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Las asociaciones patronales y la CGT llegaron a una coincidencia inesperada: lo ideal sería que la reforma laboral pase para marzo, para poder tratarla con tranquilidad en las sesiones ordinarias del Congreso. Son demasiados los puntos importantes que siguen en el aire.
El titular de la CAME, Ricardo Diab, reclamó la semana pasada al gobierno modificaciones nada menos que en uno de los artículos que definen el espíritu del proyecto, el de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Explicó que la eliminación de esa cláusula implicaría «la caída de los convenios laborales y empezar de nuevo a reformularlos» para que «después, lógicamente, el Estado lo homologue o no». «Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo», argumentó.
Diab comentó en ese reportaje que también reclamaban cambios al gobierno en otros cinco artículos de la ley y que esperaban respuesta sobre esas solicitudes.
Fuentes de la CGT deslizaron a LPO que esos pedidos de los empresarios podrían colocarlos en la misma senda, en la búsqueda de posponer el debate de la reforma para las sesiones ordinarias. Para las patronales, dicen en Azopardo, no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma porque desataría una ola de litigios judiciales.
Caputo le avisó a Patricia que no piensa quitar el capítulo de Ganancias de la reforma laboral
En efecto, los sindicalistas y los opositores del Congreso ya se preparan para impugnar en la Justicia los aspectos más polémicos d ela reforma y por esto Patricia Bullrich se jactó ante los senadores que el Gobierno ya tenía el compromiso de «los camariatas» del fuero laboral, que rechazarán las impugnaciones a la norma.
Para las asociaciones empresarias no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma laboral porque desataría una ola de litigios judiciales.
La opción de llevar la discusión a las sesiones ordinarias no es descabellada para los dirigentes gremiales porque, según deslizó un senador peronista, «admiten que hay cosas que se podrían conversar con el Gobierno». Pero, además, los senadores dialoguistas tampoco se sienten cómodos con el apresuramiento de Patricia Bullrich por darle media sanción al proyecto la semana que viene.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Una senadora dialoguista anticipó a LPO que no estará este martes en la reunión con la jefa de bloque libertario y los presidentes de las bancadas aliadas. «Ya hicimos nuestros planteos para los cambios y hasta que no nos respondan no vamos a ir», hizo saber a sus interlocutores.
El itinerario que fijó Bullrich parece demasiado ajustado: este martes la esperan sus pares del Senado, a excepción de los líderes de los bloques peronistas, en las oficinas de la UCR para que conteste si Diego Santilli y Luis Toto Caputo aceptan las modificaciones formuladas. Y para el miércoles, la exministra de Seguridad deberá llevar el saldo de su conversación con los senadores a la mesa política del gobierno.
Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo.
Los gobernadores, por su parte, tienen reservada la sala del CFI también el miércoles. El peronismo espera el resultado de ese encuentro para saber cuántas voluntades puede juntar en recinto para frenar la reforma o, en todo caso, si cuenta con fuerza suficiente para retacear el quórum.
José Mayans cuenta con un piso de 28 legisladores, si todos están alineados en medio de tensiones y diferencias internas cada vez más agudas, y solo puede bloquear las intenciones del oficialismo si se pliegan los senadores que responden a los gobernadores.
El formoseño habría sido claro con los enviados de los gobernadores que se acercaron para pedirle ayuda por la emergencia ígnea en la Patagonia. «Ustedes vienen a pedir solidaridad para conseguir 20 mil millones por los incendios pero le regalan a Milei 12 mil millones con la reforma laboral», habría respondido.
Como sea, también hay legisladores del oficialismo que observan con preocupación la reforma laboral, por sus inconsistencias técnicas y la debilidad con que nacería si se promulga sin un debate profundo entre los sindicatos y las patronales.
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La diputada Kelly Olmos elaboró un proyecto de reforma laboral alternativo al que dictaminó el oficialismo en el Senado a fines de diciembre, con el propósito de salvar los derechos de los trabajadores que la iniciativa amaga con barrer y bloquear el agujero fiscal sobre la coparticipación y las arcas de ANSES con el fondo de indemnizaciones.
La exministra de Trabajo reunió las firmas de sus pares Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Pablo Luque, Emir Félix y Pablo Todero pero, al cierre de esta nota, no había logrado eco en La Cámpora. Aunque la exfuncionaria les mandó una copia de su proyecto tanto al senador José Mayans como al jefe de la bancada peronista en Diputados, Germán Martínez, legisladores de Fuerza Patria en ambas cámaras comentaron a LPO que todavía no había «una línea clara» sobre la estrategia opositora en este tema.
Olmos cree que «hay que generar un fuerte debate» sobre la reforma y se mostró optimista ante la consulta de LPO: «El mejor elemento es que ellos (por los legisladores libertarios) han intentado impulsarlo diciendo que ya lo aprobaban todo en diciembre pero lo tienen que seguir postergando porque, más allá de sobreactuar el resultado electoral, evidentemente no tienen los votos para garantizar el conjunto del proyecto», explicó.
La legisladora remarcó que el proyecto de Javier Milei «es regresivo desde el punto de vista de los derechos laborales pero también desde el punto de vista fiscal, con un costo enorme para la coparticipación federal».
Pichetto, Michel y De la Sota insinúan un armado transversal del peronismo
El proyecto de Olmos y sus colegas peronistas propone «el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo», «la modificación del régimen de corresponsabilidad parental», «el financiamiento bancario de indemnizaciones», «la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales», «la modernización y el fortalecimiento de la inspección del trabajo», «la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo», «la regulación del trabajo en plataformas digitales» y «la reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas».
Sin embargo, el trámite parlamentario de la ex ministra habría causado malestar en el bloque liderado por Martínez, después de una jugada similar que ensayaran Michel y Tolosa Paz tendiendo puentes con Miguel Pichetto. «Ahora hay algunos enojados con el proyecto de Kelly pero esto pasa porque en el bloque no se discute nada que no esté autorizado previamente, solo siguen órdenes», apuntó un diputado en referencia a un mecanismo decisorio supervisado por Cristina Kirchner.
Paula Penacca y Germán Martínez.
El planteo reproduce las tensiones previas al recambio parlamentario, cuando los diputados ingresantes en representación de las provincias pretendieron disputarle la conducción del bloque a Martínez y La Cámpora, al tiempo que el peronismo se partió en tres bloques dentro del Senado. Acaso la falta de síntesis frente al modo de oponerse a la reforma laboral no haga más que agudizar ese agrietamiento.
Ya en diciembre, la comisión de Trabajo del PJ le había llevado a la expresidenta una serie de iniciativas que componían una suerte de compendio de ideas de modernización laboral, tal como informó LPO, hasta San José 1111, el edificio donde cumple arresto domiciliario. Una de las impulsoras de esa postura partidaria había sido la diputada Vanesa Siley y algunos de esos puntos guardaban lógica coincidencia con propuestas similares de otros legisladores de extracción sindical, como Sergio Palazzo y Hugo Yasky.
Ahora hay algunos enojados con el proyecto de Kelly pero esto pasa porque en el bloque no se discute nada que no esté autorizado previamente, solo siguen órdenes.
Por eso, desde el cristinismo aseguran sin mayores precisiones que Fuerza Patria irá con dictamen propio al recinto, pese a que Mayans ordenó a su tropa no integrar la comisión donde se dictaminó la reforma laboral en la Cámara Alta. La jugada del formoseño parecía una maniobra para habilitar el camino de una eventual impugnación judicial porque Patricia Bullrich y sus aliados no habían respetado la «proporcionalidad» de las bancas para la integración de las comisiones.
Como sea, el gobierno trazó un itinerario para el tratamiento del proyecto que incluye una posible sesión para el 11 de febrero próximo en el Senado y otra en Diputados, prevista para dos semanas después, si consiguiera la media sanción. Mientras tanto, los legisladores que responden a los gobernadores peronistas se quejan que «no hay línea». «En el bloque nadie discute nada, parece que lo único que importa es la interna del PJ bonaerense», reprochó un diputado kirchnerista.
