A través del Decreto 173/21, la Municipalidad de Villa Regina otorga plazo hasta el 29 de diciembre de este año a los familiares de los fallecidos que figuran en el listado que se adjunta en la publicación a fin de que den a los restos un destino diferente en los términos del artículo 211 de la ordenanza 071/2000 y artículo 45 de la ordenanza 067/2014.
Vencido el plazo establecido, si los familiares no decidieran otra cosa, se procederá al traslado al osario común.
Ya se encuentra en Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá componentes 1 y 2 de Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción de esa vacuna en el país. Es la vigesimocuarta operación que realiza la empresa de bandera en búsqueda de inmunizaciones contra el coronavirus, y el primero que…
Mientras avanzan las denuncias por el escándalo $LIBRA y los vuelos de lujo de Manuel Adorni, el oficialismo despliega una estrategia en el Congreso para frenar interpelaciones y evitar que las investigaciones alcancen al núcleo más cercano de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
El Congreso de la Nación atraviesa una parálisis que lejos está de ser casual. Según reveló Nicolás Valdez en el portal En Orsai, el oficialismo libertario impulsa un verdadero “blindaje político” para evitar que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción escalen hasta el corazón del poder: Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.
La maniobra no es menor. En un contexto donde crecen las sospechas por la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA y los viajes en jets privados, el gobierno optó por bloquear herramientas básicas de control parlamentario, como las interpelaciones y la conformación de comisiones clave.
Un congreso paralizado para evitar explicaciones
De acuerdo a la información publicada por En Orsai, la estrategia oficialista consiste en dilatar el funcionamiento del Congreso y frenar cualquier intento de la oposición de llevar a Karina Milei o Adorni a dar explicaciones públicas.
En ese marco, figuras del oficialismo en el Senado y Diputados rechazaron pedidos de interpelación, minimizando denuncias que ya tienen derivaciones judiciales. La decisión de postergar el armado de comisiones no sería una cuestión administrativa, sino una táctica deliberada para ganar tiempo y desactivar investigaciones incómodas.
El trasfondo es evidente: evitar que el escándalo $LIBRA —que investiga posibles maniobras millonarias— y las sospechas sobre financiamiento de vuelos privados impacten de lleno en la cúpula del gobierno.
El escándalo que el gobierno no quiere discutir
Las denuncias en torno a $LIBRA ya no son un tema marginal. Se trata de una causa que apunta a un entramado de promoción financiera que habría generado pérdidas millonarias a inversores, con posibles vínculos con el entorno presidencial.
A esto se suma el caso de Manuel Adorni, señalado por viajes de lujo que no logra justificar. La combinación de ambos episodios representa un golpe directo al discurso “anticasta” con el que Milei llegó al poder.
Sin embargo, lejos de habilitar explicaciones, el oficialismo optó por cerrar filas. El Congreso, que debería funcionar como contrapeso institucional, aparece así convertido —según la caracterización de En Orsai— en un espacio de contención política para evitar que el escándalo avance.
Ajuste, crisis social y silencio institucional
El blindaje parlamentario no ocurre en el vacío. Se da en medio de una crisis social cada vez más profunda, con aumento del desempleo, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo.
En ese contexto, la decisión de bloquear el debate legislativo también tiene consecuencias concretas: se postergan discusiones urgentes sobre jubilaciones, salarios y políticas sociales, mientras el oficialismo prioriza contener el costo político de los escándalos.
La combinación es explosiva: ajuste económico, denuncias de corrupción y un Congreso paralizado.
Una estrategia que tensiona la democracia
Lo que está en juego no es solo un caso puntual, sino el funcionamiento mismo de las instituciones. El bloqueo de mecanismos de control y la negativa a dar explicaciones públicas abren interrogantes sobre el rumbo del sistema democrático.
Porque cuando el Congreso deja de controlar al Ejecutivo, el equilibrio de poderes se rompe. Y cuando eso ocurre en medio de denuncias graves, el problema deja de ser político para convertirse en institucional.
El “blindaje” libertario ya no es una hipótesis: es una práctica en marcha. Y sus consecuencias, tanto políticas como sociales, empiezan a sentirse mucho más allá de los pasillos del Congreso.
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Alejandra Monteoliva levantó la custodia de la Policía Federal de 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía y desató un conflicto con la DAIA.
La ministra de Seguridad ordenó el traslado de 60 agentes del total de 80 que tenía la Policía Federal asignados a esa tarea, desde el momento en que se transfirió la fuerza a la Ciudad, que se quedó con otros 160 agentes para custodiar escuelas, templos y otros edificios de la comunidad israelita.
Monteoliva trasladó a los custodios con el pretexto de engrosar las filas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El DFI es el «FBI argentino» que impulsó Patricia Bullrich, la antecesora de la actual ministra.
El timing de Monteoliva no podía ser peor: se da justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como el enemigo y el mismo día en que se cumple el aniversario 34° del atentado en la embajada de Israel.
El Tehran Times, considerada la «voz de la República Islámica», habló de una «línea roja imperdonable». Milei ya había calificado a Irán como «enemigo» el año pasado y este martes volvió a mencionar despectivamente a los persas en el homenaje por el aniversario del atentado de 1992, que atribuyó al «cobarde ataque del terrorismo iraní».
La DAIA encendió una luz de alarma tras anoticiarse de la decisión de Monteoliva, que derivó en una negociación con el gobierno que se mantiene en curso.
La Cámara Federal de Rosario confirmó por unanimidad el procesamiento dictado contra el juez federal local Gastón Salmain, quien está acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior.
El tribunal validó el embargo resuelto por el juez inicial pero lo llevó de 200 mil dólares a 10 millones de pesos para garantizar la pena pecuniaria. Avaló también la prohibición de salir del país y la prisión preventiva domiciliaria contra el magistrado que no es ejecutable por los fueros que lo protegen como magistrado. Los delitos atribuidos son cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.
Los mismos planteos dispuso contra el coimputado Santiago Busaniche, un escribano santafesino señalado como lobista del más alto nivel de la Justicia Federal, que apareció como mediador de la gestión de sobornos entre el financista Fernando Whpei que administraba el fideicomiso que buscaba obtener los dólares y el juez Salmain que dispuso favorablemente la medida que aquel esperaba.
Otro punto decisivo es la confirmación de parte de la Cámara Federal de la gravedad institucional del caso, dado que involucra a un juez federal en ejercicio de sus funciones, lo que afecta la credibilidad del sistema judicial y el servicio de justicia. Esto último la defensa de Busaniche lo discutió el jueves pasado ante la Cámara Nacional de Casación que pide además recusar la actuación de los fiscales, que los camaristas rosarinos en este fallo volvieron a convalidar.
Por unanimidad, los camaristas federales Aníbal Pineda, Silvina Andalaf y Elida Vidal dieron por admitidos los delitos imputados en esta primera etapa del trámite penal. En esta los fiscales federales atribuyen a Salmain y Busaniche «haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 hasta el mes de abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de U$S 10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N° 1 de Rosario».
En ese contexto y para lograr el objetivo premeditado, «Fernando Whpei utilizó su influencia y poder económico para que el magistrado Gastón Salmain en conjunto con Santiago Busaniche direccionen el proceso judicial y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA, dicen los jueces. «A cambio de ello, Santiago Busaniche -por su aporte operativo- y Salmain -por su aporte como magistrado a cargo de la causa solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a U$S 200.000», dicen textualmente.
«Es así que, para cumplir con el plan criminal, Salmain, se reunió previamente con Whpei, al menos una vez en su asiento laboral el 02.10.2023, donde este le hizo entrega del último escrito de presentación que realizarían y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo, solicitando que lo demás lo arregle con Santiago Busaniche».
La pregunta de si esto deja más cerca a Salmain de un proceso de suspensión es una incógnita debido a la demora del Consejo de la Magistratura de la Nación de avanzar con los distintos expedientes disciplinarios abiertos hace meses.
La diputada santafesina Lionella Cattalini instó con una carta personal a todos los consejeros a dar una rápida definición de los legajos porque un juez que tiene varias causas penales en trámite, entre ellas cobro de sobornos, sigue controlando un juzgado civil y comercial donde se dirimen pleitos económicos. Pero fuentes del organismo que define sobre la conducta de jueces indican que Salmain solo podría ser suspendido después de que haya una resolución del plenario del cuerpo que disponga el inicio de su juicio político.
La defensa de Salmain objetó dos asuntos fuertes. El primero es que en el tribunal se hayan mantenido las camaristas Sivina Andalaf y Elida Vidal cuando ambas, dicen los defensores, aceptaron las recusaciones planteadas por Salmain contra ellas. «Las propias juezas reconocieron que correspondía su apartamiento por causal objetiva y ahora intervienen en este acto», sostuvieron.
Lionela Cattalini.
El segundo asunto es que el procesamiento a Salmain por cohecho por pedir una coima lo consideran basado en un hecho endeble, inverosímil y con una evidencia de baja robustez basada en la declaración de un imputado colaborador que es el financista Fernando Whpei. Justamente venían los defensores de Salmain de denunciar a Whpei y pedir que el caso se llevara en Buenos Aires. Lo que la jueza federal María Romilda Servini rechazó de plano lo que se interpretó como un puente intentado por el magistrado en aprietos para que todo el caso saliera de la jurisdicción de Rosario, lo que fue denegado.
El planteo defensivo de Salmain apunta a que no existe ninguna prueba de pacto, entrega, promesa concreta, acuerdo económico, o contraprestación funcional. «El procesamiento se apoya en conjeturas concatenadas y ello no satisface el estándar legal», dice.
Hay un momento en que vuelve a jugar fuerte indicando que hay una pretensión de atribuir a su resolución de ordenar al BCRA de vender dólares a una empresa como un supuesto caso excepcional o aislado cuando hay otros casos resueltos del mismo modo por distintos tribunales del país. En diciembre pasado Salmain en una audiencia, de viva voz, señaló uno que causó un ramalazo a nivel local.
Era un amparo, dijo Salmain hace tres meses, presentado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América de Daniel Vila. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que fue el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y sostuvo que sus superiores de la Cámara Federal lo avalaron.
Pero el fallo de los camaristas rosarinos rechaza los planteos defensivos. Hay un párrafo que es muy categórico sobre el rol de Fernando Whpei como imputado colaborador. «Si bien es cierta la cautela con la cual debemos valorar el testimonio de un investigado arrepentido o colaborador (atento las desconocidas motivaciones que lo pudieron haber llevado a efectuar su declaración en un sentido u otro), en este caso dicho testimonio no solo que se condice con las demás pruebas objetivas existentes (entre ellas el impacto de antenas y mensajes de whatsapp), sino que especialmente la explicación de Whpei es la que permite actuar de forma lógica todo el extraordinario, irregular y antinatural que tuvo el expediente. civil en el cual el juez libró la orden contra el BCRA (que luego fue revocada por esta Cámara de Apelaciones)».
Otro momento demoledor de los camaristas es cuando se centran en la incomprensible actuación de Salmain. «Todo el actuar forzado del magistrado en el expediente civil se transforma en sí mismo en prueba o indicio de delito», plantean.
Lo que tiene de revelador ese enunciado es que revela algo que está permanentemente en el comportamiento de Salmain. Como cuando se quiso quedar con causas del imputado por corrupción ex jefe de la AFIP Carlos Vaudagna por hechos ocurridos en jurisdicciones ajenas. O como cuando intervino aceptando con un amparo para habilitar obras de un barrio privado cerrado por el gobierno santafesino por problemas de saneamiento hídrico. Para los que siguen de cerca los movimientos de Salmain como juez acaso lo más bizarro fue cuando, tramitando la causa en una fiscalía, él como juez se llevó copia del peritaje del teléfono de Vaudagna, que tenía una relación probada con él previa a la llegada a Rosario del magistrado. «En la práctica, es altamente improbable que un juez haga algo así. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer con el peritaje? ¿En qué marco lo iba a analizar? La conjetura fiscal en ese momento fue que como en el primer peritaje no salieron sus comunicaciones con Vaudagna se la jugó a quedarse con todos los casos.
En el fallo de la Cámara Federal conocido este viernes, los vocales parecen valorar la relación de confianza previa que había entre Busaniche y Salmain, dado que como lobista en cercanías de la Corte Suprema Busaniche había hecho gestiones para que designaran juez federal en Rosario al ahora cuestionado juez. Para concretar una maniobra como la apuntada por los fiscales, Whpei no tenía relación con salmain, y por eso se conecta para que haga de intermediario con alguien que sí tuviera ascendencia sobre el juez. Sin confianza y ascendencia sobre un juez estas acciones no son posibles.
Otro asunto irregular es que cuando se frustra el pago del soborno, dada una devaluación que generó una diferencia de cambio, Salmain que primero había oficiado al BCRA para venderle dólares al fideicomiso de Whpei súbitamente se declara incompetente, manda el expediente a Buenos Aires y realiza una denuncia penal contra Whpei por estafa procesal, como si lo hubieran engañado en el marco del trámite. Esa acción adquiere lógica a la luz de los dichos de Whpei como arrepentido. ¿Qué dice? Que no le pudieron pagar los 200 mil dólares acordados inicialmente y, devaluación mediante, le ofrecían 20 mil. Frente a ese cambio en el monto que lo beneficiaría, lo que cambió fue la conducta del juez.
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