Sociedad

 

El tramo de la Ruta Nacional N°3 que va de San Miguel del Monte a Azul registra una suba en la tasa de accidentes, muchos de ellos fatales. Sin embargo, en el gobierno de Javier Milei negaron responsabilidades y atribuyeron la siniestralidad a «la negligencia, impericia y/o imprudencia del usuario conductor».

Así lo detalla el descargo de Vialidad Nacional frente a la cautelar reciente que presentó el intendente de Azul, el camporista Nelson Sombra, reclamando que el gobierno libertario se haga cargo del mantenimiento de esa ruta clave que conecta con la Patagonia y registra un intenso caudal de camiones.

La cautelar presentada al Juzgado Federal de Azul por el intendente local es acompañada por un acta de 200 carillas de firmas de vecinos autoconvocados que ya hicieron protestas a la vera de la ruta y que, frente a la respuesta de Vialidad, analizan endurecer los reclamos.

En la zona atribuyen la suba de accidentes al abandono de las obras de ampliación y el creciente deterioro de la traza por parte del gobierno de Javier Milei. LPO viene contando desde el año pasado la denuncia de intendentes que acusan a Nación por no hacer cargo si quiera de cortar el pasto en banquinas y rotondas.

Un informe del municipio Azul advierte que los accidentes sobre la Ruta Nacional 3  «escalaron de manera significativa» y que los siniestros que más se reiteran «son aquellos que tienen que ver con el estado de la calzada».

«La situación de emergencia ha sido reconocida. Tanto es así que hasta se ha proyectado la construcción de una autovía. Con esto, el Estado Nacional ha admitido que la Ruta 3 ya no satisface las necesidades de la región en relación al gran caudal de circulación», dice la presentación de Nelson Sombra.

Durante la pasada gestión nacional, se habían comenzado las obras en la traza pero luego el proyecto de autovía fue abandonado por Milei.

Más allá de admitir que «no existen expectativas de que en el corto o mediando plazo» se retome la obra, Sombra sostuvo el amparo es motivado debido a que Nación «abandonó por completo el mantenimiento y servicio en la ruta».

Además de culpar a la «impericia» de los conductores y a «la mala conservación de los vehículos» en Vialidad fundamentaron la no intervención estatal en el triunfo libertario de 2023: «El candidato que propuso la inhabilitación del Estado para intervenir en rutas nacionales obtuvo en Azul más del 57% de los votos», señalaron

Un informe de Seguridad Ciudadana de Azul que se adjunta al expediente advierte que se «ha ido incrementando el tránsito vehicular y que los accidentes escalaron de manera significativa, hechos que son notificados a través de llamados al 911».

Y agrega: «Los siniestros que más se reiteran son aquellos que tienen que ver con el estado de la calzada».

A modo de ejemplo, el informe da cuenta de despistes de vehículos por falta de señalización o baches y reiterados llamados de conductores de camiones que pierden su carga a partir de maniobras para esquivar baches.

Intendentes acusan a Milei por el deterioro de rutas nacionales y crecen las alertas por accidentes

A pesar de eso, en un reciente descargo al que tuvo acceso LPO, en Vialidad Nacional negaron todas las acusaciones, refutaron el aumento de accidentes y se desligaron de toda culpa.

«En todo caso, esa siniestralidad es realidad debida a la negligencia, impericia y/o imprudencia del usuario conductor, y/o de la mala conservación de los vehículos», dice el descargo firmado por el apoderado legal de Vialidad Nacional, Leandro Sverdlik.

En otro pasaje que causó el rechazo de la asamblea de vecinos autoconvocados y víctimas de accidentes fatales de la Ruta 3, en Vialidad fundamentaron la no intervención estatal en el triunfo libertario de 2023.

En las agrupaciones «Autovía Ya» y «Estrellas Amarillas de Azul», salieron con un contundente rechazo a ese documento de Vialidad: «No es mas que el desprecio por la vida y una ofensa a los familiares de las victimas de siniestros viales», señalaron

«El candidato que propuso la inhabilitación del Estado para intervenir en rutas nacionales, como la RN3, obtuvo en el Municipio de Azul más del 57% de los votos», señala el descargo de Vialidad.

Frente a eso, las agrupaciones «Autovía Ya» y «Estrellas Amarillas de Azul», que nuclea a familiares de víctimas de accidentes, salieron con un contundente rechazo a ese documento de Vialidad.

«No es mas que el desprecio por la vida y una ofensa a los familiares de las victimas de siniestros viales», señalaron para repudiar que Vialidad » intente justificar la inacción de su parte con argumentos ideológicos o políticos e intente culpar a la sociedad por la irresponsabilidad al manejar en la Ruta del incremento de la siniestralidad vial».

Katopodis e intendentes denunciarán a Milei por el deterioro de las rutas nacionales 

«La falta de inversión en las rutas argentinas, no solo se refleja en las estadísticas de siniestralidad vial sino también en el deterioro visible de la infraestructura de la misma y así lo demuestran las pruebas fotográficas, entre otras», agregaron.

En Azul señalaron que la negativa de Vialidad a hacerse cargo «no es mas que un impulso para seguir adelante con este reclamo», por lo que analizan endurecer las protestas que, anteriormente, se desarrollaron en forma de banderazos. 

 

 

El radical Leandro Zdero entró en pánico ante un posible triunfo de su predecesor, Jorge Capitnanich, que le abriría un escenario tortuoso para los dos años que le quedan de mandato.

En las elecciones de 2023, Zdero se impuso a «Coqui» en primera vuelta con el 46,1% de los votos contra el 41,1%. En las elecciones provinciales de mayo de este año, la diferencia entre el peronismo y los radicales, que sumaron el apoyo de los libertarios, se agrandó a 10 puntos.

Los libertarios no le sumaron mucho caudal a Zdero en mayo, ya que de hecho sacó un punto menos que en 2023, pero fue clave la ruptura del peronismo. Capitanich encabezó la lista que salió segunda y la también peronista Magda Ayala fue con otra boleta que sacó 11 puntos.

Para las elecciones del próximo domingo, sin embargo, Capitanich y Ayala, que responde al riojano Ricardo Quintela, acordaron una lista de unidad.

Los radicales temen que la sumatoria entre las dos facciones peronistas que ahoran van unidas sea suficiente para derrotar al gobernador. La diferencia de al menos un voto es clave ya que el primero se quedará con dos bancas para el Senado y el segundo sólo con una.

«Le va a armar una carpa en la puerta de la gobernación», dijeron a LPO en el peronismo chaqueño, que anticipan un escenario combativo en las calles a partir del lunes y hasta 2027, cuando se espera que Capitanich se tome revancha de la derrota de 2023.

 

 

La Rosada inició conversaciones con los gobernadores de Provincias Unidas para tantear un acuerdo de gobernabilidad para luego de las elecciones, pero ya se encontró con reparos.

El gobierno cambió el discurso que tenía meses atrás, cuando el propio Javier Milei anticipaba que La Libertad Avanza iba a arrasar en las legislativas. Ahora, los libertarios se conforman con obtener el tercio necesario para bloquear el Congreso.

Es un escenario que augura dos años de conflictos con todo el sistema político y en especial en el Congreso. El oficialismo necesitará la ayuda de los gobernadores para alcanzar el quórum y para al menos soñar con las reformas que ya anunció para luego de las elecciones, como la tributaria, la previsional y la laboral.

Los diálogos con los mandatarios de Provincias Unidas, que integran Córdoba, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Jujuy y Corrientes empezaron en el Congreso.

Los gobernadores plantean que el gobierno ya los destrató pese a que los apoyaron durante el primer año del mandato de Milei

Los emisarios de los gobernadores plantearon que el gobierno ya los destrató pese a que los apoyaron durante el primer año del mandato de Milei a sacar la ley Bases y a garantizar la gobernabilidad.

«Ahora no hay margen para cagarlos», respondieron los enviados del Ejecutivo. La idea de acordar con Provincias Unidas proviene de Santiago Caputo, como anticipó LPO. Es su manera de no depender directamente de Mauricio Macri, que pese a que tiene vínculos con algunos de los gobernadores del nuevo frente, no los controla.

De hecho, en la última reunión que mantuvieron en Olivos, Macri le prometió a Milei que acercaría a esos gobernadores luego de la elección y se resistieron. «No maneja nada», dijo uno de los gobernadores a LPO.

 

 

El Tesoro de Estados Unidos intervino de manera brutal para frenar el dólar a cuatro días de las elecciones y en la city hablan de un monto que ronda los 900 millones de dólares.

El dólar mayorista escaló a $1491 en el techo de de la banda apenas abrió el mercado este miércoles. Tras la brutal intervención de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Donald Trump, bajó unos pesos y cerró a $1489. Los bancos que intervinieron, de acuerdo a fuentes del mercado, fueron el JP Morgan con USD 400 millones y Citibank con USD 500.

Pese a la intervención de Bessent, el dólar blue igual operó en su récord y escaló a $1.550, el MEP cerró en $1592 y el CCL subió a $1614.

Felipe Núñez advirtió a banqueros: «el dólar de equilibrio es $1.250, van a perder mucha plata»

La aparición de Bessent evitó al equipo económico agravar las malas señales y pudo cerrar el día sin variación en las reservas y cerró la jornada cambiaria con un aviso que fue motivo de burla en el mercado: «Sin intervención». El martes habían tenido que quemar USD 45 millones de reservas para bajar al mayorista del techo de la banda.

Esto es muy sencillo. Si las elecciones salen mal, se acaba el apoyo de Estados Unidos y el dólar se va a cualquier nivel. Y si gana, baja, pero ¿a cuánto? ¿$1300? ¿$1350?.

Al Tesoro todavía le quedan dos jornadas hasta las elecciones. Cuarenta y ocho horas donde todo indica que la presión dolarizadora seguirá acentuándose, pese a que el equipo económico envió a Miguel Nuñez y Juan Pazo a decirle a banqueros y cerealeros que después del domingo el dólar bajará a $1250. Por ahora no le creen.

Ricardo Arriazu, el economista más respetado por Javier Milei, trazó un panorama apocalíptico en una presentación en la Bolsa de Comercio. 

«Esto es muy sencillo. Si las elecciones salen mal, se acaba el apoyo de Estados Unidos y el dólar se va a cualquier nivel. Y si gana, baja, pero ¿a cuánto? ¿$1300? ¿$1350?», dijo Arriazu.

Las declaraciones de Arriazu agravaron los rumores de una posible renuncia de Toto Caputo. Como reveló LPO en exclusiva, en el gobierno mencionan que podría se reemplazado por Federico Sturzenegger, que por la dudas, ya está trabajando en un plan que incluye la libre flotación del dólar que piden el FMI y el Tesoro. 

Mientras tanto, en Estados Unidos, Bessent sigue dando explicaciones por gastarse dólares de los contribuyentes norteamericanos en la Argentina. En una carta dirigida a la veterana senadora demócrata Elizabeth Warren, una tenaz crítica de la administración Trump, el secretario del Tesoro afirmó: «El uso del Fondo de Estabilización Cambiaria brinda respaldo específico a un aliado clave que ha impulsado políticas fiscalmente responsables y libertad económica para sus ciudadanos.»

Y dijo que el rescate de Milei es parte de «acciones cruciales necesarias para el cumplimiento de los deberes constitucionales del presidente, incluyendo la seguridad nacional y la estabilidad financiera global.»

 

 

El Gobierno se prepara para darle un nuevo golpe a los bolsillos luego de las elecciones. Esta vez vendrá de la mano de la «transformación» del mercado eléctrico argentino. El primer paso es dolarizar el pago a las generadoras, desplazando el peso del ajuste hacia comercios, industrias y usuarios no residenciales. En los papeles, promete «estabilidad» para los hogares; en la práctica, dispara los costos y deja todo atado a la cotización del dólar. 

La reforma del mercado eléctrico que resolvió el Gobierno divide el sistema en dos grandes segmentos: el mercado estacionalizado y el desestacionalizado. En el primero quedan los usuarios residenciales y no residenciales. Estos últimos son comercios, pymes, clubes y cooperativas, que seguirán comprando la energía a través de Cammesa con tarifas reguladas por el Estado. 

En el segundo, el mercado desestacionalizado, entran los grandes usuarios. empresas con alta demanda, que podrán contratar directamente con las generadoras a precios libres, en dólares, sin pasar por la intermediación estatal. 

El gobierno prepara un feroz ajuste para después de las elecciones y pone en riesgo el acuerdo con los gobernadores

 El corazón de la reforma es la dolarización de la generación eléctrica, que deja atrás el esquema de precios a costo medio, donde el Estado pagaba a todas las centrales un valor promedio de producción. 

En este nuevo régimen, el precio lo fija la última central que entra al despacho para cubrir la demanda, generalmente la más cara. En términos simples: si una termoeléctrica que quema gasoil es la que completa la oferta, toda la energía del sistema se paga a ese precio, aunque haya otras que produzcan más barato.  

Aunque el Estado siga fijando valores de referencia, cada devaluación o ajuste fiscal se trasladará a la tarifa con mayor rapidez.

En el mercado desestacionalizado, los precios quedarán directamente atados al tipo de cambio, y en el estacionalizado, aunque el Estado siga fijando valores de referencia, cada devaluación o ajuste fiscal se trasladará a la tarifa con mayor rapidez. 

Daniel González, coordinador del área de energía, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de Diputados reconoció que bajo al lógica de la «recomposición de balances»,  el nuevo modelo establece que los grandes usuarios enfrentarán un aumento promedio del 15% anual, con picos de hasta 35% en invierno.  

Para el sistema, eso significa un salto de ingresos de hasta 785 millones de dólares por año, según un informe interno de la Secretaría de Energía que lleva la firma del  director Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista Marcelo Positino, al que accedió LPO en exclusiva. 

Este documento en el anexo final reconoce que el nuevo esquema favorece la estabilidad del segmento residencial, pero a costa de «mayor volatilidad y necesidad de cobertura contractual» para los sectores no residenciales e industriales.
En otras palabras, el sistema se vuelve más frágil, más dolarizado y más expuesto a shocks externos.

  «La supuesta protección a los residenciales es un mito. La dolarización generalizada convierte cada devaluación en un nuevo tarifazo», aseguró a LPO un ex funcionario del área.

Estudios académicos estimaron que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 las facturas promedio de gas natural aumentaron 799% para hogares y 992% para comercios y pymes, mientras la energía eléctrica trepó 524% y 570% respectivamente. Además unos 2 millones de hogares perdieron el subsidio a la electricidad y 705 mil el del gas.

El descalce entre la estructura dolarizada de los contratos y la economía real pesificada genera un círculo vicioso: el Estado acumula deuda con el sector y el Tesoro no puede cubrirla sin emitir o endeudarse.

Los especialistas advierten que la dolarización de la generación eléctrica en un país con un riesgo cambiario crónico como la Argentina es un riesgo alto. 

El descalce entre la estructura dolarizada de los contratos y la economía real pesificada genera un círculo vicioso: el Estado acumula deuda con el sector y el Tesoro no puede cubrirla sin emitir o endeudarse.

Por eso, si la brecha se amplía y las tarifas no acompañan, la situación se vuelve jurídicamente explosiva. Las empresas internacionales recurren a tribunales como el CIADI alegando violación de contratos, mientras el Estado intenta evitar que los argentinos paguen facturas dolarizadas a precios imposibles. 

Por eso, la dolarización no solo pone en riesgo la estabilidad macro, sino que reabre la puerta a una nueva ola de litigios internacionales: un déjà vu de los años posteriores al 2001, donde la crisis cambiaria terminó judicializandose en Estados Unidos.

 

 

El ex director regional de ARCA en Rosario Carlos Vaudagna declaró que el juez federal Gastón Salmain, con quien tenía un vínculo probado desde 2018, le propuso en diciembre pasado reclamar la competencia de todas las causas penales que lo afectaban en la Justicia Federal para darle un tratamiento favorable como imputado. Y que pidió una altísima cifra para hacerlo. Fuentes con acceso a la causa indicaron que fueron 100 mil dólares.

Esto ocurrió en una ampliación de la declaración como arrepentido de Vaudagna recibida hace dos semanas en la sede de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Fue parte de lo que motivó que la semana pasada un fiscal federal de Rosario solicitara el secuestro del celular del juez Salmain, lo que se concretó este viernes en su domicilio en Belgrano en Buenos Aires. El magistrado no proporcionó la clave de desbloqueo.

Le secuestran el celular al polémico juez Salmain de Rosario, que se negó a entregar la clave

El mismo día en Santa Fe fue allanada la escribanía del lobista del Poder Judicial de la Nación Santiago Busaniche y su domicilio particular en el Palacio Paz en Esmeralda al 1100 de Buenos Aires. Busaniche es un importante operador histórico del Poder Judicial de la Nación, con capacidad para decidir designaciones de personal y descargar influencias en decisiones judiciales.

La revelación supone, de afianzarse en otra prueba, un golpe demoledor para el juez federal, que tiene abierto un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Esto ocurre porque al concursar como juez en 2022 omitió señalar en su CV que había sido echado de la Justicia Federal en 2002 por pedir un soborno como empleado de un juzgado para direccionar un expediente laboral. 

Vaudagna

La palabra de Vaudagna como arrepentido ya demostró haber tenido su peso. En su declaración inicial, hace seis meses, admitió que armaron una causa judicial contra el empresario bursátil rosarino Claudio Iglesias en un asado en la casa del juez federal Marcelo Bailaque junto al financista Fernando Whpei. Y destacó que lo hicieron a sabiendas de que el empresario estaba disputando la presidencia de la compañía aseguradora San Cristóbal de la que era directivo. Esto terminó con Vaudagna, Bailaque y Whpei con una causa penal por extorsión. Los dos últimos tienen por esto prisión domiciliaria.

En diciembre Salmain pidió repentinamente ser competente en tres causas distintas que implicaban a Vaudagna, aunque dos meses antes había pedido no intervenir en la única que tenía del ex jefe de ARCA. Estas causas se generaron a partir del secuestro de un teléfono de Vaudagna en 2021 por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario.

Una primera pericia del teléfono mostró que Vaudagna estaba implicado en variados ilícitos: asesorar a contribuyentes para ocultar activos, actuar como gerenciador de múltiples empresas privadas, facturarles a estos clientes a través de dos mutuales que son de él y hacer depósitos en cuentas offshore.

El desconcertante reclamo de Salmain para quedarse con las tres causas generó la queja en tropel de seis fiscales federales de Santa Fe, Rosario y Reconquista que dijeron que este magistrado no tenía competencia por materia -es juez civil y no penal-ni tampoco territorial para pedir las causas de Vaudagna. A quien además conocía desde 2018 por lo menos, según está acreditado en intercambios de mensajes telefónicos entre ambos. 

Caso Vaudagna: bloquean a un juez de Rosario que quiso meterse por la ventana en causas de corrupción que lo complicaban

En febrero la Cámara Federal de Rosario resolvió, con dos decisiones diferentes, que Salmain no tenía ningún motivo para ser competente en las causas de Vaudagna.

«Lo que hace la declaración ampliada de Vaudagna de hace dos semanas es darle una explicación lógica a una acción judicial que era un disparate. Es la pieza de un rompecabezas que completa un cuadro. Era descabellado que Salmain reclamara de golpe las causas que implicaban a Vaudagna sin ningún motivo. Acá aparece uno muy claro», dijo a LPO una persona que tuvo acceso al testimonio de Vaudagna.

Las causas de Vaudagna, Bailaque y Whpei muestran a sectores económicos, políticos, judiciales y estudios jurídicos de peso en una trama muy densa donde se cruzan favores, tráfico de influencias y negocios ilegales a partir de relaciones de poder. Esto se robustece con la venidera imputación a Busaniche. Este es un hombre culto, ex rugbier, abogado y escribano que se convirrtió en un operador free lance en la cumbre nacional de la administración de Justicia. Su suegro es el ex diputado provincial Julio Gutiérrez que fue primo político de Carlos Reutemann. Acompañando a Reutemann cuando era senador en Buenos Aires Busaniche armó una carrera tocando el campo de jueces de alto nivel y servicios de inteligencia. Ahora será imputado por participar de la extorsión contra el ex directivo de San Cristóbal.