Caputo vende la ciudadanía argentina: el club de los pasaportes dorados al que Milei nunca dijo que quería entrar
Caputo anunció el Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá acceder a la ciudadanía argentina mediante aportes de hasta US$350.000. Los países que aplican estos sistemas.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que expone una contradicción monumental entre su discurso y sus políticas: la Argentina empezará a vender el acceso a su ciudadanía a extranjeros con dinero suficiente. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en París el denominado Programa de Ciudadanía por Inversión, un régimen mediante el cual una persona podrá solicitar la ciudadanía argentina a partir de un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro o mediante la suscripción de un título público por US$800.000. Para una familia tipo de cuatro integrantes, el costo puede llegar a US$500.000. El programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
La pregunta política inevitable es: ¿a qué países está copiando Milei? Porque si algo hizo el Presidente desde que llegó al poder fue repetir que la Argentina debía mirar hacia las economías desarrolladas, especialmente aquellas que, según su propio relato, habían abrazado las “ideas de la libertad” y conseguido prosperidad mediante instituciones sólidas, apertura económica y respeto por la propiedad privada. Milei puso como ejemplos a Irlanda, Alemania y otras economías avanzadas de Occidente. Sin embargo, cuando llega la hora de diseñar una política concreta, el Gobierno termina mirando hacia otro mapa: el de los pequeños Estados caribeños, algunos países de África, Asia y Medio Oriente que ofrecen ciudadanía a cambio de inversiones o aportes millonarios.
El dato es contundente. Una respuesta oficial del Gobierno británico al Parlamento, fechada el 30 de junio de 2026, enumera los países que actualmente operan programas de ciudadanía por inversión: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, en el Caribe; Egipto, Jordania y Turquía, en Medio Oriente; Camboya, Nauru y Vanuatu, en Asia y el Pacífico; y Sierra Leona y Santo Tomé y Príncipe, en África. Es decir, el universo de referencia para este tipo de mecanismo está compuesto mayoritariamente por pequeños Estados insulares, economías en desarrollo y países que buscan captar divisas mediante la venta de una condición jurídica de enorme valor internacional: el pasaporte.
El Caribe constituye quizás el ejemplo más transparente. La propia OCDE identifica a Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Granada, Dominica y Santa Lucía como países que utilizan programas de ciudadanía por inversión. En esos casos, las contribuciones requeridas rondan entre US$200.000 y US$250.000, bastante por debajo de los US$350.000 que ahora exige Argentina. La OCDE también señala una característica central de estos modelos: en la mayoría de ellos no se exige al solicitante residir efectivamente en el país para obtener la ciudadanía.
Y ahí aparece una de las mayores paradojas del experimento argentino. Milei llegó al poder prometiendo sacar a la Argentina del grupo de países que, según su visión, habían fracasado por décadas de populismo y estatismo. Ahora su ministro de Economía está incorporando una herramienta característica de economías pequeñas que necesitan atraer capital externo mediante incentivos extraordinarios. No se trata de una cuestión moral sobre la nacionalidad de quienes quieran venir a vivir a la Argentina. Se trata de algo mucho más profundo: qué valor tiene la ciudadanía de un país y bajo qué condiciones el Estado decide concederla.
El Gobierno intenta presentarlo como una política sofisticada de atracción de capitales. La Casa Rosada asegura que habrá controles de identidad, trazabilidad del dinero, análisis patrimonial, revisión de antecedentes penales y reputacionales y participación de la SIDE, la UIF, los ministerios de Seguridad e Interior y Migraciones. El argumento oficial es que se aplicarán estándares de la OCDE y del GAFI para evitar lavado de dinero y riesgos para la seguridad nacional.
Pero justamente ahí aparece otra contradicción. La propia OCDE advierte sobre los riesgos inherentes a los programas de ciudadanía y residencia por inversión. El organismo internacional señala que estos mecanismos pueden ser utilizados para ocultar activos en el extranjero, alterar artificialmente la residencia fiscal y debilitar los mecanismos internacionales de transparencia tributaria. En otras palabras: el problema no desaparece porque el Gobierno prometa controles; es una de las razones por las cuales estos programas son observados con especial atención a nivel internacional.
Y Europa ofrece un contraste todavía más demoledor. Irlanda, justamente uno de los países que Milei suele presentar como ejemplo de transformación económica, tuvo un programa de inversión para extranjeros, pero lo cerró a nuevas solicitudes en febrero de 2023. El propio Gobierno irlandés explicó que, además de considerar que el programa ya había cumplido su propósito, existían preocupaciones expresadas por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la OCDE en materia de seguridad fronteriza, lavado de dinero, evasión fiscal y elusión de las normas europeas.
La ciudadanía como mercancía
El caso de Malta es todavía más revelador. Fue uno de los países europeos que desarrolló un verdadero sistema de “pasaportes dorados”, pero en abril de 2025 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho comunitario su régimen de ciudadanía por inversión. La sentencia sostuvo que entregar la nacionalidad mediante pagos o inversiones predeterminadas constituía una “comercialización” de la ciudadanía de la Unión Europea. Dicho en términos más sencillos: para la máxima instancia judicial europea, la ciudadanía no puede convertirse en una mercancía que el Estado entrega al mejor postor.
La diferencia con el discurso mileísta es brutal. Mientras la Unión Europea avanzó contra los “pasaportes dorados” y uno de los países que el propio Milei reivindica como modelo —Irlanda— cerró su programa de inversión, la Argentina decide ahora incorporarse al mercado internacional de ciudadanía por dinero. No es Alemania. No es Irlanda. No es Dinamarca. No es Suecia. No es un modelo de Estado desarrollado que el Presidente haya utilizado como ejemplo recurrente de institucionalidad. El Gobierno argentino eligió otra referencia.
Incluso Milei había sido explícito en su admiración por Irlanda. En un discurso pronunciado en Alemania en junio de 2024, sostuvo que quería una Argentina con más libertad y puso a Irlanda como ejemplo, afirmando que había pasado de ser “el país más miserable de Europa” a tener un PBI per cápita superior al de Estados Unidos. Pero la Irlanda que existe hoy no está vendiendo ciudadanía a cambio de US$350.000: cerró su programa de inversión.
El contraste también permite entender qué está ofreciendo realmente Caputo. No está vendiendo simplemente una residencia, ni una visa para invertir, ni un permiso temporal para hacer negocios. Está poniendo precio a la posibilidad de convertirse en ciudadano argentino. El solicitante principal paga US$350.000 al Tesoro; su cónyuge y determinados hijos mayores pueden acceder mediante otros aportes y los menores de 18 años mediante US$25.000. El propio Gobierno calcula que una familia tipo de cuatro integrantes puede acceder al esquema por US$500.000.
La Argentina, entonces, aparece ante el mundo con una propuesta bastante particular: un país que necesita dólares, que enfrenta fuertes compromisos financieros futuros y que decide convertir una parte de su ciudadanía en un instrumento para captar esos dólares. Associated Press señaló precisamente que el programa aparece en un contexto de necesidades financieras y de búsqueda de moneda extranjera, mientras que Reuters lo ubicó dentro de la estrategia económica de Milei para atraer capitales.
El Gobierno puede llamarlo “libertad”, “integración internacional”, “atracción de inversiones” o “faro de libertad e inversión”. Pero existe una definición mucho más sencilla: es ciudadanía por dinero. Y eso coloca a la Argentina en un club muy particular, integrado actualmente por países como Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Vanuatu, Nauru, Camboya, Egipto, Jordania, Turquía, Sierra Leona y Santo Tomé y Príncipe.
Lo más llamativo es que no fue ese el país que Milei prometió construir. El relato presidencial hablaba de convertir a la Argentina en una potencia occidental, de emular a las economías desarrolladas y de recuperar instituciones fuertes. Ahora, en cambio, el Gobierno descubre como solución financiera un mecanismo que la Unión Europea considera problemático y que Irlanda decidió cerrar. La Argentina que iba a parecerse a Alemania e Irlanda termina mirando hacia el Caribe para aprender cómo se vende un pasaporte.
Y hay algo todavía más profundo: una ciudadanía no es una acción de una empresa, ni un bono, ni una propiedad, ni una mercancía financiera. Es el vínculo jurídico y político que une a una persona con una comunidad nacional. Transformarlo en un producto con precio de entrada implica una concepción muy particular de la Nación: quien tenga US$350.000 puede presentarse ante el Estado argentino y comenzar el camino para convertirse en ciudadano, aunque jamás haya construido previamente una vida en el país.
Caputo puede presentarlo como una gran innovación para atraer capitales. Pero la pregunta que queda flotando es mucho más incómoda: si Milei quería que Argentina se pareciera a Alemania, Irlanda y las grandes democracias occidentales, ¿por qué para vender la ciudadanía terminó buscando inspiración en los países que su propio discurso de superioridad económica jamás puso como ejemplo?
Porque al final del camino, detrás de la retórica libertaria, aparece una imagen difícil de ocultar: la Argentina poniendo precio a su pasaporte para conseguir dólares.
