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La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que el jueves 25 y viernes 26 las charlas de educación vial se brindarán en barrio El Sauce.
Teniendo en cuenta que los cupos son limitados, quienes tengan que renovar su licencia de conducir o tramitar la primer licencia deberán comunicarse al 2984-250986 para inscribirse.
Este sábado, en el Kartódromo del Moto Club Reginense, se correrá la segunda de las tres fechas que conforman el Campeonato de Verano de Karting 2022. Los registros de las inscripciones anticipadas, presagian nuevamente una gran convocatoria de pilotos y público, que llevaron en el estreno a que fuese una verdadera fiesta.Manteniendo el mismo cronograma…
La evolución del salario docente argentino en 20 años: fuerte crecimiento hasta 2015, caída durante Cambiemos, recuperación parcial y nuevo derrumbe durante Milei.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Durante dos décadas, el salario docente argentino atravesó un recorrido que permite leer, casi como un espejo, los distintos modelos económicos que gobernaron el país. Creció con fuerza durante el ciclo de recuperación iniciado después de la crisis de 2001, alcanzó su máximo poder adquisitivo en 2015 y comenzó luego una larga etapa de retroceso que tuvo distintos ritmos y características hasta desembocar en un nuevo derrumbe durante el gobierno de Javier Milei. El resultado actual ayuda a explicar por qué cada vez menos jóvenes consideran la docencia una profesión capaz de ofrecerles una vida económicamente estable.
El dato que disparó nuevamente la discusión es contundente: según el relevamiento, la cantidad de jóvenes que se inscriben en carreras docentes cayó 23% desde 2017, mientras que el 55% abandona durante el primer año. La pérdida de atractivo de la profesión no puede explicarse solamente por las condiciones dentro del aula. Hay detrás una cuestión material elemental: cuánto se paga por enseñar, cómo evolucionó ese ingreso frente a los precios y qué lugar ocupa el docente dentro de la estructura social argentina.
Para analizar la evolución sin caer en la trampa de comparar pesos de distintos años, hay que mirar el salario real, es decir, el poder de compra del sueldo una vez descontada la inflación. Una investigación de CIPPEC reconstruyó una serie para el salario de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad, tomando 2005 como base 100. El resultado muestra con enorme claridad el cambio de época.
En 2005 el índice era 100. En 2006 pasó a 110,5; en 2007 llegó a 115,4; en 2008 a 122,2 y en 2009 a 124,2. Después de algunas oscilaciones, volvió a avanzar hasta alcanzar 131,8 en 2011, permaneció en niveles elevados durante los años siguientes y finalmente llegó a 135,8 en 2015, el máximo de toda la serie. Dicho de manera sencilla: el salario docente de 2015 tenía un poder adquisitivo aproximadamente 36% superior al de 2005.
El fenómeno tampoco fue exclusivamente docente. Formó parte de una recuperación más amplia de los ingresos laborales posteriores a la crisis de 2001-2002, acompañada por una expansión del gasto educativo, la Ley de Financiamiento Educativo y una política nacional que buscó recomponer salarios y ampliar la inversión pública. CIPPEC había estimado que, entre 2003 y 2017, el salario docente había ganado en promedio 72% de poder adquisitivo, aunque esa medición incluía toda la recuperación que comenzó después del derrumbe de la convertibilidad.
Hay otro dato que ayuda a poner en perspectiva aquel proceso. Un estudio de CIPPEC sobre financiamiento educativo señaló que entre 2002 y 2008 el salario docente real creció 84%, la mayor recuperación registrada desde los años noventa. Entre 2008 y 2015 el comportamiento fue bastante más irregular, pero entre puntas todavía hubo crecimiento.
Por eso, cuando se habla de los salarios docentes de las últimas dos décadas, es necesario distinguir dos períodos muy diferentes. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produjo la gran recuperación salarial que llevó al ingreso docente hasta su máximo real de 2015. No significa que todos los años hayan sido de aumento ni que todas las provincias hayan evolucionado de igual manera, pero sí que el ciclo completo terminó con un salario sustancialmente superior al de 2005.
El cambio aparece inmediatamente después del máximo de 2015. En 2016 el índice cayó de 135,8 a 130,3; en 2017 tuvo una pequeña recuperación hasta 132,1, pero en 2018 se desplomó a 123,4 y en 2019 terminó en 114,5.
La comparación resulta especialmente significativa porque permite identificar el período de mayor deterioro durante la gestión de Mauricio Macri. Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, CIPPEC calculó una pérdida del 14% del poder adquisitivo, que llevó al salario docente a niveles reales similares a los de 2006.
Los datos oficiales utilizados por el propio Estado argentino para analizar retrospectivamente ese período son todavía más contundentes: entre 2017 y 2019, el salario docente perdió aproximadamente 20% de poder adquisitivo en el nivel secundario y 26% en el nivel primario.
No se trató únicamente de un problema de aumentos nominales insuficientes. La combinación de inflación, cambios en la política económica y reducción del gasto público produjo una erosión que convirtió las negociaciones salariales en una carrera permanente detrás de los precios. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, al analizar la situación bonaerense, calculó que en 2018 el poder adquisitivo promedio del salario docente había quedado casi 12% por debajo del promedio de 2015, mientras que diciembre de 2018 mostraba una pérdida superior al 20% respecto de aquel año.
Así, el modelo económico de Cambiemos marca el primer gran quiebre de la curva ascendente iniciada después de 2003.
La llegada de Alberto Fernández no significó una recuperación inmediata. La pandemia produjo un shock particular sobre el sistema educativo y sobre las cuentas públicas. En la serie de salario real, el índice pasó de 114,5 en 2019 a 111,7 en 2020 y luego descendió hasta 109,6 en 2021.
A partir de allí apareció una recuperación parcial: el índice subió a 111,4 en 2022, aunque volvió a bajar ligeramente a 110,8 en 2023. Es decir, el período 2020-2023 no logró recuperar el poder adquisitivo que los docentes habían perdido durante la segunda mitad de la década anterior.
La fotografía completa es importante porque evita una simplificación política frecuente: el salario docente no recuperó durante el gobierno de Alberto Fernández el máximo alcanzado en 2015. Hubo recuperación en determinados años y provincias, particularmente durante 2022, pero el nivel nacional continuó muy por debajo de aquel pico.
Y entonces llegó 2024.
El dato más fuerte de toda la serie aparece justamente en el primer año completo de Javier Milei. El índice de salario docente real pasó de 110,8 en 2023 a apenas 92,6 en 2024, tomando 2005 como base 100. Es decir, en un solo año el poder adquisitivo quedó 7,4% por debajo del nivel de 2005 y aproximadamente 32% por debajo del máximo alcanzado en 2015.
La magnitud del retroceso también aparece en los datos oficiales relevados durante 2024. En junio, el salario de bolsillo promedio de un maestro con diez años de antigüedad había caído 4,8% en términos reales respecto de diciembre de 2023 y 25% respecto de junio del año anterior. La dispersión provincial fue enorme: algunas jurisdicciones consiguieron aumentos reales, mientras otras sufrieron pérdidas superiores al 20%.
Uno de los elementos centrales fue la decisión del Gobierno de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mecanismo mediante el cual la Nación transfería recursos a las provincias destinados a mejorar los salarios docentes. El fondo, creado en 1998, dejó de tener vigencia en enero de 2024 y el Gobierno de Milei decidió no renovarlo.
La consecuencia no fue idéntica en todas las provincias porque algunas administraciones locales absorbieron total o parcialmente esos recursos. Pero el impacto sobre el sistema federal fue evidente: la Nación redujo su participación en el financiamiento salarial justamente cuando la inflación provocaba una fuerte pérdida del poder adquisitivo.
En marzo de 2025, además, el Gobierno nacional fijó en $500.000 el salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado, jornada simple y sin antigüedad, mediante la Resolución 381/2025. Al mismo tiempo, un informe de CIPPEC consignó que en marzo de ese año el salario bruto de un maestro de grado con diez años de antigüedad era de $910.943, mientras que la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes alcanzaba $1.100.266.
Los datos provinciales disponibles hasta junio de 2025 muestran alguna recuperación respecto de 2024 en 13 de las 24 jurisdicciones, pero el panorama de fondo continúa siendo preocupante: 21 provincias todavía tenían salarios docentes reales inferiores a los de 2023, y todas las provincias, salvo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro, estaban por debajo de sus niveles de 2014.
La curva completa cuenta una historia que excede una discusión coyuntural sobre paritarias. En 2005 el salario real docente tenía un índice de 100; en 2015 había alcanzado 135,8; en 2019 había retrocedido a 114,5; en 2023 todavía estaba en 110,8; y en 2024 cayó a 92,6.
La conclusión es difícil de esquivar: el mayor crecimiento real de los salarios docentes de estas dos décadas se produjo durante el ciclo económico iniciado después de la crisis de 2001 y extendido hasta 2015; la pérdida comenzó durante el modelo de Cambiemos, tuvo un deterioro adicional durante la pandemia y registró su caída más abrupta durante el programa de ajuste de Javier Milei.
Y aquí aparece la conexión directa con la pregunta que plantea C5N: ¿por qué cada vez menos jóvenes quieren ser docentes? La respuesta no puede reducirse a una supuesta pérdida de vocación. Una profesión universitaria o terciaria que exige años de formación, responsabilidad sobre cientos de alumnos, trabajo fuera del horario escolar y una enorme carga emocional pierde atractivo cuando su remuneración real termina siendo inferior a la que tenía veinte años atrás.
El problema, entonces, no es solamente que “nadie quiera ser maestro”. El problema es que la Argentina está dejando de ofrecer a sus maestros las condiciones materiales que alguna vez hicieron posible que la docencia fuera una vía relativamente segura de integración a las clases medias. El dato salarial explica buena parte de la crisis de las carreras docentes: cuando enseñar deja de garantizar un ingreso digno, el deterioro no queda encerrado en el recibo de sueldo del trabajador. Termina llegando al aula, a la formación de nuevos maestros y, finalmente, a la calidad y al futuro del sistema educativo público.
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La ofensiva de Javier Milei contra Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas generó malestar en Luis «Toto» Caputo. En Economía preocupa que la escalada con Londres pueda derivar en represalias sobre activos argentinos que se encuentran bajo jurisdicción británica. En particular, vuelve al centro de la escena el oro de las reservas del Banco Central que salió del país en 2024 y que las versiones más fuertes del mercado ubican en Londres.
La preocupación de Caputo apareció después de grabar la cadena nacional en la que Milei endureció como nunca su posición frente a Reino Unido. El Presidente reaccionó al avance de Sea Lion, el proyecto petrolero offshore ubicado al norte de las Islas Malvinas que opera Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.
«No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados», dijo Milei. Y anunció que el Gobierno desplegará «todas las herramientas del Estado: diplomáticas, económicas, judiciales y legales» para frenar a las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las islas.
La amenaza no alcanza solamente a las petroleras. El Presidente anticipó castigos para accionistas, directores y proveedores y afirmó que las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos en Malvinas serán inhabilitadas para operar en Argentina.
«Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad», afirmó Milei. Y remató: «No se pueden hacer las dos cosas».
La decisión prende fuego una parte central de la narrativa libertaria. El gobierno que hizo de la retirada del Estado de las relaciones económicas una bandera ahora propone utilizar todo el peso del Estado para interferir sobre una explotación entre empresas privadas.
Navitas y Rockhopper tomaron una decisión empresarial, consiguieron financiamiento y avanzan con una inversión que Argentina considera ilegal porque se desarrolla sobre recursos ubicados en un territorio cuya soberanía reclama.
Pero la incomodidad es todavía mayor porque Sea Lion consiguió algo que el gobierno de Milei busca desesperadamente para los grandes proyectos argentinos: una decisión final de inversión. Navitas y Rockhopper aprobaron en diciembre de 2025 la FID de la primera etapa y pocos días después alcanzaron el cierre financiero. El proyecto tiene contratos centrales firmados, USD 1.000 millones de deuda para su desarrollo y apunta a producir el primer petróleo en el primer trimestre de 2028.
Sea Lion está así varios casilleros por delante de buena parte de las inversiones que el Gobierno presenta como las futuras fábricas de dólares de Argentina. La FID es precisamente la frontera que todavía necesitan cruzar proyectos centrales para la estrategia oficial, entre ellos Argentina LNG y varios de los grandes desarrollos mineros. Una cosa es anunciar una inversión potencial y otra es que los accionistas pongan la firma, cierren el financiamiento y comprometan el capital para ejecutarla.
Navitas controla el 65% de Sea Lion y Rockhopper tiene el 35%. La primera fase contempla 11 pozos submarinos y el petróleo será procesado mediante un buque FPSO. Navitas afirma que las aprobaciones y el financiamiento necesarios para ejecutar el proyecto están asegurados y proyecta el primer petróleo para marzo de 2028. Además, las operaciones vinculadas al desarrollo se manejarán desde oficinas en Londres, Aberdeen y las islas.
Ese avance explica la dureza de Milei. «Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar», dijo.
Para el Presidente, permitirlo generaría «un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos».
Pero para Caputo la cuestión abre un problema adicional. En Economía temen que una escalada económica contra intereses británicos habilite una respuesta de Londres sobre activos argentinos.
Ahí reaparece una de las operaciones más opacas del comienzo del gobierno libertario: la salida del oro de las reservas del Banco Central.
Caputo defendió en 2024 la decisión de sacar los lingotes del país. El argumento del ministro fue que mantener el oro encerrado en las bóvedas del Central impedía obtener un rendimiento sobre ese activo. El BCRA terminó reconociendo que había realizado transferencias entre sus cuentas, pero nunca quiso revelar oficialmente cuánto oro salió, cuál fue su destino final, quién quedó como custodio ni bajo qué condiciones quedó depositado.
Las versiones más fuertes del mercado ubicaron los lingotes en Londres. El secreto que rodeó aquella operación adquiere ahora otra dimensión. La preocupación en el entorno de Caputo es qué capacidad tendría Reino Unido para tomar represalias sobre activos argentinos que estén bajo su jurisdicción si la escalada impulsada por Milei pasa de la retórica diplomática a las sanciones económicas.
El propio Milei convirtió esa posibilidad en un problema de seguridad nacional. «Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional», dijo. Y enseguida amplió el concepto hacia el corazón del área que controla Caputo: «Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional».
La contradicción es incómoda para Toto. El ministro necesita acceso a los grandes centros financieros internacionales y fue quien defendió sacar el oro del país para convertir un activo inmovilizado en una herramienta financiera. Ahora Milei decidió escalar precisamente contra Reino Unido, mientras el Banco Central mantiene en secreto si parte de esas reservas permanece en Londres y bajo qué régimen jurídico.
«Es claro que ellos recorren un camino de declive», lanzó además Milei sobre los británicos.
La frase cayó particularmente mal en la antesala de la Argentina Week que el Gobierno prepara en Londres. El encuentro fue concebido como una vidriera para atraer inversiones y acercar funcionarios argentinos a inversores y actores del mercado británico. La ofensiva por Malvinas amenaza con convertir ese desembarco en un escenario mucho más incómodo para el equipo económico.
Caputo queda atrapado en esa pinza. Necesita capital extranjero para conseguir que Argentina LNG, los proyectos mineros y otras grandes inversiones pasen de los anuncios a decisiones finales de inversión. Y Sea Lion, el proyecto que Milei ahora busca frenar utilizando la fuerza económica del Estado, ya consiguió justamente eso.
La prédica libertaria termina así chocando contra una razón de Estado. Milei reivindicó sanciones, prohibiciones, represalias económicas y la intervención sobre relaciones entre privados para defender la soberanía argentina. Caputo, mientras tanto, mira el otro lado del Atlántico y una pregunta que el Central lleva dos años evitando contestar.
Porque después de la cadena, la discusión sobre el oro dejó de ser solamente dónde están los lingotes. La pregunta que inquieta a Economía es mucho más urgente: si efectivamente están en Londres, qué margen tendría Reino Unido para afectar esos activos argentinos si decide responder a la ofensiva de Milei.
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