El gobernador Juan Pablo Valdés llevó la tensión con los trabajadores estatales al máximo el último fin de semana, al reconocer que no tiene fondos suficientes para hacer frente a los aumentos salariales.
Según el portal Noticias de la Calle, el correntino admitió que «no hay margen para aumentos salariales a los estatales», al término de una reunión con la ministra de Educación de la provincia, Ana Miño, donde habría conversado sobre la conflictividad en el inicio del calendario académico, previsto para el próximo 2 de marzo.
«Sin el envío de fondos desde Buenos Aires o una recuperación de la recaudación federal, el bolsillo de los estatales correntinos seguirá en espera», dijo Valdés.
Las declaraciones del gobernador se producen en medio de la negociación de los gobernadores con Luis Toto Caputo para que la Casa Rosada compense la rebaja del impuesto de Ganancias que tributan las grandes empresas, una reducción contemplada en el proyecto de reforma laboral que impacta brutalmente en la coparticipación federal.
Pese a que el gobierno nacional explora la chance de diferir la aplicación de ese artículo para 2028, tal como reveló LPO, fuentes correntinas explicaron que «toda provincia necesita previsibilidad para sus ingresos y egresos y, si se proponen cambios que impactarán en sus finanzas, deberán compensarse de algún modo».
Al término de la reunión con Patricia Bullrich, un senador aliado del oficialismo reconoció que «están todavía tratando de destrabar el tema de Ganancias».
Desde el entorno de Valdés respondieron que «es un tema para el que deberá contemplarse algún mecanismo que sostenga los ingresos provinciales». «Con el gobernador, están en constante diálogo y en sintonía para seguir haciendo lo mejor para Corrientes», dijeron.
En el gobierno agitan el fantasma de Sergio Massa para justificar el papelón de la renuncia de Marco Lavagna al Indec pero también le reprochan a Luis Caputo falta de muñeca para contener el escándalo.
En la Rosada apuntan al líder del Frente Renovador como el impulsor de una operación para dañar al gobierno por medio de su ex economista de cabecera. Lavagna fue parte del espacio de Massa durante años y ahora en la Rosada creen que nunca cortó esos vínculos. Sin embargo, en el entorno de Massa afirman que cuando el Frente Renovador cuestionó públicamente las toqueteadas mediciones de actividad para que no dieran recesión, el diálogo entre ambos se cortó de manera definitiva.
Fuentes del oficialismo confirmaron a LPO que hace más de dos meses que Milei venía discutiendo con Lavagna sobre cual era el momento más oportuno para lanzar el nuevo índice de inflación. Lavagna y Milei se conocen hace años, de antes que el ahora Presidente se dedicara a la política.
«Javier le dijo a Marco que no era momento de lanzar el nuevo índice, que había que esperar que se terminara de concretar el reacomodamiento tarifario», confirmó a LPO un dirigente libertario al tanto de lo ocurrido. En efecto, como en los próximos meses habrá fuertes subas de la luz y el gas por encima de la inflación, un nuevo índice que le otorgue más peso a ese rubro -acorde a la realidad que vive la gente-, necesariamente iba a empujar bastante hacia arriba el IPC, algo muy dañino para el relato libertario.
Toto se equivocó en dejar esto suelto, no estuvo encima del tema.
Lavagna no hizo caso y anunció que a partir de febrero se daría a conocer la inflación con el nuevo método. En rigor la discusión no es nueva. Ya durante la gestión de Massa el nuevo índice estaba elaborado. «Como en las mediciones de prueba siempre daba más alto, decidimos que mejor no implementarlo», recuerda un ex funcionario.
Como sea, el fantasma de Massa convive en la Casa Rosada con un dato más concreto: Caputo falló en no evitar que la situación con Lavagna se desbordara y ahora el gobierno paga un costo altísimo por destruir la credibilidad de las estadísticas oficiales y alimenta las sospechas que la baja de la inflación está exagerada. «Toto se equivocó en dejar esto suelto, no estuvo encima del tema», es el reproche que se repite contra el ministro de Economía.
El mercado no tomó bien el manoseo del IPC, clave para calcular la rentabilidad de los bonos que ajustan por CER: subió el riesgo país y se desplomaron los activos argentinos.
Pero ajenos a este problema, en las últimas horas un detalle técnico abonó las teorías conspirativas de los libertarios. En la Casa Rosada afirman que la ponderación nueva de los servicios está mal hecha y da un 50% arriba de lo que debería. Por eso, argumentan, la inflación que quería anunciar Lavagna marcaba por encima del 3 por ciento y ese índice que se trabajó durante años, ahora directamente se descartará. Una mala decisión que se suma a la pésima decisión de impedir a Lavagna difundir el nuevo índice.
Esto es Lavagna puro, esperar el momento justo para irse como un héroe.
Como sea, la teoría de la jugada de Massa y los reproches a Toto Caputo, conviven por estas horas en el oficialismo, con una lectura acaso más sensata: la renuncia de Lavagna fue una jugada de Lavagna para salir por la puerta grande de un cargo en el que ya estaba incómodo.
«Esto es Lavagna puro, esperar el momento justo para irse como un héroe», dijo a LPO un veterano funcionario que recordó que dos décadas atrás, Roberto Lavagna, padre de Marco, le hizo una jugada similar a Néstor Kirchner.
Cuando la inflación se le empezó a complicar, el entonces ministro de Economía se fue del gobierno denunciando la cartelización de la obra pública, que luego se comprobó que era verdad. Casualidad o no, esa jugada de Lavagna padre fue producto de su sintonía con Paolo Rocca, en medio de la pelea por un gasoducto. Esa salida le permitió mantener una buena valoración en la sociedad, que sin embargo nunca pudo traducir en un triunfo electoral.
Marco Lavagna durante la presentación del fallido censo de 2022.
«Marco venía complicado por las evidencias de manipulación de las estadísticas de actividad y pobreza, le habían renunciado técnicos claves de esas áreas y estaba perdiendo prestigio», recordó el funcionario consultado.
Y no sólo eso, Lavagna también arrastraba un episodio opaco durante su gestión albertista en el Indec. Los datos del censo de 2022 estuvieron secuestrados durante meses en medio de una oscura licitación ganada por el grupo Mazer, cercano a Daniel Scioli, que nunca había hecho un censo. En esa operación se lo mencionó al legislado Eugenio Casielles, en ese momento cercano a Lavagna y uno de los fundadores de La Libertad Avanza, que debió abandonar el espacio enfrentado a Karina Milei.
Acompañado por el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena firmó la resolución que designa a 70 escribanos de la provincia de Buenos Aires en el marco de un nuevo concurso para la Provisión de Titularidades de Registros Notariales.
Luego de 11 años, la provincia de Buenos Aires avanzó en la designación de Titularidades de Registros Notariales, una política fundamental para democratizar la función notarial.
Finalizado este proceso se comenzará a trabajar inmediatamente en el nuevo proceso concursal para regularizar definitivamente la situación en toda la provincia.
Guillermo Longhi y Juan Martín Mena.
Las designaciones corresponden a los distritos de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Campana, Carlos Tejedor, Cañuelas, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colón, Dolores, Escobar, Esteban Echeverria, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pueyrredón, General Rodriguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, San Cayetano, San Isidro, San Pedro, Tandil, Tigre, Tornquist, Tres Arroyos, Vicente López.
El último concurso para la designación de notarios se había realizado en el año 2012, y finalizado su sustanciación con la firma de la resolución ministerial en el año 2015.
El diputado salió al cruce de del Jefe de Gobierno con un artículo contundente en el que no sólo rechazó las acusaciones del jefe de Gobierno porteño, sino que puso en discusión algo más profundo: el uso deliberado de la calumnia como herramienta política, la liviandad institucional con la que se lanzan imputaciones públicas y la persistente estigmatización de las organizaciones sociales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una acusación lanzada al aire
El punto de partida del conflicto fue una serie de declaraciones de Jorge Macri en las que vinculó a Grabois con supuestas irregularidades en comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sin denuncia judicial previa, sin expediente identificado y sin notificación formal a las organizaciones involucradas, el jefe de Gobierno optó por el camino más corto: la acusación mediática.
Ese dato no es menor. En su artículo publicado en Infobae, Grabois remarca que ninguna de las estructuras mencionadas depende de él ni de las organizaciones que integra, y que jamás fue informado oficialmente de las supuestas irregularidades. La pregunta que queda flotando es evidente: si existían pruebas, ¿por qué no se presentaron ante la Justicia antes de amplificarlas en los medios?
El límite entre la gestión y la difamación
Uno de los ejes más sólidos del planteo de Grabois es la distinción entre crítica política y atribución concreta de delitos. No se trata —plantea— de un debate ideológico ni de diferencias sobre el rol del Estado, sino de imputar hechos penalmente reprochables sin respaldo probatorio.
Desde ese lugar, el dirigente social señala que acusar públicamente a una persona de corrupción o fraude sin pruebas no es una opinión, sino una conducta tipificada por la ley. Y pone el foco en una práctica cada vez más extendida: funcionarios que reemplazan la denuncia judicial por el golpe mediático, sabiendo que el daño reputacional ya está hecho aunque luego no puedan sostener lo dicho.
El trasfondo: disciplinar a las organizaciones
Más allá del cruce personal, el texto deja entrever una lectura política más amplia. Para Grabois, este tipo de operaciones no buscan transparencia sino disciplinamiento: desacreditar a las organizaciones sociales que denuncian el ajuste, el vaciamiento de políticas alimentarias y el corrimiento del Estado en los barrios populares.
En ese marco, la ofensiva discursiva del Gobierno porteño aparece menos como una auditoría genuina y más como una estrategia de construcción de enemigos internos, donde los comedores y movimientos sociales vuelven a ser presentados como sospechosos por default, mientras se evita discutir el impacto real de los recortes y la subejecución presupuestaria.
Una respuesta que incomoda
Grabois no sólo negó las acusaciones, sino que las devolvió con una advertencia política y jurídica: si se demuestra la falsedad de lo dicho, avanzará en acciones legales y destinará cualquier resarcimiento a fortalecer espacios comunitarios. El gesto no es casual: busca contrastar dos formas de hacer política, una basada en el señalamiento fácil y otra en la rendición de cuentas.
En el fondo, el episodio deja una postal incómoda para Jorge Macri. Un jefe de Gobierno que acusa sin pruebas queda expuesto no sólo a un conflicto judicial, sino a una pregunta más difícil de esquivar: ¿qué tan responsable puede ser un funcionario que confunde gestión con difamación y comunicación política con imputación penal?
Lo vamos a hacer papilla en tribunales a Macri. Este tipo no es más que un garca con el cerebro de una babosa que está más sucio que las fotitos que, según Lilia, anduvo mandando.
Acá está nuestra intimación, ahora que muestre él la denuncia que hizo contra mí, porque no figura… pic.twitter.com/EZl1K8J7ew
N. de R.: Estaría bueno que dirigentes que tanto han bregado contra la concentración de medios, a la hora de hacer una nota de opinión, no caigan en la tentación de dársela a los mismos.
culpó por el cierre de industrias y comercios. «Quieren ganar guita vendiendo televisores blanco y negro», atacó el jefe de gabinete.
En un día caótico para el gobierno por el escándalo de la manipulación de datos del Indec, Adorni tuvo que salir a dar un raid de entrevistas televisivas para intentar apagar las críticas y terminó en una cruzada contra las empresas argentinas.
Adorni aseguró en una entrevista en A24 que «son más los sectores que se han reactivado que los que están en negativo» y que «hay sectores que van a tener que reconvertirse», poniendo como ejemplo el caso Techint. «Hay que dejar de aceptar que hay que pagar algo cuatro veces más porque tiene la bandera de la industria nacional. La industria nacional no pasa por ahí, no pasa porque los argentinos se empobrezcan pagando un precio cuatro veces más caro de lo que vale en el mundo», fustigó.
«Vos hoy podrías seguramente tener un montón de negocios para que te vaya muy bien, pero si ponés un negocio vendiendo cassettes, probablemente te vaya mal», ironizó el jefe de gabinete que lució un bronceado que no se consigue yendo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa.
En otra entrevista, en LN+, Adorni volvió a ser consultado sobre la pérdida de empleos y el cierre de empresas ante la avalancha de importaciones, e insistió con el argumento de que los productos locales son más caros.
«Vos vas y te comprás un jean acá que te cuesta 100 dólares. Importarlo te cuesta 25. Lo importás, dejás de comprarlo acá. Explicame adónde se pierden puestos de trabajo», desafió Adorni a Luis Majul que se quedó en silencio por largos segundos y respondió que no hay pérdida de puestos de trabajo. «Empieza a trabajar el importador y te sobran 75 dólares que vas a reactivar otros sectores», fue el argumento de Adorni.
Cuando el periodista le recordó que en Argentina la carga impositiva sigue siendo altísima para los empresarios, Adorni respondió con otra chicana: «Quieren ganar guita vendiendo y fabricando televisores blanco y negro, bueno eso no va a pasar, ¿qué querés que te diga?».
Adorni también se refirió a las dudas que genera el Indec y la sensación generalizada de que la inflación es mucho más alta que la oficial. «El Indec tiene una canasta promedio porque si no sería imposible. Seguramente no es lo mismo lo que consumís vos de lo que consumo yo, probablemente tengas mucha más inflación que yo o viceversa. Todos tenemos canastas diferentes porque todos somos seres humanos diferentes», afirmó. «Por lo tanto es razonable que haya gente que sienta en su bolsillo una inflación mayor como hay gente que entenderá que la inflación del Indec es más alta que la que él siente», indicó.
Lo que a fines de enero era una maniobra en ciernes, hoy quedó formalizado por decreto. El Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la norma que ordena el traslado del sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión confirma, profundiza y legaliza una operación política sobre los símbolos fundacionales de la Argentina.
Por Alcides Blanco para NLI
La nota publicada por NLI el pasado 28 de enero advertía que el Gobierno avanzaba sobre el sable corvo no como un gesto administrativo menor, sino como parte de una estrategia deliberada de apropiación simbólica del pasado. A apenas días de aquella publicación, el Ejecutivo decidió blanquear la jugada y convertirla en norma.
El Decreto 81/2026, publicado este 3 de febrero, dispone de manera expresa que el sable corvo deje de estar bajo la órbita del Museo Histórico Nacional y pase a la custodia directa del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en su cuartel de Palermo. La medida no solo ordena el traslado físico del objeto, sino que deroga el decreto de 2015 que había fijado su permanencia en el museo como patrimonio histórico de acceso público.
Un decreto que confirma la maniobra
El texto oficial sostiene que el traslado se realiza por “razones de seguridad” y menciona antecedentes de hechos ilícitos ocurridos cuando el sable se encontraba en el museo. Bajo ese argumento, el Gobierno establece que la custodia, preservación y resguardo queden en manos del Regimiento de Granaderos, fuerza que históricamente actuó como guardia del Libertador.
Sin embargo, el decreto omite cualquier referencia al derecho ciudadano al acceso al patrimonio histórico, al rol de los museos nacionales como espacios de memoria colectiva o a la dimensión civil del legado sanmartiniano. La lógica es clara: militarizar el símbolo y reubicarlo en un espacio institucional alineado con el relato que Milei intenta construir.
Tal como anticipó NLI, no se trata de una decisión neutra. El sable corvo no es un objeto más: es uno de los emblemas centrales de la independencia, cargado de significados políticos, históricos y populares que exceden largamente el ámbito castrense.
De patrimonio público a símbolo regimentado
Con este decreto, el sable deja de estar en un museo nacional —espacio civil, educativo y abierto— para quedar alojado en un cuartel militar con acceso restringido. El mensaje es contundente: el pasado se ordena desde arriba y se encuadra en una narrativa de autoridad, disciplina y verticalidad.
No es casual que esta decisión se inscriba en una secuencia más amplia. Milei viene utilizando la figura de San Martín, los Granaderos y los símbolos patrios como elementos de legitimación política, vaciándolos de su complejidad histórica y resignificándolos al servicio de su propio proyecto ideológico.
La historia, así, deja de ser un campo de debate y memoria para convertirse en escenografía de poder. El decreto no hace más que confirmar que el Gobierno concibe los símbolos nacionales como piezas de un relato oficial, no como patrimonio plural del pueblo argentino.
Lo que advertía NLI y hoy se confirma
Cuando NLI publicó la nota del 28 de enero, aún no existía norma vigente. Había versiones, trascendidos y una fuerte señal política. Hoy, con el decreto ya publicado, queda claro que no era una hipótesis exagerada, sino la antesala de una decisión consumada.
La derogación del decreto de 2015, la reasignación de la custodia y la argumentación centrada exclusivamente en criterios de seguridad confirman que el Gobierno eligió avanzar sin debate público, sin consulta a especialistas en patrimonio y sin consideración por el sentido democrático de la memoria histórica.
El sable corvo, legado de San Martín al pueblo argentino, pasa así a ser una pieza más en la política de símbolos de Milei, donde el pasado se ordena, se encuadra y se utiliza como herramienta de construcción de poder en el presente.
