PorMunicipalidad Villa Regina
Publicada el
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que el jueves 25 y viernes 26 las charlas de educación vial se brindarán en barrio El Sauce.
Teniendo en cuenta que los cupos son limitados, quienes tengan que renovar su licencia de conducir o tramitar la primer licencia deberán comunicarse al 2984-250986 para inscribirse.
Diego de “Mandinga Tattoo” se presentó este fin de semana en Villa Regina. Por obra del destino, una persona que lo seguía en redes, le contó que había una persona que iba a tatuar a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. A raíz de eso, hace 8 años comenzó a reconstruir areolas mamarias de manera…
Sobre la denuncia del intendente reginense, Marcelo Orazi (JSRN) presentada ante el Concejo Deliberante (CD) contra Domingo Vallejos y Gimena Cerda, vocales del Frente de Todos (FdT) en el Tribunal de Cuentas (TC), que derivó en la comisión de juicio político contra ambos funcionarios, ya que el legislativo municipal consideró con 6 votos contra 4 que dicha denuncia reunía los requisitos para…
El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.
El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.
Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.
Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.
A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.
Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.
La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.
En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.
El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.
Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.
Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.
El Gobierno disolvió un fondo creado para el desarrollo infraestructura eléctrica, pero dejó intacto el cobro. Esa es la paradoja que quedó expuesta en el informe que Manuel Adorni presentó ante el Congreso. En la respuesta número 1.1173 el Gobierno admitió que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal todavía no fue liquidado. La caja se cerró en los papeles, pero la plata sigue entrando todos los meses.
El dato no es menor. El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tiene hoy esos miles de millones de pesos.
En el informe de la Jefatura de Gabinete se habla de un «proceso post disolutorio». Lo concreto es que el fondo fue eliminado por decreto, pero en los hechos sigue activo. Porque, mientras tanto, el recargo sigue corriendo. Es plata que sale del bolsillo de hogares, comercios e industrias en todo el país. No es optativo. Está incorporado en la estructura tarifaria y se traslada de forma automática. Se paga en Buenos Aires, en Córdoba o en el NOA. Es nacional.
Los Neuss quedaron primeros en la pelea por Transener tras una sospechosa falla del sistema
Lo más incómodo es que ese dinero ya no va a una caja específica. Fue redireccionado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, dentro del presupuesto. Cambió el envase, no el mecanismo. Se sigue cobrando igual, pero con otra lógica de administración.
El problema es que el objetivo original quedó diluido. El fondo había sido creado en 1999 para financiar obras de transporte eléctrico en alta tensión. Los grandes tendidos que conectan regiones, evitan cuellos de botella y llevan energía a zonas alejadas.
El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026 que deberían destinarse a obras. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tienen hoy esos miles de millones de pesos.
Durante años, esa caja funcionó con un destino atado. Esa estructura obligaba a que los fondos tuvieran una trazabilidad clara: lo que se recaudaba debía terminar en obras concretas.
Hoy ese esquema se rompió. El Gobierno reconoce que no hay nuevas obras comprometidas bajo ese formato. Se sigue recaudando como si hubiera un plan de expansión en marcha, pero la infraestructura no avanza, esta paralizada.
Ahí aparecen las tensiones. La primera es la pérdida de trazabilidad. Sin fideicomiso, es más difícil seguir el rastro fino de cada peso. La segunda es la discrecionalidad. La administración directa por parte del Ministerio de Economía habilita decisiones más políticas que técnicas. La tercera es el ruido: se sigue cobrando un cargo que nació para un fondo que ya no existe formalmente.
Además, el recargo no es transparente en la factura. No aparece como «FFTEF». Se esconde en conceptos como cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica o en ítems regulatorios. Está ahí, pero no se ve con claridad. La factura eléctrica es una suma de capas donde estos componentes quedan mezclados.
Sin embargo, el número existe. El recargo que alimenta ese esquema ronda los $1.704 por MWh, es decir, cerca de $1,7 por kWh. Para un hogar promedio de 200 a 300 kWh mensuales, implica entre $340 y $500 por mes. No es el componente más grande de la boleta, pero es constante y universal.
En términos relativos, representa entre el 2% y el 5% de la factura, según el nivel de consumo. No es un porcentaje fijo. Es un cargo técnico que se integra al precio mayorista y se traslada al usuario final. Por eso se vuelve difícil de identificar.
En el Congreso quedó flotando una pregunta que nadie terminó de responder. Quién administra esa caja y con qué criterio.
Pasó un fin de semana cargado de sobresaltos en Olavarría para el piloto reginense Facundo Aldrighetti, sufrió una descalificación con una decisión para discutir un rato largo en el sprint del sábado y el domingo en las pruebas a “tanque lleno” terminó contra el paredón de boxes en un duro accidente. En el sprint del…
Hace pocos minutos se reportó un robo en la Calle San Lorenzo y R. Cereghetti. Se sustrajo una caja completa de luz con térmica, disyuntor, contactor, como así también el medidor, cables y la jabalina de Edersa. Debido a este hurto se ven afectadas 4 manzanas del Loteo Verzzini. En estos momentos se está realizando…
