El Intendente Marcelo Orazi junto al Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina Hugo Curzel participaron esta mañana de charlas sobre el cuidado del ambiente en el Instituto María Auxiliadora y en la Escuela 235.
En ambos casos, el Intendente hizo referencia a las acciones comunitarias que contribuyen a cuidar la ‘casa común’ para que la continúen disfrutando las futuras generaciones y, además, hizo hincapié en el rol de agentes multiplicadores que tienen niños y niñas para transmitir estas conductas.
En ambas instituciones se hizo entrega de material para profundizar esta tarea en las aulas, además de elementos que fueron realizados con material reciclable en una muestra de la importancia que tiene la clasificación de los residuos.
También se entregaron árboles para ser plantados en los patios de las escuelas.
Tanto Orazi como Curzel agradecieron el recibimiento de ambas comunidades educativas.
El gobierno de Axel Kicillof tiene previsto invertir más de 31 mil millones de pesos en la incorporación de un nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías para evitar apagones por picos de consumo por las altas temperaturas durante el verano.
Según detallaron a LPO desde la Subsecretaría de Energía bonaerense, con esta iniciativa se fortalecerá el sistema eléctrico bonaerense y mejorará la calidad del servicio en zonas estratégicas.
Concretamente, el proyecto tendrá una inversión estimada de 31.200 millones de pesos, contempla una potencia total de 25 MW y una capacidad de almacenamiento de 125 MWh, que se distribuirán en cuatro nodos estratégicos: Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.
En la Provincia señalaron que el proyecto viene a reemplazar lo que fue el Plan Verano, un plan de contingencia donde se instalaban motores de gasoil solo por dos meses para inyectar energía en los momentos de mayor consumo.
En ese sentido, señalaron que los apagones se venían evitando con los motores de gasoil, pero que ahora, con las baterías, se van a evitar con una tecnología más limpia, menos costosa y fija.
El inicio de las obras está previsto para el segundo semestre de 2026, mientras que la puesta en operación de los sistemas se proyecta para enero de 2027, planificado para resolver los picos de consumo de energía por las altas temperaturas.
«La incorporación de esta tecnología permitirá optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, reducir restricciones en el sistema de transporte, brindar mayor flexibilidad operativa, facilitar la integración de energías renovables y disminuir la utilización de generación térmica de respaldo», señalaron en Energía provincial.
El programa se financia mediante el Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), canalizado a través del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA). Se trata de un esquema que articula la planificación pública, el financiamiento específico y la implementación operativa a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA).
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció el envió de un proyecto de ley para el pase a planta permanente de 4.200 empleados públicos, tras un acuerdo con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El último pase masivo a planta había sido en el 2021. En el 2023, Weretilneck denunciaba que era un gasto para el Estado cuando Aguiar había hecho un acuerdo con la ex gobernadora Arabela Carreras, que luego fue descartado por el actual mandatario.
La polémica es más grande porque en las últimas semanas se conoció que el bloque legislativo del partido oficialista Juntos Somos Río Negro tiene asesores VIP donde figuran ex ministros nacionales y provinciales.
Todo muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse.
El anuncio de Weretilneck buscó mostrar una imagen de estabilidad en la administración provincial de cara a las próximas elecciones provinciales. La iniciativa será enviada a la Legislatura durante la primera semana de julio y, según el Ejecutivo, no implicará nuevas incorporaciones ni un incremento del gasto salarial.
La regularización alcanzará a trabajadores contratados hasta el 31 de diciembre de 2025 que continúen desempeñando tareas permanentes dentro del Estado. El Gobierno sostiene que se trata de un ordenamiento administrativo de personal que ya integra la estructura pública y que el proceso demandará entre seis y ocho meses para completar las evaluaciones de idoneidad, antecedentes y aptitud psicofísica previstas en el proyecto.
El anuncio llega bajo la sombra de investigaciones sobre contratos donde el oficialismo continúa enfrentando cuestionamientos derivados de investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la Legislatura provincial, donde existen filtraciones que plantean presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, encabezado por Facundo López, incluyendo la incorporación de familiares de funcionarios y dirigentes políticos, además de remuneraciones elevadas para algunos contratados.
Esas publicaciones también mencionaron casos de personas vinculadas al oficialismo que, según las investigaciones, integrarían la estructura legislativa sin que exista información pública detallada sobre las funciones que desempeñan. Entre los nombres citados aparecen dirigentes políticos, exfuncionarios y familiares de integrantes del Gobierno.
El pase masivo a planta permanente y las denuncias sobre ñoquis y asesores VIP en la Legislarura están muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse
Hasta el momento, ni el Poder Ejecutivo ni la conducción de la Legislatura respondieron públicamente en detalle a esas publicaciones ni se pronunciaron sobre cada uno de los casos mencionados.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El contexto alimentó las críticas de la oposición, que reclama mayor transparencia en las designaciones y un acceso más amplio a la información sobre la estructura de personal del Poder Legislativo. Desde el oficialismo, en tanto, evitan profundizar la discusión y sostienen que el funcionamiento administrativo de la Legislatura se ajusta a las normas vigentes.
Entre los contratados VIP figuran el radical Daniel «Fino» Sartor, quien fue ministro provincial y también nacional en el gobierno de Fernando de la Rúa en la cartera de Desarrollo Social, donde tuvo que renunciar por irregularidades. También entre los contratados por el bloque oficialista figuran hijos de funcionarios, como
Vera Lastra hija de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
También se encontraba hasta hace pocos meses Juan Accatino, ex ministro de Producción del gobierno radial de Miguel Saiz. Accatino, que figuraba como asesor de JSRN, hace unos días recibió un fuerte revés de la Corte Suprema que dejó firme una condena en su contra a 2 años y 6 meses en una causa por sobresueldos. También fueron condenados otros ex ministros como César Barbeito (Educación) -defendido por Mariano Cúneo Libarona- y Francisco González (Coordinación), que recibieron penas de 3 años y 6 meses.
El pase a planta también se anunció pocos días después de otro episodio que generó fuerte repercusión política. El gobierno de Weretilneck denunció un presunto hackeo y la filtración de documentación interna, entre ella información vinculada con legajos y recibos de sueldo de funcionarios provinciales. A partir de esa denuncia se inició una investigación judicial que derivó en procedimientos sobre equipos informáticos y abrió una nueva controversia pública.
El Ejecutivo sostuvo que la difusión de esa documentación formó parte de una maniobra destinada a instalar información sensible con fines políticos. La investigación continúa en la Justicia y el Gobierno insistió en que fue víctima de un acceso ilegítimo a sistemas oficiales, mientras distintos sectores opositores reclamaron precisiones sobre el alcance del caso y el manejo de la información pública.
En ese escenario, el anuncio del pase a planta permanente también puede leerse como un intento del oficialismo de recuperar la iniciativa política. Con el respaldo de ATE, un proyecto de fuerte impacto sobre el empleo público y una agenda orientada a la gestión, Weretilneck busca volver a colocar el foco sobre la administración provincial mientras procura dejar atrás una sucesión de controversias que, durante las últimas semanas, condicionaron el debate político en Río Negro.
La contundente manifestación de la Selección Argentina en respaldo a la soberanía sobre las Islas Malvinas volvió a instalar el tema en el centro de la agenda pública. Horas después de esa imagen que recorrió el mundo, el Gobierno nacional difundió un comunicado de rechazo a la presencia de un buque británico en aguas argentinas, una reacción que despertó críticas por su aparente demora y por el contraste con otras decisiones adoptadas durante la gestión de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
La bandera de la Selección que volvió a poner a Malvinas en el centro de la escena
La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra tuvo un fuerte componente simbólico que trascendió lo deportivo. Al finalizar el encuentro, los jugadores celebraron con una bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», una imagen que rápidamente se viralizó y generó una amplia repercusión tanto dentro como fuera del país.
El gesto fue interpretado como una reafirmación de una causa que forma parte del consenso histórico de la sociedad argentina y que, en los últimos meses, había quedado envuelta en fuertes controversias por distintas decisiones y posicionamientos del Gobierno nacional.
La imagen también contrastó con la polémica generada por las restricciones impuestas por la FIFA al ingreso de banderas con referencias a Malvinas y con la postura asumida por funcionarios del Ejecutivo, que evitaron confrontar con esas disposiciones.
El comunicado oficial llegó después del impacto público
Pocas horas después del triunfo argentino y de la masiva difusión de las imágenes de los futbolistas, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado rechazando la presencia del buque científico británico RRS Sir David Attenborough, cuya navegación vinculada a las Islas Malvinas fue considerada por Argentina como una actividad unilateral e incompatible con las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.
El comunicado expresó el «más enérgico rechazo» a las operaciones desarrolladas por el Reino Unido y reiteró que cualquier actividad vinculada con los recursos naturales o con la plataforma continental en el área disputada requiere el consentimiento del Estado argentino.
Sin embargo, la reacción oficial fue interpretada por distintos sectores políticos y diplomáticos como una respuesta tardía. El barco británico ya venía desarrollando actividades conocidas desde hacía varios días y el Gobierno no había realizado pronunciamientos públicos hasta después del fuerte impacto que tuvo la bandera desplegada por los jugadores argentinos.
Un cambio de tono que alimentó las críticas
La coincidencia temporal no pasó inadvertida.
Durante buena parte de su gestión, Milei mantuvo una política exterior caracterizada por un acercamiento sin precedentes al Reino Unido y a los Estados Unidos. En distintos discursos evitó confrontar con Londres sobre la cuestión Malvinas e incluso llegó a expresar admiración personal por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, responsable política de la guerra de 1982.
A ello se sumaron otras decisiones que generaron cuestionamientos, entre ellas el apoyo del Gobierno argentino a las disposiciones de la FIFA que limitaron el ingreso de banderas con referencias a Malvinas en los estadios mundialistas, una medida que fue interpretada por amplios sectores como una innecesaria cesión frente a organismos internacionales.
En ese contexto, el repentino endurecimiento discursivo frente al buque británico fue leído por la oposición como un intento de recuperar iniciativa política después de que la propia Selección colocara nuevamente la causa Malvinas en el centro del debate nacional.
La causa Malvinas volvió a imponer la agenda
La repercusión de la bandera exhibida por los campeones del mundo volvió a demostrar que la cuestión Malvinas continúa siendo uno de los pocos temas capaces de generar un consenso transversal entre los argentinos.
Mientras el Gobierno intentaba instalar el comunicado diplomático, en redes sociales y distintos ámbitos políticos crecieron las comparaciones entre esa declaración y las decisiones adoptadas durante los últimos meses, especialmente aquellas vinculadas al vínculo con el Reino Unido y a las señales de alineamiento internacional de la administración libertaria.
Para numerosos analistas, el episodio dejó una conclusión evidente: fue la propia Selección Argentina la que volvió a poner la soberanía sobre las Islas Malvinas en el centro de la discusión pública, obligando al Gobierno de Javier Milei a reaccionar con un comunicado que muchos consideran llegó tarde y bajo la presión del impacto político y simbólico generado por los futbolistas.
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