Sociedad

 

El Grupo de Puebla activó la campaña internacional para defender a Cristina ante un inminente fallo de la Corte Suprema que confirmará su condena en la Causa Vialidad y  dispondrá en consecuencia su detención y la imposibilidad de presentarse como candidata a diputada bonaerense por el peronismo, como anticipó en exclusiva LPO.

El Grupo de Puebla tiene decidido además acompañar a la ex presidenta en su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y empezar el camino internacional del reclamo. 

A través de un comunicado firmado en conjunto con el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), el Grupo Puebla denunció “el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política contra Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que se consume la filtración interesada de una sentencia condenatoria en una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política”.

“La denominada ¨Causa Vialidad¨ es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas, e incluso indiciarias, con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales como el que prohíbe juzgar el mismo hecho dos veces (ne bis in ídem), con peritajes forzados, mediando vínculos directos entre quienes debían dictar justicia y el propio ex presidente Macri”, agregaron en el texto. 

“Dicen que estoy acabada, entonces: ¿por qué no me dejan competir y me derrotan?

Este espacio fundado por el chileno Marco Enriquez Ominani, denunció que “la formulación de teorías (como la de la imputación objetiva) en su construcción para poder responsabilizar a la presidenta por hechos decididos por inferiores jerárquicos en virtud de la delegación de funciones propia del derecho administrativo. Esta decisión supuso una peligrosa tendencia hacia el derecho penal de autor y de consumarse ahora un daño irreparable para la persona afectada y el sistema democrático”. 

En efecto, en la Causa Vialidad la ex presidenta fue condenada pese a no haber firmado ninguna de las concesiones de obra pública impugnadas, en base a su responsabilidad “objetiva” por ser como Presidenta la responsable última de la administración pública, lo que sienta un peligroso antecedente para todos los presidentes argentinos.

La denominada ¨Causa Vialidad¨ es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas.

“Ningún tribunal y mucho menos la Corte Suprema puede guiarse por criterios políticos e ideológicos y de hacerlo, como puede acontecer en este caso, se eliminaría la separación de poderes y el derecho a ser elegido, tal como CFK ha anunciado para las próximas elecciones. Consideramos que el objetivo de expulsarla de la política obedece al miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas y siga protagonizando la vida política argentina”, agregó el comunicado, calcando la argumentación de Cristina en el acto que encabezó este jueves en Corrientes. 

“La sentencia, caso de pronunciarse en el sentido publicado, no es solo contra CFK sino contra el peronismo en Argentina, buscando el disciplinamiento de los y las militantes y funcionarios/as que promuevan una mejora de la calidad de vida de los argentinos y puede determinar una alteración grave del equilibrio entre poderes y afectación de la democracia argentina”, apuntó el texto. 

Grupo de Puebla en una de sus últimas reuniones en México.

LPO reveló en exclusivo en marzo que Cristina había activado sus contactos internacionales ante la posibilidad que la Corte Suprema confirmara su condena en la causa Vialidad y la justicia ordenara su detención. El primero de esos contactos fue con el Grupo Puebla, un grupo político que integran ex presidentes progresistas de la región como Dilma Rouseff, Rafael Correa y Ernesto Samper.

En ese momento, una fuente del Grupo Puebla explicó a LPO que es el Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia, que conducen la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón, quienes viene siguiendo el expediente contra Cristina desde sus inicios. Este grupo está en contacto permanente con el Instituto Patria. 

El juez que debe ordenar la detención de Cristina visitó la alcaidía de Cavia

El equipo jurídico del Grupo Puebla cree que “el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal”. 

Hay mucha preocupación internacional porque a lo de Cristina hay que agregarle la detención de Juan Grabois

La decisión de Cristina de empezar su campaña internacional por el Grupo Puebla tiene su lógica. Ante la falta de organismos políticos regionales como supo ser la Unasur, este grupo empezó a ocupar ese vacío. Coordinado por Ominani, ests grupo intervino en la crisis de Luis Arce y Evo Morales en Bolivia y formaron parte de la estrategia de Lula para elegir un candidato propio en la OEA. 

La situación actual emparenta a Cristina con la de Lula en 2018, detenido en una prisión más de 500 días luego de un votación clave de la Corte Suprema. La diferencia es que la ex presidenta, si se confirma su condena, quedaría detenida en prisión domiciliaria.

No es la primera vez que Cristina busca respaldo internacional ante sus problemas judiciales. En 2022, tuvo un importante apoyo regional cuando los entonces presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Bolivia, Luis Arce, y de Colombia, Gustavo Petro, firmaron una declaración junto a Alberto Fernández en la que denunciaron “persecución judicial” a Cristina por la causa Vialidad.

Fuentes del Puebla afirmaron a LPO que “hay mucha preocupación internacional porque a lo de Cristina hay que agregarle la detención de Juan Grabois”.

 

 

 

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático para las elecciones de 2026, está en “estado crítico” por un atentado a tiros que sufrió en un acto de campaña en Bogotá.

El ataque ocurrió en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el oeste de Bogotá, donde Uribe Turbay, que participaba en un acto político, recibió varios disparos.

La Fiscalía confirmó que el presunto autor del atentado es un menor de 15 años que fue detenido en el lugar de los hechos con una pistola Glock (9 milímetros).

“Hemos recibido en nuestro Instituto de Urgencias al señor Miguel Uribe Turbay, quien ingresó en estado crítico y está siendo atendido de manera prioritaria por nuestro equipo de especialistas. En este momento se encuentra en procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico”, informó la clínica en el primer parte médico.

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Por su parte, la esposa del Senador, María Claudia Tarazona, publicó en X que “Miguel Uribe “está luchando en estos momentos por su vida. Pidamos a Dios que guíe las manos de los doctores que están atendiéndolo. Les pido a todos unirnos en una cadena de oración por la vida de Miguel”.

Miguel Uribe fue el congresista más votado en las elecciones de 2022 y es un político muy  cercano al expresidente Álvaro Uribe. Asimismo es uno de los más severos críticos Gustavo Petro y uno de sus ejes de crítica es el deterioro de la seguridad en el país.

Uribe oficializó su aspiración a la presidencia en octubre de la año pasado y apuesta a ser la carta que permita el regreso del uribismo al poder. En ese entonces, el anuncio lo hizo desde Sabaneta, Antioquia, el mismo lugar donde fue asesinada su madre, la reconocida periodista Diana Turbay, a manos del cartel de Medellín comandado por Pablo Escobar cuando el tenía 5 años.

Uribe es nieto del expresidente colombiano Julio César Turbay que gobernó el país entre 1978-1982 y su vida esta marcada por la política y la violencia. 

Miguel Uribe fue el congresista más votado en las elecciones de 2022 y es un político muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. Asimismo es uno de los más severos críticos Gustavo Petro y uno de sus ejes de crítica es el deterioro de la seguridad en el país.

Petro dijo tras el atentado que se compromete a  “garantizar la más absoluta transparencia del Estado en su competencia para llegar a los actores intelectuales del intento de homicidio” y destacó que Miguel Uribe sigue vivo y “toda la actividad se concentra en qué siga vivo. La primera linea de acción está con los profesionales”.

“Lo que hoy más cabe es que todos los colombianos nos centremos con la energía de nuestro corazón en que siga vivo Miguel Uribe Turbay. Esa es la prioridad, que el asesino no haya cumplido”, señaló Petro. 

“Cualquiera que sea sus posiciones, antes que nada es persona y por tanto tiene el derecho absoluto a vivir. Qué todo lo que hagamos esté e tocado en que pueda seguir viviendo”, dijo Petro. El mandatario colombiano criticó que se esté instrumentalizando la acción violenta como parte de la pelea política que se avecina en 2026.

Petro habló del presunto asesino, pues sería menor de edad: “Las leyes nos obligan a proteger al niño por ser niño porque si no cuidamos a los niños no tendremos patria”. En esa línea indicó que están todas las herramientas para investigar el crimen y determinar los autores intelectuales. 

Cualquiera que sea sus posiciones, antes que nada es persona y por tanto tiene el derecho absoluto a vivir. Qué todo lo que hagamos esté e tocado en que pueda seguir viviendo

“Se tienen que concentrar en saber el asesino intelectual. No debe haber recursos que se escatimen. Encontrar el culpable intelectual con su nombre propio, en el lugar en que viva, sea Colombia o el extranjero”, aseveró. Luego añadió: “El Estado se pone todo al servicio de la vida”.

El presidente Petro habló de la gravedad del crimen en cuanto que se atacó a un miembro de la oposición. “Cuando se mata un dirigente político se puede originar una vorágine de violencia si nos dejamos llenar el corazón de la violencia, porque por el odio político nos hemos matado los colombianos.”, reseñó.

Hubo un reconocimiento de posibles fallas de la escolta de Uribe. “Una falla de seguridad. Unos protocolos que indudablemente se incumplieron. Habrán responsables, empezando por los responsables de su seguridad. El deber del Estado es cuidar, cómo más a los miembros de las oposición porque si ellos no tienen libertad y vida, Colombia no tendrá libertad y vida”, indicó.

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El mandatario habló de un supuesto seguimiento por parte del presunto autor material del crimen. “Lo venían siguiendo. No pudimos detenerlo sino hasta después, es un fracaso del gobierno, del Estado y de la nación. Cada vez que intentan acribillar a un hijo de la patria, la sociedad es derrotada”, declaró. 

Esta atentado político es el primero en tres décadas en Colombia y recuerda los más cruentas de la guerra interna que vivió el país cafetero en tiempos de la guerrilla. 

Vigilia por Miguel Uribe en Bogotá.

 

 

Un reclamo millonario de parte de jueces tiene en pie de batalla a los integrantes del Consejo de la Magistratura. La aspiración de magistrados de tribunales colegiados es que les paguen un adicional cada vez que deben reemplazar a algún colega que se ausenta aún en la misma sala. Un solo juez acaba de lograr que por eso le paguen 100 millones de pesos. Y demanda cobrar 50 millones más por lo mismo.

La situación produjo ya un choque manifiesto en el Consejo, más precisamente en la Comisión de Administración y Financiera (CAF) que preside el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. Y que promete terminar en zafarrancho si los jueces se salen con su pretensión. Estos perdieron en la CAF por un voto pero pidieron que el tema se vote en el plenario de veinte consejeros. Eso ocurrirá la semana entrante.

Lo que está en discusión es el concepto de subrogancia. Un magistrado reclama que le reconozcan una tercera parte adicional de sus remuneraciones cuando se ausenta un colega de su propia sala. Para la mayoría de los consejeros esto no es subrogar sino hacer el mismo trabajo que ya debe hacer y por el que se les paga. Pero los consejeros jueces de modo unánime afirman que en estas condiciones se debe cobrar más.

Un solo juez acaba de lograr que por eso le paguen 100 millones de pesos. Y demanda cobrar 50 millones más por lo mismo

El conflicto, dicen consejeros enardecidos con esto, es que los magistrados buscan llevarse una montaña de plata por el trabajo que deben hacer y por el cual ya son retribuidos de manera que no tiene igual en la administración pública.

El planteo en debate es la punta de lanza a la que se acoplarán muchos otros. Lo hizo Alejandro Tazza que es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Por jubilación de su titular en esa Cámara, Tazza cubrió el trabajo como subrogante durante tres semanas de febrero de 2022. Y pidió que se le pagara por esa labor que hizo en el mismo ámbito de su desempeño con una tercera parte del sueldo, adicional, por la función cumplida.

El juez Alejandro Tazza. Foto gentileza La Capital

El mismo Consejo de la Magistratura en su momento lo consideró una extralimitación y se lo denegaron. Le plantearon que hacer ese trabajo por el cual reclamaba pago implicaba su labor habitual, que no resultaba tácticamente posible que el mismo sujeto ocupe simultáneamente dos vocalías dentro de un mismo tribunal.

Pero Tazza no se dio por vencido e interpuso un recurso jerárquico que llegó a la CAF en el Consejo de la Magistratura. La consejera María Inés Pilatti Vergara, senadora nacional por Chaco, sostuvo que al hacer las resoluciones Tazza hizo su trabajo regular y resultó remunerado con la percepción de sus haberes en el ejercicio de su actividad habitual como magistrado de esa Cámara. Eso, dijo Pilatti, no es una subrogancia, por lo que no hay que liquidar ningún suplemento.

“Es como si los ministros de la Corte que ahora son tres quisieran cobrar más dinero por el trabajo que tienen que hacer porque faltan designar más integrantes”, deslizó un participante de las reuniones de la CAF que rechaza que se hagan esos pagos.

Contra este dictamen hubo que le da la razón al pedido del camarista de Mar del Plata. Y que es impulsado por los cuatro jueces que son consejeros en la comisión que trata el caso. Estos son Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Alberto Lugones.

La posición de ellos es que la ley vigente de subrogancias indica que en caso de licencia se dispone que las cámaras se integren por sorteo público con los miembros de las demás de la misma jurisdicción y competencia y que esa era la situación de Tazza. Por lo que corresponde que le paguen. “El magistrado ha realizado tareas adicionales semejantes a otro cargo y, como consecuencia, le corresponde percibir la remuneración que tal situación merece, a modo de excepción”, firmó la consejera jueza Provítola.

En la audiencia pública del Consejo de la Magistratura de hace diez días el consejero Lugones dijo frente a la pregunta del consejero César Grau que no tenía un reclamo similar realizado como juez. Le pidieron la aclaración porque en caso positivo no habría podido, en virtud de un interés particular, votar sobre los dictámenes contrapuestos. Grau también preguntó el impacto económico que produciría una resolución en el sentido que proponen los jueces. Solo se dijo que a valores de hoy el reclamo ya reconocido del camarista marplatense Tazza fueron cien millones de pesos y que ahora aspira a que le paguen otra demanda que supera los 50 millones. El secretario Fernando Alvarez dijo que el colega de Cámara del juez Tazza, Eduardo Jiménez, tiene reclamos similares.

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“Estamos hablando de cubrir un cargo dentro de una misma sala en una Cámara Federal”, dijo Grau. “Esto va a tener un efecto expansivo de quienes aún no han reclamado. Van a venir casos en cascada por eso se debería prever el quantum económico que esto va a tener”, enfatizó.

Están en condiciones de hacer estos planteos los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

El consejero Mariano Recalde, senador por Ciudad de Buenos Aires, votó por el rechazo del reclamo. “Si hay 90 expedientes en un tribunal cada juez tiene que estudiar 90 expedientes. La falta de un juez en un tribunal no puede implicar nunca el aumento de los emolumentos. Con ese criterio eso se podría aplicar a los empleados de los tribunales”, sostuvo. “Y ni hablar de la cantidad de casos en los que el que realiza el proyecto de sentencia, trabaja y hace todo no es el magistrado sino un empleado o funcionario”, subrayó.

Fuentes del Consejo de la Magistratura precisaron además que hay escasa abnegación laboral no solo en algunos demandantes sino en el modo de trabajo real. “A menudo lo único que hacen algunos magistrados es firmar resoluciones que hacen otros, por ejemplo empleados a los que no se les paga plus ni horas extras por más trabajo. Pero además reclaman por hacer trabajo del mismo tribunal o sala. No tienen ni siquiera la excusa de desplazarse para hacer «trabajo adicional». Es un privilegio que se agrega a otros que tienen de sobra”.

A menudo lo único que hacen algunos magistrados es firmar resoluciones que hacen otros, por ejemplo empleados a los que no se les paga plus ni horas extras por más trabajo. Pero además reclaman por hacer trabajo del mismo tribunal o sala. No tienen ni siquiera la excusa de desplazarse

Asimismo, sin que se refiera al caso de Tazza, una fuente del Consejo de la Magistratura refiere a una avivada histórica en las instancias de Cámara en todo el país. “Se dan casos de jueces que a propósito se toman licencia para ser subrogados por su par que luego al irse de licencia devuelve el favor. Hoy cobro por ti, manaña por mí. Y lo que obtienen es cada vez que cubren una ausencia es una tercera parte más de sueldo”.

El rechazo al dictamen que pide efectuar pagos a magistrados que reclamen se definió por una pestaña. Apenas un voto. En el plenario, donde se dirimirá, votan veinte consejeros.