Charlas de educación vial en barrio El Sauce

 

El exministro de Economía y ex titular del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, cuestionó la falta de rumbo del programa económico y se desmarcó fuerte de dos funcionarios que lo acompañaron durante el macrismo: Toto Caputo y Santiago Bausili.

«No hay ningún programa económico que enamore si no genera empleo, más producción y exportación», afirmó en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires y agregó: «Falta esto en el vocabulario de los que están a cargo de la gestión del Gobierno».

Las críticas de Prat-Gay no parecen casuales. Coinciden con una profunda molestia de buena parte del establishment con Milei y el rumbo económico que motivo que numerosos economistas salgan a advertir que el dólar está atrasado, lo que desequilibró emocionalmente al ministro Caputo.

Prat-Gay también apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus escándalos de corrupción. «Es obvio que estamos en una transición en la que murieron prácticas viejas, como financiar planes sociales sin presupuesto. Lo que no sabemos es si nació lo nuevo. El Gobierno vino a terminar con la casta y lo prebendario, pero el jefe de Gabinete quedó enfrascado en lo que decía que venía a cambiar. Para llevarnos a lo nuevo, los que nos conducen realmente tienen que ser probos y absolutamente éticos», sostuvo.

El podcast de LPO: La imagen de Milei en caída libre y la apuesta del establishment por Bullrich

En relación con la economía, marcó una tensión entre los indicadores macro y la situación cotidiana. «No puede estar bien la macro si la micro está mal. Si el resultado del programa económico es que la micro está mal, entonces está mal el programa», afirmó. También advirtió que el clima social tiende a deteriorarse, con sectores que mejoran y otros que enfrentan un cuadro más complejo.

El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó.

Sobre la sostenibilidad del esquema, identificó dos puntos críticos. El primero es la imposibilidad de acceder al financiamiento externo. «Es paradójico que un gobierno libertario que cumplió todo lo que le pidió Wall Street no logró acceder al mercado internacional de deuda», señaló. 

En ese contexto, remarcó que el país enfrenta compromisos en moneda extranjera por unos USD 20.000 millones anuales, sin acceso al refinanciamiento y con reservas internacionales netas negativas.

Frente a ese escenario, fue categórico: «No es sostenible», y aclaró que el superávit comercial de bienes no compensa el resultado negativo cuando se incluyen servicios en la balanza de pagos.

El segundo eje que destacó es la falta de confianza en la moneda local. «La gente no quiere pesos», sintetizó. A partir de allí, describió un mecanismo que se retroalimenta: sin demanda de dinero no hay crédito, sin crédito no hay reactivación, y sin reactivación no se acumulan reservas. «Es el perro que se come la cola», graficó.

En ese marco, planteó una duda central sobre el programa económico: «¿Qué pasa que los argentinos no terminan de confiar en el peso y qué pasa que los acreedores externos no terminan de confiar en el programa? Mientras no se resuelva esto, vamos a estar en una situación muy frágil».

También cuestionó la dinámica inflacionaria. Señaló que, a casi 30 meses de gestión, la inflación mensual se ubica en torno al 3%, por encima de otras experiencias comparables. «El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó», afirmó.

A su vez, observó una falta de coordinación en la estrategia económica. «Los programas tienen que ir sincronizados. Si es shock en lo fiscal, debería ser shock en lo monetario, y viceversa», indicó.

En defensa de su propia gestión, explicó: «No había ningún margen para hacer un shock fiscal cuando yo era ministro. Teníamos a la expresidente [Cristina Kirchner] vivita y coleando, compitiendo por una banca, no estaba presa. Además, lo que pedía el soberano en ese momento es distinto a lo que pide ahora. La audacia de Milei fue leer bien lo que pedían y avanzar rápido en lo fiscal».

Finalmente, si bien no descartó que el programa pueda consolidarse, advirtió que hoy faltan condiciones clave para lograrlo, como crecimiento sostenido y una mejora en la distribución territorial del desarrollo. Cerró con una advertencia: «Que Dios no permita que resucite lo viejo, pero en primer lugar el Gobierno tiene que lograr que no pase.»

 

 

Intendentes de 200 ciudades del país se movilizaron este martes a las puertas del Ministerio de Economía para entregar un petitorio en el que denunciaron el recorte de fondos y la desinversión en rutas por parte del gobierno de Javier Milei, además de reclamarle a Toto Caputo cambios en el programa económico.

Se trata de una movida convocada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis a la que se sumó la Federación Argentina de Municipios (FAM) que comanda Fernando Espinoza, por lo que se plegaron intendentes de todo el país.

Un dato relevante fue que en esta movida no solo participaron intendentes del peronismo, también estuvieron alcaldes vecinalistas y una comitiva del Foro de Intendentes radicales.

 Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas 

Como contó LPO, entre los planteos centrales estaban retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo y que el Gobierno haga las obras que está obligado por ley a partir de lo que recauda del Impuesto PAIS y el Impuesto a los Combustibles.

«El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos», denunció Katopodis.

Pero, además de eso, los intendentes apuntaron contra el Gobierno por el derrumbe de la coparticipación que golpea directo en las arcas municipales que, a la vez, ya sufren en muchos casos una reducción de la cobrabilidad de tasas frente a la recesión generalizada.

Por eso, le reclamaron a Caputo modificaciones al programa económico, que-denunciaron- «está generando desocupación y caída del ingreso y del consumo».

«Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas», dijo el intendente de La Plata, Julio Alak.

Intendentes se movilizan a la puerta de Economía para reclamar a Caputo los fondos para rutas

En tanto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo: «Pedimos retrotraer el precio de los combustibles, retomar obras paralizadas por Nación y frenar el recorte de fondos a provincias y municipios».

Más tarde, varios intendentes se dirigieron a la sede de la FAM, donde se reunieron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela.

«Mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, frena obras, incumple la Constitución y desfinancia programas en todas las áreas», acusó Kicillof para reforzar la polarización con Milei.

 

 

Sergio Uñac recibió un guiño de Cristina Kirchner para avanzar con la idea de una interna abierta del peronismo y ahora propone hacer un supermartes de elecciones internas por regiones para definir al candidato que enfrentará a Javier Milei en 2027.

El senador sanjuanino recibió un llamado de la ex presidenta y, según adelantaron a LPO fuentes al tanto de la conversación, tuvieron una charla amigable que derivó en la propuesta de Uñac de internas partidarias para este mismo año.

Ahora, el ex gobernador propone copiar el modelo que tiene Estados Unidos para definir los candidatos tanto del partido republicano como el demócrata. La idea es hacerlo a padrón abierto para que cualquier ciudadano mayor pueda votar y dividir los comicios por regiones para votar de manera escalonada. El objetivo es abaratar los costos de la logística que requeriría hacer una elección en todo el país en simultáneo.

Quien opera para que Cristina acepte una candidatura de Uñac es Juan José «Juanjo» Álvarez, histórico dirigente del peronismo del Conurbano. Su laxitud le permitió tener un lugar de privilegio en el armado duhaldista, kirchnerista y massista.

Parrilli dijo que Cristina tiene que ser candidata y tantean una fórmula con Uñac

Cristina receló en un principio y, tras una discusión ardiente con Juanjo, terminó aceptando la posibilidad de apoyar al sanjuanino. «No tengo otro», le admitió el primer intendente de la historia de Hurlingham.

A Uñac le reconocen que San Juan fue una de las siete provincias en las que el peronismo ganó en las elecciones del año pasado, en una fecha negra para la historia electoral del PJ.

Cristina receló en un principio y, tras una discusión ardiente con Juanjo, terminó aceptando la posibilidad de apoyar al sanjuanino. ‘No tengo otro’, le admitió el primer intendente de la historia de Hurlingham. 

Tras el aval de Cristina, Uñac ya comenzó a moverse como candidato y recibió a empresarios que están a la búsqueda de una alternativa razonable a Milei. 

El sanjuanino también empezó a recibir dirigentes y el pasado miércoles se reunió en sus oficinas porteñas a emisarios de la Red Peronismo Federal, entre los que estaban Ramón Prades García del Think Thank Ideas Argentinas y Federico Martelli del MUP. Además del ex intendente de San Antonio de Areco, el kirchnerista Francisco «Paco» Durañona.

Más allá de la interna que propone Uñac, en el peronismo aseguran que las dos opciones más realistas son que compita otra vez por la gobernación de San Juan o que se meta en la fórmula peronista como vicepresidente.

La otra opción que se está barajando en el peronismo, como anticipó LPO, es la del empresario Jorge Brito. El ex presidente de River es impulsado por Emilio Monzó para competir en unas internas con Axel Kicillof, hasta ahora el candidato que más mide.

 

 

Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.

El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.

Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.

Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.

El escándalo Vaudagna ahora amenaza a un hombre cercano a Lorenzetti

Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.

En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.

Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.

El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.

En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.

Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias

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Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.

Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo. 

Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.

Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.

Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.

El empresario Fernando Whpei.

Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.

Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».

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Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.

Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.

Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.

Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.

El ex juez federal, Marcelo Bailaque.

Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.

Procesan al juez Salmain por una coima: le prohíben salir del país y lo embargan por USD 200 mil

Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.

El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.

 

A partir de las medidas sanitarias vigentes en Villa Regina, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que se implementarán modificaciones en la Liga Municipal de Fútbol Infantil (LIMUFI). En ese sentido, se determinó que los partidos se disputarán cada 15 días cada categoría, lo que significa que el próximo fin…

 

Martín Llaryora anticipa que el plan económico de Javier Milei naufraga y que la inflación se escapa: por eso otorgó a los docentes -el grupo de estatales más grande- un aumento del 40%, muy por encima de cualquier cálculo libertario.

El Gobierno cordobés jugó fuerte, aunque acorralado por el gremio de docentes que endureció su postura. Lo cierto es que al final del día, Llaryora admitió un 40% para todo el año, en un esquema de aumentos mensuales atados al IPC y con una cláusula de revisión en octubre. Es un número que rompe por completo con las previsiones oficiales.

El Presupuesto provincial, alineado con las proyecciones nacionales de Javier Milei y su ministro Luis Caputo, estimaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento económico del 6%. Ninguna de esas variables se está cumpliendo. El acuerdo docente funciona, entonces, como una admisión implícita de que el escenario económico es otro. Mucho más adverso.

Lo que se firmó con la UEPC no queda ahí. Como ocurre históricamente en Córdoba, el acuerdo docente se convierte en referencia obligada para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), su titular Sergio Castro ya adelantó que buscarán replicar el esquema con un piso del 40%.

Llaryora se hartó de cubrir a Milei por el abandono del Pami y los comedores: «Que paguen el costo» 

Eso implica trasladar el impacto a toda la estructura estatal: administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados. La cifra es contundente: el costo fiscal adicional ascendería a $1,25 billón en el año.

Aunque Llaryora destrabó el conflicto con docentes, y seguramente pasará lo mismo con el resto de los estatales provinciales, encendió un foco de conflicto con los intendentes. «Ahora, los empleados municipales se dan vuelta y piden un aumento igual que los docentes y eso nos prenden fuego las cuentas», dice un intendente peronista ajustado por la caída de la coparticipación desde hace ocho meses. La recaudación provincial viene mostrando signos de debilidad, en línea con la contracción de la actividad económica.

Ante ese panorama, en el Gobierno empiezan a mirar de reojo un recurso que hasta ahora evitaban mencionar: los fondos obtenidos en los mercados internacionales. Pero para los intendentes, esa posibilidad no es una solución: los gobiernos locales no tienen acceso al fondeo.