Sociedad

 

En una maniobra típica de la casta que dice combatir, Javier Milei nombró como directora del Banco Nación a Carolina Piparo que días atrás terminó su mandato como diputada nacional.

La dirigente platense, que tiene como único antecedente en el sector haber trabajado en el Banco Provincia, recibió el premio por haber integrado el bloque de La Libertad Avanza en el último año de su mandato. Al principio de la gestión Milei, Piparo había roto con los libertarios enojada porque no la designaron al frente de la Anses.

La designación de Piparo en el directorio del Banco Nación tuvo como efecto colateral la ruptura del último puente entre Milei y el «cordobesismo». Es que para hacerle lugar a Piparo, Milei echó al último schiarettista que quedaba la entidad:

Nicolás Carvajal, un hombre de línea directa con el exgobernador Juan Schiaretti. Días atrás, el gobierno ya había echado a Daniel Tillard. 

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«Lo renunciaron», se limitó a decir una fuente con conocimiento del día a día en el Nación respecto a la salida de Carvajal. Con esta decisión, el cordobesismo se quedó sin sillas en el Nación en la semana en la que, desde la provincia mediterránea decidieron endurecer sus críticas a Casa Rosada. 

Primero, con lo sucedido en la Cámara baja en la votación del Presupuesto y los capítulos de financiamiento universitario y discapacidad; luego con el duro mensaje de la senadora Alejandra Vigo en la previa al debate de la ley de leyes en el Senado, y en las últimas horas con el severo reclamo que hizo el gobernador Martín Llaryora por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones cordobesa.

Carvajal fue históricamente un hombre del riñón de Schiaretti. Incluso, previo a la conformación de Tribuna Peronista, el armado que LPO referenció en su momento como ‘la Cámpora de Schiaretti’ con un nutrido número de cuadros políticos sub-45 que se desparramaron y ramificaron en la última gestión del caudillo cordobés, entre el 2019 y el 2023, y entre los cuales estaban, por ejemplo, el exministro de Salud, Diego Cardozo; y la actual ministra de Desarrollo Social y exesposa de Carvajal, Laura Jure.

La gran mayoría de ellos con nula o escasa sintonía con el actual gobernador Llaryora.

Quien incluso no llegó a poner ningún tipo de reparos cuando Schiaretti enfiló parte de su equipo a la gestión nacional en diciembre del 2023 y entre los que estaban, no sólo Carvajal y Tillard, sino también el extitular de Anses nacional, Osvaldo Giordano. Hombre que, con Schiaretti al frente de la gestión provincial se había desempeñado como titular de la Caja de Jubilaciones y como ministro de Finanzas y con Llaryora nunca tuvo feeling.

En tanto, como parte de los técnicos de Tribuna Peronista, Carvajal se había desempeñado como secretario del ministerio de Educación y previo a su arribo a Buenos Aires en el 2023 estaba a cargo de Apross, la obra social de los estatales cordobeses.

Ahora, con el cordobesismo en ebullición en medio de las tensiones internas y el pase de facturas, la confirmación de la salida de Carvajal del directorio del Nación acentuó la caída en desgracia de la generación más joven del schiarettismo.

 

 

 Gustavo Petro declaró la emergencia económica por 30 días ante una «inminente crisis fiscal» luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

El decreto permitirá al gobierno de Colombia adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 41.000 millones de dólares que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año. 

La economía colombiana superó las proyecciones de los analistas y se espera una subida en el PIB de entre 2,6 y 2,7% hacia el final del año pero el gasto público crece de la mano del endeudamiento, sin un aumento sustancial de la recaudación. 

De esta manera, entre 2023 y 2024, el déficit fiscal subió 2,5 puntos porcentuales y analistas esperan que el indicador cierre por encima del 7% en 2025.

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Para cerrar esa brecha, Petro apostó por una nueva reforma tributaria que aspiraba recaudar, mediante nuevos impuestos, unos 4.000 millones de dólares para añadir al presupuesto nacional del próximo año. 

El decreto permitirá al gobierno de Colombia adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 41.000 millones de dólares que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año

Pero el Congreso archivó el proyecto a inicios de este mes en medio de advertencias del mandatario sobre recortes a la inversión pública.

Según el decreto firmado por Petro, Colombia se encuentra ante una «inminente crisis fiscal» que podría ocasionar «un ajuste drástico» en las finanzas del Estado y afectar el «bienestar de la población».

«El gobierno no va a dejar que se desate una crisis», afirmó el mandatario en la red social X luego de que el legislativo hundiera su paquete tributario. «Si no hay emergencia (económica), hay recorte», adelantó.

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A esta situación se le suma la caída en la imagen de Petro. Según la última encuesta de Atlas del mes diciembre, la aprobación presidencial se mantuvo estable en el 38,6%, presentando una variación dentro del margen de error. Al mismo tiempo, hubo una caída de 3 puntos en la desaprobación, que pasó del 61% al 57,8%, configurando un escenario sin grandes alteraciones en la recta final del año.

A su vez, la evaluación del gobierno del presidente Gustavo Petro muestra una recuperación marginal en comparación con el mes anterior, con un aumento de 3 puntos en las evaluaciones positivas, que llegaron al 33,4%. Por su parte, las evaluaciones negativas tuvieron una leve caída, situándose en el 51,2%, mientras que las evaluaciones regulares bajaron 2 puntos.

 

 

El cambio de mando en el Puerto Dock Sud disparó un choque con gerentes que vienen de la pasada estructura y que ahora fueron desplazados por sospechas de negociados y de una intervención irregular en la licitación clave del dragado.

La reestructuración que encaró Mónica Litza al asumir como titular del consorcio portuario fue rechazada por la Unión de Personal Superior Ferroviario (UPSF), gremio en el que están encuadrados los gerentes desplazados y que denunció un «avasallamiento» a los trabajadores de carrera.

Por eso, UPSF convocó para este martes a una movilización «en solidaridad a los compañeros de carrera del Consorcio Dock Sud» y «por la defensa de la carrera administrativa».

«No mencionan despidos porque no hay ninguno», señalaron a LPO cerca del directorio portuario, donde sostienen que tampoco se tocará la carrera administrativa de los desplazados ya que solo se trata de un cambio de funciones.

En Dock Sud sostienen que la marcha es motorizada por el ex miembro del directorio Leonardo Salom, quien conformó el sindicato UPSF tras perder la interna y ser expulsado del gremio de los trabajadores jerárquicos Apdfa, que está en el convenio del consorcio y tiene una silla en el directorio.

 En Dock Sud, fuentes cercanas a la nueva conducción del consorcio manifestaron a LPO que «no se despidió a nadie y hay ningún agravio desde el punto de vista laboral» y que las reasignaciones de funciones fueron apoyadas por unanimidad  en el directorio. 

Fuentes de Apdfa señalaron a LPO que no sólo no se sumarán a la movilización de este martes contra Litza, sino que aseguran que se trata de «una movida que está armando Salom» para sostener como gerente de Legales al desplazado Ignacio Leonardi, que a la vez es el delegado del gremio en el puerto.

En Apdfa lo ubican a Leonardi como el brazo ejecutor de Salom y lo culpan de ser el ejecutor de despidos de trabajadores que, ahora, están logrando reincorporar.

Previo a su llegada a Dock Sud, Leonardi tuvo durante el macrismo un paso como director de Recursos Humanos del Hospital Posadas, donde una asamblea de trabajadores lo declaró persona no grata a partir de despidos.

Mónica Litza junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, al asumir al frente del Puerto Dock Sud semanas atrás.

Actualmente, Leonardi es acusado de ser el emisario de Salom en el puerto de Comodoro Rivadavia para ejecutar persecución de trabajadores enrolados en Apdfa.

En Dock Sud, fuentes cercanas a la nueva conducción del consorcio manifestaron a LPO que «no se despidió a nadie y hay ningún agravio desde el punto de vista laboral» y que las reasignaciones de funciones (fundamentalmente la relativa a Leonardi) fueron apoyadas por unanimidad por los miembros del directorio.

Además, recalcaron que UPSF no cuenta con personería jurídica en la seccional que abarca al puerto. «Están invocando una representatividad que no tienen», aseguran voces con llegada al directorio.

 En medio de este conflicto, aparece la licitación del dragado del puerto, que tiene como objetivo central el aumento del calado de acceso para que puedan operar en Dock Sud los Neopanamax, los buques de contenedores más grandes del mundo. 

En concreto, las sospechas que se posan sobre Salom y Leonardi hablan de «un circuito paralelo» y una serie de irregularidades con epicentro en las gerencias de Legales y Finanzas que habían desarticulado áreas del organigrama original del puerto para así tener el control del circuito de compras y licitaciones.

«La movida que hacen no es por una reivindicación de los trabajadores sino para seguir manteniendo una posición de poder», señaló una fuente que defendió el desplazamiento de Leonardi.

En medio de este conflicto, aparece la licitación del dragado del puerto, que tiene como objetivo central el aumento del calado de acceso para que puedan operar en Dock Sud los Neopanamax, los buques de contenedores más grandes del mundo.

Jan de Nul ganó el dragado de Dock Sud, pero la provincia quiere meter a los chinos

LPO contó que aquella compulsa fue ganada por la UTE compuesta por Compañía Sudamericana de Dragados (filial local de la Belga Jan de Nul) y ServiMagnuss.

No obstante, hoy ese proceso está observado, a la espera de lo que dicten los organismos de control provinciales, siendo una posibilidad concreta que se caiga y se haga un nuevo llamado.

Hay voces del entramado portuario que hablan que hay presiones de la china CCCC para que se haga un nuevo llamado y así poder ingresar su oferta.

«Se va a encargar una auditoría», adelantaron a LPO cerca del directorio, donde señalaron que uno de los objetivos centrales es transparentar los procesos licitatorios.

 

 

 Donald Trump anunció la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre y que serán parte de la llamada «flota dorada», que aseguró serán «100 veces más poderosos» que los existentes en la actualidad.

Los buques descritos por el mandatario como «acorazados» serán los primeros de la futura «Clase Trump» y comenzarán a ser construidos «inmediatamente».

Trump insistió en la importancia de construir estos acorazados «con rapidez» y criticó a las actuales empresas que se dedican a la construcción de naves para la Armada porque «no están haciendo un buen trabajo».

La nueva orden presidencial busca priorizar una de la grandes metas de la Administración Trump de revitalizar la industria naval estadounidense y expandir la capacidad de construcción de buques militares en medio de la preocupación por el desfase frente a competidores como China y las limitaciones de los astilleros nacionales.

El nuevo buque petrolero venezolano incautado por Estados Unidos iba a China y no estaba sancionado 

El líder de Estados Unidos dijo su país está «15 años adelantando respecto de cualquier otro país en el mundo» y que «ni Rusia ni China se pueden acercar» al poderío norteamericano.

Los buques descritos por el mandatario como «acorazados» serán los primeros de la futura «Clase Trump» y comenzarán a ser construidos «inmediatamente».

Equipados con «cañones y misiles del más alto nivel», armas hipersónicas, cañones electromagnéticos, misiles de crucero y los «láseres más sofisticados del mundo», los nuevos acorazados serán los más grandes jamás construidos, según Trump.

Cada uno pesará entre 3.000 y 40.000 toneladas y será construido en Estados Unidos. «Estarán muy controlados por inteligencia artificial», añadió, sin dar detalles.

Por otro lado, el anuncio sobre la construcción de nuevos buques de guerra llega una semana después de que el mandatario ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela para estrangular la llamada «flota fantasma» y la industria del crudo, la principal del país caribeño.

Estados Unidos realiza desde principios de diciembre un despliegue militar en el caribe con la supuesta intención de combatir a los cárteles de droga pero que también tiene como telón de fondo la salida de Nicolás Maduro del poder. 

En ese sentido, Washington viene de incautar un nuevo buque petrolero que se dirigía a China y, según el New York Times, no estaba en el listado de empresas sancionadas del Departamento del Tesoro.

Trump busca mostrar más músculo militar como parte de su estrategia de consolidar su poder en la región y seguir tensando la relación con Venezuela con advertencia de inminentes ataque terrestres.

El tema tuvo su centralidad en la cumbre de Mercosur y marcó una fuerte diferencia entre Javier Milei y Lula. El libertario defiende la presión de Estados Unidos y operó un documento en esa línea con Paraguay, Panamá, Chile, Bolivia y Ecuador contra Lula que dijo que sería una catástrofe y quedó en soledad con Uruguay. 

 

 

Cuando LPO reveló que Toto Caputo y Santiago Bausili sacaron del país las reservas de oro del Banco Central, en un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario.

El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen dónde está el oro y qué tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quién lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro.

 En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

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Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la «administración» de la reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

 Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. «La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado», sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido. 

La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado.

En efecto, hace más de un año, el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo preguntando si efectivamente envió lingotes de oro al exterior, cuántos, en qué fechas, con qué destino y bajo qué condiciones, tal como reveló LPO en ese momento. 

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que «había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas», sin precisar monto, destino ni motivo concreto. 

La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central. 

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo.

El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras. La falta de transparencia no es solo un problema para analistas curiosos. 

LPO reveló en exclusiva que la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es «confidencial» y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos.

Bausili se resiste a entregar información a la Auditoria sobre las operaciones con el oro y el préstamo repo

La cuestión adquiere otro matiz cuando se mira el contexto internacional: el precio del oro alcanzó niveles récord y ronda los USD 4.400 la onza. Ese aumento de precio actúa como un salvavidas contable para las reservas del país. Aunque las reservas líquidas, las que realmente se pueden utilizar para pagar importaciones o deuda están hundidas, el aumento del valor del oro hace que el deterioro no sea aún peor. 

Según estimaciones de analistas de LCG, las reservas netas reales del BCRA podrían estar en torno a USD 18.000 millones negativos, un rojo espeluznante que sería aun peor si el oro de alto precio no estuviese amortiguando parcialmente la caída. 

La paradoja es que los lingotes están en destino desconocido y aun así siguen computando como reservas en los balances oficiales. Pero so se sabe si esas onzas están depositadas en el Banco de Londres o Basilea -como trascendió en su momento- y si están aportando rendimiento o fueron depositadas como garantía para obtener financiamiento en dólares. 

A esa nebulosa se suma la crítica política. Diversos referentes de la oposición y ex funcionarios, como Martín Redrado, exigieron al BCRA mayor transparencia sobre el manejo del oro y cuestionaron que la entidad evada explicar que hizo con ese activo.

Como sea, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿dónde está el oro de la Argentina? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Bausili.

 

 

La foto oficial muestra crecimiento, pero el movimiento de fondo es otro. El Indec difundió el nivel de actividad de octubre con una suba interanual de 3,2%, aunque al mismo tiempo confirmó una caída mensual de 0,4%, un dato que volvió a encender luces amarillas en el mercado y entre los analistas. 

La economía sigue arriba en la comparación contra el pozo de 2024, pero empezó a dar señales de agotamiento en el margen, justo cuando el Gobierno necesita sostener expectativas de recuperación. 

El dato clave no está en el porcentaje interanual sino en la dinámica reciente. Según el análisis de la consultora ACM, la serie se mantuvo prácticamente plana y el retroceso mensual marca que la actividad volvió a tropezar luego de varios meses erráticos. 

El mapa sectorial refuerza esa lectura. Mientras la intermediación financiera volvió a liderar el crecimiento, impulsada más por márgenes y volatilidad de tasas que por crédito productivo, los sectores que explican empleo y demanda interna mostraron retrocesos. 

La industria manufacturera cayó 1% interanual, la administración pública bajó 0,7% y hoteles y restaurantes retrocedieron otro 1%, restando más de medio punto porcentual al resultado agregado. Es decir, crecen los sectores rentísticos y ligados a recursos naturales, pero se enfrían los que traccionan el mercado interno. 

Detectan que Lavagna tocó seis meses de la serie de datos para que no dé recesión y tuvo que dar explicaciones

En lo que va del año, la actividad acumula una suba cercana al 5%, aunque incluso ese número empezó a corregirse a la baja frente a los meses previos. La explicación es conocida: la comparación contra un 2024 recesivo todavía infla los porcentajes, pero debajo de esa base baja la economía real muestra fatiga. 

Las proyecciones también reflejan ese cambio de clima. El REM del Banco Central recortó expectativas de crecimiento y las consultoras hablan de un arrastre estadístico menor al esperado hacia 2026.

A ese cuadro se suma el movimiento de Marco Lavagna, que revisó al alza los datos de actividad de meses previos, a partir de un ajuste metodológico que permitió suavizar la secuencia de caídas y, sobre todo, evitar que se configure técnicamente una recesión. Sin esa corrección, la combinación de bajas mensuales consecutivas habría dejado al Gobierno expuesto a un diagnóstico mucho más incómodo en pleno cierre de año. 

La maniobra no es menor: en términos técnicos, la recesión se define por dos trimestres consecutivos de caída del PIB, pero en el día a día del mercado el EMAE funciona como termómetro anticipado. 

El EMAE es un estimador mensual que anticipa la evolución del Producto Interno Bruto trimestral y anual. Cuando el EMAE cae de manera persistente, el PIB termina reflejándolo con rezago. Por eso, una corrección en el EMAE no solo ordena el presente estadístico, sino que condiciona el crecimiento informado del PBI más adelante. 

Como sea, el PBI podrá cerrar en positivo pero con una dinámica cada vez más desigual: finanzas y recursos naturales empujan, mientras la industria, el consumo y el empleo siguen perdiendo.