Sociedad

 

Quince días antes de presentarse como candidato presidencial en 2019, José Luis Espert firmó un contrato de un millón de dólares con Federico “Fred” Machado, hoy acusado de narcotráfico y lavado de dinero y cuya extradición a Estados Unidos fue aprobada por la Corte Suprema. El documento —certificado por escribano— establece pagos mensuales en dólares, vuelos privados y asesoramiento “para refinanciar deuda” de una empresa fantasma de Guatemala.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

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Un contrato incómodo en plena carrera electoral

El 7 de junio de 2019, cuando faltaban apenas dos semanas para que se inscribiera como candidato presidencial, José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” por un millón de dólares con el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, hoy detenido y próximo a ser extraditado a Estados Unidos por causas vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.

Según reveló La Nación en una investigación de los periodistas Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Niell, el acuerdo establecía un pago inicial de 100.000 dólares “en el acto de la suscripción”, seguido de nueve cuotas mensuales consecutivas de igual monto, todas en dólares, a ser abonadas mediante transferencias bancarias.

Machado firmó el contrato en representación de Minas del Pueblo, una firma guatemalteca de su propiedad que hoy se encuentra bajo investigación y fue intervenida por la justicia estadounidense.

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Un financiamiento fuera de los registros

Durante ese mismo año, Machado financió la campaña presidencial de Espert con vuelos en avión privado —al menos 36 según registros judiciales— y una camioneta a su disposición. También se mencionan otros gastos por “100 o 150 lucas” (dólares) en comidas y hoteles. Ninguno de esos aportes fue declarado oficialmente como gasto de campaña.

La semana pasada, mientras aún figuraba como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Espert admitió haber cobrado 200.000 dólares de Minas del Pueblo en 2020, aunque negó que el contrato fuera por un millón ni que tuviera pagos mientras estaba en campaña. Sin embargo, el documento al que accedió La Nación lo contradice: el convenio preveía desembolsos mensuales desde junio de 2019, cuando ya estaba lanzado políticamente.

El propio Bank of America emitió una constancia oficial que confirma una transferencia de 200.000 dólares desde una firma ligada a Machado hacia una cuenta de Espert en Nueva York.

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Asesor económico o fachada de campaña

En los papeles, Espert fue contratado para “la realización de un análisis de mercado y asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de crecimiento a tres años”. Esa descripción coincide parcialmente con la versión que el economista dio en un video grabado en las oficinas de Santiago Caputo, donde sostuvo que lo convocaron para asesorar “a una minera en la reestructuración de deuda”.

El contrato, sin embargo, iba mucho más allá. Incluía directivas insólitas redactadas en primera persona, presuntamente por Machado, con frases como “debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación es siempre preferible al concurso de acreedores” o “considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos”, en un texto que alternaba entre consejos financieros y justificaciones personales.

El acuerdo también fijaba un plazo de doce meses prorrogable y garantizaba los pagos “sin importar la ocurrencia de fuerza mayor o disposición estatal”, lo que blindaba a Espert contra cualquier contingencia económica o legal. Incluso, se sometía expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, una elección llamativa para un contrato entre un argentino y una empresa guatemalteca.

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Firmas, vuelos y omisiones

El documento fue firmado de puño y letra por Espert y Machado, y las rúbricas fueron certificadas por un escribano porteño el 19 de junio de 2019, apenas tres días antes de que Espert se inscribiera oficialmente como precandidato presidencial. En esa elección, superó las PASO con el 1,5% de los votos y quedó sexto en las generales de octubre.

Espert admitió luego que nunca devolvió el dinero pese a no haber completado el trabajo, alegando “razones de fuerza mayor” vinculadas a la pandemia. “La ruptura la decidí yo. Cuando me entero de que es narco, digo: ‘Andá a cagar, no te agarro un mango más’”, declaró el economista días atrás en una entrevista con Radio Mitre.

El contrato, sin embargo, preveía que ante incumplimiento del prestador —Espert—, Machado podía exigir la devolución de las sumas entregadas y reclamar daños y perjuicios.

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El vínculo que no se corta

Aunque Espert intenta reducir el caso a un vínculo profesional inconcluso, los documentos, los vuelos privados y las transferencias bancarias demuestran que hubo una relación económica directa y sostenida entre el hoy candidato liberal y un empresario con causas federales por narcotráfico.

El caso se agrava por la coincidencia temporal: mientras Machado firmaba contratos y financiaba la campaña, la justicia estadounidense ya seguía sus movimientos por operaciones de lavado.

Ahora, con la extradición del empresario aprobada por la Corte Suprema, el expediente puede reabrir interrogantes sobre los verdaderos alcances del financiamiento político de Espert y el posible uso de estructuras empresarias —como Minas del Pueblo— para canalizar dinero de origen incierto hacia la política argentina.

 

 

Informes secretos del Ministerio de Seguridad y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revelan una trama de narcotráfico, lavado de activos y financiamiento político en la Argentina. El empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, acusado en Texas por tráfico internacional de drogas, aparece vinculado con sociedades locales, vuelos sospechosos y el entorno del Grupo Socma.

Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable

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Una red que volaba bajo el radar

Los documentos clasificados del Ministerio de Seguridad argentino, elaborados junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos y a los que accedió La Nación —según publicó la periodista Camila Dolabjian—, describen una red internacional que combina narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con figuras políticas locales.

El protagonista de esa trama es Federico Andrés “Fred” Machado, empresario aeronáutico argentino acusado en Texas por lavado de activos y tráfico internacional de drogas. El informe norteamericano, fechado en 2021, advertía que el DHS había solicitado información a la Argentina “sobre el ciudadano Federico Andrés Machado por sus presuntas vinculaciones con una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos”.

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Del “Narco Jet” al financiamiento político

Machado, piloto y dueño de la empresa South Aviation, ya había sido mencionado en el histórico caso del “Narco Jet”: en 2010, uno de sus aviones alquilado a los hermanos Juliá fue interceptado en Barcelona con casi una tonelada de cocaína.

Pero el expediente norteamericano revela mucho más. El fiscal federal de Texas lo acusó formalmente el 24 de febrero de 2021 de “violar las reglamentaciones de aviación para poner en manos de narcotraficantes una cantidad indeterminada de aviones para el tráfico de cocaína”. En esa misma causa se detalla que Machado y sus socios habrían montado una estafa piramidal (esquema Ponzi) que les permitió lavar alrededor de 550 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

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Cuatro aviones, miles de kilos de cocaína

Los investigadores del DHS rastrearon al menos cuatro aeronaves vinculadas a Machado con registros adulterados. Entre 2018 y 2020, esas naves fueron interceptadas en Venezuela, México, Guatemala y Belice, transportando entre 1.200 y 2.300 kilos de cocaína cada una.

Uno de los episodios más oscuros se produjo en diciembre de 2019, en Petén, Guatemala, donde fue hallado un avión de Machado con 2.500 kilos de cocaína. Dos de los detenidos en ese operativo se fugaron tras obtener la libertad condicional, y poco después el juez que los había liberado fue asesinado por un sicario.

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Vínculos con el macrismo y el negocio aéreo

Según los informes secretos citados por La Nación, Machado mantuvo estrechos lazos con el empresario argentino Sergio Daniel Mastropietro, ligado a la aviación comercial. Ambos fundaron en 2010 la sociedad SO VAIN S.A., dedicada al alquiler de aeronaves. Mastropietro es nada menos que presidente de Avian Líneas Aéreas, continuadora de MacAir Jet, empresa del Grupo Socma de la familia Macri.

El documento oficial destaca que “los ejecutivos de MacAir continuaron cumpliendo funciones en Avian” y recuerda que durante el gobierno de Mauricio Macri —entre 2015 y 2019— las empresas vinculadas a Socma fueron beneficiadas con la redistribución de los hangares de Aeroparque, en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.

Machado y Mastropietro compartieron domicilio en la calle Juez Tedín 2860 de la Ciudad de Buenos Aires y varios vuelos privados: uno a Estados Unidos en 2016 y otro a Perú en 2019, junto a pasajeros de diversas nacionalidades. Para los investigadores, esa relación le habría permitido a Machado operar dentro del sistema aeronáutico argentino con respaldo local y acceso a infraestructura clave.

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La pata política: aportes a Espert

Los documentos también mencionan un dato político explosivo: “De fuentes abiertas surge que Machado financió la campaña presidencial de José Luis Espert, aportando fondos y transporte en aviones para la campaña de las elecciones 2019”.

Si bien no existen imputaciones judiciales en la Argentina sobre ese financiamiento, la mención fue incorporada en los reportes como un indicio del alcance político y económico del empresario, que habría intentado insertarse en circuitos partidarios aprovechando su estructura aeronáutica y sus recursos financieros.

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Argentina, terreno fértil

El Ministerio de Seguridad argentino advirtió en sus propias conclusiones que “independientemente de los delitos por los que Machado es acusado en Estados Unidos, resulta probable que haya cometido delitos en nuestro país”.

Los funcionarios subrayaron que, teniendo en cuenta el incremento de sus vuelos desde 2016 y sus vínculos con empresarios ligados al macrismo, el empresario pudo haber extendido sus operaciones ilegales dentro de la Argentina.

Las recomendaciones de los informes son contundentes: profundizar la investigación sobre Machado, sus vínculos personales y comerciales, coordinar con el DHS para ejecutar su captura internacional y analizar la responsabilidad de los organismos de control argentinos —ANAC, PSA, Aduana, UIF y ORSNA— que “debieron haber actuado”.

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Más que un empresario: un engranaje

El caso Machado, que combina narcotráfico, lavado, política y negocios aeronáuticos, deja al descubierto una zona gris entre el dinero sucio y la política argentina, donde los mismos apellidos aparecen una y otra vez.

Mientras el empresario continúa prófugo y la justicia estadounidense busca su extradición, los documentos secretos filtrados exponen algo más profundo: la facilidad con la que las estructuras del poder económico y político local abren la puerta a operadores del crimen internacional.

 

 

Una pequeña historia de otra época, antes de ser (y hacer) Historia y un documento que termina con una vieja polémica.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable

Hoy se cumplen ciento treinta años de una fecha muy discutida en la historia, y es la del nacimiento del hombre que cambió a un país. Por entonces, Juana Salvadora Sosa Toledo, de 17 años, la madre de Juan Domingo Perón, vivía en Roque Pérez cuando conoció al joven Mario Tomás Perón, de 23, un porteño que se había enfermado de neumonía y a quien su padre, el médico Tomás Liberato Perón –el primero en aplicar la vacuna antirrábica en el país-, lo había enviado al interior de la provincia para que se curase sus pulmones con aires más puros.

Tiempo después, ella daría a luz a un niño llamado Avelino Mario, nacido a fines de 1891. El censo nacional de 1895 deja registro de los padres y el pequeño en una de sus hojas, en un documento poco difundido que aquí te presentamos.

En la hoja censal, completada en Lobos, puede leerse sucesivamente, en los renglones 9, 10 y 11, los nombres de Juana Sosa, Mario Perón (ambos solteros) y el del pequeño Mario, de tan solo tres años.

Tiempo después nacería el segundo hijo de la pareja, al que llamarán Juan Domingo en homenaje a sus ancestros: Juan Irineo Sosa (su abuelo materno) y Dominga Dutey (su abuela paterna).

Todavía está en discusión la fecha exacta del nacimiento de Perón: oficialmente, se habla del 8 de octubre de 1895; pero puedo haber sido dos años (y un día) antes. Así lo sostiene el historiador Enrique Pavón Pereyra.

Y no solo eso; también está en disputa el lugar. Todos sabemos que Perón nació en Lobos, sobre la calle Buenos Aires 1380 de dicha localidad. Pero en un rancho en Roque Pérez, un cartel informa que “el 7 de octubre de 1893 nace en esta casa Juan Domingo Perón y pasa aquí sus primeros años”. Y que nació allí lo afirmó su médico personal, Hipólito Barreiro.

Claro que, el documento de la hoja del censo de 1895 que presentamos más arriba echa por tierra las afirmaciones del médico que, más allá de de sus dichos, carecen de todo sustento. ¿Dónde estaba el pequeño Juan Domingo de tan solo un año y monedas en 1895 que no figura en el censo junto a sus padres y hermano? Evidentemente, aún no había nacido cuando se completó la ficha de la casa que habitaba la familia y, es tan solo, una romántica afirmación sin prueba alguna sostenida por el Doctor Hipólito Barreiro en el libro «Juancito Sosa, el indio que cambió la historia» y a la que adhirió el escritor Norberto Galasso en su trabajo titulado «Perón» de 2005, elucubrando teorías fundamentadas en la sangre de pueblos originarios que corría por las venas del futuro presidente.

Pero más allá de estas dicusiones, lo cierto es que el padre de Perón tardo algunos años en reconocer a su hijo, que para los cánones de la época fue considerado un «hijo natural» (o sea, de padre desconocido).

Es más, cuando el 14 de enero de 1898 Perón es bautizado en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Lobos, su condición de «natural» será anotada por el cura Enrique Perroni en el Libro de Bautismos de la Parroquia. Y, por ende, no será entonces Juan Domingo Perón sino, Juan Domingo Sosa su nombre completo. Y así consta en el documento que te presentamos a continuación (Libro 11 – folio 583).

Y por si a alguien le cabierse alguna duda de que Sosa es Perón, basta con leer la nota al pie de la partida donde se deja constancia de su matrimonio, el 10 de diciembre de 1945, con Evita.

Su madre, la mencionada Juana Salvadora Sosa Toledo, atravesó exactamente la misma situación. Cuando fue bautizada en Lobos, el 12 de diciembre de 1874, fue inscripta como Juana Salvadora Toledo, hija natural de Mercedes Toledo.

Los documentos hallados para esta investigación nos indican que después de su nacimiento, la condición de «hijo natural» de Perón se mantenía. En el Libro 2 de Confirmaciones de 1895 de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Lobos, donde vivían, puede verse como «Juan» y su hermano «Mario» figuran con el apellido «Sosa» y son «marcados» como «naturales», sin nombre de padre (en el caso de Juan Domingo Perón, erróneamente consignaron a la madre cpon el nombre de Juliana en lugar de juana, como si figura dos líneas más arriba en el registro de su hermano). Su padrino será un tal José María Ugartemendia.

Finalmente, años después, su padre lo reconocerá y el pequeño Juan Domingo recibirá el apellido que lo inmortalizará. Pero esta cuestión dejó huella en el General, quien más tarde le confesará a su biógrafo Enrique Pavón Pereyra: “Ese hijo no tenía padre y la ley argentina prohibía hasta investigar la paternidad del recién nacido. Pero sí se castigaba el adulterio de la mujer y ese hijo pasaba a ser un bastardo. Al padre se lo eximía de toda culpa y al hijo se le cerraban las puertas del futuro. ¿Eso era justo? Nosotros hicimos una ley que daba al hijo natural los mismos derechos que al hijo legítimo. […] Las leyes estarán siempre hechas por adúlteros que ignoran que no hay hijos ilegítimos sino padres ilegítimos”.

 

 

El fundador de Generación Zoe, condenado por estafas, reveló desde la cárcel que financió la campaña de Diego Santilli en 2021. En diálogo con Radio Splendid, Leonardo Cositorto aseguró que “aportó 32.500 dólares” al actual candidato a diputado de La Libertad Avanza y reclamó que el dirigente “no lo niegue”.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

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El escándalo financiero y político vuelve a golpear las filas de La Libertad Avanza. Desde su celda en la Unidad Penal N.º 6 de Goya, Corrientes, Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y condenado por estafas reiteradas, rompió el silencio para confirmar lo que hasta ahora eran sólo rumores: “Aporté 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli en 2021”, aseguró.

En declaraciones a Radio Splendid, Cositorto dijo que no tiene “ningún problema con Santilli”, pero que le “molesta que ahora salgan a negarlo”. Según el empresario, el exvicejefe de Gobierno porteño y actual candidato a diputado nacional de Milei habría recibido su apoyo económico durante la campaña legislativa en la que compitió bajo el sello de Juntos por el Cambio.

“Los apoyé porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para Milei también”, explicó Cositorto, dejando entrever que sus vínculos con los actuales referentes libertarios vienen de larga data.

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De la pirámide al financiamiento político

Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, al comprobarse su rol como cabeza del esquema piramidal Generación Zoe, que estafó a miles de ahorristas en todo el país. Desde entonces, mantiene una presencia mediática constante desde el penal, donde insiste en “limpiar su nombre” y denunciar lo que considera un uso político de su caída.

Sin embargo, sus dichos vuelven a poner bajo la lupa a los referentes del espacio libertario. “Yo no soy Fred Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme”, lanzó Cositorto, en alusión al empresario acusado de narcotráfico que también habría tenido vínculos con sectores políticos y financieros.

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El desmentido de Santilli

Consultado en 2022, cuando comenzaron a circular versiones sobre su supuesto vínculo con el creador de Generación Zoe, Santilli había negado rotundamente cualquier relación. En ese entonces, calificó las acusaciones como “una burda operación” y sostuvo: “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”.

No obstante, la reciente confesión de Cositorto contradice directamente aquella versión y reabre el debate sobre los aportes privados en las campañas políticas, especialmente en el entorno libertario, donde las conexiones entre empresarios, financistas y dirigentes comienzan a multiplicarse.

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Silencio en La Libertad Avanza

Hasta el momento, ni Santilli ni los referentes nacionales de La Libertad Avanza hicieron comentarios sobre las declaraciones del estafador condenado. El silencio contrasta con el escándalo mediático que generaron los dichos de Cositorto, quien ya había protagonizado polémicas similares al reconocer financiamientos y contactos con figuras de distintos espacios políticos.

Con esta nueva revelación, el caso Cositorto suma un capítulo más de impacto político, y vuelve a poner sobre la mesa las zonas grises del financiamiento electoral argentino, donde los límites entre la política y los negocios turbios parecen cada vez más difusos.