El Intendente Marcelo Orazi junto al Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina Hugo Curzel participaron esta mañana de charlas sobre el cuidado del ambiente en el Instituto María Auxiliadora y en la Escuela 235.
En ambos casos, el Intendente hizo referencia a las acciones comunitarias que contribuyen a cuidar la ‘casa común’ para que la continúen disfrutando las futuras generaciones y, además, hizo hincapié en el rol de agentes multiplicadores que tienen niños y niñas para transmitir estas conductas.
En ambas instituciones se hizo entrega de material para profundizar esta tarea en las aulas, además de elementos que fueron realizados con material reciclable en una muestra de la importancia que tiene la clasificación de los residuos.
También se entregaron árboles para ser plantados en los patios de las escuelas.
Tanto Orazi como Curzel agradecieron el recibimiento de ambas comunidades educativas.
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El Congreso sancionó en la madrugada de este jueves la modificación a la ley de Glaciares que regía desde 2010 con una mayoría cómoda de 137 votos contra 111 de la oposición y las abstenciones de la neuquina Karina Maureira, Oscar Zago y Eduardo Falcone.
A las 2:30, Martín Menem sometió a votación el proyecto que había sido aprobado por el Senado en sesiones extraordinarias y abrochó una jornada tamizada más por los discursos contra Manuel Adorni y la postura de Javier Milei en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que por la norma en debate.
Para la votación, el gobierno contó con el respaldo de las bancadas del PRO, la UCR, los salteños y los misioneros de Innovación Federal, los catamarqueños de Raúl Jalil, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los sanjuaninos de Marcelo Orrego. También se sumaron al lote de los 94 diputados libertarios, que no sintieron la ausencia con certificado médico de Rocío Bonacci por su avanzado embarazo, legisladores de Provincias Unidas en representación de Chubut, Río Negro y Córdoba como Jorge «Loma» Ávila, Sergio Capozzi y Alejandra Torres.
Desde temprano, el oficialismo se sentía holgado para la sanción y, pese a la moderada crispación opositora por los casos de corrupción que rodean a Adorni, la foto de la forma en que consiguió el quórum funcionó como proyección para el saldo de la votación.
En efecto, el desembarco de la bancada de Gabriel Bornoroni en el recinto estuvo acompañado por 16 integrantes del interbloque del PRO y la UCR, denominado Fuerza del Cambio. Pasadas las 15, se sentaron a sus bancas Daiana Fernández Molero, Florencia de Sensi, Antonela Giamperi, Fernando de Andreis, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, Alicia Fregonese y Martín Ardohain por el macrismo, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Darío Schneider, Diógenes González y Guillermo Agüero por los radicales y los monobloquistas José Luis Garrido y Karina Banfi.
Además, dieron quórum la ex vicegobernadora santafecina Gisela Scaglia, quien lidera Provincias Unidas en la Cámara Baja, el rionegrino Capozzi, el jujeño Jorge Rizzotti, el santafecino José Núñez y los cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, quien se ausentaría al momento de la votación.
Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.
Los sanjuaninos Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, los catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot y los tucumanos de Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera fueron puntuales para abrir la sesión. En representación de Gustavo Sáenz y Carlos Rovira solo bajaron de sus despachos tres de los nueve que les responden: Pablo Outes, Yolanda Vega y Daniel Vancsik.
La presencia más llamativa fue la del puntano Jorge «Gato» Fernández, que funciona como satélite de UP por su filiación peronista pero este jueves se sumó al lote de 129 para que inicie la sesión. «Revoleando ATN y todo al gobierno le costó llegar al quórum», dijo un diputado radical a LPO.
La presencia más llamativa fue la del puntano Jorge ‘Gato’ Fernández, que funciona como satélite de UP por su filiación peronista pero este jueves se sumó al lote de 129 para que inicie la sesión.
Como sea, la norma aprobada trastoca los controles que establecía la ley sancionada en 2010, tras un intenso debate que incluso partió al bloque del por entonces Frente Para la Victoria. La discusión traía cola porque dos años antes la propia Cristina Kirchner vetó la primera versión de la ley de Glaciares, mucho más restrictiva para la explotación minera que la que rigió hasta ahora y que se logró con amplio consenso de organizaciones ambientalistas y legisladores que defendían el derecho de las provincias a definir el uso de los recursos de su suelo, tal como establece la Constitución de 1994.
Ese tópico sobrevoló las discusiones de los últimos días, pero bajo las denuncias de la oposición por el lobby minero y las brumosas estimaciones del oficialismo sobre futuras inversiones por alrededor de U$S 20 mil millones.
A partir de ahora, los gobernadores podrán encargar sus propios estudios de impacto ambiental para determinar el grado de importancia de las zonas glaciares y periglaciares como reservas hídricas. Esa tarea recaía hasta el momento en el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), con asiento en la Patagonia y un inventario de 17 mil glaciares desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
Horacio Rosatti habilitó a los consejeros de la Magistratura en representación del Congreso y el estamento de los abogados para que hundan provisoriamente la acordada de la Corte Suprema, firmada por sus colegas Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para cambiar el mecanismo de selección de los jueces.
Detrás de la decisión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. Un experimentado funcionario judicial explicó a LPO que el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando detrás de la bandera de lo «técnico» un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios que las asesoran en la selección de los jueces.
Por eso, un tema absolutamente críptico para el ciudadano de a pie, es tapa de los grandes diarios y por eso también las asociaciones de empresas más concentradas, como el G6, salieron a respaldar públicamente la movida de Lorenzetti y Rosenkrantz, que antes de sumarse a la Corte eran abogados de muchas de esas mismas empresas.
No se trata de teorías conspirativas. Luego de la decisión del Consejo de la Magistratura de postergar el tema, el establishment más concentrado hizo conocer su desagrado. El Grupo de los Seis (G6), integrado por la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos, emitió un poco usual comunicado apoyando la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti.
«El G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país», ordenaron las cámaras que reúnen a los grandes actores del poder económico.
Detrás de discusión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. El proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios en la selección de los jueces.
Estas tensiones quedaron en evidencia durante la reunión del Consejo de la Magistratura de este miércoles. Cuando se analizaron los temas que se tratarán en el plenario previsto del próximo 15 de abril, la iniciativa de Rosenkrantz fue postergada. Con los sofisticados modos de la justicia, el abogado César Grau, identificado con el kirchnerismo, planteó que se había emocionado con el discurso que dio Rosenkrantz este lunes cuando presentó la iniciativa y propuso que el expediente se incluyera en el orden del día pero «no para votarlo, sino para habilitar el pase a la comisión de Reglamentación». Un elogio para enterrarlo.
En ese momento, en lo que pareció un movimiento cordionado, Rosatti respondió que se trataba de un proyecto que debía ser analizado en detalle y profundidad, según relató a LPO uno de los consejeros presentes. Esta jugada enfrió el pedido de tratamiento perentorio formulado por Rosenkrantz y las empresas que representaba. La postura de Rosatti contó con el respaldo de los representantes de los académicos, que responden a Diego Molea, el juez Diego Barroetaveña y los abogados Jimena De la Torre y Alberto Maques, quienes responden a Mauricio Macri y Daniel Angelici, respectivamente.
El consejero de los abogados, César Grau.
Pero la discusión no terminó allí. Más tarde, al reunirse la comisión de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, que accedió a su silla por la lista de la minoría de los abogados pero con el auspicio de Molea, se criticó el apuro de Lorenzetti y Rosenkrantz por modificar el reglamento vigente, bajo el argumento de eliminar la «partidización» y la «discrecionalidad».
De La Torre adelantó que está «absolutamente de acuerdo con todos los términos de la acordada» pero aclaró que el tema «deberá discutirse en la comisión de Selección y la de Reglamentación y, en todo caso, votarse en plenario». Una manera de alargar el debate. De La Torre agregó que ella es autora de uno de los 14 proyectos sobre el tema, otra manera de avisarle que son los consejeros los que discuten cómo mejorar los mecanismos de selección de jueces y son muchas las ideas en danza, no sólo las de Rosenkrantz y Lorenzetti.
Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos pero entiendo que hay muchas cosas para modificar. Es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos.
Esa advertencia coincidió con una pregunta demoledora que un diputado le hizo en los últimos días a un juez de la Corte: «¿Nosotros podemos meternos con las sentencias?». La respuesta por la negativa solo ameritó una lacónica onomatopeya del legislador: «Ah».
En la misma sintonía, el consejero Maques objetó este miércoles la premura de Rosenkrantz y Lorenzetti. «Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos», afirmó y agregó: «es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos».
Maques es hombre de Angelici y, por propiedad transitiva, pertenecería al mismo esquema que termina en la figura de Karina Milei, quien definió el ascenso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y detonó la aspiración de Ricardo Lorenzetti.
Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo.
Lorenzetti quedó del lado perdedor en la discusión por el Ministerio de Justicia, ya que como reveló LPO, respaldaba junto a los principales jueces de Comodoro Py la designación de Guillermo Montenegro.
Que se instale el tema de la necesidad de «limitar» la intervención política en la selección de jueces, justo cuando el flamante ministro Juan Bautista Mahiques remite al Senado el pliego para que de manera excepcional se extienda por cinco años la calidad de juez de la Cámara de Casación Federal de su papá, Coco Mahiques, no parece casualidad.
Una impugnación a la que contribuye el ministro cuando de manera pública oficia como un abogado de los Milei en la causa por la criptoestafa $Libra, proponiendo cursos de acción para anular las pruebas contra el presidente y su hermana. En esa misma sintonía, parece inscribirse la decisión de Mahiques de promover el ascenso a jueza de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la causa $Libra. Un verdadero escándalo.
Le sirve además el tema a Lorenzetti para raspar a su eterno rival por la postulación de su hijo, Emilio Rosatti, como juez federal de Santa Fe. En el Palacio Talcahuano podía percibirse este miércoles la bronca contenida contra la publicación de Clarín que reveló que el heredero del presidente de la Corte no había sacado la nota más alta para el orden de mérito, donde había quedado 9º, pero luego de la entrevista terminó más arriba. Precisamente el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca limitar el peso de las entrevistas personales en la selección del orden de mérito de los que compiten por la calidad de juez.
Es por eso, que el deslizamiento más impactante es el que concretó Rosenkrantz, que de pasar los últimos tres años formando mayoría con Rosatti, pasó a alinearse con Lorenzetti. «Acaso ese cambio se explique por la confrontación de Milei con Clarín por las trabas para la fusión Telecom-Telefónica», analizó un consejero consultado por LPO. Rosenkrantz, antes de ser juez, fue abogado del grupo de medios al que Milei quiere imponer un draconiano pliego de condiciones para aprobarle la fusión, como reveló LPO en exclusiva.
El día sábado a partir de las 19hs hasta las 23hs el equipo del EL GARAGE junto con la A.T.T.S (Asociación de Trans y Trabajadorxs) y la AHS Argentina (AIDS Healthcare Foundation) estarán con su stand en la Plaza de los Próceres realizando los test rápidos. Invitamos a todas las personas que quieran realizarse el test y también…
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