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Charlas sobre el cuidado del ambiente

El Intendente Marcelo Orazi junto al Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina Hugo Curzel participaron esta mañana de charlas sobre el cuidado del ambiente en el Instituto María Auxiliadora y en la Escuela 235.

En ambos casos, el Intendente hizo referencia a las acciones comunitarias que contribuyen a cuidar la ‘casa común’ para que la continúen disfrutando las futuras generaciones y, además, hizo hincapié en el rol de agentes multiplicadores que tienen niños y niñas para transmitir estas conductas.

En ambas instituciones se hizo entrega de material para profundizar esta tarea en las aulas, además de elementos que fueron realizados con material reciclable en una muestra de la importancia que tiene la clasificación de los residuos.

También se entregaron árboles para ser plantados en los patios de las escuelas.

Tanto Orazi como Curzel agradecieron el recibimiento de ambas comunidades educativas.

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    En medio de las crecientes denuncias por el abandono de las rutas nacionales por parte de Javier Milei, los reproches internos por el letargo de la promocionada «Red Federal de Concesiones» apuntan a Luis «Toto» Caputo, que ahora amenaza con una purga en Economía si antes de julio no hay avances concretos en este tema.

    Con el control de la Secretaría de Transporte y de Vialidad Nacional, el ministro agita desde 2024 este sistema de concesiones con peaje para la operación y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros que dividió en tres etapas.

    Sin embargo, al momento solo una de esas tres etapas fue adjudicada, no sin polémica, a la empresa Alejandro Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.

    Además se trata del tramo más corto de los tres: 741 kilómetros de las rutas 12 y 14, con epicentro en Entre Ríos.

    Así, a más de un año de lanzada, la Red Federal de Concesiones de Caputo tiene más del 90% de su superficie sin concesionar.

     Todos los 9.000 kilómetros de corredores viales por donde pasa el 80% del transporte va a estar licitado en los próximos cuatro meses 

    Por eso, fuentes con llegada a Economía señalaron a LPO que el ministro lanzó un ultimátum en Vialidad y Transporte: si en la primera mitad de 2026 no está todo licitado, profundizará los despidos que ya aplicó en el área días atrás.

    Tal es la obsesión de Caputo por el tema, que ya hizo un compromiso público: «Todos los 9.000 kilómetros de corredores viales por donde pasa el 80% del transporte va a estar licitado en los próximos cuatro meses», dijo a Radio Mitre.

    Frente a la desesperación por mostrar signos de recuperación, Caputo salió a estimular el interés de los empresarios con créditos del BICE, banco que depende del Ministerio de Economía y que tiene entre sus autoridades a asesores y acérrimos defensores del ministro en redes sociales.

    Al final la primera obra pública de Milei se hará con fondos públicos

    Ya para la primera etapa, el BICE habilitó un crédito por hasta 56 mil millones o el 70% del total de la inversión.

    En tanto, parte de la Etapa II, que abarca las rutas 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza -Cañuelas, como así también la ruta 5 entre Luján y Santa Rosa están en proceso de licitación, con fecha de apertura de sobres para el 23 de febrero.

    Pero esos 1.872 kilómetros representan menos de la mitad de los 4.428 kilómetros previstos para la Etapa II, donde también figuran tramos como el Puntano (Ruta 8 a Villa Mercedes), el Mediterráneo, que va del norte bonaerense a Río Cuarto; y los Portuarios Sur (de Realicó a Rosario) y Norte (de Trenque Lauquen a Rosario).}

    Milei sacó un decreto contra la corrupción en la obra pública, pero el ganador de la ruta 12 está acusado en Cuadernos

    De estos tramos de la Etapa II no hay novedades para su llamado a licitación. Tampoco de la Etapa III, de casi 4.000 kilómetros en total.

    Esa tercera etapa comprende los tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Ahí, figuran tramos detonados de la Ruta 9 (desde Santiago del Estero a Jujuy) y de la Ruta 7 en Mendoza.

    La impaciencia de Caputo por apurar estas licitaciones comprometen la posición de Marcelo Campoy, administradorde Vialidad que subsistió a los cambios que el ministro hizo recientemente y entre los que le dio salida a Luis Pierrini de Transporte, tras una denuncia por estafas con los fondos de la tarjeta SUBE.

     A más de un año de lanzada, la Red Federal de Concesiones de Caputo tiene más del 90% de su superficie sin concesionar.  

    En sector del Gobierno le endilgan a Vialidad el letargo en el avance de estas concesiones, sobre todo por las demoras en resolver algunos contratos por obras en rutas con constructoras que se arrastraban del gobierno anterior y que se congelaron desde la llegada de Milei. Sin cerrar esos casos, es imposible avanzar.

    La Red Federal de Concesiones viene siendo fuertemente objetada por organismos defensores de los usuarios viales, como Conaduv, que denunció que las concesiones viales de Milei triplican los peajes. «Es volver a un régimen nefasto y que fracasó en los 90», acusaron. 

     

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    Un Policía Federal se encadenó a la reja de la Casa Rosada: un grito de alerta contra la precarización salarial y la corrupción institucional

     

    Un hecho político inusual y profundamente revelador tuvo lugar este miércoles frente a la Casa Rosada: un efectivo de la Policía Federal Argentina decidió encadenarse esposado a la reja perimetral del Palacio de Gobierno para visibilizar el descontento y el sufrimiento real que atraviesan las fuerzas de seguridad bajo la gestión actual.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El protagonista de la protesta individual fue el cabo Miguel Ángel Montiel, quien se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a Balcarce 50. Con una pancarta en mano, denunció irregularidades dentro de la institución, maniobras de corrupción y el deterioro de su salario y condiciones laborales.

    “Nos sacan la plata del bolsillo”: reclamos que estallan en plena Casa Rosada

    Según explicó Montiel, su reclamo no se limitó a la cuestión salarial, aunque ésta fue eje central: señaló que la quita de derechos, la existencia de “planillas fantasmas” y maniobras irregulares con adicionales que no se cumplen terminan perjudicando directamente el bolsillo de los efectivos.

    Además, el propio cabo denunció que en su Comisaría, la del Ferrocarril Belgrano Norte, existen prácticas que favorecen la corrupción, especialmente en servicios adicionales que no se efectivizan pero igual aparecen en los registros.

    Lo más llamativo es que Montiel decidió canalizar su protesta en pleno frente de la sede del Poder Ejecutivo, obligando a la Casa Militar y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos especiales para contener la situación.

    Un acto con mensaje político claro: el salario como conflicto estructural

    La protesta del cabo Montiel es más que una acción aislada: pone en evidencia el profundo malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales ante la precarización salarial y las condiciones de vida que enfrentan miles de agentes en un contexto de creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo.

    Mientras el Gobierno insiste en discursos de “orden y seguridad”, la realidad que viven los trabajadores de las fuerzas de seguridad —que también pagan alquileres, comida, transporte y educación— es otra: salarios que no alcanzan, condiciones laborales desactualizadas y ausencia de canales institucionales efectivos para resolver conflictos internos.

    Montiel incluso admitió que los policías no están autorizados a protestar de esta forma, pero aseguró que ya no podía seguir callado frente a lo que calificó como un evidente deterioro de derechos y justicia interna.

    La protesta que interpela al Gobierno

    Este episodio, ocurrido en el corazón del poder estatal, desnuda una realidad incómoda para el gobierno: el descontento salarial trasciende a los sectores tradicionalmente alineados con la autoridad estatal, como son las fuerzas de seguridad, y cuestiona directamente la gestión en materia de políticas de ingresos y transparencia institucional.

    La protesta se da en un contexto social donde los reclamos por salarios dignos, condiciones laborales justas y el fin de prácticas corruptas se multiplican en distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. La decisión de Montiel de esposarse frente a la Casa Rosada no es un mero acto simbólico, sino un llamado de atención tan político como la reivindicación de derechos que merece una discusión pública profunda.

     

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