Donald Trump anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.
«El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS», aseguró el líder republicano en su red Truth Social.
El mensaje de Trump llega después de que el gobierno de Pakistán confirmara que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas.
No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la firma tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.
En su mensaje, Trump aseguró haber logrado que la República Islámica renuncie a sus ambiciones nucleares:»Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición», afirmó.
El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS
Según el líder republicano, el acuerdo no incluye ningún «intercambio de dinero» con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.
Primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.
«Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos», declaró.
El viernes, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo en X que «estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Dado que se espera que se cierre en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica (…) inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana».
Luego, tras una conversación telefónica entre Sharif y su homólogo de Qatar, otro país mediador, su oficina publicó más tarde un comunicado que menciona una firma «muy pronto».
El Gobierno modificó el decreto para la designación de jueces en la Corte Sumprema, para barrera la mayoría de los controles de la sociedad civil que tenía el proceso. La modificación, que representa otro retroceso institucional del gobierno libertario, se instrumentó cuando el caso Adorni toca otro pico de indignación libertaria.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue el impulsor del cambio que contempla la eliminación de los tres artículos que garantizaban intervención de la sociedad civil en la designación de los jueces del máximo tribunal. Además, se suprime la publicación en diarios de circulación nacional y se incorporan plazos más cortos para el trámite.
El decreto agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación.
El telón de fondo de esta decisión está vinculada la reunión secreta que Milei tuvo con Ricardo Lorenzetti esta semana, revelada en exclusiva por LPO. En ese encuentro el magistrado y el presidente acordaron impulsar a dos nuevos jueces para completar la integración de la Corte Suprema, que en caso de concretarle le permitiría a Lorenzetti consolidar una nueva mayoría en el máximo tribunal.
El decreto firmado agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación
La reunión se realizó el martes en la Quinta de Olivos y no estuvieron ni Karina Milei ni Juan Bautista Mahiques. LPO reveló hace tiempo que el presidente tiene diálogo directo con el juez de la Corte, con quien chatea bastante seguido.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Lorenzetti se aprovechó de ese contacto directo y convenció a Milei de que hay que avanzar ahora con la integración de la Corte.
Mahiques dijo públicamente que la designación de los dos jueces que hay que nombrar para completar la Corte quedarían para el segundo mandato. Fue un gesto al actual presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, con quien el ministro estableció una alianza que favoreció su desembarco en el Ministerio de Justicia.
Pero Lorenzetti le hizo cambiar de idea a Milei, en una jugada extraña porque no incluye al peronismo que tiene los votos en el Senado para facilitar o voltear la designación de nuevos jueces en la Corte Suprema.
El otro dato extraño es que los dos jueces que le llevó Lorenzetti como candidatos son muy cercanos a él, pero no tienen mayor afinidad al Presidente. Es decir, Milei pondría la firma para que Lorenzetti consolide y amplíe su poder en el máximo tribunal del país.
Los candidatos son el camarista Mariano Borinsky, experimentado integrante de la Cámara de Casación Penal: y Karina Perilli, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, muy cercana a Lorenzetti.
La Liga Naval Argentina elevó una nota formal a la Embajada de Estados Unidos en la que expresa su preocupación por las iniciativas de desregulación del transporte marítimo y fluvial en el país impulsada por Federico Sturzenegger.
El organismo dice que estas políticas podrían favorecer el avance de intereses extranjeros -particularmente chinos- sobre sectores estratégicos de la navegación nacional.
En el documento sostiene que una apertura amplia del cabotaje podría provocar un fuerte deterioro de la marina mercante argentina y alterar el equilibrio geopolítico en el Atlántico Sur.
Según el planteo, la medida permitiría que empresas vinculadas al Estado chino operen en rutas marítimas y fluviales argentinas sin exigencias equivalentes a las que enfrentan los actores locales.
La nota advierte que una eventual participación de navieras chinas en el comercio de cargas a través del mar territorial argentino y de la Hidrovía Paraná-Paraguay podría derivar en una posición dominante de ese país en la región, afectando tanto la actividad económica nacional como los intereses estratégicos vinculados al control de los espacios marítimos.
En ese sentido, señalan que mientras las Fuerzas Armadas impulsan acciones destinadas a fortalecer la vigilancia y el control del mar argentino frente a la actividad de flotas extranjeras, especialmente pesqueras, una apertura del cabotaje facilitaría el ingreso de actores vinculados al gobierno chino a sectores considerados sensibles.
La nota advierte que una eventual participación de navieras chinas en el comercio de cargas a través del mar territorial argentino y de la Hidrovía Paraná-Paraguay podría derivar en una posición dominante de ese país en la región, afectando tanto la actividad económica nacional como los intereses estratégicos vinculados al control de los espacios marítimos
El documento también cuestiona la efectividad de las medidas anunciadas para exigir la contratación de tripulaciones del Mercosur en embarcaciones extranjeras. Según la entidad, esa condición resultaría insuficiente para garantizar una participación real de intereses nacionales, ya que los armadores mantendrían el control operativo y comercial de los buques.
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos.
Bajo ese diagnóstico, la Liga Naval Argentina solicitó formalmente una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos para ampliar los argumentos expuestos y analizar las implicancias que, a su juicio, tendría la reforma para la seguridad hemisférica, el comercio regional y la presencia estratégica en el Atlántico Sur.
La gestión se produce en medio del debate abierto en torno a la desregulación del sector marítimo argentino y refleja la preocupación de sectores vinculados a la marina mercante y la defensa nacional por el impacto que podrían tener los cambios regulatorios sobre la soberanía económica y el posicionamiento geopolítico del país.
En la embajada hay preocupación porque Sturzenegger les prometió que para evitar la presencia de marinos chinos a través de una obligación que cualquier buque extranjero que venga tenga que ser tripulado por marinos del Mercosur y eso no se está cumpliendo
Un militar al tanto de la situación afirmó a LPO que el informe ya está en manos de Peter Lamelas y reveló que «en la embajada hay preocupación porque Sturzenegger les prometió que para evitar la presencia de marinos chinos a través de una obligación que cualquier buque extranjero que venga tenga que ser tripulado por marinos del Mercosur y eso no se está cumpliendo».
En este contexto, especialistas de la Liga Naval han confeccionado un minucioso informe sobre los perjuicios que tendría para la soberanía nacional y la defensa, la presencia, la desaparición de una marina mercante de bandera y su reemplazo por una flota extranjera.
«Esti es un problema, sea cual sea la bandera. Porque acá es lo mismo que sean chinos, turcos o rusos. La diferencia es que los chinos no tienen problema en perder plata. Los alemanes no van a venir a perder plata acá porque no les interesa. A los chinos sí», concluyó.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.
«Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».
La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.
El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.
El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.
El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.
Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.
El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.
El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.
El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.
Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.
El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.
La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.
El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.
Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.
La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.
Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.
La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles.
El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.
Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.
El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza.
La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos.
El gobierno porteño avanza con la demolición de las casas ocupadas de la ex AU3 y este año subastará cinco terrenos que estaban intrusados. En paralelo, la Ciudad tendrá listos en 2027 110 departamentos para mudar los antiguos ocupantes.
La AU3 fue una autopista planificada por la última dictadura que nunca llegó a concretarse. Buscaba una salida/entrada desde provincia por el norte de la Ciudad a través de los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita.
Para ejecutar la traza se expropiaron decenas de propiedades, pero el proyecto nunca comenzó. Por eso, los barrios se llenaron de terrenos baldíos y las casas que no habían llegado a demolerse fueron ocupadas.
En algunas zonas, como el eje Donado-Holmberg, la Ciudad avanzó con desarrollos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la mayoría de las propiedades continuaron ocupadas.
La Ley 6769 prevé la relocalización de las familias que ocupan las viviendas que estaban en la traza de la ex AU3. Esas viviendas luego son demolidas y se subastan los terrenos para emprendimientos inmobiliarios. Pero antes de demolerlas, las familias deben ser reubicadas en otra vivienda.
Para desarrollar las soluciones habitacionales, la traza de la ex AU3 se dividió en seis sectores. El sector 4, que comprende las casas intrusadas desde Juan B Justo a Avenida de los Incas es el que está en ejecución.
Render de los futuros edificios.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Gabriel Mraida acordaron avanzar con 6 nuevos edificios para mudar a los ocupantes y adjudicaron los proyectos en diciembre de 2025. Entre enero y octubre de 2027 estarán listos.
Los edificios están ubicados en Tronador 1131, en Córdoba 6520, en Córdoba 6210, en Humboldt 1235, en Darwin 1251 y en Forest 1083.
Para 2026 están previstas subastas de terrenos en Charlone 1645 (sector 4), Brasil 3219 (sector 4), La Pampa y Donado (sector 5), Sucre 4258 (sector 5) y Donado 1761/71 (sector 5).
«Se configura un circuito integral: la construcción de nuevas viviendas permite la relocalización de familias; esa relocalización habilita la demolición de los inmuebles ocupados; y la liberación de los lotes posibilita tanto nuevas obras como subastas, que a su vez generan recursos para sostener y ampliar el programa», sostuvieron desde el Ministerio de Desarrollo.
Entre 2024 y 2025 se construyeron 45 viviendas y 3 locales que sirvieron para relocalizar a 42 familias. La mudanza de estas familias permitió la subasta de 4 parcelas por casi 5 millones de dólares.
El diputado provincial de La Matanza, Facundo Tignanelli, ironizó sobre el escándalo que involucra al jefe de gabinete, Manuel Adorni: «Es directamente proporcional: los argentinos antes tenían un empleo y ahora tienen tres; Adorni antes tenía una sola propiedad y ahora tiene tres».
El jefe de los diputados del peronismo en la Legislatura bonaerense destacó que «un laburante» hubiera podido ahorrar 200 mil dólares durante los años del kirchnerismo. «Algo habrá hecho bien el gobierno», sostuvo.
El legislador continuó con sus críticas a la gestión de Javier Milei y afirmó que el modelo económico se sostiene «con un respirador de asistencia financiera proveniente de la deuda externa» y con «la principal líder opositora presa». En ese sentido, definió la situación en diálogo con Pulenta Stream como un doble fracaso: económico y político.
A un año de la condena a Cristina Kirchner, aseguró que la militancia seguirá trabajando por su libertad y para que «el pueblo argentino pueda elegir a quien se le ocurra». Además, remarcó: «Por lo que vemos, parece que el pueblo argentino tiene ganas de elegir a Cristina».
Tignanelli sostuvo que resulta complejo ordenar una estrategia electoral cuando la principal dirigente que garantiza el programa político del espacio se encuentra, según expresó, injustamente detenida y proscripta electoralmente desde hace un año.
En el plano local, planteó que el modelo de gobierno municipal está agotado «porque no está pudiendo dar respuestas a las necesidades que hoy tienen los vecinos y las vecinas de La Matanza».
«El sueño de cualquier militante político es poder conducir los destinos del lugar donde uno se crió, vive y milita permanentemente. Pero no es una cuestión personal, tiene que darse en el marco de un proceso colectivo», concluyó.
