Benjamín Netanyahu atraviesa una crisis interna inédita. Tras el alto al fuego en la Franja de Gaza que apadrinó Donald Trump con los países árabes, la oposición en Israel agita las causas judiciales en su contra y lo culpa de los hechos que terminaron con el atentado terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023.
En ese marco, Donald Trump envió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, en donde pide el «indulto total» en donde califica el juicio como «político e injustificado.
Trump ya le había hecho la misma petición a Herzog durante su visita a Israel hace un mes, con motivo del acuerdo de alto el fuego con Hamás.
«El presidente israelí Herzog tiene el más alto respeto por el presidente Trump y sigue expresando su profundo agradecimiento por su firme apoyo a Israel, su extraordinaria contribución al regreso de los rehenes, su cambio de perspectiva en Oriente Medio, particularmente en Gaza, y su compromiso para garantizar la seguridad del Estado de Israel», respondió la presidencia.
Sin embargo, aclaran que «cualquier persona que solicite un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos». Además, el mes pasado, más de una docena de diputados y ministros del partido oficialista Likud firmaron una carta idéntica dirigida a Herzog, con argumentos y afirmaciones similares.
Un indulto presidencial no es posible en este momento del juicio, debido a que solo puede emitirse antes de que comiencen los procedimientos o después de que se dicte un veredicto, ninguna de las cuales es la etapa actual.
Cualquier persona que solicite un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos
La Oficina del Presidente israelí remarcó que para que se inicie el procedimiento de indulto, este debe ser solicitado, no concedido por el presidente. Generalmente, la solicitud la realiza el acusado o alguien cercano a él. Netanyahu aún no ha presentado esa solicitud.
Trump escribió: «El primer ministro Netanyahu ha defendido a Israel con firmeza frente a poderosos y grandes adversidades, y no se puede desviar su atención innecesariamente. Si bien respeto profundamente la independencia del sistema judicial israelí y sus exigencias, creo que este ‘caso’ contra Bibi, quien ha luchado a mi lado durante mucho tiempo, incluso contra el aguerrido adversario de Israel, Irán, es una persecución política injustificada».
El primer ministro Netanyahu ha defendido a Israel con firmeza frente a poderosos y grandes adversidades, y no se puede desviar su atención innecesariamente. Si bien respeto profundamente la independencia del sistema judicial israelí y sus exigencias, creo que este ‘caso’ contra Bibi, quien ha luchado a mi lado durante mucho tiempo, incluso contra el aguerrido adversario de Israel, Irán, es una persecución política injustificada
Netanyahu fue acusado formalmente en 2019 y el juicio comenzó en 2020. Se le imputaron cargos de soborno, fraude y abuso de confianza en tres casos llamados 1000, 2000 y 4000, y se declaró inocente de los tres. El juicio se encuentra actualmente en la fase de interrogatorios.
En la carta firmada por ministros israelíes, estos también hicieron referencia a las grandes hazañas de Israel en la guerra, liderada por Netanyahu, y argumentaron que la división social provocada por el juicio por corrupción solo podría resolverse si se le concedía el indulto.
Está previsto que el primer ministro israelí testifique este martes, según anunció el tribunal que instruye el caso en su página web, de acuerdo a la agenda semanal del juicio, que exige la comparecencia del mandatario tres veces por semana.
No son pocas las veces que el mandatario ha solicitado el aplazamiento del proceso desde su inicio en 2024. En la mayoría de las ocasiones, se ha respaldado en la ofensiva bélica de sus tropas contra la Franja de Gaza -ahora bajo un teórico alto al fuego- para justificar sus ausencias.
Netanyahu, que asegura que el juicio contra él es una «cacería de brujas» y una trama del «Estado profundo», es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.
El trágico operativo de la Policía de Río de Janeiro en los complejos Alemao y Penha afectó la imagen de Lula. Así lo refleja la última encuesta de Quaest que muestra que la evaluación del gobierno de Lula se estancó y que el 50% de los brasileños lo desaprueba contra un 47% que lo aprueba.
Desde julio, la aprobación del gobierno venía en alza, mientras que la desaprobación había disminuido. Ahora, la situación se ha invertido: la aprobación ha fluctuado a la baja (de 48 a 47) y la desaprobación sube levemente (de 49 a 50).
Según Quaest, el gran operativo policial en Río, las declaraciones de Lula al respecto y la preocupación por la seguridad pública fie lo que frenó la mejora en la imagen. «Los indicadores se encuentran en un empate técnico por segunda encuesta consecutiva, después de que la aprobación y la desaprobación volvieran a estar igualadas en octubre, por primera vez desde enero», detalla la encuesta.
En ese sentido, el director de Quaest Felipe Nunes dijo a Globo que «si bien el aumento de tarifas cambió la trayectoria de la aprobación a favor de Lula, la agenda de seguridad pública interrumpió la luna de miel tardía del gobierno con el electorado independiente».
Según la encuesta, en octubre hubo un empate técnico entre la aprobación (46%) y la desaprobación (48%) de Lula entre el electorado independiente. En noviembre, la desaprobación (52%) superó nuevamente a la aprobación (43%), algo que no se veía desde agosto de 2025.
Entre febrero y septiembre, la desaprobación fue mayor, con una diferencia máxima en mayo, cuando 17 puntos separaron la evaluación negativa (57%) de la positiva (40%). En diciembre de 2024, la aprobación fue mayor (52% frente a 47%).
Según la encuesta, en octubre hubo un empate técnico entre la aprobación (46%) y la desaprobación (48%) de Lula entre el electorado independiente. En noviembre, la desaprobación (52%) superó nuevamente a la aprobación (43%), algo que no se veía desde agosto de 2025
La encuesta también indica que el índice de aprobación de Lula empeoró entre la población con ingresos familiares superiores a 5 salarios mínimos. Hay más desaprobación (56%) que aprobación (42%), mientras que en octubre se registró un empate técnico.
También se observó un empeoramiento en la evaluación entre las mujeres, donde nuevamente hubo un empate técnico entre aprobación (51%) y desaprobación (46%); en octubre, la aprobación fue mayor que la desaprobación.
Por último, el 57% discrepa con Lula sobre la masacre en Río de Janeiro. La preocupación de los brasileños por la violencia aumentó del 30% al 38%. En efecto, la desaprobación entre los votantes independientes aumentó 4 puntos, situándose en el 52%, mientras que la aprobación disminuyó 3 puntos, hasta el 43%.
El 57% discrepa con Lula sobre la masacre en Río de Janeiro. La preocupación de los brasileños por la violencia aumentó del 30% al 38%. En efecto, la desaprobación entre los votantes independientes aumentó 4 puntos, situándose en el 52%, mientras que la aprobación disminuyó 3 puntos, hasta el 43%
El tema seguridad es un punto sensible para la campaña presidencial en Brasil el año que viene y es el eje que busca fortalecer el entorno de Lula ante el avance de la narrativa de la derecha en ese punto.
Es sentido, como adelantó LPO, crece la presión para que Lula declare como organización terrorista a los cárteles de droga en medio del reclamo del bolsonarismo para que Trump intervenga en Brasil.
El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, intentó instalarse como presidenciable pero el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, aclaró que irá por una banca en el Senado. La derecha tiene un debate intenso en relación la figura que reemplazará a Bolsonaro y debe definir si será un gobernador de peso como el paulista Tarcisio Gomes da Freitas o algún integrante de la familia del ex presidente.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) denunció que el régimen de concesiones viales con cobro de peaje que impulsa el gobierno de Javier Milei es «inconstitucional» y prevén presentaciones judiciales para frenar futuras licitaciones.
«Es volver a un régimen nefasto que fracasó en los 90», dijo a LPO el titular del Conaduv, Ricardo Lasca, que habló de un sistema de «falso peaje» porque no hay tránsito para implementarlo ni se vuelca lo que se recauda al camino.
«Vulnera la Constitución, al no contemplar la existencia de caminos alternativos libres de pago. Esta omisión implica una restricción indirecta al derecho constitucional de libre tránsito por el territorio nacional», denunciaron en Conaduv.
En concreto, denuncian que los pliegos licitatorios solo contemplan tareas de mantenimiento de rutina (corte de pasto, limpieza y conservación), pero sin exigir una ampliación de las rutas a concesionar.
De Capital a Bahía Blanca, van a existir ocho peajes y un camión va a pagar 35 millones de pesos por año sólo de peajes
Eso, mientras se prevé triplicar las tarifas y sumar 54 estaciones de peaje a las que ya existen, lo que representaría una frecuencia promedio de una estación cada 97 kilómetros.
«El camión se multiplica por eje, va a pagar de 25 mil a 30 mil pesos en cada estación. De Capital a Bahía Blanca, van a existir ocho peajes y un camión va a pagar 35 millones de pesos por año sólo de peajes», ejemplificó Lasca.
Otra irregularidad detectada es que el sistema de concesiones a 30 años que promueve el libertario no estipula un ente regulador, que debería tener dado que las concesiones viales tienen carácter de servicio público.
Esa es otra de las razones por las que en la entidad analizan presentar una cautelar para detener el avance de licitaciones al menos hasta que se conforme por ley un ente regulador que integre a los usuarios.
Sin embargo, señaló que los planteos deberían ser canalizados a través del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo sin cubrir hace 16 años y que recién por estos días se está discutiendo en el Congreso.
Por eso, al momento hicieron una presentación vía el defensor del Pueblo del Chaco pero el trámite judicial se paralizó porque un defensor del Pueblo provincial no tiene legitimidad federal. También se presentó un amparo en Gualeguaychú para que se suspenda el cobro de peajes en todas las rutas nacionales pero no prosperó.
En Conaduv analizan hacer una presentación judicial para detener el avance de licitaciones al menos hasta que se conforme por ley un ente regulador que integre a los usuarios.
En Conaduv señalaron que el Gobierno recauda por año alrededor de 3.000 millones de dólares en concepto de Impuesto al Combustible que debería volcar a la red vial y que, desde la llegada de Milei, no destinó un peso. «Son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación», acusaron.
LPO contó que, en contradicción con el relato libertario, la primera concesión tendrá un fuerte financiamiento del Estado a partir de créditos a tasas subsidiadas del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende de Economía.
Se trata de las rutas 12 y 14, que tuvieron como gran ganador de la licitación a José Cartellone, empresario que está siendo juzgado en Cuadernos por 10 pagos de sobornos y que, si resulta condenado, el Estado debería revocarle la concesión.
«Se están premiando a empresas de la patria contratista», dijo Lasca para marcar otra contradicción del relato libertario, que hablaba de «Cámara Argentina de la Corrupción» al referirse a las constructoras contratistas del Estado.
Al advertir que «las obras de envergadura para evitar los choques frontales no se van a ver» con el sistema impulsado por Milei, Lasca sostuvo que el sistema de peaje es inviable económicamente debido al bajo caudal de tránsito.
«En más de 35 años no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo, lo poco que se hizo fue con fondos del Estado nacional o de las provincias», agregó el titular de Conaduv, que se había reunido por este tema con el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. «Da bronca cómo nos mintieron», expuso.
En Conaduv pretenden que Vialidad Nacional -organismo que Milei intentó disolver-«reasuma la administración, mantenimiento y desarrollo de la red vial, priorizando un modelo de gestión pública transparente, con control ciudadano y destino específico de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles para obras».
Dos vagones del FFCC Sarmiento descarrilaron cerca de la estación Liniers y el accidente provocó 20 heridos. Especialistas advierten por la falta de inversión.
Tras el descarrilamiento comenzaron las demoras del Sarmiento y hubo incidentes en la estación Once.
«La situación es realmente compleja si analizas los estándares normales de seguridad», explicó a LPO un especialista. «Siempre se hace lo mínimo como para que los trenes sigan andando, pero el deterioro por no hacer los mantenimientos generales sigue a fondo», agregó.
El accidente se produjo cuando formación estaba llegando a Liniers y cinco de los siete coches continuaron por la vía correcta y los dos últimos se desviaron por un trazado alternativo.
El Pollo Sobrero, delegado del Sarmiento, negó que hubiera habido una falla humana y comentó que días atrás se había instalado un nuevo sistema de señales. Y comentó que la situación era «muy rara».
«Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes», dijeron desde Trenes Argentinos, la empresa estatal que tiene a cargo las obras de infraestructura en los ferrocarriles.
«El ajuste ha hecho que la mejor gente y de más experiencia se vaya antes que la echen, eso también pega», subrayó el especialista.
El accidente se produjo horas después de que la Corte Suprema ratificara la condena a cuatro años de prisión contra Julio De Vido por «administración fraudulenta» en la causa por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 con un saldo de 51 muertos.
El dato es contundente: Mercado Libre recibió este año un 50% más de beneficios fiscales del Estado argentino. La empresa que fundó Marcos Galperin fue una de las más favorecidas por el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento.
«¿Y el costo fiscal de este subsidio?» preguntó indignado un diputado de la oposición que parece olvidar que la llamada ley de software fue aprobada durante el kirchnerismo.
Según datos oficiales, el monto total de exenciones impositivas otorgadas a empresas tecnológicas trepó a 195.000 millones de pesos en 2025, y Mercado Libre concentró cerca del 20% de ese total. Es decir, unos 39.000 millones en créditos fiscales y alivios tributarios.Solo en los últimos tres años, la compañía acumuló más de 250 millones de dólares en beneficios del Estado argentino.
El costo fiscal crece, dado que Galperín mantiene su residencia fiscal en Uruguay desde 2019. Allí paga sus impuestos y coordina buena parte del negocio regional. Mientras tanto en Argentina, sus filiales aprovechan los regímenes promocionales.
Galperin logró lo que muchos empresarios sueñan: ser subsidiado por un Estado al que no le paga impuestos.
Como si con esto no fuera suficiente, la paradoja se amplía: mientras el Gobierno le concede beneficios, la empresa pide más intervención estatal.Su presidente para Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó que el Estado frene el avance de las plataformas chinas Shein y Temu, a las que acusa de «competencia desleal». Sinónimo de pedir proteccionismo.»Están destruyendo empleo argentino», dijo.
«Galperin descubrió que el mercado es libre… hasta que llegan los chinos», chicaneó un empresario texto ante este medio y concluyó «mercado libre contra el libre mercado, Argentina no lo entenderías».
A esto se suma un historial de conflictos laborales: tercerización, contratos eventuales y denuncias de fraude laboral.En 2021, varios sindicatos denunciaron que Mercado Libre esquiva los convenios. LPO reveló que parte del personal trabaja bajo condiciones precarias.
En la imputación del lobista de la Justicia Federal de la Nación Santiago Busaniche, señalado por participar en una trama extorsiva donde está implicado el ex juez federal rosarino Marcelo Bailaque, se abrió un pasadizo imprevisto y explosivo que roza a otro magistrado. En plena audiencia los defensores dijeron que el ex director de ARCA en Santa Fe, Carlos Vaudagna, involucrado en este mismo chantaje, mantenía un vínculo oscuro por dinero con el secretario privado del juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros.
Los defensores Débora Lichtmann y Diego Pirotta afirmaron que Vaudagna, que está implicado por corrupción institucional en al menos siete causas federales, mantiene diálogos con Jorge Abboud, secretario privado del juez federal Carlos Vera Barros, donde hacen referencia a dinero.
Vera Barros es precisamente el juez que firmó órdenes de allanamiento concretadas el pasado 16 de octubre contra Santiago Busaniche, un escribano santafesino señalado como un hombre vital en las designaciones de la Justicia Federal en CABA, Santa Fe y Rosario y en el tráfico de favores internos, muy vinculado también al campo de los servicios de inteligencia.
La mención adquiere sentido porque Vaudagna está imputado de haber organizado junto al ex juez federal Bailaque, que estuvo en funciones hasta el 1º de julio, una extorsión donde un agente de Bolsa al que le abrieron una causa, Claudio Iglesias, aseguró haber pagado 160 mil dólares de 200 mil solicitados para que le cerraran una causa penal.
Esta referencia es importante porque desde hace meses en Rosario hay una fuerte crisis institucional donde altos funcionarios con posiciones relevantes en el Estado aparecen envueltos en cobros de sobornos o retornos en el ejercicio de sus funciones. Pasó con el ex juez federal Bailaque, con el juez federal civil y comercial Gastón Salmain y ahora se deslizaron sospechas hacia el juzgado de Vera Barros.
La audiencia fue fijada para imputar a Busaniche por acordar con Vaudagna aspectos que terminarían en la extorsión al agente de Bolsa de Rosario Claudio Iglesias. Pero eso ni se llegó a tratar porque los defensores pidieron el apartamiento en bloque de todos los fiscales por una supuesta falta de ecuanimidad al investigar.
Los defensores Débora Licthmann y Diego Pirotta
Los defensores mencionaron entonces lo que para ellos es una omisión hacia Vera Barros y Abboud como uno de los motivos por los cuales recusaban a los cinco fiscales federales que estaban para imputar a Busaniche. Lo que señalaron es un supuesto proceder selectivo y omisivo del contenido del teléfono secuestrado a Vaudagna de donde surgen múltiples delitos. Decían que los fiscales eligen cargar las tintas contra Busaniche pero no contra otras personas que tienen funciones institucionales relevantes que aparecen en ese celular.
Allí mencionaron como ejemplo de discrecionalidad de los fiscales hacia Abboud y Vera Barros porque, dijeron, sobre estos funcionarios judiciales no impulsaron actuaciones. Lo leyó en público, ante un mínimo de 25 personas conectadas por zoom a la audiencia, la defensora Lichtmann. Dijo que Vaudagna le dice al secretario de Vera Barros.
–«Querido tenemos que reunirnos porque se vienen las vacaciones, para hablar respecto de lo nuestro, lo necesito para las vacaciones», leyó Lichtmann indicando que eso dice Vaudagna.
–«Si, yo estoy camino a Baires por algo que me mandó Carlos y tenemos que hablar algo en la Corte», responde Abboud según la abogada.
«Vaudagna le dice al secretario privado de Vera Barros que necesita algo para irse de vacaciones. Presumiblemente algún dinero que se le debía», subrayó la abogada. «No analizaron estas conversaciones con un funcionario del juzgado que ordenó los allanamientos de Busaniche», sostuvo. «Lo que se nota es la relación de Vaudagna con Vera Barros era a través de su secretario privado. Los mensajes son mucho más extensos. Para mencionar lo que los fiscales no quisieron ver», enfatizó.
«Había una relación poco clara entre el secretario del juez y Vaudagna que vamos a denunciar. No aparece en ese diálogo que se trata de una deuda personal. En ningún momento se hace alusión a que el dinero que se le adeuda es personal. Es algo que el doctor Velasco debería atender», sostuvo Lichtmann en relación al fiscal jefe de la Procuración de Lavado de Activos Diego Velasco, uno de los miembros del plantel acusador.
Este medio consultó al juez Vera Barros por un eventual descargo ante lo volcado en audiencia. «La confrontación de la defensa de Busaniche parece ser con los fiscales. Yo intervine en una causa en la que ordené el aprovechamiento de lo que se secuestrara en el allanamiento de Busaniche por una investigación que lo relaciona con el juez federal civil Gastón Salmain. No estoy en la audiencia, pero esto me parece una postura defensista. Es una estrategia de la defensa y no me parece apropiado decir más por ahora», le dijo a este medio.
También sostuvo la defensora en su arremetida crítica contra los fiscales que Vaudagna habla con muchas otras personas, en actitudes que sugieren prácticas ilícitas, como el empresario periodístico de Santa Fe Nahuel Caputto. «Aquí va nuestro planteo. ¿Vieron esto los fiscales o no lo vieron? Creo que lo vieron pero no quisieron mencionarlo».
En realidad hay actuaciones fiscales precisamente contra Vaudagna en curso en la fiscalía federal de Santa Fe contra Caputto, que tiene además expedientes anteriores, aunque no se formalizó imputación. Esto por una derivación del fiscal de Reconquista Roberto Salum que fue quien primero accedió a los contenidos de Vaudagna y los distribuyó a colegas según la jurisdicción de competencia.
«La confrontación de la defensa de Busaniche parece ser con los fiscales. Yo intervine en una causa en la que ordené el aprovechamiento de lo que se secuestrara en el allanamiento de Busaniche por una investigación que lo relaciona con el juez federal civil Gastón Salmain. No estoy en la audiencia, pero esto me parece una postura defensista. Es una estrategia de la defensa y no me parece apropiado decir más por ahora».
«Vaudagna tiene siete causas alrededor de la provincia de Santa Fe por este teléfono. Se dividieron las causas en Reconquista Santa Fe y Rosario. Se avanza con lo que se avanza. Pero está en el teléfono. Se avanzó con lo que teníamos elementos. Tan simple como eso», dijo el fiscal Velasco al responder el pedido de recusación. «En el teléfono de Vaudagna hay muchísima información. La tienen todas las partes desde que exhibimos las pruebas. Todas las defensas las tienen. Y también estaba a disposición de la defensa desde mucho antes. El teléfono de Vaudagna está a disposición de las partes desde que el señor juez autorizó a entregar todo su contenido antes de la audiencia de formalización», replicó.
Lichtmann rezongó amargamente porque LPO publicó detalles sobre lo que compromete a su cliente Busaniche antes de que se formalizara la imputación. «La Política Online publica lo que las partes no saben. Este medio de comunicación tiene las conversaciones de la investigación que entiendo usted señoría no debería conocer. Pero si quiere puede leer para enterarse porque LPO las tiene antes que las tenga el expediente. Aparentemente LPO tiene novedades más apresuradas de lo que tiene esta parte defensiva», sostuvo la abogada.
«Ustedes tenían la prueba contra ese juez (Vera Barros) y a ese juez le pidieron medidas para allanar a nuestro cliente. No estamos hablando de un acto de corrupción. Si tienen pruebas de cargo contra un juez las tienen que usar. No pueden elegir. Es un juez de la jurisdicción. Se nota que hablaban de plata. ¿Hicieron algo con eso? Era vox populi en la jurisdicción que existía esto y que ustedes lo conocían y no hicieron nada», dijo el defensor Diego Pirotta.
Busaniche fue señalado reiteradamente a este medio como un enlace inorgánico y relevante de servicios de inteligencia. El defensor Pirotta actúan para el estudio de Darío Richarte, que fue subjefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el mandato presidencial de Fernando de la Rúa. El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz rechazó el pedido de recusación contra los fiscales.
