Charlas de educación vial en barrio El Sauce

El ministro Toto Caputo admitió que ya no tiene margen para seguir ajustando. Lo dijo en el preciso momento que tiene dos frentes abiertos que le exigen abrir la billetera: los gobernadores, que después de la sanción del Presupuesto reclamarán los fondos retenidos, y el campo, que presiona por una nueva versión del dólar soja. 

«Venimos a bajar impuestos, la forma de conseguir el mayor superávit para bajar impuestos ya no pasa por el ajuste fiscal, porque ya hemos hecho la mayor parte. Hoy pasa por dos cosas: que la economía crezca y que haya más formalidad. Cada cuatro puntos que la economía crece, recuperamos un punto de recaudación. Si logramos crecer y tener un mayor superávit, mayor será la posibilidad de devolverle a la gente con la baja de impuestos», afirmó este martes, al anunciar una leve baja de las retenciones, en la búsqueda de los dólares que le faltan para pagar el vencimiento de USD 4.500 millones de enero.

En los primeros diez meses del año, el superávit primario acumuló 1,4% del PBI, alineado con la meta pactada con el FMI. Pero puertas adentro reconocen que ya no hay mucho más por ajustar. 

El gasto público cayó más de 32% interanual, y lo que queda por recortar son subsidios. El resto son partidas rígidas: seguridad social con formula de actualización autmática  representa más del 70% del gasto total. 

Después de la sanción del Presupuesto los gobernadores creen que volverá la tensión con Milei

Las provincias reclaman casi un punto del PBI por transferencias no giradas durante los dos años de gestión Milei, tal como contó LPO.Tras la aprobación del Presupuesto, los gobernadores se preparan para una nueva ronda de tensión con la Casa Rosada. En total, los gobernadores perdieron 0,87 puntos del PBI en recursos que les corresponden por ley.  

El otro frente de Caputo es el agro. La rebaja de retenciones anunciada este martes, de entre 1 y 2 puntos, fue más un gesto político que una medida con impacto real. Sirvió para tentar a los productores a vender algo del stock guardado en silobolsas y compensar la liquidación del trigo, que se da en plena temporada alta con precios en baja. La tonelada pasó de 180 dólares a 160 y hoy ronda los 170. 

Venimos a bajar impuestos, la forma de conseguir el mayor superávit para bajar impuestos ya no pasa por el ajuste fiscal, porque ya hemos hecho la mayor parte. Hoy pasa por dos cosas: que la economía crezca y que haya más formalidad.

Pero la verdadera pulseada será con la soja, en la cosecha gruesa. Los exportadores ya avisaron que pedirán una reedición del «dólar soja», creado por Massa y continuado por este gobierno. Su costo fiscal se estima en 0,35% del PBI. Un lujo difícil de pagar con las cuentas como están. 

La recaudación no acompaña. El gran problema es la recesión. En noviembre, la recaudación cayó 8,7% en términos reales y acumuló su cuarto mes consecutivo de baja. La explicación es directa: menos actividad, menos impuestos. Es la contracara de una economía que apenas evita la recesión técnica gracias al empuje de la intermediación financiera y una intervención a mano alzada de Marco Lavagna que corrigió  los indicadores del nivel de actividad. 

En ese contexto, Caputo reconoció que el camino del ajuste está agotado. El ministro calcula que cada cuatro puntos de crecimiento del PBI aportan un punto adicional de recaudación. Y que si la economía creciera 6% anual durante seis años, el Gobierno podría devolver 500.000 millones de dólares al sector privado vía baja de impuestos. El problema es que sus cuentas cierran con una economía creciendo al 6%.

Con esta declaración, en medio de la caída de la recaudación y un nivel de actividad que no muestra indicios de recuperación, el objetivo oficial de alcanzar un superávit primario del 2,2% del PBI en 2026, exigiría recortar el gasto en otro 0,9% del producto, equivalente al 69% del superávit de 2025. Una meta bien difícil.

La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que recientemente incorporó una nueva profesional veterinaria con el objetivo de aumentar el número de castraciones caninas y felinas que se realizan actualmente. La profesional realizará las cirugías los días miércoles en el polideportivo Cumelen y en primera instancia se atenderá…

Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial

El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».

Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.

Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.

Martín Menem, en recinto.

Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.

La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.

Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.

Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».