Política

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    Milei y la dependencia de Estados Unidos: la Argentina a merced del Tesoro norteamericano

     

    Argentina entrega su soberanía.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    La reciente transferencia de 872 millones de dólares en DEGs revela que el Gobierno de Milei no solo depende del FMI, sino que Washington se convirtió en su sostén financiero clave, condicionando la soberanía económica del país.


    Un rescate disfrazado de ayuda

    El Tesoro de Estados Unidos transfirió 872 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs) a la Argentina, recursos que permitieron pagar un vencimiento de deuda con el FMI por 796 millones de dólares. Aunque oficialmente se presenta como una “venta”, el contexto muestra que se trata de un rescate encubierto, ligado a un swap financiero activado tras las elecciones. Esta maniobra evidencia que la estabilidad económica de la Argentina depende hoy más de Washington que de decisiones propias del Gobierno.


    Intervención norteamericana antes y después del pago al FMI

    Antes de transferir los DEGs, Estados Unidos compró cerca de 2.000 millones de pesos para contener la volatilidad del mercado cambiario. La asistencia se extendió a lo largo de todo el proceso, mostrando que el Tesoro norteamericano no solo aporta fondos, sino que dirige en buena medida la política financiera local, convirtiéndose en un actor central en la administración económica del país.


    Un negocio rentable para EE.UU.

    La ayuda financiera no es gratuita. La operación generó ganancias para el Tesoro norteamericano a través de intereses y retornos sobre los fondos en pesos, convirtiendo a la Argentina en un campo de pruebas rentable para Washington. Esto refuerza la idea de que la relación no es de colaboración, sino de dependencia con beneficios claros para Estados Unidos.


    Una relación de dependencia estructural

    La combinación de swaps de moneda, asistencia en pesos y pagos al FMI muestra que la Argentina de Milei está atrapada en un modelo de dependencia estructural. La autonomía económica del país queda comprometida, y cualquier ajuste o tensión externa puede repercutir directamente en la gestión del Gobierno, exponiendo al país a decisiones financieras dictadas desde el Tesoro norteamericano.


    Riesgos y consecuencias

    Esta dependencia tiene costos claros: limita la soberanía económica, aumenta la vulnerabilidad ante crisis externas y condiciona la política interna. La estabilidad de la Argentina está hoy ligada a los intereses de Washington, y el margen de maniobra de Milei para tomar decisiones propias se reduce cada día.

    La transferencia de 872 millones de dólares en DEGs por parte del Tesoro de Estados Unidos deja en evidencia que el Gobierno de Milei sostiene su economía a expensas de Washington. La Argentina atraviesa un momento de fragilidad financiera estructural, donde la soberanía y la autonomía económica se ven claramente condicionadas por intereses extranjeros.

     

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    Petri y FAdeA, otra bomba de corrupción libertaria: contratos irregulares, retiros en efectivo y amedrentamiento interno

     

    El gobierno libertario no para de generar escándalos de corrupción.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    El escándalo que sacude a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) expone irregularidades graves en la gestión de Luis Petri y deja al desnudo las contradicciones de la narrativa de austeridad del gobierno de Javier Milei. Contratos firmados sin aval del directorio, filmaciones de retiros de dinero en efectivo y represalias contra denunciantes configuran un cuadro que compromete a funcionarios y pone en tensión la credibilidad oficial.

    Denuncias internas que destaparon el caso

    El conflicto comenzó en agosto de 2025, cuando técnicos de FAdeA presentaron denuncias internas ante la gerencia de Asuntos Legales, Ética y Compliance, dirigida por Julia Enríquez. Los expedientes 1/2025 y 2/2025 dieron inicio a una investigación sobre pagos indebidos y la renegociación de contratos con empresas privadas.

    El presidente de FAdeA, Julio Manco, asumió en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla. Con antecedentes en HSBC, en la gestión de Mauricio Macri y luego en la órbita de Milei, Manco impulsó un giro en la conducción: menos controles, más discrecionalidad y una relación relajada con los mecanismos de aprobación institucional.


    Contratos favorecedores y firmas irregulares

    El primer alerta. señalan desde EnOrsai, se produjo con la renegociación de un contrato con Alta Aviación. Los términos originales, que establecían un alquiler de hangar por 10.000 dólares mensuales y 45 dólares por hora técnica, fueron modificados unilateralmente por Manco:

    • Alquiler reducido en un 80%
    • Hora técnica bajada a 25 dólares
    • Seis meses de gracia otorgados

    El documento fue firmado únicamente por Manco, sin pasar por el directorio integrado por Emilio Magnaghi y el brigadier Francisco Leguiza, lo que en la administración pública representa una forma deliberada de eludir controles y revisiones jurídicas.


    Retiros de efectivo y evidencia filmada

    La situación escaló cuando se difundió la filmación de una secretaria vinculada al gerente comercial Pablo Salort retirando 10.000 dólares en efectivo de las oficinas de Alta Aviación. El pedido inicial era de 30.000 dólares, pero solo se entregó un tercio.

    La grabación mostró que la operación no estaba vinculada a ningún trámite oficial y que la secretaria trabajaba como auxiliar privada de Salort, sin relación institucional con FAdeA. Salort renunció tras la difusión, un gesto que los denunciantes interpretaron como un intento de cortar la cadena de responsabilidades más que una admisión de culpa.


    Patrón de irregularidades y represalias

    El retiro de los dólares no fue un hecho aislado. La investigación interna reveló un patrón de operaciones irregulares: contratos con beneficios desproporcionados para empresas privadas, movimientos administrativos opacos y solicitudes de dinero en efectivo fuera de los canales oficiales.

    Entre los denunciantes más activos se destacó Juan Ronco, del área de Ventas y Compras, quien detectó inconsistencias en acuerdos con Alta Aviación y Hangar Uno, beneficiarias recurrentes de decisiones sospechosas.

    La reacción de Manco frente a quienes denunciaron las irregularidades incluyó intentos de despido y amedrentamiento, frenados por Enríquez, quien preservó las pruebas y elevó la documentación a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa, dirigida por Martín Camps.


    Investigación oficial y repercusión mediática

    El 23 de septiembre de 2025, FAdeA remitió toda la documentación a la OA, que abrió la investigación preliminar SISA Nº 23.563. El 14 de noviembre, la Oficina confirmó la apertura formal del expediente, manteniéndolo bajo reserva.

    El caso se hizo público el 21 de noviembre, cuando los medios difundieron los detalles más sensibles: filmaciones, renegociaciones sospechosas, intentos de despidos y tensiones internas. Esto generó una alerta política directa sobre el ministro de Defensa, Luis Petri, cuyo manejo del área ya había sido cuestionado por episodios previos como irregularidades en contrataciones por 50.000 millones de pesos y un allanamiento frustrado en IOSFA.


    Contexto más amplio: corrupción estructural

    El escándalo FAdeA no es un hecho aislado: se enmarca en un patrón de irregularidades en el Ministerio de Defensa, que incluye venta irregular de terrenos, maniobras dudosas en IOSFA, falta de transparencia en el uso de fondos y auditorías que revelaron deudas y faltantes.

    La narrativa oficial del “Estado profesionalizado y eficiente” que el gobierno de Milei intenta instalar se desarma ante estos hechos, que muestran un sistema permeado por intereses privados, discrecionalidad y prácticas incompatibles con la austeridad pública.


    Impacto político y conclusiones

    El escándalo tiene un doble efecto:

    1. Compromete la continuidad de Luis Petri, uno de los ministros más expuestos del gabinete.
    2. Refuerza la percepción de que el ajuste libertario no eliminó la corrupción, sino que abrió nuevos flancos al reducir controles, desfinanciar áreas críticas y concentrar decisiones en pocos funcionarios.

    Como señaló un experto en gestión pública consultado por Noticias La Insuperable, “la corrupción no desaparece por decreto; requiere controles reales, transparencia y funcionarios calificados”.

    El caso FAdeA demuestra que el ajuste sin institucionalidad genera más discrecionalidad, más opacidad y más oportunidades para la corrupción, y que el gobierno de Javier Milei, lejos de erradicar estas prácticas, comienza a ser señalado como su principal garante.

     

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