Cementerio: levantamiento de fosas

 

Hoy como en los 90 se vende una ilusión que no es más que eso, y que sólo puede sostenerse con un creciente disciplinamiento y una feroz represión que se festeja sin tapujos.

Por Ariel Fernández para NLI

Creer que bajar la edad de imputabilidad puede ser algo positivo en un país que se hunde en la desocupación y es atravesado por los más violentos discursos sociales, es al menos, ingenuo.

Está claro que las penas no resuelven nada, menos aún si hablamos de menores. Van a ser enviados a la cárcel, no para ayudarlos, sino para desecharlos. Hay una sociedad que prefiere no mirarse, que fomenta la eliminación de niños que no tienen escapatoria y que no son más que un producto neto de la misma sociedad que los señala.

Estamos en peligro, no hay dudas de eso, especialmente porque las respuestas a lo que nos pasa están tan cerca de nosotros que se nos hace imposible verlas.

Los pibes y las pibas arrastran nuestros dolores, nuestros despidos, la perversión de un estado que cada vez los empuja más a los márgenes, a un futuro devastado.

La muerte se los lleva cada vez más rápido o los condena sin la sentencia de un juez. La aleja de su naturaleza, de los colegios, de jugar a la mancha o de saborear un dulce. Desde las altas cumbres que se erigen en el dinero, son quienes ocupan los tronos principales los que definen a esos pibes y pibas, los que determinan cómo son y cuáles son sus derechos.

Los pibes concebidos como desecho de una sociedad que está partida al medio, que los insulta, que les teme con un miedo sin ningún fundamento más allá del que construyeron desde hace años un sector político con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos.

Son los excluidos de los excluidos. La parte más vulnerable de un sistema que no vislumbra un futuro colectivo, sino una especie de evolución donde los mejores lograrán ser empresarios de sí mismos.

Hoy como en los 90 se vende una ilusión que no es más que eso, y que sólo puede sostenerse con un creciente disciplinamiento y una feroz represión que se festeja sin tapujos.

La pobreza es un fenómeno que no para (y no tenemos por qué creer que esto va a cambiar) y establece reglas cada vez más desiguales, cada vez más injustas.

Entonces, para la gente de “bien”, la ecuación termina siendo perfecta, esos pibes ya no van a estar, porque los mata una bala, la droga o el encierro.

Todo parece terminar en la fría y perversa sensación (maldita y estúpida sensación) de aceptar sin miramientos la vida que, a pesar de nuestra voluntad, nos toca.

 

 

El Gobierno confirmó que insistirá en modificar el régimen de licencias por enfermedad durante las sesiones ordinarias. Qué busca cambiar, qué impacto tendría sobre los trabajadores y por qué el tema vuelve a tensar la relación con la CGT y la oposición.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El oficialismo confirmó que volverá a impulsar cambios en el régimen de licencias por enfermedad durante las próximas sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina. Tras haber retirado el polémico artículo 44 de la reforma laboral ante la presión política y sindical, ahora el espacio de La Libertad Avanza anticipa que no abandona el objetivo de modificar el esquema vigente.

La señal la dio el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien sostuvo que el tema deberá debatirse en una ley específica. En otras palabras: el Gobierno perdió esa batalla en Diputados, pero no la guerra legislativa.

Qué quiere cambiar el oficialismo en las licencias médicas

El artículo eliminado planteaba una reducción en el salario durante el período de licencia por enfermedad o accidente. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza que el trabajador cobre el 100% de su remuneración durante el período establecido por antigüedad.

Desde el entorno de Milei argumentan que el sistema actual genera “abusos”, fomenta certificados médicos irregulares y aumenta el costo laboral para las empresas. Bajo ese diagnóstico, el oficialismo busca introducir un esquema que —según su visión— “corrija distorsiones”.

Pero el punto central es otro: no se trata solo de combatir fraudes, sino de redefinir el equilibrio entre protección del trabajador y reducción de costos empresariales. Y ahí es donde aparece la tensión estructural.

Para el Gobierno, modificar las licencias médicas es parte de su programa de “modernización laboral”. Para amplios sectores sindicales, es un intento de recortar derechos históricos en nombre del ajuste fiscal y la competitividad.

El conflicto político que se abre en sesiones ordinarias

La eliminación del artículo 44 no fue técnica: fue política. La presión de bloques opositores y la advertencia de la Confederación General del Trabajo obligaron a retroceder. Reabrir el debate implica volver a encender ese conflicto.

El oficialismo apuesta a que, con el clima legislativo más ordenado en sesiones ordinarias, pueda construir mayorías parciales o negociar una redacción menos frontal. Sin embargo, el costo político no es menor: tocar las licencias por enfermedad impacta directamente en el bolsillo y la seguridad económica de millones de trabajadores formales.

Además, en un contexto de caída del consumo, salarios deteriorados y ajuste en el sector público, cualquier iniciativa que afecte ingresos durante períodos de enfermedad puede leerse como un nuevo endurecimiento del programa económico.

No es casual que el Gobierno haya optado por fragmentar el debate. Al retirar el artículo de la reforma laboral general, evita que el rechazo a las licencias contamine otras reformas. Pero al anunciar que insistirá, deja claro que forma parte de su núcleo ideológico.

Qué está realmente en juego

Más allá del tecnicismo legislativo, la discusión es profunda. Se debate:

• El rol del Estado en la protección ante la enfermedad.
• El equilibrio entre productividad y derechos laborales.
• El modelo de relaciones laborales que quiere consolidarse en Argentina.

Si prosperara una modificación que reduzca ingresos durante licencias médicas, el impacto no sería homogéneo. Golpearía con más fuerza a trabajadores con enfermedades crónicas, patologías prolongadas o menor estabilidad laboral.

Para el oficialismo, el argumento es fiscal y empresarial. Para los sindicatos y la oposición, el eje es social y constitucional. La disputa no es administrativa: es sobre el modelo de país.

Las sesiones ordinarias del Congreso serán el escenario donde esta tensión vuelva a expresarse. Y el resultado marcará hasta dónde puede avanzar el Gobierno en su agenda laboral sin romper equilibrios políticos más amplios.