’s en cuanto al orden público en Rosario es mayúsculo. La tribuna fue un nido ampliado de organizaciones criminales no solamente por resonantes crímenes sino por lo que se ventiló en audiencias judiciales sobre suculentos negocios económicos

    Frente al estadio de Newell’s se produjeron homicidios concretados con ferocidad. Por ejemplo el de Matías Cuatrero Franchetti en junio de 2016. El de Maximiliano La Rocca al final de ese mismo mes. El temerario ataque a Lorenzo Jimi Altamirano, un músico secuestrado mientras caminaba en la calle y ejecutado de tres tiros delante de la entrada al Coloso del Parque Independencia, el 1º de febrero de 2023. A la víctima le encontraron un mensaje en papel en un bolsillo colocado por sus asesinos dirigido a la barra. «Damián Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario».

    La nueva conducción seleccionó a estos ex altos oficiales de Rosario para una tarea difícil por la presencia de actores del campo criminal que no se retiraron de la tribuna. Los nuevos directivos también habían considerado para el cargo al comisario Raúl Hirsch, que durante años fue jefe de Drogas Peligrosas en Rosario de la Policía Federal, aunque finalmente se inclinaron por Rodríguez y Andreozzi.

    Boero, nuevo presidente, es un dirigente histórico del club, dueño de una empresa de autopartes. En el elenco ganador participan personas que tienen relevancia institucional y política. El vicepresidente segundo del club es Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho y dirigente muy cercano al intendente rosarino, también leproso, Pablo Javkin. Otro activo impulsor del grupo ganador, aunque no tiene cargo en la directiva, es José Goity, actual ministro de Educación del gobierno de Maximiliano Pullaro.

     

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    La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a ubicarse en el centro de la agenda política. Como ocurrió durante la gestión de Amado Boudou, cuando la Anses suspendió los giros de la Anses para cubrir el déficit previsional, la Provincia advierte que se encamina a un «precipicio» financiero.

    El proyecto de Presupuesto 2026 expuso con crudeza la magnitud del déficit previsional: el gasto total del sistema previsional provincial ascenderá a $ 2,63 billones, mientras los aportes y contribuciones de los activos sólo llegarán a $ 1,81 billones, es decir, un 69% del total. El rojo operativo proyectado trepa así a $ 821.292 millones. Son los números de 2026. También Córdoba reclama a la Nación una deuda incobrable de 1 billón de pesos.

    El cálculo incluye un dato clave: la Provincia prevé financiar con recursos propios al menos $ 417.292 millones, un 51% del déficit, debido a que la Nación no garantiza los giros que históricamente reconocían el desfasaje previsional de Córdoba tras la armonización de su sistema. En 2025, tras la intervención de la Corte Suprema, Nación comenzó a enviar $ 5.000 millones en 12 cuotas fijas. Pero ahora hasta esta cifra está en duda.

    Los técnicos de la Caja estiman que el monto necesario para sostener el sistema rondaría los $ 20.000 millones mensuales, cuatro veces más de lo comprometido por la Nación.

    En ese escenario, el legislador socialista aliado al PJ, Matías Chamorro, lanzó un globo de ensayo para meter pánico en los gremios estatales: presentó un proyecto para declarar la «Emergencia de la Caja de Jubilaciones».

    Así, el Gobierno apunta a garantizar que el grueso de los jubilados (el 85%) recupere el 82% a través de un adicional no remunerativo, pero aplicaría una cláusula de «solidaridad previsional» para los haberes más altos: quienes cobren más de $ 2,5 millones recibirían el excedente en Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio. Es un golpe a los gremios más combativos -Luz y Fuerza y los municipales de la ciudad de Córdoba- y a los jueces.

    Pero quien llevó el relato al extremo fue Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura: dijo que la Caja se encuentra «ante una situación crítica» y que, sin una intervención urgente, «ya se empieza a ver el precipicio».

    Torres defiende que se aumenten los aportes personales un 4%. La hipótesis es que se podría avanzar con esa medida sobre los municipales de la ciudad, Luz y Fuerza y bancarios. Ese parece ser un límite que está dispuesto a cobrar: se trata de empleados que por alto nivel de conflictividad que tienen sus reclamos, tienen mala imagen. Cuando era intendente de Córdoba, a Llaryora le fue bien en términos de imagen cuando confrontó con los municipales.

    En cambio, el Gobierno descarta medidas para ampliar los aportantes del sistema prolongando la vida activa de los 25 mil policías policías y de los 50 mil docentes, casi el 80 por cieno de la planta de personal.

    A diferencia de cuando José Manuel de la Sota decidió confrontar con Amado Boudou y Cristina Fernández por la suspensión de fondos para la Caja (crisis que derivó en la creación de la «tasa vial», en 2012), ahora Llaryora debe enfrentar al vencedor en Córdoba de las elecciones nacionales sin margen para crear un impuesto de guerra, como fue aquel que se cobró durante casi tres años en cada carga de combustible.

     

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