Sociedad

  • Milei oficializó el decreto que elimina controles en la designación de jueces de la Corte

     

    El gobierno de Javier Milei oficializó los cambios –anticipados en exclusiva por LPO– en el proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema y eliminó la mayoría de los controles civiles.

    El decreto 467, publicado este martes en el Boletín Oficial, dispuso profundos cambios en los decretos 222 y 588 del año 2003, que estableció los mecanismos para la designación de jueces, fiscales y defensores públicos.

    Entre otras cuestiones la reforma impulsada por Juan Bautista Mahiques elimina la instancia de observaciones e impugnaciones ciudadanas a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. También deja sin efecto la recomendación para que se tomen en cuenta criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los candidatos.

    Milei elimina controles en la designación de jueces de la Corte Suprema en medio del escándalo Adorni

    El decreto suprime la obligación de publicar las candidaturas en diarios de circulación nacional para facilitar las observaciones e impugnaciones. Esa información ahora se publicará únicamente en el Boletín Oficial y la web del Ministerio de Justicia.

    La reforma de Mahiques también elimina los plazos del trámite -el argumento formal del gobierno para eliminar controles- y relaja las exigencias de transparencia patrimonial de los candidatos, como también los controle por parte de ARCA.

    Desde organizaciones civiles y sectores de la justicia consideran que la reforma representa otro retroceso institucional del gobierno de Milei, que quita de un plumazo todos los controles civiles sobre las designaciones de jueces, fiscales y defensores.

    En términos políticos no parece casual que la reforma se concrete justo en momentos en que vuelva a instalarse muy fuerte la posibilidad de que Milei intente cubrir las vacantes en la Corte, tras el fracaso del año pasado con Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

    LPO reveló la semana pasada Milei se reunió con Ricardo Lorenzetti y éste lo convenció de impulsar a dos nuevos jueces para completar la integración de la Corte, un plan que se suponía el propio Presidente había aplazado hasta 2027.

    Lorenzetti le propuso a Milei que los designados sean el camarista Mariano Borinsky y la jueza en lo Penal Económico

    Karina Perilli.El dato extraño es que los dos jueces que le llevó Lorenzetti como candidatos son muy cercanos a él, pero no tienen mayor afinidad al Presidente.

     

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    El decreto que apunta a la Corte y abre una nueva batalla política: Milei modifica el histórico procedimiento de selección de jueces

     

    Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.

    La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.

    Un cambio que acelera los tiempos políticos

    Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.

    La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.

    El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.

    El impacto político detrás del cambio

    Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.

    La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.

    Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.

    En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.

    Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico

    El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.

    Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.

    La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.

     

  • El peronismo lanzó un programa para el campo

     

     El espacio político del peronismo federal que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achaval presentó hoy en Entre Ríos el «Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria» con el que apunta a cerrar la grieta con el campo.

    En un nuevo encuentro regional, esta corriente del peronismo de centro -que había hecho su presentación en Parque Norte el pasado 1 de mayo- reunió a 1600 participantes en Concepción del Uruguay, en el marco de un debate sobre el vínculo con el sector agroindustrial y las economías regionales.

    De la jornada formaron parte más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales.

    El documento denominado «Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria» se orienta a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino.

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    La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.

    Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de que «las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal».

    Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos.

    En ese sentido, remarcó que el espacio busca profundizar el debate iniciado en Parque Norte sobre «los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro», y sostuvo que resulta imprescindible discutir la relación del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motores del desarrollo nacional.

    Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el desafío del peronismo es ofrecer una alternativa frente a «un modelo de país financiero y primario» impulsado por el Gobierno nacional.

    «Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos», afirmó.

    Además, cuestionó que mientras el oficialismo «defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete» (Manuel Adorni), el peronismo debe defender «a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei».

    Finalmente, Guillermo Michel advirtió que el debate que atraviesa hoy a la Argentina «no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir».

    En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca «peruanizar la economía argentina», consolidando una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente.

    En el encuentro denominado «El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional» también fueron parte el intendente de Pilar, Federico Achával, y la diputada nacional de Unión por la Patria Kelly Olmos, ambos integrantes de este nuevo sector del peronismo federal.

     

  • Investigan como asesinato la muerte del socio de Menem y detienen a una mujer

     

    La Justicia empezó a investigar la muerte del socio de Martín Menem como un homicidio y ordenó detener este lunes a una mujer sospechada de actuar como una «viuda negra».

    LPO explicó que en el gobierno entraron en alerta tras la muerte del venezolano Daniel Osorio Peñaloza, gerente de la empresa de complementos dietarios GenTech, de Martín Menem.

    La primera versión del fallecimiento, difundida por los propios colaboradores del riojano, era que el socio de Menem había muerto de un edema pulmonar. También habían revelado que el propio presidente de la Cámara de Diputados acudió al domicilio en Almagro donde estaba muerto Osorio aún antes de que llegaran el SAME y la Policía. Su celeridad, habían agregado en su entorno, se había debido a que manejó una moto.

    Como esa versión despertó suspicacias, el propio Menem se encargó de aclarar en reiteradas ocasiones, al día siguiente de que se revelaron los sucesos, que él había llegado después que la Policía.

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    Pero la versión del edema pulmonar y la muerte en soledad del venezolano gerente no fue determinante para la Justicia, que de movida empezó a investigar un posible caso de homicidio.

    Ahora, según reveló Clarín, en un operativo ordenado con suma reserva por la jueza Paula González y el fiscal Eduardo Cubría, la Policía de la Ciudad arrestó a Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, en José C. Paz.

    La investigación criminal surgió ante testimonios surgidos del edificio y el contraste de imágenes de ingresos captadas por cámaras de seguridad.

    El caso que inquieta a Menem 

    Los videos de vigilancia, según Clarín, habrían ubicado a Olmedo en el edificio de Almagro, entre la madrugada del sábado 5 y el domingo 6. Y eso llevó a la orden de detención y a que el caso sea recategorizado de una «muerte dudosa» a la averiguación de un homicidio.

    La mujer detenida había sido sobreseída en 2023 en una causa en la que la acusaban de un intento de asesinato con un arma.

     

  • «Karina le está buscando reemplazante a Adorni»

     

    Ignacio Fidanza contó en GPS, el programa de Rolando Graña en América, que en el gobierno ya ven a Manuel Adorni afuera y que la causa por enriquecimiento ilícito seguirá avanzando en la Justicia.

    El director de LPO reveló que el juez Ariel Lijo le dijo al fiscal Gerardo Pollicita que le va a dar la indagatoria a Adorni. De este modo se descarta que el viaje a París de Lijo con Juan Bautista Mahiques le sirva al gobierno para frenar la causa contra el jefe de gabinete.

    «Mahiques eh representa algo más que ser un empleado de Karina Milei, tiene su propia agenda y articula una serie de intereses que van más allá de Karina y que van a seguir, que son los nombramientos de jueces», dijo el director de LPO. «El gobierno pasa pero los jueces quedan», remató.

    «Hay una idea en el establishment de que Milei pierde y que hay que asegurar la continuidad del proyecto y que no vuelva el peronismo», dijo Fidanza.

    En ese marco recordó la conversación, revelada por LPO, entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. «Construyamos cada uno por su lado (que es lo que estamos viendo, donde se ven sintonías muy evidentes, sobre todo por ejemplo en el caso Adorni) y después el año que viene definimos quién está mejor para el balotaje», dijo Fidanza.

     

  • Los gobernadores aliados no quieren pagar el costo de salvar a Adorni en el Senado

     

    El gobierno no activó negociaciones formales con los gobernadores para frenar la moción de censura de Manuel Adorni en el Senado y en las provincias creen que al jefe de gabinete le soltaron la mano.

    La oposición está juntando los votos para remover a Adorni en la sesión del próximo jueves que, como anticipó LPO, se tejió en una diagonal subterránea entre el peronismo, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Para interpelar a Adorni o para sacarlo del cargo se necesita una mayoría absoluta del total de los miembros de cada cámara. En el Senado eso implica 37 votos.

    Como Mauricio Macri está pidiendo por todos los medios que echen a Adorni, el gobierno está obligado a negociar con los senadores que responden a los gobernadores aliados. Pero eso no está sucediendo.

    Bullrich activa un backchannel con Villarruel y el peronismo para destituir a Adorni

    En los últimos días empezó a instalarse la teoría de una jugada tácita de los Milei para que el Congreso les saque de encima el problema de Adorni. Como no quieren echarlo, la moción de censura se convirtió en un canal para correr al jefe de gabinete y victimizarse al mismo tiempo.

    La senadora salteña Flavia Royón

    Por eso la sensación que tienen los gobernadores es que los Milei le soltaron la mano a Adorni y no reciben señales de la Rosada. «Nadie está hablando con nadie», admitió a LPO uno de los gobernadores que tiene representación propia en el Senado.

    «Manuel está librado a su suerte», aseguran entre los gobernadores aliados. Y advierten que el gobierno no tiene autoridad para pedirle nada a los bloques aliados y a las provincias con el Adorni-Gate.

    Los gobernadores tienen en la mano las encuestas que lo muestran a Adorni como un salvavidas de plomo. «Es un tema ético-moral, institucional, con 75% de la sociedad diciendo que no le cree nada al jefe de Gabinete», dijeron a LPO cerca de uno de los gobernadores.

    «A Milei los aliados y los gobernadores lo han acompañado en muchos temas y reformas. Pero en este tema el desmanejo fue total y solo habría costo político y perdida de capital para cualquiera que quiero defenderlo», dijeron a LPO allegados de uno de los gobernadores con mejor diálogo con la Rosada. 

    Si la justicia avanza y lo imputa y lo procesa, Adorni tiene que dar un paso al costado. Si no lo hace el presidente, va a intervenir el Congreso

    Desde las provincias aliadas le mandaron una señal a la Rosada para tratar de activar algún tipo de negociación. Flavia Royón, la salteña que responde al gobernador Sáenz, dio un indicio de cómo podrían actuar algunos aliados el jueves si finalmente reciben un llamado de Balcarce 50.

    «Si la justicia avanza y lo imputa y lo procesa, Adorni tiene que dar un paso al costado. Si no lo hace el presidente, va a intervenir el Congreso», dijo Royón este lunes a Futurock. El de la salteña fue una especie de ultimátum amigable: le da un aire incierto al gobierno para que corra al funcionario, atando su suerte a los tiempos de la Justicia.