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Cementerio: levantamiento de fosas

A través del Decreto 173/21, la Municipalidad de Villa Regina otorga plazo hasta el 29 de diciembre de este año a los familiares de los fallecidos que figuran en el listado que se adjunta en la publicación a fin de que den a los restos un destino diferente en los términos del artículo 211 de la ordenanza 071/2000 y artículo 45 de la ordenanza 067/2014.

Vencido el plazo establecido, si los familiares no decidieran otra cosa, se procederá al traslado al osario común.

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    Ahora también Milei le pone precio a los estudios para trasplantes: el Gobierno oficializó un arancelamiento en el INCUCAI

     

    Una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial aprobó un cuadro tarifario para los estudios que realiza el Laboratorio Nacional de Inmunogenética del INCUCAI. Entre las prestaciones alcanzadas figuran análisis indispensables para pacientes en lista de espera de trasplantes de órganos y de médula ósea, con valores que llegan hasta los 979 mil pesos.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno nacional profundizó este lunes su política de arancelamiento de prestaciones estatales con la publicación de una resolución del INCUCAI que establece, por primera vez, un nomenclador de costos para los estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Inmunogenética. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 146/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y fija valores para una amplia gama de análisis indispensables en los procesos de donación y trasplante de órganos y de células progenitoras hematopoyéticas.

    Aunque la resolución no modifica el régimen legal de acceso a los trasplantes ni dispone que los pacientes deban pagar directamente estos montos, sí introduce formalmente un sistema de aranceles para prestaciones que hasta ahora eran absorbidas por el Estado nacional, trasladando el costo a los financiadores o a quienes deban afrontar esos estudios cuando no exista cobertura.

    Estudios imprescindibles que ahora tienen un precio

    El nuevo cuadro tarifario alcanza a algunos de los análisis más sensibles dentro del sistema de trasplantes. Entre ellos se encuentra la inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido, cuyo costo fue fijado en 514.000 pesos. Ese procedimiento incluye la tipificación genética HLA y los estudios inmunológicos necesarios para determinar la compatibilidad del futuro receptor.

    También se establecieron valores para el denominado cross match, indispensable para verificar la compatibilidad entre donante y receptor antes de un trasplante, con un costo de 248.000 pesos, mientras que la tipificación HLA para donantes de órganos sólidos costará 251.000 pesos.

    Uno de los estudios de mayor complejidad, destinado a pacientes candidatos a trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas —como los trasplantes de médula ósea—, tendrá un valor de 979.000 pesos, constituyéndose en la prestación más costosa del nomenclador aprobado.

    La resolución también fija aranceles para determinaciones de anticuerpos anti-HLA, estudios de quimerismo, cuantificación de células CD34+, detección de ADN libre circulante y otras prácticas altamente especializadas utilizadas para el seguimiento clínico de pacientes trasplantados.

    Un cambio que vuelve a poner el foco sobre el financiamiento sanitario

    Desde el punto de vista administrativo, el INCUCAI argumenta que resulta necesario contar con un esquema actualizado de recuperación de costos para las prestaciones brindadas por su laboratorio nacional de referencia.

    Sin embargo, la decisión vuelve a instalar el debate sobre el progresivo retiro del financiamiento estatal en áreas estratégicas de la salud pública, especialmente en procedimientos donde el tiempo, la disponibilidad de recursos y la realización de estudios especializados resultan determinantes para salvar vidas.

    Los análisis comprendidos en el nomenclador no constituyen estudios accesorios: son requisitos indispensables para determinar compatibilidades inmunológicas, ingresar a listas de espera, seleccionar donantes y controlar la evolución posterior de los trasplantes. Sin ellos, el sistema de procuración y trasplante simplemente no puede funcionar.

    En un contexto marcado por los recortes presupuestarios sobre organismos científicos, hospitales nacionales y programas sanitarios, la incorporación de estos aranceles aparece como un nuevo paso en la lógica de trasladar costos que históricamente eran absorbidos por el Estado, aun cuando se trate de prestaciones vinculadas con tratamientos de altísima complejidad y, muchas veces, de carácter vital para los pacientes.

     

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    El gobierno atrapado en su propio discurso: el caso Adorni y la transparencia selectiva

     

    Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.

    El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?

    La prórroga que agravó las sospechas

    La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.

    Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.

    La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.

    Un funcionario bajo la lupa

    En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.

    La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.

    Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.

    El costo de predicar una cosa y hacer otra

    La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.

    Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.

    Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.

    La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.

    El espejo de la casta

    El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.

    El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.

    Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.

     

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