Sociedad

  • Las ART al borde del colapso, temen quiebras masivas por la industria del juicio

     

    En las principales aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) hablan de un colapso inminente del sistema y apuntan a la maquinaria de juicios laborales que superan los 130 mil por año.

    Las ART, que cubren a más de 10 millones de trabajadores en todo el país, denuncian un abuso de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales.

    En las ART advierten que el Poder Judicial no hace cumplir una ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, que creó los Cuerpos Médicos Forenses (CMF). Estos cuerpos no fueron aplicados ni en la Ciudad ni en la provincia de Buenos Aires, que concentran alrededor del 80% de los juicios laborales del país.

    «Los peritos son externos, actúan sin control y sus honorarios están ligados al resultado del juicio», denunciaron desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Si se aplicara la ley, los peritos serían seleccionados por concurso, y recibirían un sueldo, es decir que los honorarios no se cobrarían en proporción al valor del juicio, lo que para las ART desemboca en sentencias multimillonarias que hacen el sistema inviable. 

    Desde una de las ART líderes dijeron a LPO que hay juicios que superan los 300 millones de pesos por una lesión lumbar. En ese sentido, hablan irónicamente de la epidemia de la lumbalgia. «Es el accidente más común que encuentran los abogados», dijeron. 

    Entre las aseguradoras advierten que la industria del juicio terminará atentando contra la generación de empleo, puesto que si las ART colapsan serán los empleadores quienes se tengan que hacer cargo del pago de las indemnizaciones.  

    Desde una de las ART líderes dijeron a LPO que hay juicios que superan los 300 millones de pesos por una lesión lumbar 

    La Uart, que es la cámara de la ART, advirtió que la intervención sin control de los peritos judiciales está haciendo colapsar al sistema. «Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, está haciendo colapsar al sistema de ART y atenta contra la generación de empleo formal en el país», aseguró Mara Bettiol, titular de la UART.

    Argentina registra uno de los índices más altos de litigios por riesgos del trabajo, con una tasa de judicialidad que es 15 veces la de España y 21 veces la de Chile, a pesar de tener mayores prestaciones y una accidentabilidad similar. «Es paradójico que, mientras los fallecimientos en el trabajo se redujeron 80% y los accidentes un 55%, la litigiosidad crece exponencialmente, proyectándose más de 130 mil juicios en 2025», dicen en la cámara.

    Este año algunas de las ART más importantes se tuvieron que capitalizar por medio de los accionistas. Las aseguradoras de peso tienen otras unidades de negocios como sucede con Prevención ART, una de las líderes en el ránking en volumen de primas, que pertenece al Grupo Sancor Seguros. Experta ART, otra de las grandes, pertenece al Grupo Werthein.

    Tras salvar a la ART este año, los accionistas de ese grupo ya avisaron que el año que viene no volverán a capitalizarla. En esa situación ya está Galeno, que en los últimos meses inició un proceso de liquidación y podría dejar a más de 400 trabajadores en la calle.

    Entre las ART no ven con entusiasmo la reforma laboral que impulsa el gobierno porque creen que el sistema seguirá en la misma situación si no se hace cumplir la ley de 2017. «Para impulsar la formalización del empleo, la reforma laboral debe incluir medidas que terminen con el flagelo de juicios por riesgos del trabajo», dijeron en la cámara de ART.

    Desde una de las ART líderes se contactaron con Federico Sturzenegger y decidieron abortar las negociaciones cuando advirtieron que le habían dado la idea al ministro para desregular también a las ART y quitar su obligatoriedad.

     

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    El Gobierno impulsa la “inocencia fiscal”: un blindaje para los dólares bajo el colchón y menos juicios por evasión

     

    En una jugada que vuelve a beneficiar a quienes manejan dinero no declarado, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, una reforma profunda del Régimen Penal Tributario que reduce controles, acorta plazos de investigación y prácticamente elimina la necesidad de justificar consumos personales.

    Por Roque Pérez para NLI

    El oficialismo volvió a mover el tablero impositivo: la iniciativa enviada al Congreso busca transformar el Régimen Penal Tributario, hoy central en la persecución de la evasión, para reemplazarlo por un esquema con umbrales mucho más altos, plazos más cortos y un régimen a medida para quienes manejan dólares no declarados.

    Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto tiene un objetivo explícito: “inyectar” al mercado los dólares que la gente guarda sin declarar, reduciendo así la posibilidad de investigaciones penales y facilitando el uso corriente de ese dinero. En otras palabras, un blanqueo encubierto que premia al evasor mientras recorta recursos del Estado.

    Un proyecto que cambia las reglas del juego

    El texto, bautizado como “Principio de Inocencia Fiscal”, establece cinco reformas clave:


    1. Aumento monumental del umbral para investigar evasión

    La reforma pega directamente en el corazón del Régimen Penal Tributario. Los montos mínimos para iniciar una causa penal se disparan a niveles inéditos:

    • Evasión simple: pasa de $1,5 millones a $100 millones.
    • Evasión agravada: sube de $15 millones a $1.000 millones.

    Con estos cambios, un universo enorme de contribuyentes quedaría automáticamente fuera de cualquier riesgo penal, tomando como piso cifras imposibles de alcanzar para la mayoría de los evasores comunes.


    2. Prescripción recortada: de 5 a 3 años

    Otro beneficio directo: el Estado, a través de ARCA, tiene solo 3 años para reclamar impuestos omitidos o iniciar denuncias, en lugar de los 5 actuales.

    Un plazo más corto significa menos tiempo para investigar, menos causas y más margen para que los incumplimientos prescriban sin consecuencias.


    3. Régimen especial para los “dólares bajo el colchón”

    Uno de los puntos más polémicos: se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas con ingresos menores a $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones.
    Dentro de este sistema:

    • Ya no será obligatorio justificar consumos personales.
    • Las personas podrán usar dinero no declarado sin riesgo de que ARCA les exija demostrar de dónde proviene.

    Es, en la práctica, una invitación a mover plata negra con total libertad.


    4. Menos denuncias penales si se paga a tiempo

    El proyecto establece que ARCA no formulará denuncias penales si la persona cancela la deuda antes de que se realice la presentación judicial.
    Además, si paga todos los impuestos adeudados más intereses y un recargo del 50% dentro de los 30 días del inicio de la investigación, tampoco enfrentará consecuencias penales.

    Es decir: pagar después es más barato que cumplir siempre.


    5. Multas formales mucho más altas

    Para compensar —según el propio texto— la reducción de controles, el proyecto incrementa notablemente las multas por incumplimientos formales.

    • No presentar declaración jurada:
      • Personas: sube de $200 a $220.000.
      • Sociedades: pasa a $440.000.

    Aunque el aumento suena impactante, estos montos no reemplazan la capacidad investigativa perdida, ni compensan la relajación penal incluida en el resto del proyecto.


    El paquete, presentado como una modernización, representa otro paso en la estrategia del Gobierno de favorecer la desregulación tributaria, premiar el uso de fondos no declarados y despejar del horizonte judicial a grandes evasores.

    Mientras Milei continúa recortando recursos al Estado y reduciendo controles, la “inocencia fiscal” aparece como un nuevo paraguas para quienes más tienen y menos aportan.

     

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    Mastropietro, el fantasma que Milei, Bullrich y sus amigos no quieren que veas

     

    La caída del circuito clandestino de retornos en ANDIS está dejando al descubierto una trama que llega al corazón del mileísmo, del macrismo y del negocio aeronáutico privado. Entre viajes a Miami, “errores” operativos de Bullrich y un celular evaporado frente a la PSA, el empresario Sergio Mastropietro vuelve a ser la pieza clave que todos intentan esconder.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Un circuito que nace en ANDIS y termina en Baires Fly

    La investigación por los retornos y sobreprecios dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad ya no es una causa más: desde que estalló la denuncia de Diego Spagnuolo —el mismo que supo ser íntimo de Milei— quedó expuesto un sistema donde los laboratorios y droguerías derivaban millones en efectivo hacia las empresas aéreas Baires Fly y Baires Jet, justificándolo mediante la insólita fórmula contable de “compra de kilómetros nacionales”.

    Noticias La Insuperable ya había mostrado cómo Mastropietro operaba como engranaje central del entramado: era quien aparecía en chats, anotaciones y contactos bajo el apodo “Serginho”, articulando movimientos junto al operador Miguel Ángel Calvete, una de las manos derechas del presidente de ANDIS, Diego Spagnuolo. Todo esto desembocó en la causa $Libra, donde el propio Milei quedó comprometido tras promocionar públicamente la criptomoneda hoy investigada por estafa, y donde dos imputados intentaron apartar al abogado de los damnificados para trabar el expediente, intento desestimado por la Corte Suprema según reveló Página/12.

    En el corazón del esquema, siempre, Sergio Mastropietro: empresario aeronáutico, operador político, experto en aparecer donde hay dinero y desaparecer cuando aparece la ley.


    Bullrich, PSA y Migraciones: la puerta abierta para que se pierda el celular

    La tercera pieza del rompecabezas la contamos cuando se reveló lo que ya parece un patrón: cada vez que Mastropietro puede quedar acorralado, un organismo controlado por la derecha lo ayuda —casual o deliberadamente— a escabullirse.

    El sábado 15, el empresario volvió de Miami en un vuelo privado. El juez Sebastián Casanello había ordenado un procedimiento básico: incautar sus dispositivos electrónicos al pisar Aeroparque. Pero lo que debería haber sido un trámite se transformó en un escándalo.

    La PSA no actuó. Migraciones no actuó. Lo dejaron salir.

    Cuando finalmente fueron a buscarlo, Mastropietro entregó una explicación que, de tan absurda, resulta casi ofensiva: dijo que su celular había quedado “en otro lugar” y que había “desaparecido”. Con ese teléfono se hubiera reconstruido el flujo de dinero negro, los contactos, los vuelos, los favores y los nexo con Baires Fly, MACAIR, Calvete, Espert y el entorno íntimo de Milei.

    El resultado: La Justicia nunca recibió el teléfono.

    Bullrich apuntó a la PSA. La PSA apuntó a Migraciones. Migraciones a la PSA. Pero la consecuencia es única y decisiva: el Estado —otra vez— le evitó un problema a Mastropietro.


    El empresario que une a Milei, Macri, Machado y Espert

    Nada de lo que aparece en esta trama es nuevo. Mastropietro ya figuraba en el caso Skanska, donde su empresa Sol Group emitía facturas truchas desde una dirección que funcionaba como club de ajedrez. Allí ya asomaban nombres recurrentes: Baires Fly, la ruta de la efedrina, Jaime, Romano, el triple crimen.

    Después vino la sociedad con Federico “Fred” Machado, hoy detenido en Texas por narcotráfico y fraude, con quien compartió vuelos, domicilios, sociedades y operaciones vía el fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation, usado para lavar dinero a través de aviones en Estados Unidos.

    Y, como si hiciera falta agregar otro puente, está José Luis Espert: desde ese mismo fideicomiso salió el giro de US$200.000 que recibió en 2019 tras una reunión facilitada por Mastropietro.

    La frutilla del postre es su paso como presidente de Avian, la heredera de MacAir, la empresa aérea de la familia Macri. Allí compartió negocios con Carlos Martín Cobas, funcionario de Macri obligado a renunciar por incompatibilidades en el caso Avianca, además de integrar la offshore LETS FLY US LLC.

    Todo esto compone una línea temporal de dos décadas en las que Mastropietro siempre estuvo donde el macrismo o el mileísmo necesitan operadores, vuelos, triangulaciones y discreción.

    Y cada vez que una causa lo roza, desaparece: desaparecen sus dispositivos, desaparecen las órdenes, desaparecen los controles.


    Un fantasma útil para el poder

    Si hay algo que esta historia confirma es que la protección política no es un invento, sino una práctica sostenida. La Corte frena intentos de dilatar la causa. La PSA deja escapar un celular clave. Migraciones mira para otro lado. Y Milei promociona públicamente una criptomoneda hoy investigada por estafa.

    En el centro de todo, como siempre, Mastropietro: el hombre que viaja, triangula, opera, y cuyos teléfonos —como por arte de magia— se pierden justo cuando la Justicia está por recuperarlos.

    Una vez más, el Estado les abrió la puerta.
    Y el fantasma volvió a desaparecer.

     

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    Otra vez el Colón

     

    Escándalo en puerta: una licitación lanzada a las apuradas y bajo sospecha de favoritismo podría ser declarada desierta.

    Por Nerio Corello para Noticias La Insuperable

    La licitación para las visitas guiadas al Teatro Colón da la impresión de no haber salido como se esperaba: la empresa que estaría apadrinada por Hernán Lombardi no quedó satisfecha y todo parecería indicar que el ex Grupo Sushi, actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, querría lograr que se la declarase desierta.

    Desde hace aproximadamente tres años, el servicio de visitas guiadas está concesionado precariamente a  PBG Travel & Events, firma que se presume cercana a H. Lombardi. LPO informa que “La empresa pertenece a Adolfo Boada Aguirre, asociado con Claudio Massetti para la explotación de los tours. Massetti creó tour.arte semanas antes de conseguir la concesión del servicio. Ambos son ex funcionarios cercanos a Lombardi, que niega vínculos con la empresa y dice no estar al tanto de la licitación.”.

    Lamentablemente, a partir de la aparición de Gabriela Ricardes, ministra de Cultura del GCBA, también muy cercana a Hernán Lombardi, no ha dejado de haber controversias y oscuras sospechas en torno a la administración del Teatro Colón.

    G. Grieco, J. Macri y G. Ricardes

    La remoción de Jorge Telerman que apuró la funcionaria, el nombramiento del consultor uruguayo Gerardo Grieco como director general y, para colmo, el ataque difamatorio a los prestigiosos cuerpos estables que con malas artes pergeñó el oriental, han herido gravemente al Colón y oscurecido la gestión administrativa, algo que se teme también herirá, más temprano que tarde, la excelencia artística.

    Además, como si tan triste marco no fuera suficiente, la precarización de los trabajadores del Colón avanza sin pausa. Ricardes, Grieco y, presumiblemente en las sombras, el temible ex Grupo Suhsi, se han adueñado del destino de una joya cultural que cada día se parece más a un botín disputado por mercenarios de la burocracia.


     

  • Milei monopolizó el show Top Gun de los aviones en Córdoba y no invitó a Llaryora

     

     La presentación de los aviones F16 que Defensa le compró a Dinamarca y que el presidente Javier Milei presentó este sábado por la mañana en Córdoba tuvo una particularidad: la ausencia en el acto oficial de los funcionarios provinciales.

    Ni el gobernador Martín Llaryora, que se recupera de la operación de una hernia que se le practicó hace unos días, como así tampoco la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien está a cargo del Ejecutivo en ausencia del hombre de San Francisco, fueron parte de la cita.

    Como tampoco lo fue Gian Luchessi, el intendente de Las Higueras, la localidad del sur provincial que fue anfitriona del show Top Gun que protagonizaron las autoridades del Gobierno nacional.

     No fuimos invitados, pero es lo de menos. Estuvimos con la gente que es lo que nosotros nos gusta 

    De esta manera, y si bien se conocía desde el transcurso de la semana que Llaryora no iba a asistir por su post operatorio, tanto Prunotto, como Luchessi y el exintendente de Río Cuarto que ingresa a la Unicameral como presidente provisorio, Juan Manuel Llamosas se debieron conformar con estar en una tribuna con la gente y lejos de la transmisión del acto oficial. Los tres portando un cartel con la leyenda «Las Higueras, capital de los aviones».

    «No fuimos invitados, pero es lo de menos. Estuvimos con la gente que es lo que nosotros nos gusta», dijo Prunotto a la prensa local, con la intención de relativizar el ninguneo de Casa Rosada a las autoridades locales y provinciales.

    En tanto, los cordobeses que sí estuvieron presentes fueron los libertarios que integran el bloque que comanda Gabriel Bornoroni en Diputados: Gonzalo Roca, Luis Picat, Laura Rodríguez Machado, Cecilia Ibáñez, Belén Avico, Laura Soldano y Enrique Lluch. Todos se mostraron con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli.

     El ninguneo de los funcionarios nacionales a la dirigencia local no cayó bien. Por eso, y ante la falta de iniciativa por parte de Casa Rosada a la hora de cursar invitaciones, sobre el final de la semana en Las Higueras decidieron armar una cumbre paralela con la gente en la tribuna junto a funcionarios provinciales 

    El ninguneo de los funcionarios nacionales a la dirigencia local no cayó bien. Por eso, y ante la falta de iniciativa por parte de Casa Rosada a la hora de cursar invitaciones, sobre el final de la semana en Las Higueras decidieron armar una cumbre paralela con la gente en la tribuna junto a funcionarios provinciales. «No mandaron nada, Llaryora no viene porque no tiene el alta, pero estos tipos no invitaron a nadie de acá. Igual, la fiesta con la gente se hace», dijo a LPO una fuente del sur cordobés a LPO.

    Ya cerca del mediodía del sábado, Llaryora hizo una extensa publicación en las redes donde destacó la actividad, hizo foco en la experiencia de los cordobeses en la materia y el significado que se haya elegido a la provincia, pero no mencionó las autoridades nacionales.

    «La llegada de estas aeronaves al sur provincial no es solo un hecho operativo. Es también un reconocimiento al valor de nuestra gente y al profundo significado que la Fuerza Aérea tiene para Córdoba. Porque cada vez que Córdoba es convocada, responde; y cada vez que la Argentina necesita experiencia, compromiso y trabajo serio, los cordobeses estamos presentes», dijo Llaryora.