El Intendente Marcelo Orazi junto al Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina Hugo Curzel participaron esta mañana de charlas sobre el cuidado del ambiente en el Instituto María Auxiliadora y en la Escuela 235.
En ambos casos, el Intendente hizo referencia a las acciones comunitarias que contribuyen a cuidar la ‘casa común’ para que la continúen disfrutando las futuras generaciones y, además, hizo hincapié en el rol de agentes multiplicadores que tienen niños y niñas para transmitir estas conductas.
En ambas instituciones se hizo entrega de material para profundizar esta tarea en las aulas, además de elementos que fueron realizados con material reciclable en una muestra de la importancia que tiene la clasificación de los residuos.
También se entregaron árboles para ser plantados en los patios de las escuelas.
Tanto Orazi como Curzel agradecieron el recibimiento de ambas comunidades educativas.
La economía puede mostrar una planilla prolija y, al mismo tiempo, dejar a los trabajadores haciendo equilibrio en la cornisa. Ese es el dato incómodo que aparece detrás del nuevo informe de la UCA: el desempleo no arde, pero el empleo se rompe por adentro. La macro luce ordenada en la vidriera. En la trastienda hay changas, monotributos flacos, motos prestadas y cuentas que no cierran.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina publicó un trabajo sobre la estructura laboral urbana entre 2010 y 2025. La conclusión es fuerte: el deterioro no aparece como una expulsión masiva al desempleo abierto, como en los años noventa, sino como una degradación silenciosa de las condiciones de trabajo. La UCA lo resume como una «desintegración laboral sin desempleo».
El dato central está en las trayectorias laborales. Entre 2011-2013 y 2023-2025, la proporción de desocupados que pasó al autoempleo informal subió del 24,1% al 29,5%. En cambio, la salida hacia empleos asalariados formales o públicos cayó del 24,1% al 19,6%. Dicho más simple: cada vez menos desocupados consiguen un empleo registrado y cada vez más terminan inventándose una ocupación de baja escala.
La misma dinámica golpea a quienes ya tenían un empleo formal. Según el informe, el pasaje de asalariados formales hacia el autoempleo informal subió del 4,8% al 6,2%. La caída ya no es sólo del desocupado que no encuentra puerta de entrada. También alcanza al trabajador registrado que pierde el escalón y cae en el rebusque.
Por eso la tasa de desempleo puede quedar relativamente contenida mientras el mercado laboral se deteriora. En el primer trimestre de 2026, la desocupación fue del 7,8%, casi sin cambios frente al mismo período del año anterior. Pero la informalidad subió al 44,2% y también creció la subocupación. El Estado cuenta a una persona como ocupada. El hogar mira si ese ingreso alcanza para llegar a fin de mes.
La composición del empleo confirma el corrimiento. El sector microinformal pasó del 46,4% de los ocupados en 2010 al 48,3% en 2025. Dentro de ese universo, los no asalariados informales treparon del 28,2% al 31,7%. En paralelo, el empleo público cayó del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025.
El sector microinformal pasó del 46,4% de los ocupados en 2010 al 48,3% en 2025. Dentro de ese universo, los no asalariados informales treparon del 28,2% al 31,7%. En paralelo, el empleo público cayó del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025.
La precariedad también tiene números duros. En 2025 alcanzó al 45% del total de los ocupados. En el sector microinformal llegó al 66,5%. Entre los asalariados informales de microestablecimientos, trepó al 81,1%. En el empleo público fue del 15,9% y en el sector privado formal del 29,1%.
El ingreso muestra la parte más brutal del fenómeno. La UCA advierte que los trabajadores del sector microinformal cobran, en promedio, entre 30% y 40% menos que el resto. En 2025, los trabajadores privados formales regulados tenían una probabilidad 18 veces mayor de estar en el quintil más alto de ingresos que en el más bajo. En el microinformal, esa relación caía a 0,28.
Ahí aparece la otra cara del orden macroeconómico que el Gobierno vende como modernización. El informe marca dos motores en tensión. Por un lado, sectores de baja productividad que absorben mucha mano de obra. Por otro, actividades de alta rentabilidad, como recursos naturales, finanzas y servicios empresariales, que generan pocos puestos directos.
La apuesta libertaria combina ajuste fiscal, desregulación, incentivos exportadores y una mirada muy favorable a recursos naturales y finanzas. Ese camino puede ordenar algunas variables. Pero no arma, por sí mismo, un régimen de desarrollo. Sin crédito, proveedores, infraestructura, tecnología y coordinación estatal, los números cierran arriba y la factura se abre abajo.
El espejo peruano entra justo ahí. Perú logró durante años baja inflación, reservas altas y bajo endeudamiento. Pero en 2025 tuvo una informalidad laboral del 70,2%. Fueron 12,3 millones de trabajadores informales sobre una población ocupada de 17,6 millones. En las zonas rurales, la informalidad llegó al 94,8%. En las urbanas, al 64,5%. La desocupación, en cambio, fue de apenas 4,9%. La trampa queda a la vista: una macro eficiente puede convivir con una sociedad partida.
El ex ministro peruano Piero Ghezzi lo dijo en una entrevista con La Nación: «La política macro, que es transversal, no alcanza». También advirtió que en Perú «no hay suficientes sectores para incorporar a esos trabajadores». Esa frase explica el riesgo argentino.
Perú incluso mostró crecimiento del empleo en 2025. El INEI informó 17,57 millones de ocupados, un aumento de 1,5% frente a 2024. Pero la calidad del empleo siguió siendo el agujero negro. En empresas de hasta diez trabajadores, la informalidad fue del 88,6%. En las grandes, del 15,6%. En agricultura, pesca y minería, llegó al 91,1%. En servicios, al 57,6%. El orden macro no impidió que la mayoría trabajara sin red.
En Argentina, la palabra peruanización pega porque toca una fibra sensible. El país todavía conserva protecciones sociales y laborales más extendidas que Perú explicada por su complejo científico inudstrial. Pero el informe de la UCA advierte que esa arquitectura se erosiona. La norma protectoria sigue escrita. El problema es que una porción creciente del trabajo queda afuera de su alcance. .
Ramiro Robles, investigador del Observatorio de la Deuda Social, planteó que hacen falta políticas de coordinación salarial, fortalecimiento del salario mínimo y formalización. Pero con una aclaración clave: formalizar no es sólo registrar. También supone crear canales reales para incorporar a quienes hoy están fuera del sistema fiscal, previsional y laboral porque sus márgenes productivos son mínimos. Su diagnóstico fue poco amable para la épica oficial: «No parece evidente que en el corto plazo la situación del empleo vaya a mejorar».
La participación del Gobierno de Javier Milei en una cumbre impulsada por Donald Trump abrió interrogantes sobre el alineamiento argentino con una estrategia internacional que busca construir una coalición contra la izquierda y ampliar la cooperación en inteligencia y seguridad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Alejandra Monteoliva, Andrew Bailey y Peter Lamelas
Detrás de una cumbre internacional presentada oficialmente como un encuentro para fortalecer la cooperación contra el terrorismo, la administración de Donald Trump comenzó a desplegar una estrategia mucho más ambiciosa: construir una coalición internacional que identifique a la izquierda como una amenaza geopolítica. La presencia de funcionarios argentinos en ese encuentro no pasó inadvertida y abrió interrogantes sobre el rumbo que está tomando la política exterior de Javier Milei y el grado de alineamiento que su gobierno está dispuesto a asumir con Washington.
Durante buena parte de su gestión, Javier Milei convirtió la llamada «batalla cultural» en uno de los ejes centrales de su discurso político. El Presidente no sólo planteó una confrontación permanente contra el socialismo, el progresismo y lo que denomina «la agenda woke», sino que además buscó internacionalizar esa pelea participando de foros conservadores y estrechando vínculos con referentes de la nueva derecha global. Sin embargo, lo que hasta hace poco parecía limitarse al plano discursivo comienza ahora a trasladarse al terreno de la diplomacia, la seguridad y la inteligencia internacional.
Ese cambio de escala quedó expuesto tras la cumbre organizada por la administración de Donald Trump, donde participaron representantes de más de sesenta países y a la que la Argentina asistió a través del vicecanciller Pablo Quirno. Según reveló la periodista Luciana Bertoia, la reunión no estuvo orientada únicamente a fortalecer mecanismos tradicionales de cooperación contra organizaciones terroristas, sino que tuvo como uno de sus objetivos centrales comenzar a articular una coalición internacional frente a lo que Washington define como la amenaza del «terrorismo de izquierda», una categoría que abre numerosos interrogantes por su amplitud conceptual y por las consecuencias que podría tener en términos políticos e institucionales.
Una definición de «terrorismo» que ya no parece limitarse a organizaciones armadas
Uno de los aspectos más relevantes del encuentro es que la administración estadounidense comenzó a utilizar un lenguaje que amplía considerablemente el concepto tradicional de terrorismo. Históricamente, esa categoría estuvo asociada a organizaciones armadas específicas cuya caracterización surgía de tratados internacionales, resoluciones de Naciones Unidas o listados confeccionados por distintos Estados. Sin embargo, el discurso presentado durante esta cumbre parece incorporar una dimensión mucho más ideológica, donde la principal preocupación deja de ser exclusivamente la existencia de grupos armados para pasar a concentrarse también en organizaciones y movimientos que Estados Unidos considera parte de una amenaza política vinculada a la izquierda internacional.
Ese corrimiento no es un detalle menor. Cuando una categoría jurídica tan sensible como la de terrorismo comienza a mezclarse con definiciones ideológicas, inevitablemente aparecen preguntas sobre cuáles serán los límites de esa clasificación, qué actores podrían quedar incluidos bajo ese paraguas y hasta dónde podrían extenderse los mecanismos de vigilancia, cooperación e intercambio de información entre los distintos países participantes.
Por ese motivo, distintos especialistas en derecho internacional y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace tiempo que cualquier ampliación de esas categorías exige controles institucionales particularmente rigurosos para evitar que herramientas diseñadas para combatir organizaciones violentas terminen utilizándose con finalidades políticas.
El alineamiento con Washington ya dejó de ser solamente diplomático
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el acercamiento con Estados Unidos se transformó en uno de los pilares de la política exterior argentina. Las coincidencias ideológicas con Trump, la afinidad con sectores conservadores norteamericanos y el respaldo permanente a la agenda impulsada por Washington en distintos organismos internacionales fueron consolidando una relación que ya trascendió el plano estrictamente diplomático.
En los últimos meses comenzaron a multiplicarse las reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos en áreas sensibles como seguridad, defensa e inteligencia. La reciente visita a la Argentina de autoridades del FBI y la participación de representantes nacionales en distintos encuentros organizados por Estados Unidos forman parte de esa profundización del vínculo, que para el oficialismo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, pero que para buena parte de la oposición implica un proceso de alineamiento cuya magnitud todavía no fue suficientemente explicada ante la sociedad.
Porque una cosa es coordinar acciones contra organizaciones terroristas internacionalmente reconocidas y otra muy distinta es integrar una estrategia geopolítica donde la definición misma de quién constituye una amenaza pasa a depender, en buena medida, de criterios políticos establecidos por la principal potencia mundial.
Las preguntas que la Cancillería todavía no respondió
Hasta el momento, el Gobierno argentino no difundió documentación oficial que permita conocer con precisión qué compromisos asumió durante esa reunión ni cuál fue exactamente la posición que llevó la delegación encabezada por Pablo Quirno.
Tampoco explicó si la participación argentina implicará nuevos acuerdos de intercambio de información entre organismos de inteligencia, si habrá modificaciones en los mecanismos de cooperación existentes o si se avanzará en convenios específicos con agencias estadounidenses.
Ese vacío informativo comenzó rápidamente a generar pedidos de informes desde distintos sectores opositores, que consideran indispensable que el Congreso conozca el alcance de cualquier entendimiento que pueda afectar áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad nacional o la política exterior.
La preocupación no gira únicamente alrededor del contenido de la reunión, sino también sobre el modo en que este tipo de acuerdos suelen desarrollarse, muchas veces mediante memorandos o mecanismos de cooperación administrativa que no siempre reciben un debate público acorde con su importancia institucional.
De la batalla cultural a una política internacional coordinada
Quizás el dato más significativo de todo este episodio sea que la denominada batalla cultural, que durante años funcionó como una herramienta de construcción política y electoral para las nuevas derechas occidentales, comienza a institucionalizarse como un eje de coordinación entre gobiernos.
Lo que antes aparecía como un discurso pronunciado en campañas, conferencias o foros ideológicos empieza ahora a traducirse en reuniones diplomáticas, estrategias de seguridad y posibles mecanismos permanentes de cooperación internacional.
En ese contexto, la participación argentina adquiere una relevancia que excede largamente un simple encuentro protocolar. Si el Gobierno efectivamente acompaña la estrategia impulsada por Washington, la Argentina podría quedar incorporada a una arquitectura internacional cuya lógica ya no se limita a combatir organizaciones terroristas tradicionales, sino que incorpora una fuerte dimensión ideológica en la definición de las amenazas globales.
Por eso, más allá de las simpatías o diferencias políticas que puedan existir respecto del gobierno de Milei o de la administración Trump, el debate de fondo pasa por otra cuestión mucho más trascendente: hasta dónde puede llegar el alineamiento internacional de un país sin que exista una discusión pública, parlamentaria e institucional sobre los compromisos que ese alineamiento implica, especialmente cuando involucra áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad y la definición misma de quiénes pasan a ser considerados enemigos políticos en el escenario internacional.
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